Luz Marina Bernal y María Sanabria, madres de Soacha, María del Pilar Navarrete Urrea y Juan Francisco Lanao Anzola, víctimas del Palacio de Justicia, Gustavo Trejos padre del grafitero Diego Felipe Becerra demandarán la inconstitucionalidad contra la ley que se promulgó en julio de este año y reestructuró la justicia penal militar para implementar en ella el sistema acusatorio (Ley 1765 de 2015) y contra algunas disposiciones del Código Penal Militar (Ley 1407 de 2010).

Estas víctimas presentarán la demanda este 24 de noviembre a las 9 am en la Corte Constitucional, junto con organizaciones defensoras de derechos humanos como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Jurídica Yira Castro, el Centro de Estudios Juan Gelman, el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, y los congresistas y Ángela María Robledo, Alirio Uribe Muñoz, Germán Navas Talero e Iván Cepeda Castro.

Los demandantes argumentan que la reforma viola la autonomía e imparcialidad en la justicia, al tiempo que desconoce la competencia restrictiva de la justicia penal militar para conocer de delitos distintos a los propios del servicio. En este sentido, la reforma también viola derechos de las víctimas y atenta contra la prohibición de juzgamiento de civiles por parte de militares, así como la restricción para otorgar funciones de policía judicial a las fuerzas militares.

La demanda señala vicios de procedimiento ya que la ley fue tramitada como ordinaria y no como estatutaria, como le correspondía al abordar temas estructurales de la justicia penal militar.

De fondo, la demanda de inconstitucionalidad amplía las competencias de la justicia penal a delitos que implican violación de derechos humanos, atentados contra la población civil, la seguridad y la administración pública. La ley extiende indebidamente el fuero militar a los civiles que desempeñen cargos en la justicia penal militar y policial, y a los militares retirados que cumplan las mismas funciones.

De igual forma, y entre otros aspectos, se formulan también cargos de inconstitucionalidad por falta de independencia y autonomía de la justicia penal militar, y de la creación y conformación de un Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial viola la prohibición constitucional de atribuir funciones de policía judicial a las fuerzas militares, al tiempo que desconoce el diseño constitucional que creó una única Fiscalía General de la Nación, que ahora se ve adicionada por una segunda Fiscalía para lo militar y policial.

Esta demanda es la segunda que presentan víctimas, organizaciones de derechos humanos y congresistas críticos de la ampliación del fuero penal militar. La anterior fue radicada en julio de 2015, contra el Acto Legislativo 01 de 2015 que reforma el Artículo 221 de la Constitución Política de Colombia, y admitida en agosto pasado.

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