Desde el pasado 7 de diciembre, cuando se realizó la Audiencia Pública en el Congreso sobre los crímenes contra la paz, hemos seguido recibiendo información de los siguientes hechos donde han sido asesinados 16 defensoras y defensores de derechos humanos y cuatro pobladores quienes perdieron la vida en el contexto de dos de estos crímenes. (Foto: Acasa)

Mientras la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior se empeñan en negar el carácter sistemático y generalizado de los crímenes contra defensoras y defensores de derechos humanos, así como la persistencia del paramilitarismo, estos hechos siguen ocurriendo, principalmente contra comunidades y líderes comunitarios, promotores del Acuerdo de Paz, de las zonas de reserva campesinas, del medio ambiente y los recursos naturales. Todas las víctimas de estos asesinatos, atentados, amenazas y hostigamientos han sido partícipes de procesos que se resisten a la guerra y al despojo, que protestan ante intereses criminales o de multinacionales que amenazan la supervivencia de sus comunidades.

Desde el pasado 7 de diciembre, cuando se realizó la Audiencia Pública en el Congreso sobre los crímenes contra la paz, hemos seguido recibiendo información de los siguientes hechos donde han sido asesinados 16 defensoras y defensores de derechos humanos y cuatro pobladores quienes perdieron la vida en el contexto de dos de estos crímenes.

También persisten las amenazas individuales y colectivas que en el período señalado tuvieron como objetivo a seis líderes sociales, un proceso organizativo y una comunidad. Por otra parte, tanto la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como la Asociación de Hermandades Agroecológicas del Guamoco, Aheramigua, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, han documentado la presencia paramilitar en los territorios donde habitan y acompañan procesos organizativos, junto con la inacción de las unidades del Ejército presentes en las mismas zonas.

Es de especial preocupación el asedio permanente del paramilitarismo contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que en el periodo incluye un hecho de violencia sexual contra una menor de edad, según lo denuncia la comunidad.

Aunque en el Acuerdo Final suscrito entre el gobierno y la guerrilla de las Farc-EP se hace un reconocimiento del paramilitarismo y de estipulan una serie de normas y medidas para desmontar las estructuras herederas, la justicia y el ejecutivo se empeñan en negar este fenómeno, obstaculizando desde su origen mismo el avance en materia de verdad, justicia y reparación de estos crímenes.

Seguimos alertando con preocupación cómo, mientras se avanza en la implementación de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y las Farc-EP, con miras a sacar las armas del escenario de la política, no hay pasos decisivos para garantizar el ejercicio de la protesta social y la participación por las vías democráticas, pues quienes así lo hacen siguen exponiendo su vida y su bienestar por defender sus ideales. Es decir, no se materializan hechos de voluntad política en la dirección de garantizar la no repetición de los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia.

Insistimos en la activación inmediata de los mecanismos previstos en el Acuerdo Final de Paz para el desmantelamiento de las estructuras herederas del paramilitarismo, contempladas en el numeral 3.4 del Acuerdo Final (1), así como en la presentación del proyecto de acto legislativo que decreta la ilegalidad del paramilitarismo en Colombia contemplada en el literal C del punto 6.1.9 del Acuerdo Final (2). De igual forma llamamos a que en el debate legislativo sobre la implementación de los Acuerdos de Paz y en su correspondiente control de constitucionalidad, se recojan los estándares internacionales en materia de derechos humanos que garanticen la justicia, la verdad y la reparación integral de las víctima, a la vez que impidan la impunidad que estimula la repetición de los crímenes.

Por otra parte, y ante los importantes avances para la instalación de la mesa de diálogos con el ELN se ha planteado como primer punto de la negociación la participación social. Esta debe contar con las garantías necesarias, lo que requiere el reconocimiento de la real situación de riesgo de líderes y lideresas comunitarias y sociales, promotoras y promotores de paz, defensoras y defensores de derechos humanos, que conlleve las medidas necesarias y suficientes para detener definitivamente los ataques en su contra, brindando las condiciones para su participación real y efectiva.

