En este último periodo han sido asesinados más de 36 defensores y defensoras de los derechos humanos, 18 dirigentes agrarios y 28 sindicalistas. En adición, continúan las desapariciones forzadas de los opositores y miembros de los partidos políticos de oposición aunados con los luchadores sociales por la vivienda adecuada, consejos comunales, dirigentes estudiantiles, docentes, grupos artísticos, pensadores, y activistas contra la privatización de la educación, etc.
Los trabajadores y trabajadoras de la cultura son amenazados de muerte por los grupos paramilitares, hoy denominados por el gobierno BANCRIM, con un panfleto en donde se les dice que procederá a “acabarlos uno por uno…”porque “… se las quieren dar de defensores de derechos humanos y se oponen a las políticas de nuestro gobierno…” Las BANCRIM se benefician de las leyes de impunidad recién promulgadas por el gobierno de Santos, como ejemplo, la ley 1424, que indulta a más de 31.000 paramilitares.
Asimismo, los desplazamientos de comunidades enteras y la desaparición de dirigentes agrarios de las zonas codiciadas por las transnacionales para desarrollar megaproyectos hidráulicos y mineros no cesan, como son los casos de Marmato y el Quimbo, entre otros. Se estima que 40% del territorio colombiano está pedido en concesión por transnacionales mineras.
El cuadro trágico de Colombia queda reflejado por las miles de desapariciones de que se tiene conocimiento. Las Naciones Unidas reconocieron al menos 57.200 desaparecidos; la Comisión de Búsqueda cifró en 62.000 a los desparecidos (agosto 2011); las víctimas reclaman que hay sobre 250.000 personas desaparecidas; y el Informe de Medicina Legal indica que en sólo 3 años las fuerzas represivas del estado colombiano desaparecieron a 38.255 personas.
El ejército colombiano continua perpetrando el asesinato de civiles para justificar sus gigantescos presupuestos presentando los cadáveres como “guerrilleros abatidos en combate” en macabros montajes militar-mediáticos. Suelen elegir a sus víctimas entre la población rural o la población más empobrecida de los barrios periféricos, aunque también cometen estos asesinatos, mal llamados “falsos positivos”, contra sindicalistas y opositores.
Existen alrededor de 3.200 casos documentados de estos asesinatos de civiles y la impunidad alcanza el 99% de los autores materiales y el 100% de los autores intelectuales de esta vil práctica.
Los opositores del gobierno y los defensores de los derechos humanos son encarcelados mediante montajes judiciales y llevados a los lugares de reclusión, donde como lo denuncia la OMTC, no solamente se les tortura sino que mueren por desatención y denegación de asistencia médica.
El informe de agosto 2011 de la Coalición Contra la Tortura afirmó que la tortura se extiende a toda la población colombiana y que el Estado “En los 107 casos en que se pudo establecer el autor del crimen de violencia sexual se encontró que los agentes del Estado son responsables del 98,14% de estos.”
De los más de 7.500 presos políticos, el 90% son civiles. Algunos informes recientes señalan que esta cifra estaría subvalorada. Por otra parte, después de Israel y Egipto, Colombia tiene el ejército más armado del mundo por los Estados Unidos. El ejército colombiano, detrás del batallón de la Fuerza Omega del Plan Colombia, tiene la mayor fosa común del continente y se han encontrado más de dos mil cadáveres de personas desaparecidas. Significativamente, las bases militares estadounidenses siguen operando libremente en Colombia, pese a que el Consejo de Estado declaró su ilegalidad y la inconstitucionalidad decretada por la Corte Constitucional.
Es también revelador la campaña mediática-política desataba contra la Senadora Piedad Córdoba, para deshabilitarla de su cargo y desacreditar su labor de mediación, que ha sido fundamental para lograr la liberación de rehenes y abrir un espacio para el diálogo.
LA AAJ CONTINENTAL, REUNIDA EN ASAMBLEA DE RAMAS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA:
Observa y toma nota con preocupación, de los acontecimientos y la impunidad y la situación de los colombianos, frente a los hechos aquí manifestados.
Repudia la presencia de bases militares extranjeras en suelo colombiano, instando al gobierno de los países afectados a concertar la eliminación inmediata de las mismas; Colombia tiene derecho a la paz, sin la imposición de tratados de libre comercio, sin la entrega de su soberanía y sin bases militares extranjeras.
Exige la desclasificación inmediata de todos los informes de inteligencia en el DAS, las fuerzas militares y policiales en contra de las ONG de derechos humanos. Tales informes deben ser entregados a los afectados y borrados de los archivos oficiales.
Hace llegar a los presos políticos en las cárceles colombianas y especialmente a los familiares de los desaparecidos y asesinados; a sus comunidades y organizaciones nuestra solidaridad, esperando que no se pierdan más vidas, para avanzar en el camino de la justicia y la solución negociada al conflicto en el marco de un acuerdo humanitario.
Exige el cese inmediato del hostigamiento, actividades de inteligencia, amenazas y ataques contra las ONG de derechos humanos, por parte del Estado y sus organismos de seguridad.
Exige que el Estado colombiano brinde todas las garantías a los defensores y defensoras de derechos humanos para la realización de su trabajo, así como tomar las medidas necesarias para su protección física y psicológica y la de sus familias.
Apoya las gestiones de la Senadora Piedad Córdoba para promover la paz en su país y espera que el gobierno de Colombia proteja y garantice su vida e integridad física. Enviamos un mensaje de solidaridad y apoyo a la Senadora Piedad Córdoba.
Invita a las organizaciones de juristas y de derechos humanos a exigir al gobierno de Colombia a cumplir con su obligación constitucional de proteger la vida e integridad física de los activistas sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos.
