Rechazo a las amenazas del paramilitarismo en contra del movimiento social y ambientalista en Colombia

Rechazo a las amenazas del paramilitarismo en contra del movimiento social y ambientalista en Colombia

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, organización no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos, manifiestan su profundo rechazo e indignación frente a las amenazas proferidas durante las últimas semanas en contra de líderes sociales, sindicalistas y ambientalistas en el Campo Rubiales – Puerto Gaitán.

COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO

RECHAZO A LAS AMENAZAS DEL PARAMILITARISMO EN CONTRA DEL MOVIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTALISTA EN COLOMBIA

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, organización no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos, manifiestan su profundo rechazo e indignación frente a las amenazas proferidas durante las últimas semanas en contra de líderes sociales, sindicalistas y ambientalistas en el Campo Rubiales – Puerto Gaitán.

El 28 de noviembre de 2016, en una papelería del casco urbano se encontró un panfleto amenazante contra el Sr. HECTOR SANCHEZ GÓMEZ, líder comunitario y presidente del Comité Ambiental, Agrario y Comunitario de Puerto Gaitán ACAAC, por parte de grupos paramilitares que se hacen llamar Autodefensas Campesinas – Estado Mayor Del Bloque Meta – Vichada – Juaviare (M.V.J) (sic) por su condición de líder comunal, ambientalista y sindicalista.

Durante los últimos años, panfletos amenazantes han circulado por el casco urbano de Puerto Gaitán y sus veredas aledañas. La última de ellas el 18 de mayo de 2016, cuando en el marco de una Comisión de Verificación de Pasivos Ambientales durante el proceso de entrega del Campo Rubiales de Pacific E&P a Ecopetrol, paramilitares amenazaron a miembros del Comité Ambiental, Agrario y Comunitario y a quienes se encontraban “obstaculizando la labor de otras personas y empresas”. Estas afirmaciones derivan de las acciones que organizaciones de la sociedad civil han iniciado ante la justicia solicitando la suspensión de las operaciones del Campo por las afectaciones ambientales que se presentan.

Estos hechos están antecedidos de otras amenazas durante 2012 y 2013 en donde se relaciona directamente el trabajo que el Sr. SANCHEZ realiza para la defensa de los derechos colectivos y ambientales amenazados por la operación de las empresas petroleras Pacific E&P y Ecopetrol. En este período el Sr. SANCHEZ recibió mensajes amenazantes contra él y su familia por parte de motos, mensajes de texto y llamadas de personas no identificadas que le exigían salir de la región.

Según las informaciones, la fiscalía 59 de Justicia y Paz ha documentado que desde 1995 operó en la vereda Rubiales – Puerto Gaitán, el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV) al mando de José Baldomero Linares alias “Guillermo Torres”, José Delfín Villalobos, alias ‘Alfa Uno’, Miguel Achury y Rafael Salgado, alias ‘El Águila’.

En sus versiones libres[1], los paramilitares han relatado que varios empresarios les pidieron seguridad para operar los pozos a cambio de pagos para su manutención. Así mismo, habrían pagado por cada camión de crudo que salía de Campo Rubiales.

Lo anterior indica que el paramilitarismo se mantiene en las regiones y pone en riesgo la construcción de paz. Por esto, es urgente que el Estado Colombiano avance en la implementación de los Acuerdos pactados en la Habana, en particular en la instalación y efectivo funcionamiento de la Comisión de Garantías de Seguridad, en las que está previsto el seguimiento y prevención de ataques a defensores de derechos humanos y líderes sociales, así como el efectivo desmonte de los grupos paramilitares que operarían con aquiescencia de entidades oficiales, fuerza pública y financiamiento de empresas petroleras, como se ha documentado en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Mas generalmente, nuestras organizaciones instan a las autoridades colombianas a:

i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la protección de la vida, la integridad física y psicológica del Sr. Héctor Sánchez Gómez, así como de todos los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia;

ii. Llevar a cabo una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a dichas amenazas con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley, así como garantizar su no repetición;

iii. Poner fin a todo tipo de amenazas y actos de hostigamiento contra el Sr. Héctor Sánchez Gómez, así como contra todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el país;

iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al Artículo 1 y al Artículo 12.2.

v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. La OMCT y la FIDH son miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para los Defensores de Derechos Humanos implementado por la sociedad civil internacional.

Para más información, por favor, contacten con:
• OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: +32 2 218 37 19 / +41 22 809 49 39
• FIDH: Arthur Manet : +33 1 43 55 25 18 / José Carlos Thissen : +51 95 41 31 650


[1] Ver. Verdad Abierta “La plata que financió a los paramilitares”: http://www.verdadabierta.com/imputaciones/583-autodefensas-campesinas-de-meta-y-vichada-carranceros/2996-la-plata-que-financio-a-los-paramilitares-en-meta-y-vichada

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