Sólo en 2008, hasta 380.000 personas tuvieron que huir de sus hogares, lo que supuso un aumento de más del 24 por ciento con respecto a 2007. Hoy en Colombia hay entre tres y cuatro millones de personas desplazadas internamente, el equivalente a la población entera de Uruguay, lo que la convierte en uno de los países con mayor población desplazada internamente del mundo. Se cree que al menos 500.000 personas más han huido a países vecinos.

 

 

Amnistía Internacional denunció el pasado 16 de julio de 2009, el notable aumento, una vez más, del número de personas que se han visto obligadas en Colombia a abandonar sus hogares debido al conflicto armado, y ha instado a las partes enfrentadas a que dejen de involucrar a civiles en las hostilidades.

La mayoría de las personas desplazadas huyen de la violencia derivada de los 40 años de conflicto armado interno: muchas han sido sometidas deliberadamente a hostigamiento por la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas de seguridad en el marco de estrategias que tienen por objeto expulsar a comunidades enteras de zonas de importancia militar, estratégica o económica.

La gran mayoría de las personas afectadas son miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que en muchos casos viven en zonas en las que las partes en el conflicto están interesadas.

“La difícil situación humanitaria imperante en Colombia es una de las mayores tragedias ocultas de hoy día y desmiente la afirmación del gobierno colombiano de que el país ha superado su turbulento pasado”, ha manifestado Marcelo Pollack, director adjunto del Programa para América de Amnistía Internacional.

“Hasta que las autoridades colombianas no reconozcan las verdaderas consecuencias del conflicto las posibilidad de que los derechos humanos de los millones de personas afectadas estén protegidos serán mínimas”, ha añadido Marcelo Pollack.

Gran parte de la riqueza acumulada por los paramilitares y por quienes les respaldan dentro de la política y el sector empresarial está basada en la apropiación indebida de tierras por medio de violencia o amenazas de violencia. Se calcula que se han robado de este modo entre cuatro y seis millones de hectáreas de tierras que pertenecían a millares de campesinos, indígenas y afrodescendientes.

La mayoría de las personas desplazadas huyen de sus casas precipitadamente, en situaciones de amenaza inminente para su vida. Algunas se ven separadas de sus familias o sus comunidades y tienen que huir llevando consigo únicamente lo que puedan transportar. La mayoría sufren luego discriminación en cualquier sitio al que vayan, y no tienen perspectivas de regresar alguna vez a su hogar

Una persona desplazada dijo a una delegación de Amnistía Internacional enviada a Colombia: “Me tocó salir de la vereda. La violencia me ha azotado. Hay presencia de PM [paramilitares] y ejército y de la guerrilla. Me mandaron papelito diciendo que me iban a matar. El papelito me llegó una noche […] Una noche llegó un tipo con un arma a mi casa. Nos dio susto. Eran las 8 de la noche. No era para bueno. Estaba rodeando la casa con arma, nadie de la familia lo ha visto, pero un vecino sí lo vio. Me dijeron, mejor que se vaya. Yo salí con la familia, mi hija mayor y su niño incluida. Somos siete en total”.

Amnistía Internacional insta a las autoridades colombianas a que tomen medidas efectivas para impedir el desplazamiento forzado, mejorar la protección de la población civil e identificar y devolver a sus legítimos propietarios o a sus familias todas las tierras y demás bienes robados. Asimismo, la organización pide a todas las partes en el conflicto que respeten el derecho de la población civil a no verse involucrada en el conflicto.

Nota para la prensa
Se pueden solicitar fotografías de personas desplazadas internamente en Colombia.

Para más información sobre la situación de la población colombiana víctima de desplazamiento forzado, véase el informe de Amnistía Internacional Colombia: Todo queda atrás. Desplazamiento interno en Colombia. en www.amnesty.org

Se pueden concertar entrevistas con Marcelo Pollack, director adjunto del Programa para América de Amnistía Internacional y experto en Colombia, (en inglés y español), así como con miembros de comunidades desplazadas.

