Los organizadores manifiestan que desde hace más de 30 años, las comunidades indígenas y afrocolombianas ancestralmente asentadas en el departamento de la Guajira (Colombia), están obligadas a convivir con las graves consecuencias de la explotación minera de una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, el Cerrejón.
La contaminación del aire, suelos y ríos, despojos de tierra, cooptación de líderes sociales, y corrupción persisten al igual que los impactos en la salud como brotes en la piel, cáncer de seno, de cuello uterino y la pérdida de la soberanía alimentaria. Antes del inicio de la explotación carbonífera, la orientación productiva de los guajiros era comercial agrícola con un promedio de 60.000 empleos. En 2005, la minería en el departamento generaba apenas el 2.9% de los puestos de trabajo.
Luego de 30 años de explotación carbonífera, 64% de la población del departamento de la Guajira viven en la pobreza, y 37,4% incluso en la extrema pobreza. Mientras tanto, uno de los dueños de Cerrejón recibe 80 mil millones de pesos al año en utilidades y en 2010 los ingresos operacionales de las empresas fueron 4.471.605 millones de pesos (aproximadamente: 2.517.653 millones de US dólares).
En el marco de la expansión minera, a partir del 2013, la empresa El Cerrejón, pretende desviar el Río Ranchería en un tramo de 26 kilómetros para explotar 500 millones de toneladas de carbón depositadas en el cauce del afluente más importante del departamento.
Por tanto la expedición se plantea hacer reconocimiento del cauce y parte de la cuenca del Río Ranchería. Al recorrer parte del territorio que lo circunda permitirá a quienes participan hacer observación, documentación y reflexión sobre los procesos ecosistémicos que lo nutren y las comunidades humanas que se relacionan con él.
Por su parte las comunidades del asentamiento expresan que se debe hacer una consulta previa. No obstante exigen que se suspendan los trámites llamados de pre consulta hasta tanto se verifique que los principios internacionales y constitucionales que orientan la realización de sus derechos se encuentran plenamente garantizados, como también suspender toda actividad dirigida a la desviación del Río Ranchería por la manifiesta inviabilidad ecológica, social y cultural del megaproyecto.
Los Guajiros concluyen: “Decimos no al desvío del río Ranchería. No vamos a aceptar trámites engañosos que ellos llaman consulta para responder de que sí nos pueden cortar la cabeza. El río es nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestro ser.”
La Guajira cuenta con su apoyo.