Notas:

1. 3.4. “Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” P. 77: http://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/nuevoacuerdofinal24112016.pdf

2. 6.1.9/ c. Ley o Acto legislativo de creación de la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales entre ellas las sucesoras del paramilitarismo establecido en el numeral 74 del Acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Incorporación a la Constitución de la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y o privado de estructuras o prácticas paramilitares. P. 202 http://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/nuevoacuerdofinal24112016.pdf
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A continuación la relación de los hechos:

Asesinatos

1. 29 de enero El consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, Cocolatu, la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato, Ascoba, y el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, denuncian el homicidio del señor Porfirio Jaramillo Bogallo, miembro del consejo local de la comunidad de Guacamayas, consejo comunitario de La Larga y Tumaradó en el departamento de Antioquia. El campesino solicitaba la restitución de un predio ubicado en la vereda Buenos Aires, del corregimiento Nuevo Oriente, municipio de Turbo. En el caso del señor Jaramillo, la Unidad de Restitución informó que había activado en agosto pasado la ruta de protección ante la Unidad Nacional de Protección, UNP.

2. 27 de Enero La organización Wiwa Golkuche del reguardo Kowi, Malayo y Arhuaco, José Gregorio Rodríguez denunció el asesinato de Yoryanis Isabel Bernal Varela, de 43 años quien era defensora de los derechos de la mujer Wiwa. Los hechos se presentaron en el sur de Valledupar cuando Yoryanis fue asesinada de un tiro en la cabeza.

3. 25 de Enero El noticiero NoticiasUno en su emisión del sábado 25, denunció informó sobre el asesinato por arma de fuego, del abogado John Fredy Concha Valbuena, de 42 años, en la ciudad de Cali. El penalista era reconocido por haber logrado la libertad de 20 areneros capturados por explotación ilícita en el río Cauca y el de tres personas señaladas del secuestro de los diputados del Valle. El asesinato ocurrió en el barrio San Fernando, al sur de Cali.

4. 22 de enero El Diario del Otún, de Pereira informó sobre el asesinato del líder comunal Hernando Murillo Armijo, quien fue atacado en su propia casa y en presencia de su familia, en el corregimiento de Santa Cecilia, Risaralda. La información oficial citada por el medio, indica que tres sujetos armados y encapuchados arribaron a la casa a las 11:00 p.m. donde intimidaron a uno de los hijos de Murillo Armijo. Hernando Murillo fue el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Agüita, del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, durante el período 2012-2016 y aunque este año no ejercía este cargo, seguía apoyando la labor social en este sector alejado de Pueblo Rico.

5. 22 de enero El periódico El Colombiano de Medellín, reportó el asesinato del líder conservacionista Alberto Suárez Osorio, administrador de la reserva Mesenia de la Fundación Colibrí, en el municipio de Jardín, Antioquia. Desde la página de su organización reseñan su legado afirmando que “deja un gran vacío entre nosotros por sus invaluables aportes a la conservación y la ornitología”.

6. 19 de enero El movimiento social y político Marcha Patriótica denunció el asesinato de otro de sus dirigentes en el departamento de Córdoba. Se trata de Hernán Agámez Flórez, quien también hacia parte de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba. El crimen se atribuye al grupo paramilitar del llamado “Clan del Golfo”. En la misma zona fue asesinado el labriego Marcelino Pastrana Fernández y los campesinos Everto Julio Quiñonez Miranda y Fredys Cogollo Mora.

7. 17 de enero La organización Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, Conpaz, denunció los asesinatos de Emilsen Manyoma, lideresa del Bajo Calima e integrante de esta organización, junto a su esposo Joe Javier Rodallega, en hechos ocurridos en la ciudad de Buenaventura, Valle. Los asesinatos se cometieron cuando la pareja tomó un taxi en el barrio Villa Linda de la comuna 12 y desde allí no se volvió a saber de su paradero. Posteriormente los cuerpos fueron encontrados sin vida en el barrio El Progreso, y presentaban diversos golpes, heridas con arma blanca y armas de fuego. Además, un reporte de las autoridades indica que ambos fueron degollados.

