El Estado colombiano está en la obligación de reparar integralmente a las víctimas de violencia sociopolítica, asignando una indemnización proporcional al daño causado por los crímenes de lesa humanidad cometidos. La reparación integral tiene como objetivo lograr la verdad sobre lo ocurrido, revelar la identidad de los autores materiales e intelectuales para promover la aplicación de justicia a los responsables, resarcir a las víctimas a través de la restitución, la indemnización y la rehabilitación, bajo garantías de no repetición de esos crímenes.

 

El Estado colombiano está en la obligación de reparar integralmente a las víctimas de violencia sociopolítica, asignando una indemnización proporcional al daño causado por los crímenes de lesa humanidad cometidos. La reparación integral tiene como objetivo lograr la verdad sobre lo ocurrido, revelar la identidad de los autores materiales e intelectuales para promover la aplicación de justicia a los responsables, resarcir a las víctimas a través de la restitución, la indemnización y la rehabilitación, bajo garantías de no repetición de esos crímenes.

La reparación integral es por tanto un derecho de las víctimas y un deber del Estado.

Sin embargo, el Gobierno Nacional y algunos de sus voceros han pretendido estigmatizar ese derecho, presentándolo ante la opinión pública como un lucrativo negocio con el cual las víctimas y sus representantes legales intentan despojar al Estado de unos recursos inmerecidos.

Así mismo, se ha querido hacer creer que la reparación de las víctimas se reduce a una simple reparación pecuniaria, con lo que se intenta socavar su legítimo derecho a conocer la verdad sobre los crímenes y sus responsables y a recibir justicia mediante la aplicación de sanciones efectivas y oportunas para los perpetradores tanto intelectuales como materiales.

Dado que el Estado colombiano sólo reconoce su responsabilidad por OMISIÓN en el asesinato del senador Manuel Cepeda Vagas y niega el derecho a reparación integral que le corresponde a toda víctima, Iván Cepeda Castro ha decidido NO ACEPTAR EL MONTO DE LA INDENMIZACIÓN, el cual donará a un fondo que se constituirá para beneficiar a hijos y descendientes de víctimas del genocidio contra la UP, brindándoles educación. Del mismo modo procederá ante cualquier eventual indemnización que ordene la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta decisión, sin embargo, no exime al Estado colombiano de su responsabilidad por acción y omisión ni de su deber de reparar integralmente a las víctimas en el caso del asesinato del senador Cepeda, lo cual se espera que ocurra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha decisión tampoco implica la renuncia a los derechos a verdad y justicia; y que además se constituyen en la esencia de la lucha contra la impunidad que durante los últimos 15 años, y con enormes costos, ha impulsado la familia Cepeda Castro.

Antecedentes:

La sala Cuarta del Consejo de Estado condenó el pasado 10 de diciembre de 2008, al Estado colombiano a indemnizar a la familia del senador de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda Vargas, asesinado el 9 de agosto de 1994.

La condena se impone por omisión al no habérsele brindado las debidas medidas de protección al senador Cepeda, quien se encontraba amenazado y hacía parte de Unión Patriótica -UP-, movimiento político que venía siendo exterminado a través de la denominada.

La sentencia del Consejo de Estado no reconoce la responsabilidad del Estado por acción en el crimen, toda vez que su directa participación ya ha sido demostrada. En 1996 la Fiscalía vinculó a dos suboficiales del Ejército al proceso y a Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-. En octubre de 1997, se profirió resolución de acusación contra Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador, suboficiales activos del Ejército adscritos a la Novena Brigada con sede en Neiva, y contra Carlos Castaño Gil por el delito de homicidio agravado. El 11 de noviembre de 2004, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió absolver al jefe paramilitar, al considerar que su confesión, dada a conocer a través de un libro, no fue oportunamente allegada al proceso. Los dos suboficiales del Ejército pagaron penas de prisión irrisorias y hasta la fecha se desconoce el nombre de los autores intelectuales del crimen.

En marzo de 2007 el Gobierno colombiano admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad de agentes del Estado en el asesinato del dirigente de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas. Este tardío reconocimiento pretendía evitar que caso fuera llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Iván Cepeda Castro afirmó entonces que el litigio continuaría en tanto no se conocieran los nombres de los autores intelectuales de este homicidio y fueran ejemplarmente sancionados.

El Estado colombiano aún no reconoce que sus agentes actuaron en concierto con los grupos paramilitares para asesinar al senador Manuel Cepeda.