Foto: Colombia Informa

• La trabajadora de la Universidad Nacional de Colombia fue objeto de un allanamiento en su residencia en el marco del Paro Nacional del año 2021. Posteriormente, fue capturada, imputada y acusada de porte de armas municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. “Demostramos que fue un montaje de la Policía”, afirma Yessika Hoyos Morales, abogada del Cajar.
  

• El Cajar solicita que no se estigmatice en Colombia el derecho a la protesta y que la Policía admita su error ante el país.

Bogotá, Julio 31 de 2023 (@CCajar). Un giro en justicia dio hoy el caso de la trabajadora Marlene Buitrago Garzón tras la decisión de la Jueza Segunda Penal Especializada de Bogotá quien aplicó el artículo 23 de la Ley 906 de 2004 que regula la cláusula general de exclusión al disponer que: “[t]oda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo pueden explicarse en razón de su existencia” Esta teoría conocida como del fruto del árbol envenenado fue aplicada por la jueza sobre las pruebas solicitadas por la Fiscalía General de la Nación lográndose así demostrar que la Policía le realizó un montaje.

La trabajadora de la Universidad Nacional de Colombia fue objeto de un allanamiento en su residencia en el marco del Paro Nacional del año 2021. Posteriormente, fue capturada, imputada y acusada de porte de armas municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.

El Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo”, Cajar, que lleva la defensa de Buitrago Garzón a través de la abogada Yessika Hoyos Morales, reveló que se hace justicia en el caso de la sindicalista.

La defensa logró demostrar en la audiencia preparatoria que las pruebas solicitadas por el ente acusador eran ilícitas, pues se obtuvieron a través de un montaje urdido por funcionarios de la Policía Nacional   en vulneración de los derechos fundamentales de la sindicalista.

“Demostramos que fue un montaje de la Policía”, afirmó la abogada Yessika Hoyos.  “Efectivamente se demostró que agentes activos aportaron información falsa e indujeron en error a la Fiscalía General de la Nación que autorizó el allanamiento, así como al Juez de Control de Garantías que finalmente lo legalizó”, sustentó la abogada del Cajar.

En consecuencia y ante la manifiesta ilicitud, la Jueza de Conocimiento también compulsó copias para que se investigue penal y disciplinariamente a los agentes involucrados.

Esta decisión es trascendental en el contexto de procesos judiciales que continúan en curso en contra de jóvenes, estudiantes y sindicalistas manifestantes, pues evidencia la posibilidad de que en muchos de estos procesos haya existido una voluntad de criminalizar el ejercicio legítimo de la protesta social.

“Es importante que el país conozca este hecho lamentable y que no podemos dejar pasar por alto. Desde el Cajar solicitamos que no se estigmatice en Colombia el derecho a la protesta y que la Policía admita su error ante el país”, puntualizó Yessika Hoyos Morales.