8. 14 de enero El Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio en el Oriente Antioqueño, Movete, denunció el asesinato de Edmiro León de 53 años de edad, integrante de su organización en la vereda El Llano Cañaveral. Emiro venía jugando un papel importante desde la promoción de los derechos de los campesinos, además de su preocupación por el uso de las aguas, cuencas y el desarrollo para la comunidad, frente a la problemática generada por la negociación de los terrenos para el proyecto energético Hidroarma, que se ejecutará en varias veredas pertenecientes a los municipios de Sonsón, Antioquia y Aguadas, Caldas.

9. 12 de enero La Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas, denunció el homicidio de José Yimer Cartagena Úsuga, uno de sus dirigentes, quien fue asesinado en el punto conocido como La Petrolera del municipio de Carepa, Antioquia. José Yimer fue abordado por un grupo de hombres que se trasladaban en una camioneta blanca quienes lo obligaron a subirse al vehículo. Posteriormente el cuerpo sin vida se encontró en la morgue del hospital del municipio de Carepa.

10. 10 de enero La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, Afrodes, denunció el homicidio de Juan de la Cruz Mosquera de 54 años, miembro del Consejo Comunitario de Tamboral, y de su hijo Moisés Mosquera Moreno, de 30 años, a manos del grupo paramilitar denominado los “Gaitanistas”, en Riosucio, Chocó. Juan de la Cruz fue invitado por personas desconocidas a viajar a la Comunidad de Caño Seco. Una vez allí le pidieron llamar a su hijo Moisés con quién necesitaban resolver un problema. Cuando este llegó, el día sábado 7 de enero, de inmediato fue asesinado. Su padre, quien se encontraba retenido por el grupo, se enteró de su muerte el día lunes 9 y de inmediato los confrontó y fue asesinado.

11. 8 de enero La organización internacional Front Line Defenders, denunció el asesinato de Aldemar Parra García, presidente de la Asociación Apícola de El Hatillo Cesar, cuando se dirigía desde la vereda el Hatillo hacia la cabecera corregimental de La Loma de Calenturas, El Paso, en el lugar conocido como Mata e’ Zorra en el departamento del Cesar. Allí fue interceptado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta roja y que cubrían sus rostros con los cascos, los cuales propiciaron su muerte. Aldemar Parra venía recibiendo amenazas por sus propuestas frente a la contaminación ambiental causada por la explotación minera de las multinacionales Prodeco, Drummond y Murray Energy en la región.

12. 6 de enero La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano“Francisco Isaías Cifuentes” y la Marcha Patriótica denunciaron el homicidio de Olmedo Pito García, comunero Nasa del resguardo Indígena de Huellas, municipio de Caloto, Cauca e integrante del Movimiento de Los Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame. El dirigente indígena fue asesinado en el Corregimiento El Palo, Cauca, cuando se dirigía a su vivienda. Olmedo fue interceptado por hombres desconocidos que le propinaron tres heridas de arma blanca. Miembros de la comunidad lo trasladan al hospital de Caloto, pero por la gravedad de las heridas murió durante el recorrido.

13. 29 de diciembre La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” y la Marcha Patriótica denunciaron el homicidio de Yaneth Alejandra Calvache Viveros, sobreviviente de la Unión Patriótica y excandidata a la alcaldía municipal de Balboa, Cauca. Yaneth era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Municipio de Balboa, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro-CUT, del Proceso de Unidad Popular del suroccidente Colombiano-PUPSOC, y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca. El asesinato se presentó en la Vereda Robles, Cauca. Yaneth se encontraba en su casa donde vendía minutos de celular, cuando un hombre le propinó cuatro impactos de bala.

14. 25 de diciembre La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano“Francisco Isaías Cifuentes” y la Marcha Patriótica denunciaron el homicidio de Anuar José Álvarez Armero, directivo del Comité de Cocaleros de la Vereda Mirolindo e integrante de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, Ascamta, quien fue asesinado cuando transitaba en su motocicleta por el Corregimiento El Sinai, Vereda Deziderio, Zapata Cauca, donde fue intersectado en medio de la carretera por dos hombres a bordo de una motocicleta. Uno de ellos le dispara cuatro impactos de proyectil los cuales se alojaron en el pecho, el dorso, costado y en el brazo causándole la muerte.

