En el periodo del presente SOS desde el 30 de abril hasta el 31 de julio de 2020 constatamos estas realidades con las 202 denuncias recibidas, de graves violaciones a los derechos humanos, 130 de ellas en municipios priorizados dentro del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.

Colombia es hoy el foco de la pandemia en América Latina debido a su deficiente sistema de salud y su precaria política de seguridad social que deja por fuera a la mayoría de la población. Al 7 de agosto de 2020, Colombia presenta 358.000 casos confirmados de COVID19, 192.000 personas recuperadas y 11.939 muertes.

Paralelamente -y contrario a los llamados al cese de todos los conflictos cuando la humanidad enfrenta este desafío- avanza sin freno un conflicto armado en varios territorios, acompañado de un tenebroso plan de exterminio contra quienes encarnan en los territorios el anhelo de la paz consignado en el Acuerdo Final suscrito entre la guerrilla de las Farc-EP y el Estado colombiano, a la par de un discurso oficial indiferente o que tiende a minimizar la tragedia que se vive.

Hasta el 30 de junio pasado, el ahora partido político Farc había registrado el asesinato de 214 excombatientes firmante del Acuerdo de Paz, 36 de ellos en 2020. En cuanto a las defensoras y defensores de derechos humanos, mientras el gobierno habla de 37 asesinados, la Defensoría del Pueblo tiene 56 casos registrados, y la organización no gubernamental Indepaz -que realiza un informe conjunto con el movimiento Marcha Patriótica con presencia en diferentes regiones del país- registra 166 asesinatos sólo en el presente año. y 971 desde la firma del Acuerdo de Paz.

El narcotráfico, así como la minería y otros megaproyectos extractivos siguen estando en el centro de la conflictividad en varias zonas del país. Cabe recordar que un informe del Programa de Naciones unidas contra la droga y el delito –UNDOC- señaló que Tibú, El Tarra y Sardinata en Norte de Santander, Orito y Puerto Asís en Putumayo, Tumaco, El Charco y Barbacoas en Nariño, El Tambo, en Cauca y Tarazá en Antioquia, sumaron el 44 % del total de cultivos de coca del país.

Estas zonas, a su vez, coinciden con las de mayor militarización, por lo cual diversos análisis confluyen en la pregunta de cuál es el papel de la fuerza pública, a la hora de hacer frente a los eslabones más poderosos del negocio del narcotráfico, y a las amenazas contra comunidades y líderes sociales.

Mientras el Acuerdo de Paz trazó una ruta de sustitución voluntaria y concertada que ha demostrado muy importantes resultados como una resiembra de apenas el 0,4%, en estas zonas hoy se vive una nueva guerra a través de la erradicación forzada y el asesinato a quienes promueven el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS-. Una guerra cuyo saldo a favor sigue siendo para el negocio. Pero que también ha significado un nuevo riesgo de contagio para las comunidades a donde llegan los Ejércitos de erradicación, tal y como lo reconoció un fallo de tutela que ampliaremos más adelante.

Hechos del presente periodo

En el periodo del presente SOS desde el 30 de abril hasta el 31 de julio de 2020 constatamos estas realidades con las 202 denuncias recibidas, de graves violaciones a los derechos humanos, 130 de ellas de municipios priorizados dentro del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET. Es decir, aquellos territorios que hoy deberían ser foco de la construcción de paz se han convertido en nuevos escenarios de guerra y de persecución política. Estas denuncias son 27 más que en el periodo anterior, 30 de enero al 30 de abril de 2020, y la cifra más alta desde el 15 de marzo de 2016 cuando lanzamos le primer SOS ante la amenaza que ya se cernía contra los Acuerdos de Paz.

Por tipo de violación, recibimos denuncias de 103 homicidios, 9 masacres , 24 casos de abuso de la Fuerza Pública, 12 de erradicación forzada, 11 atentados e igual número de hostigamientos, 8 amenazas, 5 denuncias de presencia paramilitar, 4 infracciones al DIH, 3 casos de desplazamiento forzado, y 14 denuncias más donde se incluyen el acceso carnal violento del que fue víctima la niña Embera por parte de ocho integrantes de la X Brigada del Ejército, secuestros y desapariciones forzadas, pero también la alteración del sitito de enterramiento de víctimas del conflicto y la violencia sociopolítica en el Copey, Cesar, y contaminación de fuentes hídricas por parte de empresas privadas.

