Cumple ya varios días de cierre la Universidad de Antioquia luego de la entrada el pasado 15 de septiembre, de integrantes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD, ordenada por el Gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, por presunta petición de integrantes del equipo rectoral de la Universidad quienes manifestaron tener “sensación” de estar secuestrados por un grupo de unos doscientos jóvenes estudiantes de la Universidad de Antioquia, quienes se manifestaban de manera pacífica en las inmediaciones del Bloque Administrativo, aunque como lo señalan algunos trabajadores y empleados de esas dependencias, algunos jóvenes se mostraban con actitudes “maleducadas y soeces”.
Fruto de la intervención de la fuerza pública se presentaron graves disturbios tanto al interior de la ciudadela universitaria como de las calles adyacentes, los cuales se saldaron con seis personas lesionadas de manera leve, cinco retenidas transitoriamente y algunos destrozos en las instalaciones de la Universidad de Antioquia.
Esta situación es el resultado de la acumulación de un conjunto de circunstancias que se han presentado en la Universidad de Antioquia en las cuales confluyen tanto problemas graves de utilización de los predios para la instalación de un expendio de drogas, problemas de seguridad por algunos casos de robos, agresiones a estudiantes y violencia sexual, acciones de protesta en las cuales participan personas encapuchadas que se enfrentan con la fuerza pública intercambiando piedras y petardos con gases lacrimógenos y balas de goma, problemas masivos de comercio informal, especialmente de películas, videojuegos y programas de computador piratas, no obstante, un tratamiento democrático de esta compleja situación requiere un análisis y una intervención diferenciada y específica, ya que mezclarlo todo y confundirlo todo es una pésima manera de abordar la problemática.
Estos hechos enunciados anteriormente, que son los que se destacan de manera predominante en los medios de comunicación, conviven junto con otras graves problemáticas estructurales que no son objeto de preocupación por los medios de comunicación ni por la ciudadanía en general. En primer lugar se debe destacar la precariedad de la financiación de la Universidad de Antioquia, la cual al igual que la gran mayoría de las Universidades públicas del país carece de los recursos suficientes para garantizar un funcionamiento con calidad, lo que ha colocado a las Universidades a competir como contratistas para tratar de generar recursos, para lo cual desarrollan un complejo sistema de dumping social, basado en la explotación irracional de los estudiantes, practicantes y recién egresados; y en la realización en la mayoría de los casos de intervenciones y proyectos de baja calidad profesional: En el caso de la Universidad de Antioquia, estas prácticas mercantilistas se han visto complementadas con el incremento desmesurado de la población de la Universidad, no se han hecho las reformas locativas necesarias lo que genera graves problemas de hacinamiento, así como la instauración de la contratación de personal bajo la modalidad de prestación de servicios, eufemísticamente denominados “docentes de cátedra”, que se han constituido en el 70% de la planta docente con la consecuente pérdida de calidad en el componente de formación e investigación.
Otro asunto que no genera interés ni preocupación para la opinión pública es el tema de las diversas modalidades de corrupción que se han desarrollado en la Universidad, y que se expresan tanto en la adopción de prácticas clientelistas y nepotistas en la administración de algunas unidades académicas, así como un vasto sistema de contratación de todo tipo de servicios, desde el aseo y los suministros hasta la vigilancia, encargada a una cuestionada empresa privada Miro Seguridad, quienes generan una enorme desconfianza entre muchos profesores y estudiantes, dados sus antecedentes de haber tenido relaciones con algunos integrantes de grupos paramilitares, como por la sospechosa actitud de omisión con grupos armados ilegales, sean estos los que realizan los robos a personas, pero también los que sustraen equipos y dotación o los que administran el expendio de drogas en la Universidad, lo que contrasta abiertamente con la actitud hostil que hay frente a estudiantes, docentes y visitantes en general.
En los últimos años, la Universidad de Antioquia ha sido escenario de varios homicidios, como el del profesor Hernán Henao director del Instituto de Estudios Regionales asesinado por paramilitares en su despacho en 1999, pero también han sido asesinados otros profesores, estudiantes, empleados y otras personas vinculadas a la Universidad, e incluso, esta entidad ha ostentado el peligroso honor de tener un bloque paramilitar propio que ha sembrado el terror por varios años, del cual se ha denunciado haber sido inspirado por algunos altos directivos de la Universidad, lo cual pese a la gravedad que implica, ni ha sido objeto de investigación ni de pronunciamiento por el equipo rectoral ni por otras agremiaciones de integrantes de la Universidad de Antioquia, tan acuciosos frente a otras situaciones mucho menos graves.
