Desde el anuncio del cese bilateral definitivo entre el gobierno y las Farc-EP el pasado 28 de agosto, pasando por la firma del Acuerdo Final el 26 de septiembre, el plebiscito del 2 de octubre y las semanas posteriores, y en medio de los vaivenes del proceso de paz, la constante ha sido el ataque de los grupos denominados herederos del paramilitarismo, contra comunidades, defensoras y defensores de derechos humanos.
Mientras el país se moviliza para exigir salidas prontas a la crisis generada a partir del resultado del plebiscito que no refrendó el Acuerdo entre el gobierno y las Farc-EP para poner fin al conflicto armado interno, la violencia de los enemigos de la paz sigue cobrando vidas y amedrentando a quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos en el país.
Desde el anuncio del cese bilateral definitivo entre el gobierno y las Farc-EP el pasado 28 de agosto, pasando por la firma del Acuerdo Final el 26 de septiembre, el plebiscito del 2 de octubre y las semanas posteriores, y en medio de los vaivenes del proceso de paz, la constante ha sido el ataque de los grupos denominados herederos del paramilitarismo, contra comunidades, defensoras y defensores de derechos humanos.
De igual forma se registran abusos de la Fuerza Pública contra comunidades en defensa del territorio, así como un hecho de constreñimiento electoral por parte de militares y una amenaza vía Facebook contra una participante del campamento por la paz instalado en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ha recibido de las organizaciones campesinas, comunitarias y defensoras de derechos humanos las siguientes denuncias:
Asesinatos
16 de octubre La Organización para el Desarrollo Humano y Campesino, Ordeurca, denunció el asesinato del líder campesino de su organización, Yimer Chávez Rivera, de 31 años de edad, quien fue atacado cerca de su casa, donde recibió los tres impactos de bala que acabaron con su vida. Los hechos ocurrieron en la vereda Frontino Baja del municipio de La Sierra, Cauca. Yimer, era responsable de la Guardia Campesina y Popular en esta vereda, y era un incansable defensor de derechos humanos, constructor de paz y trabajador de la tierra, reseña Ordeurca.
13 de octubre Fueron asesinadas en sus viviendas Espólita Casiana, de 50 años de edad, y Lina Sierra Salcedo, de 23 años. Los hechos ocurrieron en el barrio Buenos Aires del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño. Según la Agencia de Prensa IPC, “el doble crimen habría sido cometido por presuntos miembros de los grupos posparamilitares que, luego del ataque, se refugiaron en un sector conocido como La Isla, atravesando el río Rayo; sitio que, según denuncias de la población, se ha convertido en fortín de este grupo armado”. La señora Espólita era líder fundadora de la Asociación de Desplazados de Cáceres, Asodesplazca, y la joven Lina Sierra era indígena de la Comunidad Omagá.
17 de septiembre El dirigente indígena, militante del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, Ramiro Culmacapera, fue asesinado en el municipio de Coyaima, Tolima, al parecer a tiros de ametralladora, según se pudo establecer. El crimen se produjo hacia las 10:30 de la noche, cuando el dirigente indígena se disponía marchar a su casa. Pertenecía a la comunidad indígena El Rosario. Era fundador de este cabildo indígena y además, hacía parte de la mesa directiva del mismo. También hacia parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima, ACIT, organización fundada por el Partido Comunista.
15 de septiembre Sicarios asesinaron en su residencia del barrio Campo Amor, en el sur de Medellín, al abogado William García Cartagena, asesor jurídico de la Mesa Minera Segovia-Remedios, quien había recibido distintas amenazas por su trabajo con las comunidades. El dirigente de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, Eliober Castañeda, expresó que ha habido amenazas y asesinatos de trabajadores y líderes, que han generado gran preocupación en la comunidad minera y la población en general, ya que el 97% de la comunidad dependen de la pequeña minería.
14 de septiembre La Asociación de Campesinos del Bajo Cauca denunció el asesinato de Ovidio Bustamante, perteneciente a esta organización, y conciliador de la JAC de la vereda la América, del municipio de Valdivia. Hombres armados con fusiles y encapuchados irrumpieron en la vivienda del señor Bustamante Chavarría y cuando salió a la puerta le dispararon.
