El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado repudia estos crímenes y solicita que no queden en la impunidad.
Hechos:
1. El día 19 de julio, aproximadamente las 4am, fue capturado de manera arbitraria el dirigente campesino Willinton Cleves Cutiva, habitante de la vereda Río Blanco del municipio de Baraya. Durante la captura, efectivos del ejército y de la policía nacional SIJIN, dispararon de manera indiscriminada contra la casa donde vive el señor Cutiva, en la cual se encontraban seis personas, incluyendo un menor de edad. El señor Cutiva en ningún momento recurrió a la fuerza, ni puso resistencia a los requerimientos de los funcionarios.
También durante horas de la madrugada, el mismo día, fueron detenidos otros tres dirigentes afiliados a FENSUAGRO.
2. El lunes 22 de julio de 2013, hacia las 4.30 am, en la vereda Nuevo Horizonte, del municipio de Fortul, Arauca, fue asesinado el señor Pablo Guerreo, miembro de la Junta de Acción Comunal. El hecho pasó en las afueras de su casa, muy cerca del lugar de los combates entre el ejército y la insurgencia del pasado sábado, en el sector alto Caranal de Fortul.
El señor vivía junto a sus tres hijos, quienes al escuchar los tiros se levantaron y encontraron a su padre con tres impactos de bala en la cabeza y tropas del ejército alrededor de él. Las tropas del ejército adscritas a la brigada Móvil No 30 se encontraban en las afueras de la casa desde el día anterior.
El señor Guerreo era un campesino de 70 años de edad quien desde hace 6 años sufría de una discapacidad mental certificada por profesionales médicos. Sin embargo, el ejército dice que el señor Guerreo era un guerrillero, y por tanto se niegan a entregar el cuerpo a sus familiares.
3. A aproximadamente las 8 pm, el 26 de julio 2013, fue asesinado el señor Elmer Antonio Serna Usuga, por hombres vestidos de civil quienes llegaron a su hogar. Luego de sostener una corta conversación le dispararon cinco tiros de arma de corto alcance, dejándole sin vida.
El señor Serna fue reclamante de tierra, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Gloria, corregimiento de Crucito, Tierralta, Cordoba, y miembro de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú ASODECAS e integrante del Comité de Impulso de la Acción Humanitaria realizada en el corregimiento de Crucito el 26 y 27 de abril del presente año; actividad que fue convocada con el fin de visibilizar la crisis humanitaria, y la cual fue estigmatizada y hostigada por parte de la fuerza pública.
El señor Serna deja tres hijos huérfanos, y una madre que padece de una enfermedad grave y que dependía de él. Sus familiares hicieron el traslado del cadáver hasta la morgue del hospital San José de Tierralta y a su vez se desplazaron por temor a sus vidas, llevando solo la ropa que vestían.
4. A aproximadamente las 6pm el 29 de julio, hombres armados ultimaron de varios impactos de bala a Emel Antonio Varela Tuberquia, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Estrella , corregimiento de Zaiza y integrante de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú ASODECAS.
Contexto:
En Córdoba, los asesinatos de los señores Serna y Varela, se suman a los de Sr. Martínez Cardona asesinado por presuntos efectivos del ejercito nacional el 6 de mayo, en la misma municipalidad – Tierralta, y los de Elver Cordero, el 9 abril y Ermes Enrique Vidal Osorio, el 23 de marzo, en el mismo departamento. Estos dos últimos fueron reclamantes de tierra.
Según información de la Fiscalía General de la Nación hay 32 casos de asesinatos de “personas presuntamente relacionadas con un proceso de restitución de tierras” durante el gobierno del presidente Santos .[[ Respuesta al derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación, radicado no. 2013500017275.]] y ninguna condena.
Exigimos:
-Que las autoridades colombianas investiguen penalmente y disciplinariamente a los miembros del ejército nacional adscritos a la Brigada Móvil No 30, por el asesinato del señor Pablo Guerreo y a los demás responsables por los graves hechos arriba mencionados.
-Que la fuerza pública y las entidades del estado actúen con respeto a los derechos humanos, y para proteger la vida de todas ciudadanos colombianos.
-Que la comunidad nacional e internacional se pronuncie en rechazo de los hechos arriba mencionados para asegurar que estos crímenes no queden en la impunidad.
