El Plan Colombia, la Paz y el papel de la sociedad civil
Diana Sánchez
Asociación MINGA
Enero de 2002
1. Presentación
Me correspondió, en nombre de la Asociación MINGA de Colombia, hacer una breve exposición en este importante Encuentro Binacional Colombo-Ecuatoriano “Las voces de los pueblos impactados por el Plan Colombia”, sobre El Proceso de paz y la realidad y demandas de la sociedad civil frente al Plan Colombia, para lo cual he dividido la intervención en tres momentos, para intentar una mejor comprensión de tan amplia y compleja coyuntura por la que atraviesa el país.
El primero, se refiere a la implementación del Plan Colombia y las diferentes respuestas de las organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas, iniciativas de paz, entre otras. El segundo, a las dificultades y posibilidades del proceso de paz entre el gobierno colombiano y los grupos insurgentes; y tercero, el papel de la comunidad internacional en este proceso colombiano, en especial del estado ecuatoriano. De hecho, en este apretado contexto quedan por fuera muchísimas aristas de la realidad que vive Colombia y que también afecta el resto de la Comunidad Andina de Naciones.
1. Contexto inicial del Plan Colombia
Cuando las administraciones de los presidentes Andrés Pastrana de Colombia y Bill Clinton de Estados Unidos acordaron implementar el Plan Colombia para los años 2001-2002, lo hicieron bajo el presupuesto de encontrar absoluto apoyo y respaldo de todos los sectores sociales, políticos y económicos del país. Sin embargo, contrario a esa lectura, el Plan tuvo una importante oposición por parte de las organizaciones sociales, ONG de derechos humanos, iniciativas de paz y diferentes espacios políticos, que veían con claridad las implicaciones de esa ayuda militar, en dos sentidos: por una parte, avivaría el escalonamiento del conflicto armado colombiano y por otra, la pretensión de fortalecer militarmente a los países de la Comunidad Andina de Naciones[1].
Así, el primer paso dado por los sectores opositores al Plan Colombia, fue ampliar el marco de comprensión para tener claridad de su verdadera dimensión y así mismo, dilucidar el trasfondo de un Plan que se presentaba con varias caras, de acuerdo al escenario donde se presentaba; en ese sentido la publicación colombiana Desde Abajo, se convirtió en el punto inicial para esclarecer que el Plan presentado por gobierno Pastrana tenía al menos tres caras: la primera, el Plan de Desarrollo Nacional con un fuerte componente social y de desarrollo, presentado por el presidente al país para la vigencia de su administración -1999-2002- con un monto en recursos de US$4 mil millones; sin embargo éste Plan posteriormente fue considerado inexequible por la Corte Constitucional.
La segunda, el Plan de ayuda militar que paralelamente se concertó entre el gobierno Pastrana y la administración Clinton, supuestamente como parte del Plan Colombia o Plan Nacional de Desarrollo, el cual hizo trámite y fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos para los años 2000-2001, cuyo valor ascendió a los US$1.319.1 millones. En este Plan se deben hacer dos aclaraciones: de un lado, la opinión pública colombiana nunca conoció esta propuesta sino cuando ya estaba siendo aprobada en Estados Unidos, de tal manera que tuvo un tratamiento prácticamente privado; de otro, el 80% de los recursos aprobados, se destinaron para ayuda militar para la lucha contra el narcotráfico, y el restante 20% para planes sociales y desarrollo. Como se puede observar el desequilibrio es abismal, indicadores que descartan de entrada que se trataba de un apoyo social a un Plan de Desarrollo Nacional.
La tercera, el Plan para la paz que se dio a conocer a los países europeos y otros gobiernos amigos para que apoyaran con recursos por US$1000 millones los programas sociales.
1.1. Respuestas de la sociedad civil
En medio de este proceso apresurado y sin antecedentes en la historia reciente del país, las organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales, iniciativas de paz y algunos sectores políticos, iniciaron un proceso de convergencia para tratar de persuadir a la comunidad nacional e internacional sobre la gravedad que encerraba el Plan Colombia real.
De esta manera si inician acciones en tres niveles:
De un lado, por considerar que desde un principio el Plan Colombia fue diseñado con la participación de la sociedad colombiana, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos convocaron un escenario internacional, para discutir y hacer otras propuestas alternativas al Plan Colombia, que si bien era muy difícil detener su implementación, por lo menos era posible trasformarlo y motivar a los países de la Unión Europea para que no apoyaran el Plan concertado entre Colombia y Estados Unidos. Para ello, se activó la red de organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos y Europa[2].