Para más información, pónganse en contacto con:
Josefina Salomón, tel. +44 207 413 5562, móvil +44 7778 472 116, [email protected]

Masiva movilización de población desplazada en Bogotá
Prensa CODHES, 17/07/2009.
Cientos de víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, procedentes de diversas regiones del país marcharon este viernes por las calles del centro de Bogotá, con el fin de llamar la atención del gobierno nacional en torno al respeto de sus derechos vulnerados y la satisfacción de sus necesidades básicas.
Además recordaron los 12 años de la expedición de la Ley 387 de 1997 a través de la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en Colombia y los 5 años de la emisión de la Sentencia T-025 de 2004 por parte de la Corte Constitucional.
En medio de consignas alegóricas a sus solicitudes y pancartas y afiches, la movilización partió a medio día desde el Parque Nacional y recorrió la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar. El director del equipo operativo de la Coordinación Nacional de Desplazados (CND), Rigoberto Jiménez, le explicó a Codhes que esta marcha se realizó para que en Colombia no se olvide que miles de hombres y mujeres han sido expulsados violentamente de sus viviendas, parcelas y puestos de trabajo, sobre todo en las zonas rurales del país. “Actualmente esas personas se encuentran en centros urbanos del territorio nacional pasando hambre y necesidades sin que el gobierno del presidente Álvaro Uribe proceda a garantizar sus derechos constitucionales”, dijo.En la Plaza de Bolívar de Bogotá, varios líderes de la población desplazada leyeron un manifiesto nacional de exigibilidad de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado, frente a la multitud de participantes en la marcha, entre quienes se contaban víctimas del desplazamiento forzado y representantes de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia, entre ellas Codhes. El manifiesto de 6 puntos fue redactado para la campaña “Desplazados y Víctimas, exigimos Tierra, Vida y Dignidad” y su texto completo es el siguiente:

Manifiesto Nacional de Exigibilidad de los Derechos de la Población Víctima del Desplazamiento Forzado. Viernes 17 de Julio de 2009.

1. Sobre la Prevención:

a. Desarrollar una estrategia integral en prevención de los derechos humanos y DIH que garantice el goce efectivo de estos y visualizar las causas estructurales del desplazamiento forzado.

b. Denunciar públicamente toda acción que genere desplazamiento forzado como las empresas multinacionales, operaciones militares, implementación de mega proyectos, etc. Todo lo anterior ha contribuido al despojo de territorios individuales y colectivos de las comunidades campesinas y étnicas.

c. Adoptar medidas para impedir que en función de las operaciones legítimas del Estado (detenciones, fumigaciones, Plan Colombia, etc.), se genere desplazamiento forzado en los términos establecidos en la sentencia T-630 de 2007 de la Corte Constitucional.

d. Sancionar a los funcionarios y agentes estatales que patrocinen, promuevan y respalden el desplazamiento forzado.

e. Exigir que la fuerza pública, los organismos de inteligencia del Estado y los demás actores armados respeten el DIH, particularmente, para evitar que el desplazamiento forzado continúe siendo una estrategia de guerra rural interurbana.

2. Sobre los Derechos Humanos y la Paz:

a. Exigir la solución política y negociada al conflicto social, político y armado que vive el país y avanzar en la búsqueda del acuerdo humanitario.

b. Dar cumplimiento inmediato a los pronunciamientos, sentencias y sus autos de la Corte Constitucional.

c. Exigimos el cumplimiento a las recomendaciones que en materia de desplazamiento forzado han formulado los órganos y los agentes de las Naciones Unidas.

d. Exigimos el cumplimiento y aplicación de los derechos humanos y los del pacto de derechos económicos, civiles, sociales y culturales.

e. Hacer efectivo el contenido de los principios rectores de los desplazamientos forzados a través de políticas públicas.

