Los días lunes 1, martes 2, miércoles 3 de marzo de 2010 un poderoso paro de los pequeños transportadores, taxistas y la participación beligerante de jóvenes de los barrios populares, está sacudiendo la ciudad capital. Los grandes medios de información han desplegado una estrategia en la que los únicos voceros de este conflicto son el Alcalde Samuel Moreno y los grandes empresarios del transporte urbano, mientras que las voces y peticiones de APETRANS que agrupa a los pequeños y medianos transportadores, no solo son invisibilizadas sino estigmatizadas.
Las exigencias de la Asociación de pequeños Transportadores son dos esencialmente: Redefinir los lineamientos del proceso de licitación para conceder participación en la operación del sistema de transporte en las trece zonas en que se dividirá la operación del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO – SITP, que deja todas las ventajas a los grandes capitalistas del sector, quienes buscan sacar del negocio a los pequeños propietarios. Y en segundo lugar rediscutir la tasa de rentabilidad que se les ofrece a los pequeños transportadores, ya que es muy baja, 0,8% mensual, es decir menos de un millón de pesos, monto muy inferior a lo que perciben actualmente.
De fondo se trata de un desacuerdo de los pequeños y medianos transportadores con el Decreto 009 de 2009, que “adopta el Sistema Integrado de Transporte Público para Bogotá, D.C.”,el cual en nombre de la “modernización y mejora de la movilidad”, adopta un esquema empresarial monopolista, que es lesivo para los pequeños transportadores y sobre todo para los habitantes capitalinos que debemos transportarnos obligatoriamente en el servicio masivo.
A continuación presentamos los elementos de análisis que nos llevan a considerar justo este movimiento popular de protesta.
1. EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO – SITP: EL MISMO MODELO DE “AGRO INGRESO SEGURO”
En la Bogotá de los últimos 20 años se ha consolidado un modelo de ciudad al servicio del gran capital, que en lo esencial no ha sido cuestionado por las dos administraciones del POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO, a pesar de los intentos reales, pero insuficientes en materia del sistema de salud y de educación como derechos fundamentales.
El sector del transporte público ha sido escenario de una fuerte lucha de clases entre los grupos monopólicos que hoy hacen parte de la granburguesía colombiana y los medianos y pequeños transportadores, condenados por la política pública y la competencia monopólica, a la extinción en nombre de la “modernización”.
Veamos:
En Bogotá circulan cerca de 1 millón de vehículos particulares que movilizan 2 millones de personas, cerca de 25 mil buses, busetas y colectivos transportan más de 4 millones de habitantes, y el Sistema TransMilenio, que ha venido creciendo, transporta el 23% de la demanda de transporte público en la ciudad. Es decir para los socios del monopolio Transmilenio, el 77% restante es el botín a conquistar.
El argumento para imponer el SITP es que el 77% no transportado por Transmileno, es ofrecido por un sistema de “transporte público colectivo que mantiene altos niveles de informalidad e ineficiencia en su esquema organizativo y en su gestión empresarial”. Para la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, de los 30.000 vehículos de transporte público colectivo, una tercera parte opera ilegalmente, además la ciudad solo requiere unos 16.500 vehículos para atender la demanda.
Por eso la estrategia de modernización del SITP es la formalización capitalista de todo el sistema de transporte urbano, esto quiere decir, que quienes están mejor “dotados” para cumplir los requerimientos legales de la industria moderna del transporte, serán los favorecidos por el gobierno para administrar el servicio. Se trata del mismo esquema con que operó el nefasto programa “Agro, Ingreso Seguro”, según el cual solo los poderosos capitalistas son los llamados a iluminar y por supuesto usufructuar los recursos y bienes públicos. Se trata de la idea de la pérdida del derecho al transporte público de calidad, como un derecho a la ciudad, en nombre de la eficiencia capitalista empresarial, esto lo demostraremos más adelante.
Los esquemas de licitación del SITP (uno de los puntos cuestionados en este paro) plantean, en el papel, la participación de los pequeños propietarios de buses, pero sobre la base de su subordinación a los grandes socios. En esta licitación, la ciudad se divide en 13 zonas, que serán administradas por las “siete grandes” (ver más adelante), que deben integrar a los pequeños, como medida “reparadora”, pero no como socios, pues los pequeños no tienen la “capacidad empresarial”, sino como empleados.