El encuentro Internacional sobre la Paz, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, realizado en Costa Rica, entre el 16, 17 y 18 de octubre de 2000, y convocado por la convergencia Paz Colombia, se convirtió en el escenario político más importante para la discusión y construcción de alternativas a la crisis colombiana, con la participación de 37 delegaciones diplomáticas de países amigos, el gobierno nacional de Colombia, la diversidad de organizaciones sociales del país –indígenas, mujeres, campesinos, afrodecendientes, iglesia Católica, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, sindicatos, entre otros-, un grupo guerrillero ELN, agencias de cooperación internacional y medios de comunicación, pero también participaron las organizaciones que apoyaban el Plan Colombia y lo consideraban válido para la solución del conflicto armado interno y el desarrollo social[3].
En el ámbito nacional, la convergencia Paz Colombia[4], inició un trabajo en diferentes regiones de manera tal que las agendas en construcción no partieran sólo de visiones centrales y nacionales, sino de las realidades locales. Así fue como se realizaron varios foros regionales, preparatorio de Costa Rica. Estos espacios se articularon también con las redes internacionales que apoyaban la labor de incidencia y cabildeo.
En el nivel local, paralelo a estas iniciativas, en diferentes regiones del país, las organizaciones sociales, autoridades locales y comunidades, también generaron espacios de rechazo, discusión, reflexión y propuestas alternativas al Plan Colombia, especialmente frente al tema de fumigaciones de cultivos de uso ilícito.
1.2. Accionar de las comunidades afectadas por el Plan Colombia
Si bien los recursos estadounidenses están dirigidos a fortalecer las Fuerzas Militares de Colombia, el énfasis mayor se hizo en el sur del país, con acento en el departamento del Putumayo, por ser considerado el mayor productor de coca en el país. Sin embargo, las comunidades que serían directamente afectadas por las fumigaciones o erradicación forzada por aspersión, inició un proceso de búsqueda de alternativas y así fue como en julio de 2000, los campesinos del Bajo Putumayo le presentaron una propuesta de erradicación voluntaria, manual y gradual de los cultivos de uso ilícito, ante lo cual el gobierno nacional debía de implementar unos planes de sustitución de los cultivos con tres etapas sostenibles:
El primer periodo, dedicado a la capacitación de las comunidades para asumir otro tipo de economías lícitas; el segundo, destinado a la seguridad alimentaria de las familias, pues ya no podrían sostenerse del cultivo de coca y el tercero, para implementar los proyectos productivos sustitutivos. Para ello era necesario, como mínimo cuatro años de plazo y recursos suficientes para cambiar una economía versátil, arraigada y altamente productiva como la economía de la coca. Sin embargo, el gobierno nacional impuso un año de tiempo, y muy poco recursos para la etapa de seguridad alimentaria, la cual es la base para el sustento de las familias mientras erradican sus cultivos[5].
A partir de este proceso llamado de pactos sociales, que ha cobijado a 9 municipios de los 13 que tiene el departamento, se ha constituido en la principal herramienta de los campesinos putumayenses para evitar y enfrentar las fumigaciones contempladas en el Plan Colombia.
Paralelo al desarrollo de esta iniciativa regional, varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales, apoyadas por agencias de cooperación, iniciaron un proceso de acompañamiento a las comunidades del Putumayo. Así se convoca el I FORO REGIONAL El Sur responde al Plan Colombia, realizado en Puerto Asís el 8 y 9 de septiembre de 2000, cuyo propósito central era rechazar pública y políticamente, y proponer alternativas desde las mismas comunidades y autoridades locales.
A partir de ese momento, las ONG de derechos humanos MINGA, CINEP y CODHES, acompañan a las organizaciones sociales del Putumayo en el proceso de análisis, comprensión y diseño de políticas regionales de desarrollo sostenible[6]. Como resultado de la etapa en mención, y con mayores elementos de juicio por parte de las comunidades y organizaciones de base, pues ya ha trascurrido un año desde el inicio de la aplicación del Plan Colombia, se realizó el II FORO REGIONAL El sur evalúa el Plan Colombia, igualmente en Puerto Asís, el 10 y 11 de diciembre de 2001 cuyo objetivo se centró en una evaluación del Plan y propuestas viables, dado que éste no erradicará el fenómeno de la coca, por un lado, ni generará desarrollo regional, por otro.
