“…las exorbitantes exenciones que el gobierno anterior concedió a las
multinacionales del ramo (…) ha despertado una fiebre que amenaza
desplazar el narcotráfico a un segundo lugar en la economía ilegal”
dijo Cristina de la Torre en su columna titulada “Alma de Esclavos”,
El Espectador (http://elespectador.com/columna-230281-alma-de-esclavos).
La columnista (haciendo referencia a las exenciones fiscales que por
ejemplo para el caso de la Drummond -y según la Contraloría General de
la República- “recibió beneficios tributarios por 920 mil millones
entre 1995 y 2007 mientras que por regalías, sólo pagó 283 mil
millones en el mismo período”), se quedó corta en su lectura porque
este nuevo sitial concedido a las multinacionales que desplaza al
narcotráfico del primer puesto, no solo se deriva de asuntos fiscales
sino que también debe referirse a su actuar como máquinas de guerra y
azuzadoras de amenazas, asesinatos y desplazamientos de las
comunidades que se han opuesto a su presencia.
Y ni qué decir del impacto a la naturaleza, que sin duda supera a los generados por los narcotraficantes a la hora de expandir cultivos y procesar la droga.
Tal como suena y de tiempo atrás, basta tan solo recordar las demandas
y condenas internacionales contra corporaciones como la Chiquita
Brandas y la misma Drummond para dar cuenta que estas empresas son
MOTORES que vienen alentando la guerra en Colombia, todo ello a nombre
de un supuesto desarrollo que, por lo visto, se queda en las cuentas
bancarias de los países de origen de dichas multinacionales.
Casos se han visto, aquí y allá, ahora que Colombia pretende convertirse en una
cantera minera es importante atender la experiencia de otras naciones
que, al haber propendido por lo mismo, han entregado su país, su
soberanía y recursos, Perú es un ejemplo a la mano: “es tal su
importancia y capacidad para desestabilizar gobiernos, que (…) escogen
cuándo acatar regulaciones ambientales o laborales. Sus miembros han
preferido comprar seguridad, propiciando el florecimiento de enormes
empresas de seguridad privada que cuidan minas, “supervisan” huelgas y
detentan un pie de fuerza superior al del Estado peruano.
A diferencia de la antigua minería (…) la nueva minería peruana no
necesita de mano de obra municipal. Los técnicos vienen de afuera,
junto con los materiales y las directivas. Incluso la comida. A
cambio, dejan pasivos ambientales e inflaciones locales. La mina -que
chupa agua y consume tierra- ha dado al traste con las agriculturas
locales“ (http://elespectador.com/columna-230647-no-todo-brilla-oro)
El Cabildo Cerro Tijeras da fe de este genocidio corporativo
disfrazado de desarrollo, que está generando muertes, viudas, dolor,
bombas y corrupción. El más reciente de estos casos nos remite al
comunero Leandro Guetio apuñalado varias veces, el compañero -al igual
que todo el cabildo- está amenazado y con medidas cautelares luego de
sentencias de muerte proferidas por las Águilas Negras por oponernos,
según ellas, al generoso desarrollo que las multinacionales nos
ofrecen con sus megaproyectos.
Ahora que se habla de parapolítica, de farcpolítica, exigimos que se
abra un nuevo capítulo: el de las multinacionales como generadoras de
violencia.
El indio perdona…pero no olvida.