El 16 y 17 de marzo se reanudó en Paloquemao el juicio contra el suboficial de inteligencia del Ejército, Fredy Francisco Espitia Espinosa por el desplazamiento forzado de la familia del sindicalista Jorge Darío Hoyos, asesinado el 3 de marzo de 2001 en Fusagasugá. El suboficial también espera que se dicte sentencia en el juicio que enfrenta por su responsabilidad en este homicidio.
La esposa y los hijos del sindicalista Jorge Darío Hoyos empezaron a sufrir amenazas, seguimientos y hostigamientos por parte de las estructuras paramilitares que habitaban en Fusagasugá, en marzo de 2001, días después del asesinato del sindicalista Jorge Darío Hoyos, a manos de los paramilitares de las Autodefensas del sur de Casanare, ACSC, en cabeza de Héctor José Buitrago Rodríguez alias, “El Patrón” y Héctor German Buitrago alias, “Martin Llanos” en alianza con elsuboficial de inteligencia del Ejército, Fredy Francisco Espitia Espinosa. Según se ha establecido durante el proceso, por estas amenazas, tuvieron que acogerse a medidas de protección de testigos y abandonar el municipio con destino a Bogotá. Sin embargo, las amenazas y hostigamientos no terminaron allí, pues Yessika Hoyos, hija del sindicalista, siguió recibiendo llamadas de este tipo, otra de las hijas del sindicalista fue hostigada directamente por el agente de inteligencia Fredy Francisco Espitia.
En la audiencia que se llevó a cabo el 16 y 17 de marzo rindieron su declaración como testigos del desplazamiento de la familia Hoyos, Marta Carrillo, maestra, integrante de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, Adec, adscrita a la Federación de Educadores de Colombia, Fecode, y Gustavo Robayo, entonces funcionario de la Defensoría del Pueblo. Según la dirigente sindical Marta Carrillo las circunstancias en las que se dio el desplazamiento forzado, iniciaron con una persecución para Betty, esposa de Jorge Darío, Ingrid, Yessika y otras hijas del sindicalista, donde se presentaron amenazas verbales, mensajes por teléfono y por allegados diciéndoles que también iban a ser asesinadas. Posteriormente la esposa del sindicalista fue reconocida como docente amenazada y trasladada a Bogotá
En el contexto de presencia paramilitar de estos años, la familia del dirigente sindical no fue la única que sufrió este tipo de amenazas. Según el testimonio de Marta Carrillo “fueron muchos los desplazados, no solo líderes sindicales, también líderes campesinos, comunales y populares en todas la región del Sumapaz, particularmente de los municipios de Fusagasugá, Cabrera, San Bernardo, Pasca, Tibacuy y Granada”. La mayoría de amenazados se desplazaron hacia Canadá o Bogotá, y la misma Marta Carrillo quién también fue amenazada por su condición de sindicalista.
Según la abogada Soraya Gutiérrez Arguello del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, quien representa a la familia Hoyos, estos no fueron crímenes aislados, pues la muerte de Jorge Darío Hoyos y el desplazamiento forzado de su familia hicieron parte de un ataque sistemático contra líderes sociales y el movimiento sindical y social de la región. Esto fue diseñado y era parte de planes y políticas que querían callar las voces de inconformidad y los derechos del movimiento sindical en el municipio de Fusagasugá.
Los agentes involucrados en este hecho son el miembro de inteligencia del Ejército, Fredy Francisco Espitia Espinosa quién además está acusado y a la espera del fallo por el homicidio del sindicalista. En este mismo caso ya han sido condenados Héctor Germán Buitrago Parada, alias “Martin Llanos” y a Héctor José Buitrago Rodríguez alias “Tripas y/o El Patrón”, integrantes de las Autodefensas Campesinas del Sur del Casanare. También han sido condenados por el homicidio de Jorge Darío Hoyos los autores materiales Luis Edilmer Rojas Rincón y Giovanny Moncada Cortés, sicarios pertenecientes a la misma estructura paramilitar, así como el oficial de la policía Carlos Gilberto Mora Alfonso, adscrito al Noveno Distrito con sede en Fusagasugá.
El crimen de Jorge Darío Hoyos es un ejemplo de una estructura criminal que operaba en este municipio donde participaban agentes del Estado, miembros del ejército y la policía en connivencia con estructuras paramilitares con el objetivo de eliminar sistemáticamente a líderes sociales, líderes sindicales, personas que en ese contexto de política y persecución pensaran diferente. Esta estrategia estaba diseñada desde los altos mandos militares.
Vea las declaraciones de la abogada Soraya Gutiérrez Arguello del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y Marta Carrillo