15. 12 de diciembre La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” y la Marcha Patriótica denunciaron el asesinato de Guillermo Veldaño, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Buenos Aires de Puerto Asís, el día 12 de diciembre de 2016, en horas de la tarde, por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Guillermo Veldaño era un reconocido líder social del corregimiento Teteyé, hacía parte del Sindicato de Trabajadores Campesinos del Cordón fronterizo del Putumayo, Sintracfromayo, filial de Fensuagro y de Marcha Patriótica; y se caracterizaba por su férrea defensa del agua y la vida digna en el territorio.

16. 10 de diciembre La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, denuncian el asesinato de Eder Mangones, un pequeño minero, líder social por muchos años en el corregimiento de Mina Seca municipio de Tiquisio, Bolívar, y actualmente hacia parte de la Junta de Acción Comunal. Este homicidio ocurrió en un contexto de grave situación de violación de Derechos Humanos y presencia paramilitar con campamentos y corredores en la región. Eder Mangones se dirigía en una motocicleta de Puerto Rico, cabecera municipal de Tiquisio, hacia el corregimiento de Buena Seña, municipio de Norosí, cuando fue asesinado por hombres armados e hirieron al mototaxista que lo transportaba, Henry Demarchi.

Violencia sexual

1. 23 de Enero La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denunció la violación a una menor de edad por paramilitares en la vereda la Hoz del Corregimiento de San José de Apartadó, donde irrumpieron en la vivienda familiar de la menor. Los paramilitares la amenazaron con asesinarla, si hacia la denuncia. Este hecho ocurre en medio del asedio de estas organizaciones criminales que ha sido denunciado históricamente por la Comunidad, y que se ha incrementado en el contexto de las negociaciones de paz.

Amenazas

1. 5 de Enero La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denuncia amenazas y un atentado paramilitar en el sector de Piedras Cantan, Barrio La Playita, Buenaventura. Por este motivo 5 familias afrocolombianas se vieron obligadas a desplazarse. A través de sus mandos, Alias “Paipa” y alias “Tito Rojas” integrantes de la estructura Autodefensas Gaitanistas les dieron la orden estas familias de irse del barrio o se morían.

2. 27 de Diciembre La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, “Francisco Isaías Cifuentes”, denunció señalamientos y amenazas en contra de seis integrantes de Marcha Patriótica en el Cauca. Los líderes amenazados son: Héctor Marino Carabalí Charrupi, representante legal de la Asociación de Víctimas Renacer Siglo XXI de Buenos Aires, vocero Nacional de la organización Conafro, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas, delegado al Comité de Justicia Transicional Municipal y Departamental, y actualmente nombrado como representante del Consejo Comunitario Cuenca Rio Timba Mari López, Presidente del Comité Interétnico en Defensa del Territorio e integrante del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano, Pupsoc, y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica; Deyanira Peña Carabalí, integrante de la Mesa Municipal de Víctimas de Buenos Aires, integrante del Consejo Mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, Aconc, delegada al Comité de Justicia Transicional; Edis Arnulfo Lucumi, representante Legal del Consejo Comunitario Crucero Guali e integrante del comité de ética y Derechos Humanos de Aconc; Esperanza Valencia, Representante Legal del Consejo Comunitario Quita Calzón e integrante del comité de ética y Derechos Humanos de Aconc. Andrés Felipe Possu Villa, defensor de Derechos Humanos del Municipio de Villa Rica e integrante del comité de ética y Derechos Humanos de Aconc. Estas amenazas se presentaron por parte del grupo paramilitar denominado “Águilas Negras” donde por medio de panfletos con nombres y fotografías de los líderes, así como ofertas de recompensas por asesinar a estos líderes.

