Carta Abierta al Sr. Juan Manuel Santos
FIDH - Observatorio: Preocupación frente a la estigmatización y descrédito contra el CCAJAR y a las dudas expresadas sobre la credibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Jueves 3 de noviembre de 2011, por FIDH - Observatorio

Sr. Presidente, finalmente esperamos que las autoridades judiciales investiguen estos hechos y establezcan las responsabilidades a las que haya lugar de quienes hayan defraudado al Estado colombiano, pero estas medidas no se pueden convertir en instrumento de represalia contra el CCAJAR que ha logrado seis condenas contra el Estado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y decenas de condenas en la jurisdicción interna. La imparcialidad de tales investigaciones estaría comprometida, cuando Usted y otras altas autoridades, incluyendo el jefe de la Procuraduría General de la República, ya les condenaron ante la opinión pública.

Defensores de derechos humanos | Colombia | Derecho a la verdad | Informe especial: caso Mapiripán |

París-Ginebra, 3 de noviembre de 2011

Referencia: Preocupación frente a la estigmatización y descrédito contra el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR) y a las dudas expresadas sobre la credibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Señor Presidente,

Nos dirigimos a Usted desde el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con el fin de expresar nuestra profunda preocupación por sus recientes declaraciones en contra del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR), en las cuales Usted calificó a sus integrantes de “avivatos” y “corruptos”, agregando que sus actuaciones hacen “que minen la credibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, con respecto al presunto fraude por parte de una de las personas identificadas como víctima en la masacre de Mapiripán [1], Departamento del Meta, y otras que se habrían hecho pasar como víctimas.

Estas declaraciones, aunadas al anuncio de “sanciones ejemplares”, reclamadas por varios ministros de su Gobierno y por parte del Procurador General de la República en contra del CCAJAR, constituyen un precedente sumamente grave en la medida en que revelan la voluntad, desde las más altas esferas del Estado colombiano, de estigmatizar y desacreditar al CCAJAR, organización que durante más de treinta años ha demostrado su compromiso en la representación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, y cumple una labor esencial en la defensa de los derechos humanos en Colombia.

Sr. Presidente, considerando su voluntad anunciada de “desarmar la palabra”, resulta inaceptable que un falso testimonio, del cual presuntamente el Estado colombiano tiene conocimiento desde el año 2008 (año en que apareció uno de los hijos de la referida víctima, la Sra. Mariela Contreras), sea utilizado hoy a fines de desatar una campaña de desprestigio en contra de una organización de defensa de los derechos humanos internacionalmente reconocida, que representó a cinco familias víctimas de la masacre y tramitó el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las llamadas falsas víctimas de Mapiripán, fueron presentadas como víctimas por el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) luego de ser previamente reconocidas como tales por la Fiscalía General de la Nación. No fue el CCAJAR la primera entidad en reconocerlas como víctimas. Además, sobre tres de los núcleos familiares que la mencionada ONG representó no se ha hecho hasta ahora reproche alguno por parte de la Fiscalía.

Por otra parte, estas declaraciones estigmatizantes vienen a cuestionar la legitimidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, tal como lo ha afirmado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su reciente comunicado [2], el Estado colombiano reconoció el 4 de marzo de 2005 su responsabilidad por la masacre de Mapiripán, masacre que fue perpetrada por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá con la colaboración, aquiescencia y/u omisión del Ejército colombiano, además de pedir perdón a los familiares de las víctimas y a la sociedad colombiana. Es importante agregar que por la responsabilidad en la mencionada masacre han sido condenados altos oficiales del Ejército, estando pendiente la investigación y sanción penal de otros generales que también tuvieron responsabilidad en la ocurrencia de la misma.

