Este 4 y 5 de agosto continúan en Bogotá los diálogos entre el pueblo U´wa y el gobierno nacional para darle seguimiento a los acuerdos pactados en la mesa de interlocución del pasado 27 de julio. La principal preocupación de los U’wa tiene que ver con los mecanismos de implementación y para eso instó a las entidades y organizaciones que actuaron como garantes, a ser parte de esa comisión técnica de seguimiento de los acuerdos.

A las 10 am del día jueves 27 de julio, en el municipio de Cubará, Boyacá, centro administrativo de la Nación U´wa instaló la mesa de interlocución entre el gobierno colombiano y los U’wa que hacen presencia en cinco departamentos del país: Santander, Norte de Santander, Boyacá, Arauca y Casanare.

Como antecedente, y al haberse vencido el plazo de dos años que se estableció en los acuerdos de la Minga de 2014, el 20 de julio anterior la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U´wa, Asouwa, junto con el movimiento político de masas del Centro-oriente colombiano y otras organizaciones sociales de la región, decidieron adelantar una histórica jornada de acciones colectivas en cinco puntos estratégicos. El que tuvo mayor difusión fue la toma de la planta de gas de Ecopetrol, ubicada en el corregimiento de Gibraltar, municipio de Toledo, Norte de Santander, donde se ubican parte de los territorios ancestrales de la Nación U’wa, reconocidos como tales por títulos de la época de la colonia que fueron entregados por sus autoridades tradicionales al Estado.

En el espacio de interlocución conformado una semana después del inicio de las protestas, hicieron presencia la viceministra del Interior, el viceministro de Minas y Energía, funcionarios de la Angencia Naciona de Licencias Ambientales, ANLA, Parques Nacionales Naturales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, Ecopetrol, entre otras entidades que presentaron sus avances en actos administrativos en miras al cumplimiento de los acuerdos del 2014. También estuvieron presentes alcaldías, personeros o representantes de estos, y el gobernador de Norte de Santander.

La mesa contó con una comisión de garantes conformada por representantes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Defensoría del Pueblo.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar asesoró en aspectos jurídicos y de protección derechos humanos a la Nación U’wa, en su condición de copeticionario de los U’wa en su demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por violación al derecho a la consulta previa y otras violaciones a sus derechos derivadas de la explotación de gas, petróleo y el ecoturismo en sus territorios.

En una intensa jornada de trabajo de 12 horas – que incluyó un espacio autónomo de la nación U’wa que sesionó por alrededor de media hora- se lograron acuerdos que la comunidad aceptó de manera parcial y de manera condicionada a los mecanismos de seguimiento, cuyo primer momento se agendó para los días 4 y 5 de agosto en Bogotá.

El primer acuerdo fue la aceptación por parte de la Nación U´wa del convenio entre el oleoducto Bicentenario, de propiedad de Ecopetrol, Parques Nacionales, la Agencia Nacional de Tierras y la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia, por un valor de 12.700 millones de pesos, para la compra y saneamiento de predios del Gran Resguardo de la Nación U’wa.

Este convenio soluciona sólo una parte del problema de saneamiento de tierras por lo cual la comunidad hizo hincapié en que lo acepta con la condición de que se cree un comité técnico en que la Nación U’wa tenga presencia pueda tomar decisiones y verifique la debida ejecución y cumplimiento, en aspectos como la selección de los predios y el manejo de los recursos.

Otro de los puntos del acuerdo tiene que ver con la protección integral de la Sierra Nevada del Cocuy, montaña sagrada Zizuma del pueblo U’wa. De allí se desprendió el anuncio que los U´wa recibieron con más satisfacción, que fue la suspensión de las actividades ecoturísticas en la zona, hasta tanto no se realicen estudios independientes de impacto ambiental. Cabe destacar que es allí donde nacen los Ríos Arauca y Orinoco.

También se acordó el enterramiento del oleoducto Caño Limón Coveñas por parte de Ecopetrol, que era una demanda histórica de los U´wa debido a los graves impactos ambientales que ocasiona la exposición de este tipo de infraestructura.

Finalmente, la Nación U’wa socializó su decisión de dar fin a las 2:00 pm del día 28 de julio a las acciones colectivas pacíficas –incluida la acción de la planta de gas de Gibraltar- hora en que se hicieron las entregas oficiales a las autoridades correspondientes.

El Gobierno y Ecopetrol también se comprometieron a no tomar medidas que atenten contra los derechos humanos de los manifestantes, como la estigmatización o las judicializaciones. También se solicitó a Ecopetrol rectificar sus afirmaciones de que la comunidad U’wa “secuestro” a trabajadores de Ecopetrol durante la toma de la planta Gibraltar.

Frente a las exigencias del movimiento de masas del Centro –oriente colombiano, se acordaron la reubicación de familias afectadas por oleoducto Caño Limón Coveñas y gasoducto Gibraltar, y el arreglo de la vía de la Soberanía.

La principal preocupación de los U’wa tiene que ver con los mecanismos de implementación y para eso instó a las entidades y organizaciones que actuaron como garantes, a ser parte de esa comisión técnica de seguimiento de los acuerdos.

Ver entrevista con la asesora jurídica de la asociación de autoridades tradicionales y cabildos U´wa:

Cabe recordar que la Nación U´wa ha logrado importantes victorias en la defensa de sus derechos ancestrales. En el 97 con llegada de la petrolera Occidental Petroleum, OXY, inició proceso de unidad por la defensa de la madre tierra, que culminó con la salid de esta empresa de su territorio en Cubará, Boyacá.

Luego, en el año de 2014 como parte de la Minga U´wa, logró el desmantelamiento del pozo petrolero Magallanes que estaba ubicado a sólo 100 metros de su territorio ancestral. Hoy persisten amenazas como la licencia ambiental para el pozo Magallanes que sigue vigente, y otros 3 títulos mineros otrogados dentro de territorio U’wa en Norte de Santander.