El Estado colombiano utiliza su agencia de inteligencia - Das - contra las Organizaciones de Derechos Humanos

Jueves 2 de julio de 2009, por Prensa - Colectivo

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EL Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR-, organización no gubernamental de derechos humanos, presenta ante la comunidad nacional e internacional los recientes descubrimientos relacionados con las actividades ilegales de inteligencia desarrolladas por el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, organismo de seguridad y de inteligencia más importante del Estado colombiano, contra organizaciones de derechos humanos.

Defensores de derechos humanos | Derecho a la vida | Colombia | Criminalización de movimientos sociales |

Reconocemos que todo Estado requiere de un sistema de inteligencia eficaz para garantizar el ejercicio de la soberanía, la autodeterminación y seguridad de la sociedad y del Estado. Sin embargo, tal servicio de inteligencia debe fundarse en el respeto absoluto de los derechos humanos y en los principios que soportan un Estado democrático y social de derecho. En otras palabras, las agencias de inteligencia deben someterse a la ley y a la Constitución Política, antes que convertirse en incondicionales instrumentos de un gobierno, o en entidades aliadas o al servicio de organizaciones criminales organizadas como los grupos paramilitares.

En Colombia, sin embargo, la historia nos enseña que los organismos de seguridad del Estado han dado tratamiento de enemigos a quienes desde la sociedad levantan su compromiso por la defensa y promoción de los derechos humanos. Es así que partir de febrero de 2004, se incrementó sustancialmente la persecución contra las organizaciones de derechos humanos por parte del –DAS-. Esta entidad creó grupos especiales de inteligencia estratégica con el fin
de perseguir de forma estructural a las organizaciones de derechos humanos por considerarlas “una amenaza o un riesgo para la seguridad nacional”.

En este contexto, el DAS definió realizar actividades de inteligencia contra el -CAJAR- a través de una muy onerosa, prolongada y sofisticada operación que denominó “OPERACIÓN TRANSMILENIO” financiada por el rubro denominado GASTOS RESERVADOS. La mencionada OPERACIÓN TRANSMILENIO ha consistido en recopilar Información sobre esta ONG de derechos humanos y sus integrantes. En desarrollo de la misma han auscultado información sobre las actividades propias de defensa de los derechos humanos, sobre la cooperación internacional y estados financieros del CAJAR.

Entre las actividades de inteligencia realizadas por DAS contra los integrantes del CAJAR, sobresalen: la identificación de su núcleo familiar, información biográfica, laboral, económica y financiera; elaboración de perfiles políticos y psicológicos; obtención de tarjetas decadactilares, determinación de rutinas y rutas de desplazamientos; realización de seguimientos en todo el país, así como vigilancias permanentes desde puntos fijos (a través de arrendamientos de viviendas); toma de registros fotográficos y fílmicos de los abogados y sus
familias, así como de sus lugares de vivienda y de trabajo; Interceptación a gran escala de líneas telefónicas y de correos electrónicos; verificación de sus movimientos migratorios y relacionaron sus contactos nacionales e internacionales etc. Para la obtención de tal información acudieron a los datos del Programa oficial de protección de defensores, a entidades públicas y privadas, a otras que ellos denominan “fuentes humanas y técnicas”, e incluso, al registro de las basuras o desechos provenientes de las viviendas y oficinas de los abogados. No sobra decir, que las labores de inteligencia incluyeron temerarias e infundadas acusaciones contra los miembros del CAJAR, las cuales no han sido probadas luego de varios años de permanente y exhaustiva actividad de inteligencia ilegal y clandestina.

Nos llama la atención que la pertinaz persecución contra el COLECTIVO DE ABOGADOS por parte del DAS, coincide con los señalamientos realizados por el presidente de la República y por algunos de sus más altos funcionarios contra esta ONG, así como con las sistemáticas amenazas y ataques contra sus integrantes. A manera de ejemplo, el paquete que recibió en mayo del 2005, por correo en su residencia, la entonces Presidenta del CAJAR, y que hicieron aparecer como remitido por su abuelo desde el municipio y dirección que corresponde a la casa donde vivió su infancia, y que contenía una amenaza escrita contra su familia y pequeña hija, acompañada de una muñeca decapitada, descuartizada, quemada y salpicada con esmalte rojo a manera de sangre, demuestra que este macabro mensaje de amenaza contenía información obtenida en las labores de inteligencia desarrolladas contra esta abogada por parte del DAS.

