El vicefiscal General de la Nación, José Fernando Perdomo Torres, con fecha 22 de septiembre de 2015, confirmó la decisión de la Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema de Justicia consistente en abstenerse de imponer medida de aseguramiento por el delito de concierto para delinquir agravado, contra de Juan Carlos Gutiérrez Galván, Sergio Pérez Barrera, Juan Carlos Benavides Suárez, William Alberto Merchán López, Jesús Hernando Caldas Leyva, Carlos Alberto Orozco Garcés, Jimmy Galvis Caballero, y Juan Carlos Sastoque Rodríguez, este último integrante del grupo conocido con G3, coordinado por José Miguel Narváez.
Igualmente, el Vicefiscal confirma la decisión de declarar prescrita la acción penal respecto a los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto por hechos registrados en el exterior.
Esta decisión del Vicefiscal responde a la apelación presentada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, hace más de un año, como víctima y representante de las víctimas de este caso. La Prescripción es, sin duda, un resultado de la ausencia de debida diligencia en la Fiscalía, que acaba favoreciendo la impunidad.
El Cajar considera que esta decisión no es razonable ya que la misma Fiscalía ha proferido medidas de aseguramiento contra otros procesados dentro del mismo caso DAS. Esta decisión lamentable constituye un obstáculo para que la justicia avance en un caso extremadamente grave de persecución política que puso en vilo la democracia, el estado de derecho y las libertades y garantías para la oposición en Colombia. El tratamiento benévolo de la justicia a servidores públicos que incurren este tipo de conductas estimula la repetición de estos críemenes.
Los hechos materia de la decisión ocurrieron entre los años 2003 y 2005, bajo la dirección de Jorge Noguera, hoy condenado por el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis e investigado por estos mismos delitos, y las víctimas fueron líderes de oposición, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, y periodistas.