En Colombia, hay conflicto armado real y tiene orígenes sociales, expresados en desigualdades, iniquidades, discriminaciones y exclusiones sobre las que se alienta, alimenta y mantiene vigente.
El Estado, desde hace cincuenta años ha creado la ficción de negarlo como estrategia de acción para mantener vivas las acciones ilegales que le permitan controlarlo por fuera de las reglas de la guerra y mantener
de su lado a la población.
El presidente Uribe hace menos de una década, en actitud dictatorial, ordenó borrar el termino conflicto armado, de los documentos oficiales y en cambio colocar que había bandas terroristas – a cambio de grupos insurgentes-que atacaban al Estado y a la Sociedad.
A través de su reiterada intervención en los medios masivos al servicio del capital y del gobierno (RCN y CARACOL), la población quedó notificada de que estaba prohibido el uso del termino y no faltaron agresiones a quienes se atrevían a tratar de
recuperar el concepto.
Los hechos de guerra fueron eliminados del lenguaje noticioso y solo años después de su mandato se volvió a saber por los mismos medios que todo estaba lleno de falsedades, que había una realidad de guerra que nunca cambio.
En el propósito de negar el conflicto el Estado ha recurrido a justificaciones teóricas y practicas de todo tipo. Tratando de ocultar lo que ocurre, el Estado ha creado un mundo falso que ya hace integrado a la estructura política del país, destacándose la
sistematicidad en asesinatos, juicios, testigos, entre otros eufemísticamente denominados: falsos positivos, falsas desmovilizaciones, falsas imputaciones, falsos juicios, falsos montajes judiciales, falsos testigos, falsas pruebas, falsas noticias.
El gobierno actual del presidente Santos y con el apoyo del Congreso cuestionado, mantiene activa la continuidad de la aplicación de las estrategias de guerra preventiva acuñadas por Uribe, procedentes de la política exterior USAmericana de Bush, orientada a declarar terrorista a toda iniciativa contraria a las políticas del régimen.
En Colombia, los indígenas y en especial los del Sur del territorio nacional, hoy padecen los efectos del mundo falso que se pretende colocar sobre ellos para seguir negando su existencia, sus derechos.
Los indígenas hacen parte de la numerosa población marginada, olvidada, que no ha dejado de ser colonizada primero por los Europeos en América hace 500 años, después por los terratenientes y empresarios desde hace 200 años, que mantuvieron vigentes las practicas de sometimiento, castigo y explotación y hoy por el capital en manos de transnacionales que en asocio con empresarios, militares y políticos nacionales sientan a sangre y fuego las bases de la tercera colonización. Ante el llamado a querer vivir en paz, el gobierno ha lanzado su grito de guerra. es claro que su compromiso no es con la vida de la gente común y corriente, si no con el capital que produce muerte y despojo.
A cambio de querer comprender y dar salida en favor de la convivencia sin armas que reclaman indígenas y campesinos, el Estado ofrece profundizar las salidas de la muerte y amenaza con aplicar el código penal a quienes resisten con su voz y su paso firme que retumba en las montañas. La procuraduría anuncia que enviara una
comisión de 15 procuradores, la fiscalía anuncia lo mismo, los congresistas se pronuncian en respaldo al presidente y los tribunales de justicia sentencian sanciones. Que ironía que las voces del Estado a quienes nunca les han importado las masacres, de indígenas, ahora tengan interés porque los indígenas reclaman lo suyo.
El presidente habla con su usual tono de general sin uniforme y al ministro de guerra imputa falsos cargos e invoca derechos y tribunales inexistentes. Ambos hacen lo que mejor saben: Amenazan, infunden temor, provocan miedo, anuncian que interpondrán acciones penales para llevar a juicio a los indígenas responsables de maltrato a sus tropas.
El maltrato consiste en que los indígenas, hombres, mujeres, niños, por miles, salieron a decirle a los soldados que instrumentalizan la muerte que se vayan, que no los quieren, que no son bienvenidos con sus fusiles, sus bombas y sus ansias de venganza. Los que sufren el maltrato son precisamente los indígenas que ya superan 500 años padeciendo humillaciones y asesinatos víctimas de las armas de la
guerra del conflicto armado colombiano.
Sus mujeres han sido violadas,sus hijos amputados, la madre tierra saqueada. Son ellos, los que hoy están anunciando maltrato, los maltratadores de oficio, de formación, es a ellos a quienes se debe poner ante tribunales locales y globales,
es a ellos, a quienes gobiernan desde el aparato del Estado Colombiano a quienes hay que convocar para que respondan por los crímenes históricamente cometidos contra los indígenas de Colombia, que hoy dicen: cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra.
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