Las actividades del CAJAR que más llamaron la atención de los sabuesos del DAS son las relacionadas con la representación de las víctimas, especialmente el trabajo ante la Corte Penal Internacional, la Comisión y Corte Interamericana de derechos humanos y ante Naciones Unidas. Así mismo, mostraron un interés especial en las misiones internacionales (oficiales y no gubernamentales) de derechos humanos que han visitado el país. Algunas de ellas fueron objeto de seguimiento milimétrico y sus integrantes y pasaportes filmados o fotografiados, en un claro desprecio por la comunidad y organismos internacionales. Todo indica que “todo lo que oliera a derechos humanos” se convertía en blanco de inteligencia por parte del DAS por considerar que los derechos humanos y el trabajo que los reivindica constituyen -por sí mismos- una amenaza institucional, olvidando que son los violadores de derechos humanos los que desprestigian y amenazan al Estado, y no quiénes levantan sus manos y sus voces para reclamar verdad y justicia.

¿Qué objetivos persigue El DAS con esta política oficial de persecución y represión contra las organizaciones de derechos humanos y contra las actividades que buscan su fomento y defensa? Con entera convicción manifestamos que el DAS realizó -y realiza- estas labores de inteligencia contra las organizaciones de derechos humanos para neutralizar y sabotear sus labores en defensa y promoción de los derechos humanos a través del terror que despierta su “inteligencia ofensiva y estratégica” como mecanismo de guerra psicológica. De hecho en los memorandos y misiones de trabajo que se encomendó a este grupo G3 está la de hacer seguimientos a organizaciones y personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales con el fin de “restringir o neutralizar su accionar”, y en las actas de reunión de este grupo se señala que tales actividades deben llevar a la judicialización o la realización de operaciones de inteligencia a cubierta (diversas fases de la guerra sicológica, de estratagema política etc.)

En consecuencia, tales acciones también buscaban o buscan judicializar arbitrariamente los defensores de derechos humanos. La historia también nos enseña que los informes de inteligencia suelen ser la fase previa de más graves ataques contra las víctimas de esas generalizadas y sistemáticas tareas de inteligencia, que pueden incluir atentados contra la vida de éstas. Sin duda, la actividad del DAS contra las ONGs, pone en grave riesgo la vida de los defensores de derechos humanos y amenaza seriamente el ejercicio de su legítima actividad.

La utilización arbitraria del DAS para adelantar acciones de inteligencia estratégica contra las ONG de derechos humanos constituye la prueba más fehaciente de la ausencia de voluntad política del gobierno de renunciar definitivamente a la persecución contra los defensores y defensoras de derechos humanos, lo cual reafirma la política oficial no declarada de cerrar espacios y negar garantías a las organizaciones de derechos humanos, así como de perseguir sistemáticamente a sus integrantes. Vale la pena recordar que la persecución también ha afectado a periodistas, dirigentes políticos y sociales, parlamentarios, e incluso, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, éstos últimos por atreverse a hacer justicia contra personajes que siempre habían resultado “intocables” y favorecidos por la impunidad que ofrece el poder.

Consideramos fundadamente que las actividades de inteligencia desarrolladas contra el CAJAR y demás ONG de derechos humanos fueron planeadas, decididas y ejecutadas al más alto nivel dentro del DAS, en acatamiento a directrices del alto gobierno, el cual recibía informaciones de tales labores. De hecho, es el poder ejecutivo el que nombra los directores de esa entidad, de los cuales cuatro están siendo investigados por estos hechos. Además, bajo la administración del actual gobierno, cargos importantes dentro de la estructura del DAS fueron paulatinamente ocupados por ex-oficiales de la Armada, lo que produjo una creciente militarización de esta entidad de naturaleza puramente civil, lo que facilitó que los defensores de derechos se convirtieran en el principal blanco u objetivo de sus acciones de inteligencia ofensiva y estratégica.

