La acción presentada buscaba que se protegiera el derecho a la información que tiene la ciudadanía, el cual estaba siendo violado porque se impedía saber los criterios de selección para el ascenso de militares. Esto causaba que no se pudiera establecer el proceso de promoción tenía en cuenta las investigaciones y denuncias contra miembros de la fuerza pública que se hubieran visto involucrados en violaciones a los derechos humanos y al DIH.