11 de septiembre Álvaro Rincón, afiliado a la Junta de Acción Comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de San Pablo, Sur de Bolívar, fue impactado con disparos en medio de un desembarco de tropas del Batallón Nueva Granada del Ejército, según indicó la denuncia de la Federación Agro Minera del Sur de Bolívar Fedeagromisbol y la Corporación Sembrar. “Rincón resultó herido y posteriormente rematado, por uno de los militares dentro de su propia vivienda”, afirma la denuncia. Esta versión fue confirmada por Juan Hincapie, miembro de la Asociación Agrominera del Sur de Bolívar, Asamisur, quien aseguró que “un escuadrón del Ejército Nacional desembarcó en el punto conocido como cuatro vientos y, sin mediar palabra, al verlo con la niña en sus brazos le dispararon”.
11 de septiembre Fue Asesinado Néstor Iván Martínez, líder del Congreso de los Pueblos en el Centro del Cesar, miembro del Consejo Comunitario de las comunidades La Sierra, El Cruce y La Estación Conesice, en el Centro del Cesar. Néstor Martínez venía liderando un proceso comunitario en defensa del territorio y el medio ambiente y en contra de la minería en esta región del país. Los líderes y lideresas de la Comisión de Interlocución del Centro y Sur del Cesar denunciaron que desde el 25 de agosto anterior fueron repartidos en varios municipios del Sur del Cesar panfletos firmados por un grupo armado de limpieza social, en el que amenazaron a la Comisión de Interlocución.
9 de septiembre En Barbosa, Antioquia, fue asesinada María Fabiola Jiménez, líder comunitaria de 69 años, quien fue atacada a tiros cuando se movilizaba en un bus de servicio público. Según informó el medio de comunicación Noticias Caracol, la víctima era reconocida en el municipio de Barbosa por su labor de defensa de derechos humanos y de la mujer.
6 de septiembre Fue asesinada Cecilia Coicué, lideresa indígena de Corinto, Cauca, Integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la zona de reserva del municipio de Corinto de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, del proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y del Movimiento Marcha Patriótica. Cecilia Coicué era propietaria de un predio en la vereda Camionera, prevista como punto transitorio de normalización de miembros de las Farc.
5 de septiembre La Defensoría del Pueblo denunció que en Pueblo Viejo vereda del municipio de Sucre, Cauca, alrededor de ocho hombres armados sin identificar, incineraron una casa en la que se encontraban Marta Pipicano y Libio Antonio Álvarez. Posteriormente, también asesinaron a Simón Álvarez Soscué y Salvador Acosta, quienes murieron como consecuencia de las heridas recibidas. Todos ellos eran campesinos. La Defensoría del Pueblo aclaró que “evalúa el envío de una solicitud a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior, ante la repetición de esta modalidad de asesinatos selectivos contra la población civil en el centro del departamento del Cauca”.
30 de agosto Mientras se llevaban a cabo las honras fúnebres del líder indígena Diego Alfredo Chirán Nastascuas, fueron asesinados los hermanos Luciano y Alberto Pascal García, indígenas Awá en zona rural del municipio de Llorente.
29 de agosto Es asesinado el indígena Awá, Diego Alfredo Chirán Nastacuas, en el corregimiento el Diviso, municipio de Barbacoas, Nariño.
29 de agosto Cayeron asesinados tres integrantes del Comité de Integración del Macizo Colombiano Joel Meneses Meneses, líder histórico del movimiento, en el corregimiento de La Herradura y dirigente comunitario del Proceso Campesino e Indígena de Almaguer, Procamina, quien había recibido varias amenazas; Nereo Meneses Guzmán, integrante de Procamina y líder de la vereda Garbanzal del mismo corregimiento y Ariel Sotelo, integrante de la comunidad de La Herradura.
26 de agosto Fue asesinado el líder indígena del pueblo Awá, Camilo Roberto Taicus Bisbicus de 50 años de edad, líder indígena del resguardo Hoja la Turbia.
Atentados
19 de octubre El Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, CCALCP, denunció que en el marco de las protestas que adelanta la comunidad en oposición al fracking en su territorio, miembros de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, por orden de la Alcaldía Municipal de San Martín con el fin de asegurar la entrada de maquinaria de la empresa CONOCOPHILLIPS, desde motocicletas atentaron contra la Vida e Integridad física de comunidad de San Martin y de Integrantes del CCALCP, quienes se encontraban al interior de la finca Doña Juana en el corregimiento de Morrison, Municipio de Río de Oro, Cesar, en la vía que conduce a la vereda Cuatro Bocas de San Martín.
