El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado manifiesta su preocupación por las recientes amenazas contra la Presidenta Nacional de la Unión Patriótica (UP), Aída Avella Esquivel, y contra los demás integrantes de este partido que participarán en las próximas elecciones.

Exigimos al Estado colombiano reales garantías de no repetición para los militantes de este partido, sobrevivientes de un genocidio por motivos políticos, en el que fueron asesinados más de 5 mil de sus militantes, dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa; ocho congresistas; 13 diputados; 70 concejales y 11 alcaldes.

La nueva amenaza fue recibida vía correo certificado en la sede de la Unión Patriótica, el día 4 de mayo, en contra de su Presidenta Nacional, Aída Avella, y todos los candidatos y candidatas que en representación de la organización participaron en pasadas elecciones y quienes lo harán en la próxima campaña electoral. Está firmada por el autodenominado grupo paramilitar “águilas negras”.

Reiteramos que para lograr una paz con justicia social en Colombia urge frenar la impunidad que cobija al paramilitarismo en el país y poner fin a la violación de derechos humanos y a las amenazas y otras agresiones en contra de quienes ejercen su libre derecho a la protesta social, a la oposición política y a las y los defensores de derechos humanos.

De igual manera, nos unimos al pedido de la UP en materia de garantías de participación política para este y demás movimientos sociales y políticos del país a puerta de las próximas elecciones regionales.

Exigimos al Gobierno adelantar una investigación que entregue prontos resultados y que se produzcan condenas ejemplarizantes contra los autores intelectuales y se esclarezcan las motivaciones políticas.

El Movice ha insistido en que la paz es un derecho que el Estado debe garantizar y pasa por el reconocimiento de su responsabilidad en hechos victimizantes. Igualmente, que la solución política al conflicto armado implica reformas estructurales que combatan las causas que lo han originado y cambios en la política nacional, que superen los obstáculos para el ejercicio de la democracia y la defensa de los derechos humanos.

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