Detrás de este horror estuvieron Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, así como Iván Urdinola y Henry Loaiza Ceballos, alias el Alacrán, del cartel del norte del Valle, que se aliaron con integrantes del Batallón Palacé de Buga, para supuestamente ‘neutralizar’ al ELN y que realmente consistió en una andanada criminal sin precedentes, de la que Don Diego supo librarse desde el comienzo.

Don Diego, hoy extraditado en Estados Unidos, fue absuelto en 1990. No fue hasta septiembre de 2010 que el caso revivió cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia falló una acción de revisión, que es una acción extraordinaria, que solo procede en algunos casos, cuando hay evidencias nuevas que permitan reabrir un proceso que ya se dio por finalizado. Esa decisión advirtió que sí había testimonios relevantes que permitían inferir el rol de la organización narcotraficante en los hechos y declaró todos los hechos como de lesa humanidad.

Esa decisión obligó a revivir el caso y en septiembre de 2012 la Fiscalía acusó a Don Diego y a Diego Rodríguez Vásquez de los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro agravado y homicidio agravado con fines terroristas por una serie de hechos que están enmarcados dentro de la ‘masacre de Trujillo’, específicamente por 26 casos perpetrados entre el 31 de marzo y el 23 de abril de 1990.

Las víctimas fueron: José Porfirio Ruiz Cano, Luis Fernando Fernández Toro, Ricardo Alberto Mejía, Arnulfo Arias Prado, Fernando Arias Prado, Rigoberto Prado, Elver Prado, Arnulfo Cardona Moreno, José Vicente Gómez, Esther Cayapu Troches de Arboleda, Wilder Sandoval, Ramiro Velásquez Vargas, Hervey Vargas Londoño, Orlando Vargas Londoño, José Arley Vargas Londoño, José Agustín Lozano Calderón, Alirio Granada Vélez, Albeiro de Jesús Sánchez, Fernando Londoño Montoya, Juan Gregorio Giraldo Molina, Fredy Rodríguez Giraldo, José Abundio Espinosa, Tiberio de Jesús Fernández Mafla, Alba Isabel Giraldo Fernández, José Norbey Galeano Cuartas y Óscar Pulido Rozo.

En una segunda acusación, se incluyeron a las víctimas José Alberto Laverde, William Mayorga Vargas, Francisco Luis López Rojas, Salvador Augusto López Rojas, Pedro Antonio Guzmán de Jesús, Fabio de Jesús Berrio Marroquín, Arcenio de Jesús Berrio Marroquín, José Noel Giraldo Molina, Ordonel Ospina Vélez, Jairo Antonio Ortiz Sánchez y Joaquín Ángel Ramírez Ospina, quien fue secuestrado y asesinado.

En 2021, el juez primero penal del Circuito Especializado de Buga absolvió a los narcotraficantes. Ahora, en segunda instancia, en una sentencia hito para la memoria histórica del país, el Tribunal Superior de Buga revocó ese fallo y los condenó por los delitos mencionados a 35 años de prisión. Además, se ordenó su captura. Como Don Diego está en Estados Unidos extraditado, los representantes de víctimas están pidiendo que se tomen las medidas necesarias para lograr que Montoya responda en Colombia por estos crímenes, una vez vuelva al país.

Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, le dijo a CAMBIO que esta decisión es muy importante para lograr justicia tras 35 años largos de impunidad. “Que se le condene por estos tres delitos es importante porque en una empresa criminal de esa magnitud, llegar a los autores intelectuales es clave para que haya algo de justicia. Es un paso que saludamos para una tragedia como estas. Es importante que se haga efectivamente la captura de esta persona cuando regrese de Estados Unidos”, dijo.

Los argumentos

En esencia, se comprobó que Don Diego creó y lideró un grupo de autodefensa, junto a Diego Rodríguez Vásquez y el mayor del Ejército Alirio Urueña Jaramillo (condenado). Esto se hizo bajo el pretexto de detener el avance del ELN y por un deseo de venganza por robos, extorsiones y una emboscada en la que murieron siete soldados.

