Apelan orden judicial que dejó en libertad a militares implicados en la masacre de Trujillo

Apelan orden judicial que dejó en libertad a militares implicados en la masacre de Trujillo

Luego de conocer la decisión de Néstor Ramos Ortiz, Juez 2 Penal del Circuito de Tulúa, de dejar en libertad al Mayor Alirio Urueña y el Teniente de la policía José Fernando Berrío Velásquez, vinculados como coautores en la masacre de Trujillo, familiares de las víctimas, por medio de su representante legal, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, apelaron dicha decisión

 

 

En un comunicado público de la organización que los agrupa, la Asociación de Familiares de Trujillo – AFAVIT- emitido luego de conocerse este hecho, solicitan además, que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revise el expediente del caso, en lo que tiene que ver con los militares vinculados.

“Igualmente queremos que se tenga en cuenta el informe final sobre la masacre de Trujillo presentado en su momento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Fiscalía General de la Nación, donde se demuestra la gravedad de la implicación, tanto del Mayor Urueña, como del Teniente Berrio”, solicitaron voceros de AFAVIT.

Es claro, tanto en el expediente que se lleva por el caso, como en el informe presentado ante la CIDH, la participación directa del Mayor Alirio Urueña quien junto con el jefe paramilitar de la zona, apodado “el tío” planearon un operativo en el corregimiento La Sonora, para retener a los supuestos auxiliadores de la guerrilla, señalados por Wilder Sandoval, un informante, a quien posteriormente el mismo Urueña y luego de obtener la información que necesitaba, mando interrogar y torturar.

Así mismo, se señala frente a la responsabilidad del Teniente José Fernando Berrio, que éste actúo por omisión, al no haber adoptado ninguna medida frente a los hechos que estaban ocurriendo, justificándose en situaciones inexistentes en la época de las desapariciones.

Los dos oficiales dejados en libertad, eran acusados del homicidio de 4 hombres, quienes luego de ser torturados, fueron asesinados en marzo de 1990 por ser supuestamente colaboradores de la guerrilla. De éstos hacen parte por lo menos 250 personas más que fueron desaparecidas y asesinadas entre 1988 y 1991 en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío, en el departamento del Valle del Cauca.

“Para nosotros es claro que el caso, si no se toman los correctivos a que halla lugar, quedará en la impunidad, por lo que solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, que además de hacerle seguimiento, traslade el proceso a la ciudad de Bogotá, ya que al parecer en las instancias judiciales del Valle del Cauca, no hay garantías.” , manifestaron los familiares de las víctimas que aún no salen de su asombro frente a la decisión del juez.

Para el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, representante de los familiares de las víctimas, esta decisión deja intactas las estructuras de muerte y asiente implícitamente las conductas que hicieron posible los crímenes, allanando el camino para que hoy la impunidad se continúe perpetrando.

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