En el período documentado se observa con preocupación las acciones contra la vida e integridad de defensores/as de derechos humanos, líderes y lideresas de las comunidades; junto a la persecución y estigmatización, en tanto sujetos colectivos, que son víctimas afrodescendientes, campesinos e indígenas. Sin embargo, recibimos esperanzados el hecho que este periodo se constituya en la actividad violenta más baja en el conflicto desde 1974.
El Frente Amplio para la Paz, las iglesias y Constituyentes por la Paz con Justicia Social habiendo aceptado constituirse en veedores del cese unilateral declarado nuevamente por las FARC-EP, presentan a la mesa de negociaciones en La Habana, sociedad colombiana en su conjunto y comunidad internacional el informe comprendido entre el 20 de julio al 20 de agosto.
Lo distintivo frente a otros ejercicios de esta naturaleza radica en la capacidad que se desprende de la presencia de nuestras comunidades rurales y populares en las zonas de conflicto.
En el informe se analizan las acciones que permiten tanto valorar el cumplimiento del cese de las FARC-EP como el desescalamiento por parte de la fuerza pública. Concluimos que el cese ha sido cumplido y que la tendencia al desescalamiento se ve interferida por acciones de la fuerza pública y el paramilitarismo, estos últimos por ejemplo impiden en este momento el desminado, acción sobresaliente de cara al cese bilateral.
En el período documentado se observa con preocupación las acciones contra la vida e integridad de defensores/as de derechos humanos, líderes y lideresas de las comunidades; junto a la persecución y estigmatización, en tanto sujetos colectivos, que son víctimas afrodescendientes, campesinos e indígenas.
Sin embargo, recibimos esperanzados el hecho que este periodo se constituya en la actividad violenta más baja en el conflicto desde 1974.
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