Por número de víctimas, 139 personas fueron asesinadas en el presente periodo, 1,5 cada día, 17 personas fueron víctimas de atentados, así como la sede de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –Anzorc-; 30 personas más fueron víctimas de amenazas, así como la comunidad de la vereda Santa Lucía en Ituango Antioquia. 21 fueron víctimas de hostigamientos, incluyendo el robo de información a dos integrantes de la organización no gubernamental Cealdes, integrantes de la Misión Humanitaria por la vida y la paz en los Llanos Orientales. La erradicación forzada de cultivos de uso llícito ha centrado su accionar violento en el departamento del Putumayo, y más aún en la Zona de Reserva Campesina de Perla Amazónica, en Puerto Asís, donde se presentaron 6 de los 12 operativos denunciados en el periodo.

Así mismo, 4 comunidades denunciaron episodios de control paramilitar en sus territorios, 2 de ellos en Antioquia, donde la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sigue viviendo el asedio de estas estructuras, pero también en Murindó. Buenaventura, Valle y El Charco, Nariño, fueron los otros 2 municipios donde se presentaron amenazas, hostigamientos, hurtos, ocupación de lugares sagrados, escuelas y sitios de la comunidad por parte de paramilitares.

83 personas y seis comunidades han sido víctimas de abusos de la fuerza pública en el último trimestre, en medio de operativos de erradicación forzada, pero también con hostigamientos a líderes y comunidades, abuso policial y detenciones arbitrarias, inasistencia médica y tratos crueles inhumanos y degradantes en las cárceles. Dentro de estos hechos, se registra una denuncia de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, sobre abuso de la fuerza que compromete a miembros del Ejército del Perú, que retuvo a 25 colombianos que trataban de regresar al país por la pandemia, en la localidad de Cabo Pantoja, departamento de Loreto, posibles víctimas de trata de personas.

En cuanto a infracciones al DIH, en Puerto Caicedo, Putumayo, se presentó un caso de 3 soldados heridos por minas antipersonal en medio de un operativo de erradicación forzada en zona con presencia del Frente Carolina Ramírez de las llamadas disidencias de la Farc. Otras tres comunidades fueron víctimas también de infracciones al DIH por combates en sus territorios en Páez, Cauca, entre Ejército y disidencias de las Farc, en Barbacoas, Nariño, donde la comunidad no pudo identificar a los actores debido a su asilamiento por el COVID19, y en Florida, Valle del Cauca donde se enfrentaron el Batallón Codazzi y la columna Dagoberto Ramos, disidencia de la antigua guerrilla de las Farc.

Por regiones, registramos denuncias de 24 de los 33 departamentos del país y en 101 ciudades y municipios, de los cuales 60 son municipios priorizados dentro del PDET, y el suroccidente sigue concentrando el mayor número de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Los departamentos de Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y Nariño concentran 85 de las 202 denuncias del periodo, y los siguientes en mayor número de denuncias son Antioquia con 22, todas ellas en municipios PDET, Norte de Santander con 19, dentro de las cuales se incluyen 10 en la capital del departamento, Meta y Bogotá con 9 denuncias, Huila con 8 -6 de ellas solo en el municipio de Algeciras- y Bolívar con 7.

Por perfiles, las principales víctimas siguen siendo quienes ejercen liderazgos sociales. 95 personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas de diferentes ataques durante el presente periodo. También fue atacada la sede de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Popayán. 55 líderes fueron víctimas de homicidios, 6 eran gobernadores indígenas y 24 de estos hechos ocurrieron en la región del Suroccidente del país, 11 en la región Caribe, departamentos de Bolívar, Atlántico, Córdoba, Magdalena y Cesar, donde las víctimas fueron líderes sindicales, defensores de derechos humanos y de víctimas. 6 en Norte de Santander y 3 líderes en Antioquia y Huila respectivamente, 2 en Chocó, donde fueron asesinados líderes indígenas, campesinos y comunitarios. Los 3 restantes fueron asesinados en Quindío, Caquetá y Vichada.

También fueron asesinados en el periodo 33 campesinos e indígenas, en medio de operativos de erradicación forzada o de protestas por los mismos, pero también por abusos de fuerza pública y accionar de grupos paramilitares en hechos ocurridos en Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba.