Puede decirse, sin temor a equivocarse, que ante la situación de riesgo y vulnerabilidad que los recursos del Plan Colombia ponen a las comunidades del Putumayo, éstas han logrado responder con iniciativas y saberes propios, coherentes con la biodiversidad y vocación regional, muy distinto a las políticas extranjeras que en momento alguno reconocen las necesidades y realidades locales.
2. Las encrucijadas de la Paz
Luego de tres años de diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, para lo cual se cuenta con una zona geográfica desmilitarizada, conocida como la zona de despeje o de distensión, el momento actual es el más difícil, a pesar de los muchos tropiezos que se han presentado durante este período.
El tema de las garantías para el grupo insurgente en la mencionada zona, fue el último argumento de las partes para congelar los diálogos, con la consecuente discreción política y legal que tiene el Presidente Pastrana para retomar en un tiempo muy breve el control de dicho territorio y que a la postre se convirtió en el instrumento de paz o guerra total en la actual coyuntura del país, pero que muestra la fragilidad y dificultades por las que atraviesa el proceso, si no se le imprime ajustes importantes de ambas partes, pero sobre todo de otros sectores que no se sienten representados por ninguna de ellas y consideran que la búsqueda de la paz y la construcción de un nuevo país corresponde también a toda la población nacional.
Como organización defensora de derechos humanos, comprometida con la construcción de un país democrático a partir de la resolución política del conflicto armado, que pase por la solución de los problemas sociales, económicos y políticos estructurales del país, somos concientes de que cualquier proceso de paz serios y real que se adelante en el país con los grupos insurgentes, será demorado, complejo y difícil, por tanto, no podemos llamarnos a engaños soñando con un acuerdo rápido y sin altibajos, que incluso lleven a rompimientos como el que estamos viviendo, pues se trata de un proceso donde se está negociando el poder político, económico, social y territorial de Colombia, cuyas raíces son históricas.
Y es aquí, en momentos como éste, donde los sectores de la sociedad civil deben incidir para que hayan replanteamientos de fondo entre las partes y se abran las compuertas para que el proceso cuente con la opinión y participación de todos esos sectores excluidos de los diálogos. Si bien, las diferentes iniciativas de paz vienen haciendo un trabajo de cabildeo y campañas de sensibilización, consideramos que se requiere de una sensibilización profunda y mayor compromiso con la solución política del conflicto, que redunde en una movilización nacional importante de apoyo a la búsqueda de la paz.
Pero para las mismas iniciativas de paz y activistas de la paz, consideran que una movilización nacional a favor de la negociación, no se puede También se debe tener claridad y sentido de la proporción cuando se habla de un cese al fuego o de hostilidades. Si bien es una condición crucial como parte de la metodología y condiciones para continuar con los diálogos, es un tema tan complejo y variopinto como la guerra misma, que debemos asumirlo con la mayor seriedad y sin los apasionamiento y simplicidades como lo vienen tratando los grandes medios de comunicación colombianos. Qué queremos significar con ello? Sencillamente que tanto para el establecimiento como para la guerrilla implica parar las actividades bélicas -que en últimas es el instrumento esencial de la guerra, entiéndase bien, instrumento y no objetivo- sin que se haya todavía iniciado la negociación como tal de los temas gruesos del país, pues en estos tres años los acercamientos han rondado en lo operativo, en acuerdos de método, en crear confianzas, pero no en las reformas estructurales y compromisos de fondo.
En este orden de ideas, y haciendo énfasis en que apoyamos un cese de hostilidades, creemos que si en adelante se siguen presentando tropiezos y desencuentros en este tema, no por ello dejaremos de insistir en la continuidad de los diálogos y legitimar su validez, pues como lo dijo en algún momento el periodista Alfredo Molano -hoy exiliado en España: «la paz cuesta mucho, pero más vale la guerra».
Si esto se lograra, se daría un paso trascendental en el proceso, en dos sentidos: de un lado, cuando se presenten las dificultades -que vendrán con seguridad- puedan ser superadas con la participación de terceros, y de otro, involucrarse ya en la negociación y hacer los aportes necesarios para la construcción de un país viable y equilibrado.
3. El papel de la comunidad internacional en el proceso de paz
Contrario a la idea que se tenía luego de los hechos del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, del tímido papel que pudiera seguir cumpliendo la comunidad internacional en la problemática colombiana, terrorismo el grupo de países amigos -Canadá, México, Venezuela, Cuba, España, Francia, Suiza, Noruega, Suecia y Austria-(pie de página), junto con Naciones Unidas, jugó un papel activo, proactivo y fundamental para resolver las dificultades que atraviesa el proceso de paz.