Se acreditó con múltiples testimonios que las víctimas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en una hacienda ubicada entre Andinápolis y Salónica, denominada Las Violetas, de propiedad de Don Diego. Ese grupo, dicen los testigos, lo componían al menos 70 personas. Urueña lideraba los operativos militares junto a Don Diego.

Daniel Arcila Cardona, testigo que había sido desestimado por la justicia por décadas, así como Pablo Emilio Cano (confeso asesino) detallaron la forma como se realizaban los crímenes, con lista en mano, de personas que supuestamente apoyaban al ELN. El Tribunal Superior analizó las evidencias y aseguró que no hay duda alguna de la responsabilidad de Don Diego.

“Esta alianza criminal conformada por miembros del Ejército Nacional y algunos civiles, se reitera, al mando, entre otros, del señor Diego León Montoya Sánchez, nace por un interés común, esto es, que ante el incremento de la criminalidad en la región y la emboscada que sufre un grupo localizador del Ejército por parte de la guerrilla donde resultaron muertos siete militares, se consolida una coalición con el hoy sindicado, quien era víctima de extorsión por ese grupo insurgente y, en esa medida, existían serias y fundadas razones para aliarse con el único propósito de aniquilarlos”, dice el fallo.

El Tribunal le dio plena validez al testimonio de Daniel Arcila Cardona, que había sido refutado, cotejando sus dichos con otros testimonios.

“En un alto porcentaje, los asertos del testigo Daniel Arcila encuentran plena corroboración, pues, con notable fidelidad reseñó aspectos que los demás elementos de prueba explican, verbigracia, la estructura criminal que operaba en esa zona del Valle del Cauca, la existencia de los lugares que frecuentaba esa organización, cómo y dónde se ejecutaban los hechos delictivos, el lugar y forma como fueron sacados de sus domicilios las víctimas y luego hallados algunos de los cuerpos sin vida, esto evidenció de manera palpable como operó la violenta reacción del Ejército, en asocio con grupos de autodefensas, de los cuales evidentemente hizo parte el confeso Pablo Emilio Cano, quienes asumieron diversos métodos de criminalidad como retaliación contra presuntos integrantes y colaboradores del ELN en la región, especialmente a raíz de la muerte de los siete militares ese 23 de marzo de 1990 en la vereda Playa Alta, corregimiento La Sonora, municipio de Trujillo, Valle del Cauca”, aseguró el Tribunal.

La decisión reseña que los hechos ocurrieron en una zona dominada por Diego León Montoya, el Alacrán e Iván Urdinola, que hicieron pactos con el Ejército e integrantes de la Policía y el extinto DAS, grupo F-2, lo cual requirió un poder económico importante para ejecutar a las personas.

“Se determina sin dubitación alguna que la participación de los señores Diego León Montoya Sánchez y Diego Rodríguez Vásquez, en estos execrables hechos de sangre, se adecua a la figura de la coautoría impropia como lo destacó la Fiscalía, en la medida en que se estableció que aquellos trabajaron para la consumación de estos sucesos mediando un acuerdo común y con división de sus funciones, pues el primero, era líder y patrocinaba económica y logísticamente al grupo criminal y el segundo ejecutaba los secuestros y homicidios de personas que habían sido rotulados como colaboradores de la guerrilla del ELN que operaba en la zona urbana y rural del municipio de Trujillo, Valle”, sentenció el Tribunal.

La sentencia dice que ambos narcotraficantes eran parte de una organización criminal, cuyo objetivo se consolidó en secuestrar, torturar y luego asesinar a las víctimas, concertándose con el mayor del Ejército Alirio Urueña Jaramillo, “para lograr este designio criminal, quien en varios de los sucesos participó de forma directa en las torturas y muerte de quienes habían sido retenidas ilegalmente, siendo que confluían motivos para su perpetración, que no era otra que arrasar con las personas que según la información que obtenían, eran colaboradores e integrantes de un grupo de insurgentes pertenecientes al ELN”.