5 menores de edad fueron víctimas en el periodo, entre ellos el adolescente Duván Aldana, asesinado en medio de protestas por el derecho a la vivienda en el municipio de Soacha, Cundinamarca, y la niña de 9 años Luz Elena Caizamo Rojas, quien murió en medio de enfrentamientos entre el ELN y las AGC en Alto Baudó Chocó y Camilo Sucerquia, hijo de una excombatiente, asesinado junto con sus dos acompañantes.

Entre el 30 de abril y el 31 de julio de 2020 31 excombatientes fueron víctimas de distintos tipos de ataques y dos agrupaciones de excombatientes. 25 fueron asesinados, 4 víctimas de desaparición, uno de atentado y 2 procesos de reincorporación víctimas de amenazas. Pero también asesinados en el periodo 9 familiares de excombatientes, en una práctica que evoca prácticas mafiosas. 4 de estas víctimas murieron en medio de una masacre en el municipio de Algeciras, Huila, donde también fueron asesinados 3 de los defensores registrados en el presente periodo.

Por victimarios, de las 202 denuncias recibidas, en más de la mitad de los casos el autor es desconocido, 56 fueron hechos en los que se denuncia a la fuerza pública, 21 a estructuras paramilitares, 3 a disidencias de Farc y 3 al ELN y en 4 casos más se señala la responsabilidad de empresas privadas en hostigamientos a las comunidades para salir de su territorio como el caso de la Hacienda Flor del Monte en Turbo Antioquia, o en la contaminación de fuentes de agua como pasa con la empresa Amerisur en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica en el Putumayo o con empresarios que trabajan en proyectos turísticos sin licencia, denunciados por pueblos indígenas en Dibulla, La Guajira.

Para entender un poco mejor estas estructuras armadas, en particular en el Suroccidente donde se originan la mayor parte de denuncias, según el informe de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN hacen presencia diez actores armados entre los que se encuentran la fuerza pública (Ejército y Policía), tres bandas paramilitares (AGC; Águilas Negras y Frente Unido del Pacifico) y cinco estructuras guerrilleras (ELN, EPL y tres columnas móviles disidentes de las FARC: Columna Móvil Jaime Martínez, Columna Móvil Dagoberto Ramos y Columna Móvil Jacobo Arenas-Frente Sexto). Existen otras expresiones armadas que parecen depender de estructuras más protagónicas, como es el caso del Cartel de Sinaloa -CDS con la Columna Móvil Dagoberto Ramos y la Columna Móvil Carlos Patiño con la CM Jaime Martínez (ACIN, 2020). El control territorial que realizan estos actores está profundamente relacionado con el cultivo y tráfico de drogas.

Entre las disidencias de las FARC es preciso mencionar que las Columnas Móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos comenzaron a hacer presencia en el territorio desde el 2017 durante la dejación de armas de las FARC; al parecer sus mandos no están unificados y actúan de manera independiente. De otro lado, la Columna Móvil Jacobo Arenas- Frente Sexto se encuentra adscrita a la Segunda Marquetalia y opera en la zona desde noviembre de 2019.

Existen serios indicios de la connivencia o articulación de la fuerza pública con las llamadas disidencias en particular en el Suroccidente como los hallazgos de la Operación Bastón y Cóndor en las que la contrainteligencia documentó vínculos entre miembros del Ejército y estructuras narcotraficantes de Cauca, Valle y Nariño; las investigaciones de la fiscalía que terminaron con la captura de varios policías que habrían coordinado secuestros y vendido armas a alias Mayimbú. La acción coordinada entre estos actores con la fuerza pública, la forma de operación en relación con los cultivos de uso ilícito, así como los ataques hacia la guardia indígena, han generado que las Columnas Móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos sean vistos por varios actores armados y comunitarios como una expresión del paramilitarismo.

Ver todos los hechos del periodo

Ilegitimidad y guerra gobiernan la pandemia

En contra del llamado del Papa Francisco y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas , el gobierno de Colombia no ha realizado ningún esfuerzo por el cese al fuego bilateral medida lógica y apenas humanitaria mientras el mundo y el país enfrentan el desafío de la pandemia. Por el contrario, ha cerrado las puertas una vez más a la propuesta del ELN de un cese al fuego bilateral, pese a lo solicitado por el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.

