En dichos hechos, fueron asesinados 11 miembros de una comisión judicial que se desplazó hasta el lugar, con el fin de realizar una diligencia de extinción de dominio en la finca El Alcaraván, ubicada en jurisdicción del municipio de San Martín, Departamento del Meta, que había sido ordenada por la Fiscalía Regional de Oriente dentro del proceso que se seguía en este despacho por el delito de narcotráfico.
Igualmente, la Fiscalía vinculó al coronel (r) Luis Felipe Molano, quien para el día de la masacre fue encargado de la situación por el propio general Uscategui, luego que éste conociera del inminente peligro que se encontraba la Comisión, en la zona donde se encontraba.
Según relatan los sobrevivientes de la masacre, ese día, luego de realizar la diligencia encomendada, y al momento de iniciar su desplazamiento de regreso a la ciudad de Villavicencio, los funcionarios fueron hostigados por un grupo paramilitar de la zona, que provocó, un enfrentamiento que dio como resultado la muerte de tres paramilitares y la captura de dos de ellos.
Sobre estos hechos fueron inmediatamente informados, no sólo, el mayor Juan Carlos Figueroa Escobar, comandante del grupo Gaula del Ejército que estaba encargado de prestar la seguridad a la comisión, sino el propio Comandante de la VII Brigada General Jaime Humberto Uscategui Ramírez, a quien se le solicitó apoyo aéreo – el cual nunca fue efectivo – por intermedio del mayor Diego Mantilla Sanmiguel, encargado del centro de operaciones de la VII Brigada.
Según la Fiscalía, entre las declaraciones y demás medios de prueba que obran en la investigación, se destaca la de Juan Carlos Linero Mora, coordinador encargado de la dirección Regional de Fiscalía de Villavicencio, por la época de los hechos y quien el pasado 18 de marzo de 2011, manifestó que luego de la enterado de la situación, el Coronel Uscategui, “Fue displicente su atención, indico que estaba de salida y que conocía la situación, que se dirigieran ante el coronel Luis Felipe Molano”.
No obstante, Molano, a juicio de Linero Mora, luego que acudieran a él, “se mostró parco y poco colaborador”, razón por la cual se dirigieron a la base de Apiay, luugar en el que les manifestaron “que sin la orden del Comandante del Ejército no se podía mover una aeronave”
La Fiscalía igualmente expone que las declaraciones de Rosa Luz Aldana Rodríguez, así como la de varias víctimas sobrevivientes, coinciden en manifestar la falta de voluntad y apoyo por parte del entonces coronel Uscategui, y por ende del también coronel Luis Felipe Molano, lo que constituye una clara omisión de su deber en la protección de la Comisión.
Por estos hechos, en su debido momento, la Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a Jaime Humberto Uscategui Ramirez, separándolo en forma absoluta de las Fuerzas Militares, (10 de Noviembre de 1999), por hallarlo responsable directo de omisión al no haber prestado el apoyo requerido a la comisión judicial, aún cuando en repetidas ocasiones fue advertido de la inminencia del ataque del grupo paramilitar.
Este caso que cumple catorce años de impunidad, fue reabierto recientemente por parte de la Fiscalía.
Debe recordarse que en el caso de la masacre de Mapiripan, el general Uscategui, fue informado telefónicamente el día 15 de julio de 1997 y por escrito mediante el oficio No. 2919 el día 16 de Julio en horas de la mañana por parte del teniente coronel Hernán Orozco Castro, sobre lo que estaba sucediendo, sin que haya hecho algo para evitar los crímenes cometidos. Por el contrario ordenó que la tropa disponible del Batallón Paris, fuera enviada a otros lugares, Calamar y Puerto Gaitán, con lo cual facilitó el camino a los paramilitares para que éstos pudieran ejecutar el crimen sin dificultad.
Para el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, esta decisión, es un paso más en la lucha contra la impunidad de crímenes de Estado, que se perpetúan en el olvido.