Con este panorama se ha desenvuelto la actual coyuntura en que las directivas de la Universidad de la mano del presidente del Consejo Superior Universitario, el Gobernador de Antioquia, han pretendido instalar un sistema único de identificación (Tarjeta de Identificación Personal TIP) con el argumento de que esto será el remedio para los graves problemas de seguridad y convivencia que vive la Universidad. Ante esta iniciativas se han presentado algunas acciones de movilización por parte de sectores del estudiantado que cuestionan la utilidad de la medida y que ven en ella un intento de incrementar el control sobre la población estudiantil, así como reprochan que se obstaculice el ingreso de jóvenes a las instalaciones académicas, artísticas y deportivas, lo que contraría el sentido de pública que distingue tradicionalmente a esta Universidad que poco a poco deja de ser un espacio y un patrimonio común.
Pero lo más preocupante de todo es la utilización represiva que se ha hecho de la situación, ya que según el gobernador Ramos y su secretario de Gobierno, Andrés Julián Rendón, la fuerza pública va a ingresar a la Universidad cada que se produzcan situaciones similares a la del pasado miércoles 15 de septiembre, es decir, cada que haya una acción colectiva por parte del estudiantado que no sea del agrado de las directivas universitarias. Esto constituye una grave vulneración a los derechos humanos a la libertad de expresión y movilización, además de que constituye una afrenta para una Universidad que a pesar de las circunstancias adversas de los últimos años, de represión, violencia e intimidación, ha tratado de mantener un espíritu crítico y reflexivo sobre los principales problemas que aquejan a la sociedad colombiana y antioqueña.
Estamos ante la amenaza cierta de la militarización de la Universidad de Antioquia, con el aval genuflexo de las directivas universitarias y con la autorización de centenares de estudiantes, empleados y profesores que de manera simplista y como exponentes de la cultura autoritaria y fascistoide que se ha apoderado de la sociedad colombiana, creen que la presencia de la fuerza pública es para luchar contra la utilización del campus como expendio de sustancias ilícitas y repiten como borregos: “tranquilos que los buenos somos más”.
Las voces críticas que se han expresado, como las de los colectivos estudiantiles, la Asociación de Profesores, el Claustro de Profesores de Derecho y Ciencias Políticas y algunas voces independientes, han sido estigmatizadas por la Gobernación de Antioquia, las directivas universitarias y algunos voceros de la fuerza pública de ser idiotas útiles al servicio del grupo armado que expende drogas en la Universidad, lo cual no sólo descalifica los argumentos que se plantean, sino que coloca en grave riesgo la vida e integridad de quienes se oponen a la irrupción cruenta de la fuerza pública en la vida cotidiana de la Universidad.
Al respecto cabrían algunas inquietudes, si el pretexto para no atacar este expendio de drogas ilegales es que la fuerza pública no puede entrar a la Universidad, ¿entonces por qué hay miles de otros expendios en el resto de la ciudad que funcionan de manera permanente sin estar “protegidos” por la malla de la Universidad?, ¿no será que la corrupción de algunas instituciones judiciales y sobre todo, de la fuerza pública es la razón que explica que Medellín se haya convertido en una inmensa plaza de expendio de drogas ilegales de manera impune?, ¿qué tendrán que ver los desarrollos de procesos urbanísticos en inmediaciones de la Universidad como la estación de Metro Plus, el Parque Tecnológico Ruta N y la factoría de Hewlett Packard al frente de la Universidad con este inusitado interés de controlar y penalizar las acciones colectivas de sectores estudiantiles y profesorales, de nuevo bajo el argumento de la guerra contra las drogas, versión criolla?.
Definitivamente algo grave pasa en la Universidad de Antioquia, pero no es sólo el tema de las drogas, las ventas informales y los tropeles, lo que está en juego también es un nuevo intento por “pacificar” un territorio que representa un cuestionamiento al orden fascista que implica la seguridad democrática.