Para resolver las diferencias entre Alcaldía y transportadores se creó una Comisión conformada por varios concejales (Jaime Caicedo, Carlos Ferreira, Celio Nieves, Hipólito Moreno y Álvaro Argote) que buscaron ser una instancia mediadora. No es gratuito que durante el paro, la Comisión no fue convocada por los grandes medios, ni su opinión fue difundida.
Según el concejal Jaime Caicedo, “la licitación pretende entregar este jugoso negocio a las mismas siete familias que monopolizan gran parte del transporte en Bogotá, dejando en la calle a más de 16.000 familias que viven de su bus o buseta”.
Según los voceros del paro, el proyecto del SITP es excluyente para los pequeños transportadores de la ciudad. En términos financieros para que una empresa aspire a manejar una de las trece zonas, debe tener gigantescos recursos desde su conformación. Se necesitan como mínimo de 16 mil millones de capital, 58 mil millones en pasivos y una capacidad de endeudamiento superior a los 60 mil millones de pesos. Es decir, está claro quiénes pueden participar en las licitaciones.
2. LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE URBANO UN SECTOR MONOPÓLICO EXCLUYENTE
Ante la oposición de los gremios capitalistas del transporte en Colombia, el Estado fue incapaz de crear un sistema masivo público, históricamente han sido los empresarios privados los que han usufructuado este rentable sector de la economía.
Desde que surgió el Sistema TransMilenio en 1999, este se convirtió en un monopolio que no retribuye de manera significativa a la ciudad. En primer lugar, se presenta una distribución inequitativa de los ingresos, aproximadamente cada día el sistema recauda $1.440 millones, de los cuales a la ciudad le corresponden solamente el 3 ó 4%. En el esquema del Sistema Integrado de Transporte Público los servicios alimentadores deberán ser pagados por los usuarios. Se trata del sistema de transporte masivo más costoso del mundo, que no garantiza tasas diferenciadas para estudiantes, tercera edad, mujeres embarazadas como en las ciudades más “modernas” del planeta.
El monopolio de Transmilenio está conformado por un cartel de empresarios u operadores que a su vez domina el servicio de transporte colectivo. Los operadores son:
GRUPO EXPRESS DEL FUTURO. Sociedad Anónima creada en 1999, a partir de la asociación de las grandes y poderosas familias agrupadas en CONALTUR, ASOTUR y FECOLTRAN. Las principales familias son los Gutiérrez, fundador de Comnalmicros que hoy manejan su hijo William y la exconcejala Yamile Medina, del partido uribista Colombia Democrática, cuyo presidente era el primo del Presidente Uribe, Mario Uribe. Los Hernández, cuya cabeza Luis Hernando Hernández, de Transportes Panamericana S.A., Los Ríos: su cabeza es Javier Ríos. Tienen acciones en Express del Futuro –operador de TransMilenio– con Aseo Capital, consorcio del que son grandes accionistas. También son operadores de transporte en Santiago de Chile. De este operador también hacen parte las compañías de transporte Expreso del País, Republicana de Transporte, Transportes Panameri! cana y Unión Comercial de Transportes. Es tal su capacidad capitalista que invierte en los sistemas de transporte en Chile y Perú y es además el grupo mayor beneficiado por el SITP.
TRANSMASIVO. Conformado por tradicionales empresas de transporte público colectivo como Ucolbus, Buses Blancos, Empresa Vecinal de Suba, Transportes Bermúdez, Universal de Transportes y Flota Usaquén; tiene inversiones en el Perú y es otro de los beneficiados del SITP.
GRUPO SÍ. Manejada por las familias de Víctor Raúl Martínez y de Alirio y Fabio Ruiz. Estas familias son las principales accionistas de Sotrandes, Sidauto, Expreso Bogotano, Santa Lucía, Nueva Transportadora de Bogotá, Transportes Distrito Capital y Cootransuba, entre otros. Es el principal operador del Sistema Megabús de Pereira, y también invierte en Perú, es otro de los beneficiados del SITP. Hace parte de este grupo la empresa Coprotrans, creada en el 2004 por Miguel Ángel Pérez –ex asesor de la Secretaría de Tránsito y ex presidente de Apetrans (la impulsadora del paro de 2005), que salió favorecido en términos empresariales del Paro de 2005, ya que abandono a APETRANS y dio un salto en su origen de clase, de burguesía nacional a granburguesía del transporte.
METROBUS – CIUDAD MOVIL. Un conglomerado del empresario y ex senador Henry Cubides O. dueño de Coltanques y Envía y el operador de Transmilenio Metrobús (junto con la empresa alimentadora ETMA). También han sido contratistas de la Policía y de la Secretaría de Educación del Distrito.