f. Exigimos atención integral, adecuada y oportuna a la población víctima en cumplimiento de los diferentes autos y sentencias que obligan al Estado colombiano a brindar garantías de vida digna.

g. Reconocer y garantizar el trabajo social que desempeñan las y los líderes de la población desplazada con derechos humanos.

h. Aplicar y cumplir el marco jurídico para equidad de género, los autos que obligan a la aplicación de políticas con enfoque diferencial; aceptar que el desplazamiento forzado es una situación de hecho que requiere el reconocimiento de las víctimas de desplazamiento forzado en restitución de derechos primarios y constitucionales y no en principio de solidaridad y subsidiaridad.

i. Garantizar el derecho a la igualdad, el pleno ejercicio de los derechos primarios, ciudadanos y constitucionales de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia.

3. Sobre la impunidad:

a. Reclamamos nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

b. Exigimos adoptar medidas eficaces para reducir la impunidad, en las leyes del despojo, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, violaciones sexuales de mujeres y niños en desplazamiento forzado y demás patrones de victimización relacionados, que se investigue, juzgue y sancione a los responsables como un deber de garantía del Estado.

4. Sobre el reconocimiento político:

a. Reconocer las cifras de desplazamiento forzado presentadas por las Organizaciones de Población desplazada y las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia.

b. Fortalecer a las organizaciones de población desplazada mediante la asignación de recursos y la facilitación de los respectivos trámites, con una política de respeto a la autonomía e independencia y garantizando el derecho fundamental a la reunión y movilización social, resistencia civil en función de las libertades civiles y políticas declaradas constitucionalmente en nuestra carta política.

c. Reconocer a las organizaciones de población desplazada como el principal interlocutor para realizar el seguimiento y evaluación de la política pública de desplazamiento.

d. Garantizar la prevención y protección de la población desplazada para evitar más asesinatos, revisando con interlocución de las víctimas de desplazamiento, la matriz de riesgos sobre amenazas en todas las variables de los contextos de movilización y trabajo de los líderes en amenazas permanentes.

5. Sobre la usurpación y concentración de la tierra:

a. Derogado el Estatuto de Desarrollo Rural, solicitamos la implementación de mecanismos jurídicos ágiles y acordes con la nueva realidad nacional en materia de los despojos de tierras y territorios étnicos y pluriculturales en la defensa de los derechos patrimoniales de los inmuebles y bienes de las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia.

b. Desarrollar una política de reforma agraria integral y participativa.

c. Revisar los actos sobre derechos patrimoniales, definiendo la participación activa y monitoreada de las víctimas afectadas en deudas contraídas con motivo de su desplazamiento en la región de expulsión y asentamiento, condonando sus deudas hasta cuando se garantice plenamente el restablecimiento del orden público en garantía de no repetición sobre las víctimas.

d.Garantizar la restitución de las tierras y bienes como forma prioritaria dentro de las medidas para la reparación.

e.Respetar los territorios colectivos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y fomentar las zonas fronterizas de reserva campesina en tierras productivas.

f. Garantizar medidas eficaces para proteger la tierra de la población desplazada cualquiera que sea su relación jurídica con ella.

6. Sobre el retorno o reubicación:

a. Garantizar el retorno de las familias desplazadas en condición de seguridad, dignidad, voluntariedad y garantías de no repetición.

b. Ejecutar programas integrales de estabilización socioeconómica individuales y colectivos.

Convocantes:

Asociación Nacional de Desplazados Colombianos – ANDESCOL-, Asociación Nacional de Desplazados Afrodescendientes, – AFRODES-, Acción Campesina Colombiana – ACC-, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, -ANDAS-, Coordinación Nacional de Desplazados – CND Federación Colectivo 21 de Junio, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC-UR, Mesa de Interlocución, Gestión y Desarrollo – MIGD-. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado- MOVICE-, Organización Nacional de Desplazados y Desarraigados Independientes OPDDI.
Modificado el ( martes, 21 de julio de 2009 )