Por el contrario, insiste en las salidas violentas y militares a los temas de orden público y de derechos humanos, aplicando desgastadas fórmulas de injerencia extranjera como la guerra contra las drogas o permitiendo la presencia de asesores militares sin autorización del Congreso ni del Consejo de Estado, decisión que fue objeto de un fallo de tutela que obliga a que cese dicha presencia. Por otra parte, da la espalda a países garantes y aliados en la búsqueda de la paz como Cuba con gestos hostiles que desconocen los mínimos protocolos diplomáticos y de negociaciones.

Mientras los territorios viven la pandemia de la guerra, el gobierno naufraga entre los escándalos que ponen en duda su legitimidad. El medio de comunicación digital La Nueva Prensa reveló grabaciones del ganadero y testaferro del narcotráfico José Guillermo Hernández, “El Ñeñe” Hernández en poder de la Fiscalía donde “circunstancialmente (se captaron) conversaciones de este en las que dice a sus interlocutores ser el eje de una operación de compra de votos en la Costa Norte para el hoy presidente, Iván Duque, por orden del ex presidente y senador Álvaro Uribe”. A estas revelaciones se siguen sumando denuncias del mismo medio sobre la presunta cercanía entre el presidente Duque y este personaje muerto en extrañas circunstancias en Brasil, como su asistencia a la fiesta privada de celebración del triunfo de Duque realizada en el restaurante Andrés Carne de Res.

Por este caso de la presunta compra de votos, el fiscal general, Francisco Barbosa abrió una investigación y la Corte Suprema le asignó el caso al magistrado Misael Rodríguez para investigar el papel del senador y expresidente Álvaro Uribe en este entramado de corrupción electoral cuya presunta conexión habría sido la jefa de campaña de Duque, María Claudia Daza, exfuncionaria también de la Unidad Técnica Legislativa del senador Uribe.

Por otra parte, el portal investigativo Insigth Crime reveló informaciones que dan cuenta de presuntas relaciones de familiares de la vicepresidenta de la república, Marta Lucía Ramírez con Guillermo León Acevedo Giraldo, antes conocido como Guillermo Camacho, alias “Memo Fantasma” un narcotraficante “invisible” para las autoridades colombianas por más de 30 años y quien está libre en España, “Memo Fantasma” es el propietario del terreno en el que se construyó el proyecto Torre 85 de la empresa Hitos Urbanos de propiedad de la vicepresidenta y su esposo.

Posteriormente, el portal La Nueva Prensa reveló que Bernardo Ramírez Blanco, de 58 años de edad, hermano de la vicepresidenta Ramírez fue arrestado y condenado en Estados Unidos en 1997, a cuatro años y nueve meses de prisión por tráfico de heroína, hecho que la vicepresidenta reconoció generando una polémica sobre si este hecho que ocultó la vicepresidenta debía ser de conocimiento público

También hace parte de este repertorio de escándalos de ilegalidad en el “gobierno de la legalidad“ el caso de las llamadas Carpetas Secretas que dejó al descubierto una gigantesca operación de contrainteligencia al interior del Ejército y que confirmó nuestros temores por el regreso de la persecución contra nuestra organización y otros sectores de la oposición vivida en tiempos del extinto DAS.

Este episodio ya traspasó fronteras, al haber involucrado dentro de los blancos de espionaje al periodista estadounidense Nicholas Casey que reveló el escándalo de las directivas de Nicacio Martínez, y al haber usado dineros de cooperación estadounidense para estas actividades ilegales, lo que suscitó una petición de enmienda o reforma legislativa a los acuerdos de cooperación entre ambos países por parte de Representes a la Cámara estadounidenses.

Y más recientemente la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, investigado porque presuntamente habría ordenado sobornos a testigos dentro del proceso que se le adelanta en el Alto Tribunal por los mismos hechos. Este caso se originó en una denuncia del propio senador Uribe en 2012 contra el senador Cepeda acusándolo de buscar testigos en su contra para señalarlo de vínculos con el paramilitarismo en Antioquia.

La Corte Suprema empezó la investigación contra el senador Cepeda, encontrando que en las interceptaciones a paramilitares iban apareciendo hombres de confianza del senador Uribe e incluso su misma voz, por lo cual la Corte se inhibió de investigar al senador Cepeda y abrió investigación contra el Senador Uribe y el Representante Álvaro Hernán Prada que condujo a la medida tomada.