25 de septiembre El exconcejal del municipio de Bello y presidente de la Regional Antioquía de Fenalpaz, León Fredy Muñoz Lopera, fue objeto de un atentado después de un mes de haber recibido amenazas mediante el siguiente mensaje de texto: “TRATADO DE PAZ URGENTE. León Freddy no es ningún tratado de paz, es una advertencia. Te informamos que tengas más cuidado con lo que hace y dice…… O sabes que… sabemos donde trabaja y que hace exconcejal de mierda lo mismo tu familia sabemos todo de usted gran pendejo te equivocaste hp”(sic)
14 de septiembre El Dirigente de la Unión Sindical Obrera, USO, Alex Castro fue interceptado por desconocidos que llegaron hasta inmediaciones del Pozo 2235 del campo de producción El Centro, donde se encontraba realizando reunión con trabajadores de la firma contratista Erazo Valencia. Los escoltas del dirigente reaccionaron mientras él y los trabajadores tuvieron que resguardarse. Alexander Castro junto a otros dirigentes de la USO han sido objeto de varias amenazas de muerte por parte de desconocidos. Cabe resaltar que Castro ya ha sido víctima de atentados sicariales en dos ocasiones.
Amenazas
19 de octubre Una integrante del campamento por la paz que está instalado en la Plaza de Bolívar, recibió una amenaza vía Messanger remitida desde una página de Facebook denominada Fuerzas Especiales Anticomunistas, con el siguiente texto “Vea señora deje de mariquear con esas marchas. Sabemos que detrás de eso está el Pacocol. Y Colombia dijo NO. Quédese quieta” (sic)
13 de octubre Organizaciones sociales del Valle del Cauca denunciaron que la secretaria técnica del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, capitulo Valle del Cauca, recibió un mensaje de texto amenazante en su teléfono suscrito por paramilitares denominados “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”. En el texto también se incluye a las y los siguientes líderes: Walter Agredo, Rodrigo Vargas, Hernán Arciniegas, Wilson Sáenz, Julián Lozano, José Milciades Sánchez, Ariel Díaz, Edison Méndez, Carlos Murcia, Ismael Hurtado, Henry Domínguez, Jorge Iván Vélez, Albert Quintero, Antonio Gutiérrez, Diego Escobar, Ismael Hurtado, Antonio Gutiérrez, Yelby Ramírez, Jorge Iván Vélez, José Alfredo Ramírez. De igual forma, la amenaza se dirige contra las y entidades Congreso de los Pueblos, Sintraemcali, Mesa Social por la Paz, CGT, CUT Valle, Partido Comunista, Universidad del Valle, Sintramunicipio Yumbo y Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH.
19 de septiembre La Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia, Asdeccol, denunció las amenazas proferidas contra el servidor público de la Contraloría del Valle, Presidente de Fenaltrase, Valle y miembro de la Subdirectiva CUT Valle, Yelby Ramírez, mediante un panfleto suscrito por las llamadas “Águilas Negras Nueva Generación” donde se manifiestan contra su actividad sindical y mencionan a otros dirigentes de dicha región, amenazándolos de “eliminarlos de la faz de la tierra”.
2 de septiembre El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, capítulo Bogotá, denunció que Blanca Nubia Díaz, víctima e integrante del Movimiento, fue amenazada con un arma blanca cuando participaba de la Galería de la Memoria instalada para conmemorar el día nacional de las víctimas de desaparición forzada. El sujeto vestido de manera elegante la amenazó con un cuchillo de cerámica y le dijo “Si sigues jodiendo te vamos a picar bien picadita”
26 de agosto La Corporación Construyendo Poder y Democracia denunció la existencia de un plan que compromete a organizaciones criminales en el departamento, para atentar contra la vida de la defensora de derechos humanos Judith Maldonado Mojica, exdirectora de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y excandidata a la Gobernación de Norte de Santander
Presencia paramilitar
3 de octubre La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denunció que un grupo de por lo menos 60 reconocidos paramilitares de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, muchos de ellos vestidos con trajes de uso privativo de la fuerza pública, hicieron presencia en la Vereda Mulatos Medios de San José de Apartadó, en el sector del Barro. Previamente, los días 26, 27 y 28 de septiembre del 2016 el mismo grupo hizo presencia armada intimidatoria en las veredas La Resbalosa, La Hoz, Rodoxalí y Mulatos Medio. La Comunidad denuncia que la Brigada XVII con presencia en la zona, ni ninguna otra autoridad, ha tomado medidas para desarticular esta organización, a pesar de que existe in Informe de Riesgo Inminente N° 031-16 de la Defensoría del Pueblo.