MEGATRANS y MI BUS. Lideradas por la Cooperativa La Nacional, de Alberto Pinzón, la cual agrupa 18% de los transportadores de la ciudad y por el gremio de los medianos transportadores de Acotrans, cuya representante es Nohemí Pinilla.
Estos monopolios muestran en el último año enormes ganancias:Express del Futuro tuvo ventas por $66.411 millones (aproximadamente US$34 millones); el Sistema Integrado de Transporte SI 02 con $60.447 millones (aproximadamente US$31 millones); Conexión Móvil $60.121 millones (aproximadamente US$31 millones) y 16,1%; Sistema Integrado de Transporte SI 99 $59.943 millones (aproximadamente US$30 millones) y 3,1%; Metrobus $48.505 millones (aproximadamente US$25 millones) y 22,9%; y Ciudad Móvil $44.078 millones (aproximadamente US$22 millones) y 16,4%.
La conclusión es clara, el rol del Estado es canalizar grandes recursos provenientes de los presupuestos nacional y distrital para ponerlos al servicio de los grupos monopólicos, un fabuloso negocio para beneficio de unos cuantos inversionistas privados que controlarán monopólicamente el transporte en la capital del país denominado pomposamente SITP.
3. LOS EMPRESARIOS ANTE EL PARO
Como hemos visto la composición de clase de la industria del transporte es de una parte un sector de granburguesía monopólica agrupada en tres grandes gremios, que son tanto operadores de Trasmilenio, como dueños de la mayor parte del transporte colectivo, los tres grandes son: CONALTUR, cuyo presidente es Marco Tulio Gutiérrez; ASOTUR de Alcídes Torres y FECOLTRAN de Juan Sánchez. En segundo lugar está la burguesía no monopolista en donde están ACOTRANS de Nohemí Pinilla, COPOTRANS de Luis Aguilar; y por último la burguesía nacional inferior, agrupada en APETRANS, cuyo presidente es Alfonso Pérez.
El Paro es lanzado por APETRANS, los demás gremios mantuvieron reservas, pero no se pronunciaron el día lunes 1 de marzo, esperando que el movimiento de protesta impulsado por los pequeños transportadores les generara mayores ventajas en su ya sólido lugar de negociación frente al modelo del Sistema Integrado de Transporte Público SITP, cuando vieron que el paro cobraba fuerza, a la luz pública salió el presidente de CONALTUR, MARCO TULIO GUTIERREZ, uno de los gremios de mayor poder en el sistema de transporte a nivel nacional y refrendó el apoyo al SITP, como ya lo había hecho en octubre de 2009, descalificando a APETRANS y llamando al gobierno a acabar de una vez por todas a este gremio de informales y sediciosos, es natural esa expresión de un capitalista en proceso de concentración y expansión, que espera aumentar sus activos a costa de la desaparici&o! acute;n de la pequeña competencia.
4. EL DERECHO AL TRANSPORTE PUBLICO COMO UN DERECHO DEL PUEBLO
Durante el paro, los grandes empresarios, el gobierno nacional y la alcaldía de Samuel Moreno se arrancan los cabellos y claman por mayor represión contra los manifestantes para garantizar el derecho al transporte, en realidad de lo que están hablando es del eterno derecho burgués a la propiedad y a la libre empresa. Desde otra perspectiva entendemos el derecho al transporte como un derecho del pueblo, que contempla que toda persona puede desplazarse en condiciones satisfactorias y dignas de acceso, permanencia, calidad, precio y coste colectivo acorde a los ingresos de la población, en donde además se democratice la prestación de este derecho y se evite su concentración monopólica. Es sobre este criterio, que debe construirse un verdadero SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO, lo que a todas luces no será posible mientras en el régimen de poder existente en la socied! ad no se creen condiciones reales para la participación y organización popular en torno a las decisiones que constituyen su existencia.
Por estas razones, es justa la protesta popular contra el proyecto monopolista y excluyente del SITP, esto implica construir colectivamente escenarios con participación social y popular real que creen condiciones para diseñar y establecer un modelo de ciudad y de país distinto al actual. Por ahora, que sea el derecho a la rebelión el que se exprese en las calles y haga sentir el inconformismo popular.
VOCERIA NACIONAL – MODEP
— Roman Alexis Huertas MontoyaCelu 3102123206