Descontentos con la condena que los confinaría a 25 años de prisión por el homicidio de Nelson Abad Ceballos Arias y la menor Jessica Marcela Giraldo Quintero, a quienes después de sacar de la casa del joven frente a los ojos de su madre confundida y destrozada, asesinaron e hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate; los nueve militares del Batallón Ingenieros Pedro Nel Ospina interpusieron el recurso de apelación alegando que la inexistencia del combate -elemento fundamental en la sentencia dictada el 31 de marzo de 2009 por el Juzgado Penal del Circuito de El Santuario- no es más que una entelequia que busca generar antipatía contra el Ejército
Cobijados con el poder que les otorga el “deber a cumplir”, y motivados por la necesidad de exponer resultados positivos de la política gubernamental de Seguridad Democrática, el domingo 13 de julio de 2003 los militares llegaron a la casa de Amparo Arias de Ceballos –ubicada en la vereda La Merced del municipio de Granada-Antioquia- preguntando por Nelson, a quien se llevaron junto con Jessica.
Los trasladaron de la casa a la escuela, de la escuela a la carretera y de allí nuevamente a la escuela donde, simulando un combate, los asesinaron. Luego obligaron al conductor de un carro escalera a transportar los cadáveres hasta la vereda Alto del Chocó, del municipio de San Carlos, donde los recogió un helicóptero para llevarlos al Batallón Pedro Nel Ospina, en el municipio de Bello. Es decir, los mismos que empuñaron sus armas contra dos civiles desarmados se dieron a la tarea de hacer el levantamiento de los cuerpos, de montar evidencias que hicieron pasar por incautaciones y de manipular la escena del crimen.
No por ingenuidad o ignorancia Nelson y Jessica fueron reconocidos como guerrilleros del Frente Bernardo López Arroyave del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, general Mario Montoya Uribe, y enterrados como N.N. en el cementerio de Bello -pese a que ella portaba su tarjeta de identidad-, obstaculizando la búsqueda e identificación de sus cuerpos que se extendió por dos años y requirió de penosas diligencias como la exhumación de los cadáveres y la realización de pruebas de ADN.
Teniendo en cuenta las pruebas y los testimonios presentados ante el Juzgado Penal del Circuito de El Santuario, y que la discusión no está centrada alrededor de la militancia de las víctimas sino ante el crimen que contra ellos se cometió, el Tribunal Superior de Antioquia, en Sala de Decisión Penal, “confirma integralmente la sentencia de primer grado”, cerrándole las puertas a la impunidad que tiende su halo sobre más de dos mil casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia.