Desde finales del año 2002, los pueblos indígenas y la población civil del río medio Guaviare, han venido sufriendo de manera escalonada y en este momento en toda su intensidad el conflicto armado que vive el Departamento del Guaviare y que en los últimos dos años ha generado la mayor incidencia de desplazamiento forzado especialmente de los pueblos indígenas Guayabero y Nukak que habitan la zona del medio rio Guaviare, comprendida por los Departamentos del Meta, Sur del Vichada, Guaviare y Guainía

 

Desde finales del año 2002, los pueblos indígenas y la población civil del río medio Guaviare, han venido sufriendo de manera escalonada y en este momento en toda su intensidad el conflicto armado que vive el Departamento del Guaviare y que en los últimos dos años ha generado la mayor incidencia de desplazamiento forzado especialmente de los pueblos indígenas Guayabero y Nukak que habitan la zona del medio rio Guaviare, comprendida por los Departamentos del Meta, Sur del Vichada, Guaviare y Guainía

Desde finales del año 2005, el 100% de la etnia Nukak, aproximadamente unos 186 indígenas, que por milenios han habitado esta zona del país, fueron desplazados de manera forzada por grupos armados al margen de la ley, impidiéndoseles la libre movilidad por su territorio, se suma a lo anterior el asesinato selectivo por parte del mismo grupo de Monikaro Nukak Maku en el mes de Febrero del 2008, en el resguardo Barranco Colorado, Daniel Nukak Maku asesinado en el mismo resguardo en el mes de Marzo del 2008, ambos integrantes de esta tribu nómada.

Similar situación vive el pueblo guayabero como resultado de la escalada y degradación de la guerra que se vive en sus territorios, se registran a la fecha 186 integrantes de este pueblo en situación de desplazamiento. A la fecha el 80% de la población Guayabero se encuentra en situación de desplazamiento forzado como resultado del recrudecimiento de la guerra, el confinamiento, las restricciones en la movilidad, el reclutamiento forzado, la orden de abandonar sus territorios, el minado y los asesinatos selectivos. Producto de esto, el pasado 19 de Julio el indígena guayabero Marquito González, fue ejecutado extrajudicialmente en el Resguardo de Barranco Colorado ocasionando este hecho un desplazamiento forzado masivo del resguardo hacia el Municipio de Mapiripán.

Abandonados históricamente por el estado Colombiano, estos pueblos sufren las consecuencias de una falta de atención en materia de educación, salud, obras de infraestructura, proyectos productivos sociales, ambientales, y económicamente justos y equitativos. Desde la concepción de la mal llamada “Seguridad Democrática”, la entrada de miembros del Ejército Nacional en la zona ha ocasionado el recrudecimiento de la guerra agravando la crisis humanitaria, hoy mas que nunca se hace indispensable una presencia estatal que mas allá de la presencia militar reconozca a la población civil como sujetos de derecho, llegando con proyectos orientados al mejoramiento integral de la calidad de vida de la población indígena y no indígena que ocupa el territorio del Departamento del Guaviare.

Queremos recordarle al Estado Colombiano que:

 La Constitución Política Colombiana de 1991 consagra una amplia gama de derechos, donde entrega responsabilidades institucionales al poder ejecutivo quien debe ser el principal garante de dichos derechos y donde la fuerza pública figura supeditada a las instrucciones del gobierno civil.

Entonces, como hemos señalado, la política de “Seguridad Democrática”, favorece el abuso de los mecanismos institucionales vigentes y estimula las acciones violatorias de los derechos humanos; igualmente presiona el involucramiento de civiles en el conflicto armado por medio de la creación de redes de informantes y entrega de recompensas por información dirigida a posibilitar la judicialización de lideres sociales que adelantan procesos de reclamación de derechos; esto exacerbado en el caso de las comunidades indígenas del Guaviare, donde el propio presidente Uribe ha ordenado recompensas a los informantes para resolver conflictos de tierras.

Finalmente, instamos al gobierno nacional para que, en unidad con los organismos de control del Estado y las agencias de derechos humanos de la ONU, convoque concertadamente con organizaciones sociales una reunión de alto nivel, a la menor brevedad posible, con las organizaciones sociales, de derechos humanos, movimientos y plataformas de la sociedad civil colombiana, en donde sea posible exponer la amenaza que significa para las comunidades indígenas y formas organizativas el conflicto armado y las acciones de la política de “seguridad democrática”, con el fin de encontrar caminos que conduzcan a solucionar esta crisis, o por lo menos minimizar el riesgo y la zozobra que afecta a las comunidades indígenas, afros, Comunidades campesinas y urbanas del departamento del Guaviare.

EXIGIMOS:

AL ESTADO COLOMBIANO

• El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.

• Detener las medidas represivas y el amedrantamiento a las que están siendo sometidas las comunidades indígenas en el Departamento del Guaviare por parte de las Fuerzas regulares e irregulares del Estado Colombiano.

A LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

• Detener las medidas represivas y el amedrantamiento a las que están siendo sometidas las comunidades indígenas en el Departamento del Guaviare por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.

• Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y el derecho a la libre movilidad de los resguardos indigenas viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

• Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos humanos; garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y el derecho a la libre movilidad de los indígenas Guayaberos y Nukak Maku, que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares e irregulares del Estado Colombiano.

SOLICITAMOS:

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)

• En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA ALA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTA AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE