Más el 20% de niñas y niños en Colombia padecen desnutrición y el 40,8% de los hogares viven inseguridad alimentaria; 15 de cada 100 hogares no cuentan con una vivienda adecuada; desde 1993, más del 80% de la capacidad instalada de la red hospitalaria ha sido cerrada o reestructurada; entre 1992 y 2006 se redujeron en 40% los trabajos permanentes en la industria y aumentaron en 192% los contratos temporales, mientras que 7.020 trabajadoras y trabajadores no pudieron sindicalizarse por decisiones oficiales.
Estas son algunas revelaciones del Informe Alterno sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, DESC, que presentaron organizaciones sociales colombianas este lunes 3 de mayo en Ginebra, Suiza, y que será uno de los insumos para que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CDESC, un sistema de las Naciones Unidas, ONU, examine la situación de Colombia en sesión del 4 de mayo. Naciones Unidas también analizará el V informe presentado por el Estado colombiano sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC.
Dicho informe será dado a conocer el próximo 4 de mayo, en Bogotá a partir de las 5 de la tarde, paralelamente a la sesión del CDESC, en la sede de derecho de la Universidad Santo Tomás.
Organizaciones sociales, populares, académicas, sindicales y defensoras de derechos humanos que hacen parte de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo[1], en coordinación con otras redes y organizaciones, iniciaron hace tres años un proceso de monitoreo y evaluación de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales, DESC, en Colombia desde el año 2001 hasta el 2006, con ampliaciones de algunos temas hasta 2009.
Como resultado de este proceso, se produjo el “Informe Alterno al V Informe del Estado colombiano ante el CDESC”, donde también se devela incumplimiento de obligaciones inmediatas del Estado colombiano como la gratuidad en la educación primaria, el reconocimiento de la relación laboral con las madres comunitarias o la realización de una reforma agraria. En este último tema, el informe evidencia una contrarreforma agraria que ha despojado de tierras y territorios a indígenas, campesinos y campesinas, y afrodescendientes mediante la combinación de mecanismos legales e ilegales.
Mayor Información, Vocera o vocero En Ginebra, Aura Rodríguez, Secretaria Técnica de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
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En Bogotá:
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Libardo Herreño, Investigador Instituto Latinoamericano de Derechos Legales Alternativos, Coordinación Nacional Plataforma Teléfono 2 8800961 celular 3142979568
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