Una vez la Corte inició esta investigación, se mantuvo la práctica de buscar testigos que se retractaran de sus acusaciones contra el senador Uribe, a través del abogado Diego Cadena quien también fue sometido a la misma medida de detención domiciliaria dentro del proceso que se le adelanta la Fiscalía.

Esta decisión de la Corte –recibida con serenidad por la víctima del caso- ha querido ser utilizada por sectores de ultraderecha afines al exmandatario y senador e incluso al mismo Presidente de la República que ha desconocido por completo la separación de poderes saliendo en defensa de su jefe político y profundizando su crisis de gobernabilidad, también queriendo nombrar a partidarios suyos en la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

Mientras tantos sus copartidarios insisten en llamados a desconocer las instituciones democráticas, a la violencia e incluso a reformar la Constitución del 91, lo que solo ahondaría la crisis humanitaria, sanitaria, económica y social que atraviesa el país por cuenta de la continuidad de la guerra y de la pandemia.

Administrando la pandemia o los negocios

La cuarentena estricta implantada el 23 de marzo sólo se sostuvo hasta el 27 de abril, cuando se reabrieron los sectores económicos de la construcción y la manufactura. Entonces el país presentaba 5.597 casos y 253 muertes. Luego se sucedieron una serie de decretos que burlaban la cuarentena a la par de prolongarla. El siguiente fue emitido el 11 de mayo, cuando se abrieron otros sectores económicos como el comercio y los servicios, entonces ya se registraban 11.513 casos y 479 muertes, es decir casi del doble. Aun así, el 1 de junio, con 30.493 casos y 969 muertes, se expidió un tercer decreto, y el 26 de junio, cuando se contaban 84.442 casos y 2.811 muertes, se expidió un decreto más hasta el 15 de julio, que luego, con nuevas excepciones, se prolongó hasta el 1 de agosto, fecha a la cual llegamos a completar 306.181 casos y 10.330 fallecidos. Finalmente, el gobierno anunció el pasado 28 de julio que la cuarentena irá hasta el próximo 31 de agosto. (Datos oficiales libres)

La prolongada cuarentena que ya completa cuatro meses y medio obedece a que sigue la curva ascendente de contagio por múltiples factores de una enfermedad que aún es en gran parte un misterio para la comunidad científica, pero también por el manejo inadecuado de la misma. Atendiendo a las conclusiones de la OMS, el distanciamiento físico y el aislamiento siguen siendo las principales medidas de prevención por lo cual los Estados deberían garantizar las condiciones para cumplirlas.

Aunque se ha querido atribuir el problema exclusivamente a la indisciplina social, la tasa de informalidad en Colombia que llega casi al 60% ha sido el principal obstáculo para que las personas puedan cumplir con las medidas sanitarias, ya que tanto la precaria situación económica de 31 millones de colombianas y colombianas en pobreza y desempleo como la interferencia de la industria han impedido un cumplimiento cabal de esta medida, y sus efectos positivos esperados en la reducción del contagio y en evitar el colapso del sistema de salud para la atención adecuada a todos los pacientes.

Mientras se imponen las razones financieras sobre las razones de salud pública, el gobierno sigue sordo al clamor de la renta básica, que realiza el derecho al mínimo vital contemplado en la Constitución, y que ayudaría en gran parte no solo al cumplimento de la cuarentena, sino a la real reactivación económica por la vía de mejorar el poder adquisitivo de la población.

Pero también están las llamadas excepciones que significan en la práctica una precipitada reapertura de sectores productivos por presión de las grandes empresas agrupadas en influyentes gremios económicos como la ANDI y Fenalco, que han jugado un papel definitivo en las decisiones de salud pública en las que no deberían tener injerencia alguna. Un ejemplo patético de esa interferencia fue el primer día sin IVA que, como denunciamos, se modificó en su aplicación y terminó realizándose contra toda recomendación científica, el 19 de junio, generando aglomeraciones en grandes superficies comerciales en Bogotá, Cali y Barranquilla con efectos para la pandemia que aún son materia de análisis.

Entre tanto, desde el comienzo de la pandemia y a través distintos comunicados, el gremio de la salud ha insistido en medidas estrictas de confinamiento, pedagogía sobre la pandemia, inversión en pruebas y mejoras en las condiciones laborales del personal médico para hacerle frente. Las críticas llegan hasta el régimen de salud y seguridad social establecido por la Ley 100 de 1990 que creó las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, como intermediarias privadas entre los recursos del Estado y los centros de atención médica, generando mayores trámites, costos y desmejoras en la atención en salud.

