- En 2010, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad del Estado colombiano por la ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas en 1994.
- El crimen fue parte de un patrón sistemático de violencia contra la oposición política en Colombia.
- A 15 años de la sentencia, y más de 30 de su muerte, su legado sigue vivo como símbolo de resistencia, paz y justicia social.
Bogotá, Colombia. 26 de mayo de 2025. – Se cumplen 15 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su sentencia en el caso de la ejecución extrajudicial del senador Manuel Cepeda Vargas, ocurrida el 9 de agosto de 1994. En ella, el tribunal regional declaró la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de los derechos a la vida e integridad personal del senador, al considerar que su asesinato fue perpetrado por una estructura criminal compuesta por agentes estatales y grupos paramilitares, en el marco de un patrón sistemático de violencia contra integrantes de la Unión Patriótica.
La Corte concluyó que dicha ejecución no habría sido posible sin la aquiescencia, conocimiento o participación de mandos superiores, y que el Estado no sólo incumplió sus deberes de prevención y protección, sino que además instrumentalizó su poder e institucionalidad para facilitar la comisión del crimen. Durante años, esta estructura criminal no solo continuó operando, sino que desplegó una campaña de descrédito contra la memoria del senador y la dignidad de su familia, obligándoles a emprender un largo camino judicial para defender su honra y preservar su legado. A pesar del tiempo transcurrido, el caso permanece en la impunidad, sin que las investigaciones hayan logrado esclarecer completamente los hechos ni identificar a todos los responsables, incluidos los autores intelectuales.
Manuel Cepeda fue mucho más que un dirigente político. Comunicador social, columnista del semanario Voz, integrante del Partido Comunista Colombiano y senador de la República, dedicó su vida a la búsqueda de la paz, la justicia social y la democracia en Colombia. Su palabra crítica y su militancia política lo convirtieron en blanco de amenazas, persecución y finalmente, ejecución. El día que fue ejecutado se dirigía al Congreso para radicar un proyecto clave en materia de derechos humanos.
En representación de la víctima y sus familiares, el caso fue litigado ante la Corte IDH por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar) y la Fundación Manuel Cepeda Vargas. En su sentencia emitida 26 de mayo del 2010, la Corte IDH estableció la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas. El Tribunal determinó que el Estado colombiano no protegió adecuadamente al senador ni investigó de forma diligente los hechos, y reconoció el impacto colectivo del crimen: no solo se atentó contra su vida y su libertad de expresión, sino también contra los derechos políticos de toda una colectividad. Su ejecución buscó silenciar una voz de oposición y tuvo un efecto amedrentador sobre quienes compartían sus ideales.
La Corte también ordenó medidas para proteger a sus familiares, quienes han enfrentado situaciones de riesgo, campañas de desprestigio e intentos por borrar la memoria del senador. En ese sentido, la sentencia constituye no solo un acto de justicia, sino también una herramienta para dignificar su nombre y reafirmar el derecho de las víctimas y sus comunidades a la verdad y la memoria.
A pesar del paso del tiempo, la impunidad persiste. La investigación penal realizada por la Fiscalía General de la Nación no ha presentado avances significativos; por el contrario, diversos mecanismos han perpetuado la impunidad y obstaculizado el esclarecimiento de los hechos. En los últimos seis años, el caso en la justicia penal ordinaria ha sido reasignado al menos a cuatro despachos distintos, lo que ha generado una paralización en el avance de las investigaciones y ha socavado la confianza en el sistema de justicia.
El Estado colombiano aún debe avanzar en el cumplimiento pleno de lo ordenado por la Corte, en especial con la investigación, juzgamiento y sanción de todos los responsables. El caso continúa bajo supervisión internacional, recordando la necesidad de que se garantice justicia integral y se fortalezcan las condiciones para el ejercicio de los derechos políticos en democracia.
Manuel Cepeda enseñó con su vida que las palabras pueden transformar la historia. Su legado sigue vivo como símbolo de dignidad, compromiso y esperanza. A 15 años de esta sentencia histórica, su memoria sigue convocando a levantar la voz por la paz, la justicia y los derechos humanos.