El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) expresa su profunda preocupación por el cierre del, día 24 de mayo 2013, debido a un atentado inminente. El GIDH ha acompañado y realizado trabajo en conjunto con el MOVICE Capítulo Antioquia.

 

 

El GIDH se vio obligado a cerrar indefinidamente su sede debido a graves amenazas recibidas durante los últimos meses. Sobre éstas, dicha organización recibió información indicando que se planeaba hacerlas efectivas en las horas siguientes.

Antecedentes

En noviembre de 2012, el GIDH le entregó al Gobierno Nacional y a la Fiscalía Seccional Medellín (Antioquia) información documentada sobre un atentado que se ejecutaría en contra del GIDH, así como sobre labores de hostigamiento telefónico e interceptación de comunicaciones en su contra. En ese momento la organización defensora de derechos humanos solicitó al Gobierno Nacional que se iniciara de inmediato una investigación, adecuada y efectiva, para la búsqueda y captura de los implicados, con el fin de desactivar el riesgo inminente.

Sin embargo, se sabe que el Gobierno Nacional nunca cumplió este compromiso, y de hecho, la Fiscalía se demoró más de 2 meses para iniciar las primeras pesquisas, las cuales no rindieron ningún resultado concreto. Luego de esto, la inminencia y seriedad de las amenazas propició el retiro de uno de sus miembros voluntarios más activos del GIDH en los últimos años.

Al mismo tiempo, dos integrantes del GIDH han enfrentado un hostigamiento sin tregua por parte de la Fiscalía, incluyendo falsas denuncias presentadas por una sola persona, con vinculo a una de las víctimas del caso de las masacres de Ituango. Las expresiones de los funcionarios judiciales en este caso indican que han decidido aplicar una especie de principio de ‘presunción de culpabilidad’ hacia los integrantes del GIDH. Por ejemplo, en el trámite de las indagaciones, se han recibido declaraciones de decenas de víctimas que controvierten las acusaciones, sin embargo, éstas no parecieran haber sido tomadas en cuenta por los funcionarios judiciales y las investigaciones en contra de los miembros del GIDH siguen abiertas.
El GIDH ha presentado más de 25 peticiones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en representación de más de 1.200 víctimas. Los casos de las masacres de La Granja y El Aro, acumulados bajo el nombre de “masacres de Ituango”, tuvieron sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 1 de julio de 2006, fecha en la que se declaró la responsabilidad del Estado colombiano por estos crímenes.

Exigimos:

Que el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los miembros del GIDH, incluyendo la realización de una investigación en torno a las amenazas en su contra que rinda resultados concretos.

Que la Fiscalía General de la Nación asegure el debido proceso en las investigaciones en contra de los miembros del GIDH.

Que la comunidad nacional e internacional se comunique con las autoridades colombianas para asegurar que se cumplan estas medidas mínimas y para garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos en el país.