El propio jefe paramilitar Carlos Castaño confesó públicamente el 29 de septiembre de 1997 que habían asesinado a 49 personas en esa masacre. El hecho de que la mayoría de las víctimas hayan sido descuartizadas y sus restos arrojados al río Guaviare dejó la incertidumbre sobre el número de personas desaparecidas. En ningún momento, esta circunstancia, que fue aprovechada por la Sra. Mariela Contreras y otras posibles falsas víctimas para emitir falsas declaraciones, tanto a la Fiscalía como al CCAJAR y a la CoIDH, puede ser usada con miras a deslegitimar tanto a las organizaciones de defensa de los derechos humanos como al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El hecho de insinuar, tal como lo hizo Usted, que el CCAJAR es una organización corrupta que se financia a costa del Estado, al afirmar que “intereses oscuros, intereses económicos (...) utilizan dicho sistema, hacen burla de él, para lucrarse a costa de los recursos públicos del Estado, que son los recursos de los ciudadanos”, además de ser difamatorio, hace caso omiso del papel que ha tenido el CCAJAR como actor clave en la defensa de los derechos humanos en Colombia, en particular a través de su labor ante el Sistema Interamericano y de la jurisprudencia correspondiente. También tiene Usted claro, Sr. Presidente, que el CCAJAR y sus miembros, no se lucran con la defensa de los derechos humanos. El aporte de las indemnizaciones pactadas con las familias no se destina en ningún caso al beneficio personal de los integrantes del CCAJAR, sino a garantizar la continuidad de su labor como organización no gubernamental y como defensores de derechos humanos, compromiso en el que además, diariamente exponen sus vidas.

Señor Presidente, por todo lo anterior, el Observatorio le solicita a Usted y a más las altas autoridades colombianas que rectifiquen sus declaraciones en contra del CCAJAR, reconociendo que el mismo ha actuado de buena fe y con plena transparencia, y reafirmando la plena vigencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya que en un país donde persiste un conflicto armado y se continúan cometiendo violaciones graves de derechos humanos, éste permite significativos avances para colaborar con el Estado de Colombia promoviendo la justicia y la superación de la impunidad. Además, la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Colombia en su Comunicado al respecto ha manifestado que: “(…) Es legítimo recurrir a los sistemas internacionales y regionales de protección de derechos humanos cuando no se realiza el derecho a la justicia en las jurisdicciones nacionales (…)” [3]

Asimismo le solicitamos que sean tomadas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de todos y cada uno de sus integrantes, que incluyan un nuevo sistema de protección independiente, seguro y efectivo [4]

Adicionalmente, en un contexto de conflicto armado y para la construcción de la paz en Colombia, resulta imprescindible que Usted, en la calidad de Presidente de la República, tome todas las medidas para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, así como la probidad e irreprochabilidad de los funcionarios públicos y los miembros de la Fuerza Pública, de manera que se asegure la no-repetición de los crímenes de lesa-humanidad cometidos con la complicidad del Ejército colombiano. La manera más eficaz de garantizar que un Estado no sea condenado por ninguna instancia, es evitando que sus agentes incurran en violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Sr. Presidente, finalmente esperamos que las autoridades judiciales investiguen estos hechos y establezcan las responsabilidades a las que haya lugar de quienes hayan defraudado al Estado colombiano, pero estas medidas no se pueden convertir en instrumento de represalia contra el CCAJAR que ha logrado seis condenas contra el Estado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y decenas de condenas en la jurisdicción interna. La imparcialidad de tales investigaciones estaría comprometida, cuando Usted y otras altas autoridades, incluyendo el jefe de la Procuraduría General de la República, ya les condenaron ante la opinión pública.

Agradeciendo su atención a la presente y confiando en que su compromiso con los derechos humanos hará que Usted tome las decisiones adecuadas, nos suscribimos de Usted muy respetuosamente.

Souhayr Belhassen Gerald Staberock

Presidenta de la FIDH Secretario General de la OMCT

Notas

[1En julio de 1997, cerca de 80 paramilitares, cuyo jefe mayor era Carlos Castaño, fueron llevados desde la región de Urabá por vía aérea hasta los Llanos Orientales y luego por vía terrestre y fluvial llegaron a Mapiripán, y cometieron allí una masacre que durante 14 años ha avergonzado a Colombia. Permanecieron durante cinco días, del 15 al 20 de julio, en el lugar, sacaron a numerosos habitantes de sus casas, los torturaron, los asesinaron y desaparecieron sus restos arrojando al río Guaviare la mayoría, en un acto de una extrema barbarie conocida internacionalmente.

[4Ver Carta abierta del Observatorio al Presidente de Colombia Sr. Juan Manuel Santos, de 13 de abril de 2011..

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