De no haber sido por esa intermediación de los 10 embajadores y la decisión del delegado del Secretario General de la ONU, James Lemoyne, otra situación se estaría viviendo en Colombia, si se tiene en cuenta que los actores armados legales e ilegales están fortalecidos y aún no se han logrado acuerdos humanitarios para no involucrar a la población civil en el conflicto armado.
Este afortunado episodio protagonizado por el grupo de países amigos, además de ser un espaldarazo al proceso de paz, demostró la voluntad y capacidad política de la comunidad internacional para intervenir con sus buenos oficios en la resolución política del conflicto, y se convierte en una referencia obligada para otros países amigos y vecinos de Colombia, que en lugar de temer por una posible extensión de la guerra a sus territorios, podrían participar diplomáticamente en el proceso de paz, y de esta manera prevenir cualquier involucramiento en el conflicto o militarización de las fronteras o en el caso extremo cierre de las mismas.
Notas
1. La Iniciativa Regional Andina es una estrategia de lucha contra las drogas y el narcotráfico contemplada dentro del presupuesto federal de 2002, presentada al Congreso de los Estados Unidos el 9 de abril del presente año. La Iniciativa Andina respalda al Plan Colombia y busca mitigar los efectos de éste en la región. Su enfoque es fortalecer la lucha antinarcóticos, evitar el desborde del conflicto colombiano y reducir los costos sociales. Lo que el Departamento de Estado ha denominado la Iniciativa Andina (Andean Counterdrug Initiative) será una especie de apoyo y complemento al Plan Colombia. La Iniciativa Andina tal como fue presentada al congreso de los Estados Unidos por su gobierno, contempla una ayuda de US$882.29 millones los países andinos distribuidos de la siguiente manera: Colombia, US$399 millones; Perú, US$206 millones; Bolivia, US$143 millones; Ecuador, US$76.5millones, Venezuela, US$10.5 millones; Brasil, US$26.18; y Panamá, US$20.5 millones. El Centro para las Políticas Internacionales estima que el presupuesto para la asistencia militar y policial en Colombia disminuirá en un 21%, exactamente inversa al incremento en la asistencia militar y policial para el resto de los países andinos. La asistencia económica incrementará significativamente en todos los países menos en Bolivia. (regresar)
2. El gobierno colombiano se reunió con 27 países y agencias internacionales en Madrid (España) el 5 de julio de 2000, con la meta de reunir US$1000 millones de dólares para el “Plan Colombia.” No obstante la convocatoria no tuvo los resultados que el gobierno nacional esperaba. Los únicos países que se comprometieron fueron España, Noruega y Japón. El Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina para el Desarrollo conjuntamente contribuyeron créditos por $300 millones y las Naciones Unidas hizo una oferta adicional de $131 millones. En total, incluyendo todos los préstamos, el gobierno Colombiano recibió $621 millones. (regresar)
3. Ver MEMORIAS “Encuentro Internacional sobre Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. San José de Costa Rica, octubre 16, 17 y 18 de 2000. “Construcción Democrática de la Paz”. Asociación MINGA. Enero de 2001.(regresar)
4. Paz Colombia fue el espacio de convergencia -en ese momento- de todas las organizaciones sociales, de base, de derechos humanos, sindicales, iglesia, iniciativas de paz, entre otras; para discutir, analizar, proponer y construir agendas alternativas al Plan Colombia. (regresar)
5. Al no tener opción distinta que pactar un acuerdo con el gobierno nacional para que no fueran a ser fumigados, los campesinos pactaron todo a un año y por un monto inicial de dos millones de pesos colombianos – cerca de mil dólares- para la seguridad alimentaria por familia; sin embargo, este valor es el que gana una familia en uno o dos meses de trabajo con la coca, lo cual muestra que difícilmente dichos recursos pueden sustituir la manutención de las familias mientras éstas arrancan la coca.(regresar)
6. Las ONG de derechos humanos MINGA, CINEP y CODHES, auspiciadas por PCS Colombia, generaron una alianza para trabajar la problemática de zonas fronterizas. En ese sentido se hizo un trabajo de fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones sociales del Putumayo ANUC, OZIP, Pastoral Social de la Iglesia Católica y la Red de Formadores de Paz.(regresar)