Al momento de escribir esta declaración hemos conocido la lamentable noticia del asesinato de Keyla Esther Berrío Almanza, víctima y líder de derechos humanos de Turbaco (Bolívar). Keyla hacia parte de la Liga de Mujeres Desplazadas y era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009.
Dicho esto, dejamos ante la sociedad la siguiente:
Declaración Pública
Teniendo en cuenta:
Que el modelo de “reconciliación” en Colombia, vive una evidente crisis por la permanencia de las estructuras paramilitares y su connivencia con mandos militares y policiales, sectores políticos y empresariales en diversas regiones del país. Solo en el tiempo que ha transcurrido desde la posesión del Presidente Juan Manuel Santos, más de 20 hombres y mujeres líderes han sido asesinados, entre ellas, Ana Fabricia Córdoba, cuyo asesinato se dio al tiempo en que se promulgaba la “ley de víctimas” y hoy mismo, el asesinato de Keyla Esther Berrío Almanza de la Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar. Estos crímenes pretenden ser desnaturalizados por sectores políticos y mediáticos sin que existan investigaciones eficaces, independientes e imparciales. Estos asesinatos, sumados, a las permanentes y sistemáticas amenazas y hostigamientos a lo largo y ancho del país, reflejan la ausencia de voluntad política por parte del gobierno para desarticular las estructuras paramilitares, que continúan beneficiando a terratenientes, empresarios y políticos.
Que es evidente la continuidad del conflicto armado interno, y la imposibilidad del Estado para superarlo. Al tiempo que persiste la grave situación de derechos humanos y se ha profundizando la crisis humanitaria, especialmente en las áreas rurales. Por su parte, el gobierno se hace de oídos sordos ante los llamados al diálogo político e insiste en la salida militar al conflicto armado.
Que tanto el principio de oportunidad, como la Ley de “justicia transicional”, encubrieron miles de amnistías a paramilitares, que no confesarán sus crímenes ni se someterán a la justicia colombiana.
Que se han demostrado las limitaciones estructurales de la Ley 975 de 2005, mal llamada de “justicia y paz”, para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Basta con recordar que a seis años de la puesta en marcha de la Ley 975 de 2005, no se ha reparado efectivamente a ninguna de las víctimas de los grupos paramilitares. Otro elemento ilustrativo son los exiguos resultados de la reparación administrativa, que en la actualidad se encuentra en un limbo jurídico y que en todo caso no comprende el derecho de las víctimas a una reparación integral.
Que con la extradición a los Estados Unidos de los principales jefes paramilitares se frustró el modelo de juzgamiento de máximos responsables, ya que al no existir un acuerdo de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos se ha obstaculizado la continuación de los procesos judiciales que adelanta la justicia nacional. A la fecha, solo existe una carta concertada entre estos dos gobiernos que tan solo permite el acceso a las cárceles estadounidenses de los operadores judiciales, excluyendo a las víctimas y sus representantes.
Esta situación ha imposibilitado la reconstrucción de la verdad y el esclarecimiento histórico de los crímenes atribuidos a los paramilitares, que debe comprender la identificación de las estructuras de poder, las redes de financiación y la individualización de beneficiarios. Contexto que se ve agravado con la adopción de la ley de “justicia transicional”, sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos, que permite amnistiar a miles de paramilitares omitiendo su obligación de investigar, juzgar y sancionar, sacrificando así los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición.
Que el proceso de aprobación de la Ley 1448 de 2011 desconoció a las víctimas y sus propuestas, lo que la constituye en una ley inconsulta. Iniciativa en la cual no se reconoció como fundamento de la reparación a las víctimas, el deber de garantía, respeto y protección de los derechos humanos atribuible al Estado. Obligación que se ha contraído por remisión directa de la Constitución Política de 1991 y por mandato de instrumentos internacionales, especialmente por los Principios de lucha contra la impunidad y el derecho a saber de Naciones Unidas, informes de organismos de protección de los derechos humanos y sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ley no contempla la restitución patrimonial a la población desplazada, y en general, es regresiva en relación con las órdenes que la Corte Constitucional dictó al declarar el “estado de cosas inconstitucionalidad”.
Que en la Ley 1448 de 2011 se incorporaron cláusulas y figuras que promueven la impunidad y favorecen abiertamente a los beneficiarios del despojo. Entre ellos, el contrato de transacción, la revisión de indemnizaciones por solicitud del Ministerio de Defensa y el “contrato de uso” también conocido como “derecho de superficie”, entre otras. Al mismo tiempo, el gobierno nacional promueve disposiciones legales y políticas que permiten que los territorios despojados se conviertan en espacios de operaciones extractivas, impulsando agronegocios a gran escala y obras de infraestructura, lo que desconoce los derechos ambientales y de habitación de las comunidades rurales victimizadas.
