14 de septiembre de 2021
La violencia y la ocupación de los grupos armados en los once municipios que integran la región del Catatumbo en Norte de Santander ha sido histórica y ejemplifica la situación que viven cientos de funcionarias y funcionarias en distintas regiones del país, y aunque la firma del Acuerdo Final para la Paz en el 2016 tuvo un efecto inicial muy positivo, la guerra en está zona del país no ha cesado.
El Catatumbo es una de las 16 subregiones priorizadas con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que han padecido las debilidades de implementación y el desinterés estatal, creando una oportunidad para que bandas criminales con tendencias paramilitares, narcoterroristas y modelos de economías ilegales fortalecieran sus estructuras, generando un nuevo conflicto más violento con graves consecuencias sociales, principalmente para jóvenes y mujeres, lo que se refleja en el incremento de feminicidios.
Como lo registra el informe “La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia” de Human Right Watch (2019), la precaria implementación de los acuerdos de paz y la ausencia estatal en la zona, permitieron que grupos armados presentes incrementaran su control territorial, el número de personas en sus filas y mayores ingresos por actividades delictivas.
En este contexto han sido recurrentes los hechos violentos contra el sector judicial, particularmente, en el municipio de Tibú, que el pasado 9 de junio de 2021 fue el escenario del asesinato de la Fiscal Especializada Esperanza Navas y el desplazamiento de otros cuatro funcionarios judiciales a la ciudad de Cucutá. A raíz de estos hechos, la Fiscalía de Tibú está cerrada, el Fiscal y los asistentes que están desarrollan labores remotas y virtuales denuncian que muchos de los casos están próximos al vencimiento de términos y no cuentan con los procesos físicos (carpetas) para avanzar en las investigaciones y cumplir con las acciones legales, además de que los han vinculado a otras tareas de apoyo en la ciudad de Cúcuta mientras el trabajo y compromisos del despacho de Tibú están casi detenido.
Estos ataques a funcionarios y funcionarias judiciales también han sido documentados por el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos -FASOL- que desde 1989 hasta la fecha ha registrado 65 acciones violentas. De ellas 28 son homicidios, 11 amenazas, 13 atentados, una desaparición, tres exilios, cuatro desplazamientos, una judicialización y cuatro heridos. De los 28 homicidios, 22 de han tenido como víctimas a funcionarios de la Fiscalía General, mientras que los seis restantes corresponden al homicidio de una magistrada, dos jueces, dos secretarios y un citador. El 25% de estos homicidios ocurrieron precisamente en el municipio de Tibú. Aquí puede consultar el informe completo
A esta grave situación se suma la deficiente cobertura judicial en el departamento que únicamente cuenta con un total de 1.055 funcionarios y funcionarias judiciales, de los cuales tan solo 360 se encuentran en municipios distintos a Cúcuta y, principalmente, se concentran en mayor medida en el municipio de Ocaña. De ahí que en municipios como Tibú, cuya población es de 36.708 personas, se cuente con un despacho que únicamente se integra por cuatro funcionarios.
En Convención, el despacho cuenta con tres funcionarios, pese a que la población es de 13.216 personas. En Ocaña la situación parece mejorar en cierta medida, pues en este está presente un tribunal y cinco despachos con un total de 69 funcionarios, y la población es de 98.992 personas.
En una zona históricamente afectada por la violencia que atraviesa por completo todas las dinámicas sociales, la justicia también se ataca al ser un pilar fundamental que busca la superación de la impunidad, la verdad y de las lógicas que trae consigo el conflicto armado. Así, el actuar de los actores armados se ha intensificado por la ausencia de medidas estatales que tiendan a la protección de funcionarios y funcionarias judiciales, y de la población en sí misma.
Desde la Campaña por la Independencia de la Justicia responsabilizamos al gobierno del presidente Iván Duque por la desprotección en que se encuentran funcionarias y funcionarios judiciales. Exigimos una investigación pronta del caso de la Fiscal de Tibú Esperanza Navas, así como medidas urgentes de protección de los servidores judiciales, que partan de estudios de riesgo a quienes se encuentran adelantando sus funciones en el territorio, como es el caso de los cuatro funcionarios desplazados. Los ataques contra jueces y fiscales en cumplimiento de su labor agravan la situación de vulneración de derechos humanos en las zonas donde persisten conflictos armados y obstaculizan el acceso a la justicia del conjunto de la población.
