Nuevamente ha sido amenazada de muerte Ana Beatriz Solano Gómez, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica y militante destacada del Partido Comunista Colombiano, desplazada del departamento de Arauca, y quien durante su estadía en esta región ha sido reiterativamente amenazada de muerte.

 

Desde el año 2002, en panfleto amenazante, las llamadas AUC la “emplazaron” y le decretaron la muerte, junto a un número mayor de militantes del PCC. Esto se denunció, al igual que más de media docena de amenazas –incluso de hombres armados en su vivienda‒ sin que las autoridades hayan prestado verdadera atención, cuidado y control a los hostigamientos. A lo más que se han limitado es a realizar algunas “rondas” policiacas a su vivienda.

La Sipol de la Policía en Bucaramanga incluso exigió, en septiembre de 2007, certificación de su militancia, lo mismo que el
programa de protección del Ministerio del Interior, sin que a esta fecha se hayan otorgado efectivas medidas.

Pero lo más grave es que a pesar de que se ha puesto de conocimiento los hechos a la autoridad policial que presta las rondas, el encargado se ha limitado a señalar que “iba a informar al subintendente de la Policía encargado de protección”.

Nuevamente el sábado 16 de febrero en horas de la tarde la amenazaron de muerte vía telefónica por parte de un sujeto que se presentó como del bloque central Bolívar. La acusó de guerrillera, la intimó a irse de la ciudad y la declaró objetivo militar. Ante eso desde luego se instauró la demanda respectiva en la Fiscalía, institución que tampoco ha hecho nada, pues ya antes se han elevado denuncios similares. Lo único que se ha hecho por el ente investigativo, es llamarla a declarar, o mejor ratificarse de lo denunciado.

Por eso entonces el Partido Comunista junto a denunciar el hecho y exigir de las autoridades el otorgamiento de las medidas efectivas de protección, hace de antemano responsable al Estado colombiano de cualquier atentado o contingencia mayor que llegare a darse a nuestra camarada.

Reclamamos la solidaridad de las organizaciones sociales, en especial las defensoras de los derechos humanos nacionales e
internacionales.