3. 24 de Diciembre La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, “Francisco Isaías Cifuentes”, denunció señalamientos y amenazas de muerte del grupo Paramilitar Autodenominado “AUC”. El día 24 de diciembre Oscar Gerardo Salazar Muñoz, defensor de Derechos Humanos, líder de organizaciones campesinas del Cauca y del Macizo Colombiano recibe un mensaje de texto al celular con amenazas de muerte en contra de líderes y Defensores de Derechos Humanos de la Coordinación Campesina, el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, la Unión Patriótica y la Mesa Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdos MIA en el Departamento del Cauca. En el mensaje de texto señalan que si no salen del territorio serán asesinados ellos y sus familiares.

4. 12 de Diciembre La Red de Derechos Humanos del suroccidente colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” denuncia amenazas de muerte por parte del grupo paramilitar autodenominado “Águilas Negras” en el Municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, donde por medio de panfletos amenazan de muerte y se ofrecen recompensas económicas a quien atente contra la vida de dirigentes sociales y políticos y defensores de Derechos Humanos, algunos de ellos integrantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH, del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano – PUPSOC, del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Valle del Cauca.

Seguimientos y hostigamientos

1. 27 de Diciembre La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, “Francisco Isaías Cifuentes” denunció hostigamientos en contra de Edison Raúl Valencia Medina quien se desempeña como coordinador del comité de impulso de la Coordinadora Departamental de Estudiantes y Egresados de Secundaria, CDES, en el Departamento del Cauca, Municipio de Popayán. Los hechos ocurrieron mientras Edison se encontraba en la puerta de su hogar departiendo con su primo, cuando se percata de unos hombres en una motocicleta de alto cilindraje con placas distintas en el casco y el vehículo, por lo cual se dispone a llamar a la Policía, cuando la policía realiza la captura se evidencia que los hombres eran miembros de inteligencia del Ejército Nacional.

2. 17 de Diciembre La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” y la Marcha Patriótica denunciaron los hostigamientos a Cristóbal Guamanga, presidente del Sindicato de Pequeños Agricultores del Cauca, Sinpreagric, filial de Fensuagro- CUT, y vicepresidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc. Cuando Cristóbal se dirigía a su residencia recibe un mensaje a su teléfono celular de parte de su compañera sentimental donde le señala que el vehículo sospechoso que en anteriores ocasiones se había apostado a las afueras de su vivienda nuevamente estaba en el lugar. El hombre da aviso a las autoridades.

Presencia Paramilitar

2. 28 de Enero La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia la presencia paramilitar en la vereda Esperanza, donde retuvieron a dos miembros de la Comunidad de Paz por varios minutos anunciando que no van a admitir a sapos en la región y conminándoles a abandonar a la Comunidad de Paz. Según información de pobladores de dicha vereda, los paramilitares han subido remesas provenientes del casco urbano de Nuevo Antioquia donde hay presencia de la fuerza pública.

3. 27 de Enero La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia la presencia paramilitar en la vereda Mulato Medio donde un grupo hizo presencia en la vivienda de Diana Guisao, a quien amenazaron de muerte por ser familiar de miembros de la Comunidad de Paz. Allí le mostraron una lista de personas para asesinar en las que se encontraban miembros de la Aldea de Paz “Luis Eduardo Guerra” que hace parte del proceso de la Comunidad de Paz. Los paramilitares también procedieron a fotografiar a miembros de la Comunidad, anunciando que se dará muerte a los “sapos”, y que la población civil está obligada a aceptar su presencia en la zona, además anunciaron que están haciendo un trabajo de infiltración y de ruptura de la relación y confianza que existe entre la población civil de la región y la Comunidad de Paz.

4. 26 de Enero La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó Aheramigua, denunció la presencia paramilitar en el corredor del Rio Bagre y la vereda “La Rebatiña” en cercanías del corregimiento de Puerto López, municipio del Bagre, Antioquia, donde un grupo de cerca de 15 paramilitares que se identifican como “Autodefensas Gaitanistas”, patrullan portando uniformes militares, armas largas y armamento pesado. Además, constantemente entran dos o tres paramilitares a la cabecera de Puerto López portando armas cortas, ejerciendo control y amenazando selectivamente a la población civil.