#NadiePorEncimaDeLaJusticia
Suscriben,
Plataformas de Derechos Humanos
- Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
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- Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Organizaciones
- Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
- Comisión Colombiana de Juristas
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-
- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
- Viva la Ciudadanía
- Asonal Judicial S.I.
- Colombia Human Rights Committee
- Corporación Reiniciar
- Fasol
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- ASAMBLEA PROVINCIAL CONSTITUYENTE DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
- Asociación MINGA
- Asociación red de mujeres víctimas y profesionales
- Asojuntas Comuna 10 Estación Gutiérrez Dosquebradas Risaralda
- ASOMUDEM
- Campaña Internacional por la Defensa de las Cortes y la Democracia
- Ciudadanías por la Paz de Colombia
- Colombia humana saint HYACINTHE
- Comunal
- Conciliadores En Equidad
- Convergencia Internacional -NY
- Corporación Conciudadanía
- Corporación Cultural para el desarrollo Arlequín y los Juglares
- CPDH Colombia
- DESDE ADENTRO Grupo Socio Cultural
- Escuela Derecho Propio Laureano Inampues
- FCSPP Atlántico
- Foro Nacional por Colombia
- Fundación víctimas de estado desaparición Forzada ddhh (FVEDFDH)
- JAC Olarte
- MOVICE Meta
- MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO-MOVICE
- Polo Democrático Alternativo
- Red De Mujeres Nodo Caldas
- Sintraime la jagua
- Sintravidricol
- Vamos Cundinamarca
- Grupo de Litigio Estratégico Carlos Gaviria Díaz de la Escuela de Derecho UIS
Personas
- Adriana María Diosa Colorado, Corporación Cultural para el desarrollo Arlequín y los Juglares
- Ana Aracelly Hoyos Gómez, Ciudadanía
- Andrea Toro, Colombia humana
- Anton Castro, Partido FARC
- Beatriz Durango Hernández, Ciudadanía
- Blanca Valdelamar Navarro, Conciliadores En Equidad
- Boris Orjuela, Colectivo OFB
- Carlos Arturo Correa Páez, Ciudadanía
- Claudia Campo Cisneros, JAC Olarte
- Cristian Oswaldo Quintero Rincon, Vamos Cundinamarca
- Diana Sánchez Lara, Asociación MINGA
- Eduardo Bustamante, Asamblea Provincial Constituyente Del Oriente Antioqueño
- Enrique Rico, Docente Pensionado
- Fernando Matamoros Castiblanco, Ciudadanía
- Jairo Alberto Guerrero Davila, Escuela Derecho Propio Laureano Inampues
- Jesus Rodriguez De Las Salas, Sinproseg
- José David Ortega Ruiz , ASCSUCOR
- Joselito Rojas Rico, Asonal Judicial S.I.
- Juan Sebastián Quintero Cabrera , Universidad Nacional
- Julia De Castro Andrade, Ciudadana
- Julio Cesar Bonilla Mosquera, Líderes Barriales
- Leidy Jhoana Dávila Cano, Universidad de Antioquia
- Leonor Cortés Bolívar , Colombia Humana
- Luisa Antonia Serrano Gómez , Persona
- Luisa María Muñoz López, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
- Luz Mery Velasquez Carmona , DESDE ADENTRO Grupo Socio Cultural
- Maria Cecilia Lozano, ASOMUDEM
- Maria Cepeda Castro, Vamos Por Los Derechos Internacional
- Maria Jesus Cedeño Sarmiento, FCSPP Atlántico
- Maria Teresa Muñoz , Foro Nacional por Colombia
- Martha Rincón, Colombia humana saint HYACINTHE
- Maureén Maya, Piero x la paz
- Mildreth Solandy Hernández Rodríguez, Juventudes Unidas por la Sostenibilidad del Planeta
- Natalie Callejas, NA
- Nívea Esperanza Dorado Guerrero, Independiente
- Nixa Wguerddy Triana Balaguera, UNAL
- Ramiro Antonio Sandoval, Convergencia Internacional -NY
- Rosario Montoya Hoyos, Ceac
- Saúl Felipe Malagón Maldonado, Cajar
- Sonia Racines Velásquez, Comunal
- Stella Cano, Escuela de Paz Eje Cafetero
- Victoria Sandino Simanca Herrera, Senadora Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
- Vilma Gutiérrez Mendez, MOVICE Meta
- Wilfer Antonio Vergara García, Realizador radial Emisora Cultural U deA
- Willman Parraci Peña , ANDAS – Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, Capítulo Huila
- Wilson Borja Díaz, Polo Democrático Alternativo
- Wilson Montoya Castro, Sintravidricol