Que los artículos de la Ley 1448 de 2011 que se refieren a la indemnización, rehabilitación, restitución, atención, reparación colectiva, memoria histórica han quedado supeditados a su reglamentación por el poder ejecutivo.
Qué el gobierno de la “Unidad Nacional” está promoviendo un proyecto de ley de reforma a la justicia que pretende limitar los alcances judiciales en los procesos de parapolítica y en los que se siguen en contra de integrantes de la fuerza pública de alto rango. Con esta reforma también se pretende limitar los procesos adelantados por la Corte Constitucional respecto a los derechos de la población desplazada y de las víctimas.
Que el MOVICE en su V encuentro decidió demandar los aspectos inconstitucionales de la “ley de víctimas” y llama la atención sobre los riesgos que existen en el proceso de reglamentación e implementación, especialmente teniendo en cuenta que regiones importantes del país se encuentran aún bajo el dominio y control de estructuras paramilitares.
Por estas razones decidimos:
1. Avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones locales y regionales de víctimas a partir de nuestras estrategias de lucha en contra de la impunidad, el genocidio político y el exilio, y en favor de la búsqueda de la verdad, la reconstrucción de la memoria histórica, el fortalecimiento de la Comisión Ética y la movilización social por la exigibilidad de nuestros derechos.
2. Acompañar procesos de retorno y restitución de tierras en todo el país, de organizaciones y comunidades rurales del MOVICE y de las que lo soliciten. Esto como mecanismo de defensa y protección de los territorios, los recursos naturales y la soberanía de los pueblos.
3. Impulsar una campaña pedagógica de divulgación a nivel nacional para mejorar la comprensión de las implicaciones que tienen, para los derechos de las víctimas, el modelo de “reconciliación”, la “ley de víctimas”, la “ley de justicia transicional” y las distintas rutas de reparación que existen hoy.
4. Hacer seguimiento a la demanda de inconstitucionalidad que interpusimos en contra de la ley “de justicia transicional” y continuar adelantando acciones jurídicas en contra de normas contrarias a los derechos de las víctimas.
5. Buscar que la demanda de inconstitucionalidad que se interpondrá en contra de la Ley 1448 de 2011, conocida como “ley de víctimas”, sea suscrita y respaldada por amplios sectores sociales. Iniciativa que acompañaremos con diversas expresiones de movilización social.
6. Constituir una veeduría crítica e independiente que haga seguimiento al proceso de reglamentación de la “ley de víctimas”, bajo los principios que nos orientan y los instrumentos internacionales de derechos humanos. En coherencia con los intereses de las víctimas, presentaremos nuestras propuestas y denunciaremos cualquier intención de sacrificar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.
7. Hasta tanto el gobierno nacional no tome medidas de fondo para depurar la Fuerza Pública, organismos de seguridad y autoridades locales al más alto nivel, el MOVICE creará mecanismos alternativos de protección civil sin renunciar a la exigencia del cumplimiento de las obligaciones del Estado en garantizar la vida de las víctimas. Instamos a la comunidad internacional, gobiernos cooperantes y parlamentos a exigir del gobierno colombiano el cumplimiento del deber de protección de la vida y la integridad de las víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, y reconocer que no estamos viviendo una situación de postconflicto. Mientras esta situación persista se abstenga de firmar o ratificar cualquier tratado comercial con el Estado colombiano.
8. El MOVICE atendiendo y escuchando a las organizaciones sociales y populares, en la perspectiva de la confluencia y la unidad del movimiento social convocará, impulsará y participará en el Encuentro Nacional de Comunidades Rurales por la Paz a realizarse en Barrancabermeja del 12 al 15 de agosto y en el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías a realizarse en Cali y Cajamarca del 26 al 30 de septiembre de 2011. Igualmente, el MOVICE se sumará a la agenda nacional de movilización impulsada por Comosocol, Comosoc, Reclame, Recalca y Justicia Ambiental en defensa y protección propositiva de los territorios, el derecho al agua, a la salud, a la educación pública, a la paz con justicia social en la perspectiva de impulsar un Paro Cívico Nacional en 2012.
9. Atendiendo a la grave situación de riesgo y amenaza que enfrentan los integrantes del Capítulo Sucre y de otras regiones del país, impulsaremos una gran movilización de víctimas hacía Bogotá. La movilización tendrá como propósito exigir directamente al presidente Juan Manuel Santos soluciones efectivas para la protección y garantías para las víctimas que parten necesariamente del desmonte real y definitivo de las estructuras paramilitares en Colombia.