Estas deficiencias históricas se han expresado durante la pandemia, en problemas como la falta de infraestructura hospitalaria que requiere la atención a pacientes COVID19, la escasa medicina preventiva, las demoras en la compra de Unidades de Cuidado Intensivo y la falta de infraestructura para ponerlas en funcionamiento en buena parte del país, la demora en la toma y procesamiento de pruebas, hasta llegar a hablar de un colapso en el sistema de salud, lo que amerita un verdadero viraje en el manejo de la pandemia, que garantice recursos directos al personal médico y los hospitales, y acceso universal a los pacientes.

Una agenda social y de paz para salir de la crisis

Ante la intransigencia de la política antidrogas y sus amenazas para las comunidades, organizaciones campesinas, indígenas, comunitarias, populares, junto con la academia y organizaciones de derechos humanos, interpusimos una tutela para frenar el despropósito de realizar audiencias virtuales con el fin de avanzar en el trámite para el regreso de las aspersiones aéreas de cultivos de uso ilícito con Glifosato. La tutela que ya cuenta con un fallo ratificado de segunda instanciaha sido desconocida por el gobierno que insiste en un segundo llamado a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, ante el cual las propias organizaciones han llamado a no acudir.

Por otra parte, otro fallo protegió los derechos del resguardo Inda Sabaleta del Pueblo Awá, en el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco, Nariño, al prohibir los operativos de erradicación forzada que ya costaron la vida de uno de sus dirigentes y que ponen en riesgo a la comunidad cuya subsistencia depende de estos cultivos. De nuevo, el fallo señala la sustitución concertada, como la política integral y adecuada para el manejo del problema de las drogas.

En materia de protección a líderes sociales, elTribunal Superior de Bogotá ordenó mediante fallo de tutela la reactivación de las mesas de garantías, espacio de interlocución e entre el gobierno y la sociedad civil, así como medidas de protección para casos específicos con enfoque territorial, étnico y de género, acordes a las condiciones de defensoras y defensores. No obstante este importante avance, solicitaremos, junto con todas las organizaciones que suscribimos la tutela, que la Corte Constitucional la revise para que se declare el Estado de Cosas Inconstitucional y se adopten medidas generales, con seguimiento eficaz en protección de líderes y lideresas sociales.

Paralelamente crece el respaldo social a defensoras y defensores de derechos humanos con campañas lideradas desde la sociedad civil como Defendamos la paz y Rostros que siembran. La primera de ellas realizó el pasado 26 de julio una histórica jornada bajo el lema El silencio ya no es una opción, uniendo a diversas voces políticas y sociales en defensa del derecho a defender los derechos humanos en Colombia.

También avanzan un conjunto de iniciativas legislativas de la bancada de paz o bancada de oposición que buscan responder a los problemas actuales en materia de economía, salud y empleo agudizados por la pandemia, como es el caso de los proyectos de Ley de Renta Básica que cuentan con el amplio respaldo ciudadano de una campaña que ya ha recogido casi 30 mil firmas. También las iniciativas legislativas de depuración de la fuerza pública y reformas a las doctrinas castrenses que aún siguen estando en el centro del papel de la fuerza pública en graves violaciones a los derechos humanos como lo demuestran muchos de los casos aquí documentados, los casos de violencia sexual contra jóvenes y niñas, o el escándalo de las carpetas secretas, cuyo antecedente en el DAS pasa ahora a ser de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Son tiempos de grandes dificultades y desafíos que no imaginamos vivir como humanidad y como nación. El llamado de la pandemia a respetar la naturaleza es también de reflexión sobre el futuro que queremos construir. Para Colombia puede significar la transición de la guerra indefinida a retomar el rumbo de la paz, a buscar salidas sensatas y auténticas al conflicto armado, la violencia sociopolítica, la destrucción ambiental y la desigualdad social. Insistimos en un llamado a la sensatez al presidente Duque para que cumpla lo pactado en el Acuerdo de Paz, gobierne para todas y todos, como le pidió el senador Feliciano Valencia, y construya políticas públicas en favor de las mayorías que nos ayuden realmente a salir de la crisis.