La inteligencia estratégica está dirigida a detectar y neutralizar amenazas o riesgos contra la seguridad nacional, y la información obtenida es entregada al alto gobierno (Presidente y Ministros) para que sea tenida en cuenta al momento de tomar decisiones, pues la inteligencia estratégica tiene su desarrollo en el marco de la política de seguridad democrática. Eso explica que las actividades de las organizaciones defensoras de derechos humanos relacionadas con las políticas del Presidente de la República, fueran las que más despertaran el interés de las actividades de inteligencia desarrolladas por el Das. Además, no resulta casual que el presidente señale de terroristas a los defensores de derechos humanos, al mismo tiempo que el Das los considera una amenaza contra la seguridad nacional.

Consideramos que la persecución contra las organizaciones defensoras de derechos humanos es una política de Estado que resulta claramente revelada por los sistemáticos y generalizados ataques contra las mismas. Son las acciones y las omisiones del Estado las que determinan las políticas y no lo que revelan los documentos oficiales. Sin duda, esta sistemática y generalizada persecución contra las ONG de derechos humanos, constituye un crimen de lesa humanidad a la luz del Estatuto de Roma, tal como lo manifestó en reciente debate público el Senador Gustavo Petro.

Históricamente, el CAJAR ha representado víctimas en numerosos casos de graves violaciones a los derechos humanos en los que funcionarios del DAS han estado involucrados. Actualmente, representamos a las familias de sindicalistas asesinados por paramilitares, luego de que JORGE NOGUERA COTES en su condición de director del DAS les entregara a estas organizaciones criminales una lista de sindicalistas con el fin que éstos fueran ejecutados. Recientemente, Jorge Aurelio Noguera Cotes, fue llamado a juicio por el homicidio de los sindicalistas, así como por concierto para delinquir por su alianza con el paramilitarismo.

Por todo lo anterior, responsabilizamos única y exclusivamente al alto gobierno en cabeza del presidente de la República de cualquier ataque contra los integrantes del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” o contra miembros de sus familias.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, en razón de lo expuesto, exige al Gobierno y al Estado:

1. El desmonte total del DAS
2. Se deslinden las actividades de inteligencia con las de investigación criminal, lo que obliga a eliminar todas las facultades de policía judicial que actualmente tiene el Das.
3. La creación legal y participativa de una comisión integrada por personalidades de reconocida solvencia académica y moral para que proponga una nueva entidad de inteligencia basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos, en el apego a los más caros preceptos democráticos que gobiernan un Estado social y de derecho, en armonía con los parámetros internacionales sobre el tema. La nueva entidad deberá tener salvaguardas legales y eficaces para garantizar los derechos de la ciudadanía, así como mecanismos de veeduría civil y parlamentaria, especialmente en lo que tiene que ver con su función de inteligencia.
4. La desclasificación inmediata de todos los informes de inteligencia que reposan en el DAS, las fuerzas militares y policiales en contra de las ONG de derechos humanos, y en particular contra el CAJAR. Tales informes deben ser entregados a los afectados y borrados definitivamente de los archivos oficiales.
5. Avances inmediatos y concretos en las investigaciones penales y disciplinarias que se adelantan contra los cuatro ex directores del DAS (Jorge Aurelio Noguera Cotes, Andrés Mauricio Peñate, María del Pilar Hurtado y Joaquín Polo), así como contra los demás responsables de los hechos. Tales avances se deben producir, pese al cambio reciente de Procurador General y próximo relevo del Fiscal General de la Nación.
6. El cese inmediato y definitivo de las hostilidades, hostigamiento, actividades de inteligencia, amenazas y ataques contra las ONG de derechos humanos y el CAJAR en particular, por parte del Estado y sus organismos de seguridad.
7. Brindar todas las garantías a los defensores y defensoras de derechos humanos para la realización de su trabajo, así como tomar las medidas necesarias para su protección física y psicológica y la de sus familias.

Bogotá, Colombia, junio 25 de 2009

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