5. 22 de Enero La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denunció la presencia paramilitar en la vereda Mulatos Medio. Nuevamente los paramilitares anuncian que no quieren sapos en la región, que no van a permitir en la zona a quienes informen las acciones que ellos adelantan en la región. Según los paramilitares, reseña la Comunidad, han programado una reunión de comandantes en la vereda la Esperanza, para ultimar detalles de las líneas a trabajar en la región, tanto en lo político, militar, económico y el control social que han acordado con la fuerza pública.

6. 21 de Enero La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia el aumento de la presencia paramilitar en las veredas La Unión, Buenos Aires y Arenas Altas en San José de Apartadó, donde procedieron a amenazar de muerte a dos miembros de la Comunidad si se negaban a trabajar con ellos. Sumado a esto, también se denuncia la presencia paramilitar en la vereda Las Claras advirtiendo que si la Comunidad de Paz no se quedaba callada asesinarían a sus líderes. Además en la vereda la Esperanza, varios paramilitares llegaron a la vivienda del líder de la Comunidad de Paz, Reinaldo Areiza, por quien preguntaron advirtiendo que iban por la cabeza de él. También reportaron presencia paramilitar en la vereda Resbalosa y Mulatos Medio.

7. 11 de Enero La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció la presencia de seis hombres armados de las estructuras neoparamilitares, con pantalón de camuflado y armas largas quienes fueron vistos transitando cerca de la Zona Humanitaria donde habitan integrantes del consejo comunitario local de Andalucía. El domingo en la mañana integrantes de la comunidad afromestiza encontraron en el lugar un panfleto suscrito por las “Autodefensas Gaitanistas” en el que se amenaza con asesinar a consumidores de droga y a quienes cometen hurtos.

8. 10 de Enero La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denuncia la presencia paramilitar en el resguardo indígena de la comunidad Embera del Resguardo Alto Guayabal, Chocó, donde un grupo armado de presuntos neoparamilitares de las “Autodefensas Gaitanistas” fueron observados a menos de 500 metros de su lugar de habitación. Los pobladores indígenas identificaron cinco hombres vestidos de camuflado, con armas largas y cortas, radios de comunicación.

Abusos de la fuerza pública

1. El movimiento Ríos Vivos denuncia el desalojo forzoso por parte de integrantes de la Policía y de la empresa de seguridad privada de la empresa EPM, de campesinos y campesinas que se dedican al barequeo a orillas del río Cauca en el municipio de Toledo, Antioquia. Este operativo se realiza de manera arbitraria, desconociendo acuerdos previos suscritos con estas comunidades que han denunciado los impactos de la construcción de la represa Hidroituango, y han presentado planes y propuestas para las comunidades afectadas. Ríos Vivos denuncia que al menos 1.500 familias que viven de esta actividad se encuentran en riesgo de desalojo.

2. 30 de Enero La Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, denuncia la captura de José Gregorio Bayona, miembro de esta organización, en el Municipio del Zulia, Norte de Santander por miembros de la Policía. Luego de ser capturado, no se supo de su paradero durante tres horas, hasta que finalmente llegó a las instalaciones de la URI de Cúcuta. Durante su captura se vulneró su derecho fundamental al debido proceso toda vez que se le impidió sostener comunicación con un familiar o con un abogado.

3. 26 de Enero El Equipo Jurídico Pueblos denuncia la aprensión de 13 trasportadores informales en Bucaramanga por miembros de la Policía Nacional en medio de una jornada de protesta social convocada por el Bloque de Transporte Menor (transportadores informales) contra la nueva medida de pico y placa impuesta por el Alcalde, y que les impide trabajar en el centro de la ciudad. Los capturados son: Edwin Villamizar Rincón, Juan Carlos Moreno, Francisco Marín, Wilfran Alexis Jaimes, Norberto Gutierrez, Elkin Forero Barajas, Gerson Eduardo Ardila, Samuel Muñoz Vargas, Juan Manuel Duarte, Jairo Ochoa Durá, Ruben Darío Verdugo Sierra, Eduardo Lizcano Garcés y la estudiante menos de edad Nicol Sthefany Santos.