15 de septiembre La Asociación Campesina de San José de Apartadó denunció que alrededor de las 9:30 pm un grupo armado sin identificar, ingresó al casco urbano de San José de Apartadó e inició varias ráfagas de fusil que se prolongaron hasta las 11 pm, causando terror a la población habitante. Una semana antes, la comunidad de Paz de San José de Apartadó y la Asociación Campesina de San José de Apartadó, denunciaron fuerte presencia paramilitar en las veredas Arenas Altas, La Resbalosa y El Porvenir, de por lo menos 50 hombres que portaban armas de largo alcance y que se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia y que se anuncian con la consigna “ahora si vinimos para quedarnos” en referencia al fin del conflicto entre el gobierno y la guerrilla de las Farc-EP, pasan por cada casa y amenazan a las familias. Desde el martes 7 de septiembre se presentaron los primeros desplazamientos forzados.
2 de septiembre La Asociación de Hermandades Agrícolas y Mineras de Guamoco, Aheramigua, denunció que un exintegrante de la organización les expresó que los paramilitares están ofreciendo dinero para que les entreguen al Presidente de la organización, Mauricio Sánchez, y que lo más aconsejable es retirarse de la organización porque en sus palabras “esto se va a poner caliente”.
Abusos de la Fuerza Pública
2 de octubre La Asociación de Hermandades Agroecológicas del Guamoco, Aheramigua, denunció que durante la jornada electoral del plebiscito, militares del Batallón 48 de Santa Rosa instaban a los ciudadanos del puesto de votación del corregimiento de Canelos a votar No. Previamente integrantes de la Fuerza Pública señalaron al líder campesino Alberto Osorio de ser un “bandido organizando a la gente”. Aheramigua también denunció que “los paramilitares, realizaron toda clase de actos en contra de promotores del sí y líderes sociales”.
24 de septiembre 36 personas resultaron heridas, en el marco del paro que adelantaro los pequeños mineros de Remedios y Segovia, en Antioquia. La Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Oriente Antioqueño, Asovisna, y la Mesa Minera denunciaron que aproximadamente 60 integrantes de Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, agredieron a las personas que se encontraban concentradas en los sitios La Electrificadora y Cuatro Esquinas, obligándolos a desplazarse del lugar y retomando el control a la fuerza.
Ante estos hechos, la justicia sigue sin arrojar resultados ciertos sobre sus autores y determinadores. Insistimos en que las investigaciones deben reconocer la sistematicidad y el contexto de estos ataques, y partir de la presunción de que se trata de atentados en razón de su labor de defensoras y defensores.
Los hechos también señalan la importancia de avanzar de manera pronta en una salida que permita la implementación de los Acuerdos de Paz, donde se desarrollan y ratifican compromisos muy importantes para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos, y para el desmantelamiento de las organizaciones herederas del paramilitarismo, como los recogidos en el punto 3.4 donde se establece el “Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables
de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.”
Paralelamente, y con base en lo avanzado en el proceso de paz, el país debe abordar discusiones estructurales sobre la doctrina militar, el desmonte del Esmad, los alcances del fuero penal militar, la depuración de archivos y el control de actividades de inteligencia estatal, asuntos que están en el centro de la criminalidad y la violencia que se ha ejercido y se sigue ejerciendo contra las y los defensores de derechos humanos en Colombia.
El cese bilateral y definitivo al fuego ha sido sin duda el logro más importante del actual proceso de paz, reconocido como necesario e irrenunciable por los más diversos sectores de la sociedad. Miles de vidas de civiles y combatientes se han salvado de morir en combates, bombardeos, ataques a poblaciones y otros escenarios de la confrontación armada. Exigimos que cesen también los crímenes del paramilitarismo contra defensoras y defensores de derechos humanos y las comunidades en defensa de su territorio.
Saludamos el inicio de la fase pública de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, e insistimos en que las partes deben avanzar hacia el desescalonamiento de la confrontación armada que concluya en un cese al fuego bilateral y definitivo.
Más de seis millones de colombianas y colombianos le apostamos a la paz votando el pasado 2 de octubre por el SÍ. Ante la muerte y el horror, la única respuesta que conocemos es la vida. Sin vacilaciones seguimos diciendo Sí al “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, como primer paso para que cese definitivamente la tragedia humanitaria y la violencia sociopolítica en Colombia, y para que esta no se repita.
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar
19 de octubre de 2016