Ponencia que será presentada al I Encuentro de intercambio de Experiencias de Integración del DIH en los Círculos académicos” , Cali,
14-15, septiembre 2006.

1. LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 DEL PROTOCOLO II.

La premisa fundamental del título IV del PROTOCOLO II, artículos del 13 al 18, prescribe que la población civil, y más preciso, que los no hostiles o no combatientes gozarán de protección especial contra los peligros procedentes de las operaciones militares; por lo tanto, no pueden ser objeto de ataques siendo prohibidos los actos y/o amenazas de ejercicio de la violencia cuya finalidad principal sea la de aterrorizar. Para efectos de esta Ponencia nos interesan en particular los artículos 14 y 17. [1]

El artículo 14 textualmente prescribe (subrayados uestros): “Queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles. En consecuencia se prohibe atacar, destruir, sustraer, o inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la población, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas y las obras de riego.”

Para efectos de esta Ponencia, destacamos así los contenidos normativos del artículo 14 que más nos interesan: “Queda prohibido como método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles. En consecuencia se prohibe…sustraer…con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la población, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen…”.

Por su parte, el artículo 18, que nos interesa íntegro, prescribe: “No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones ligadas con el conflicto. Si tal desplazamiento tiene que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene y alimentación. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones ligadas con el conflicto”.

Existe, por potra parte, un conjunto de principios en los que se inspira el Derecho de los conflictos armados de carácter no internacional ora expresamente precisados en Convenios ora existentes de modo implícito ora asociados a las costumbres humanitarias de los pueblos. Por su importancia, en este caso nos limitamos a destacar dos: 1. el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, es decir, entre las personas que participan en las hostilidades y las personas que no participan en ellas. Al respecto, cabe destacar que a la condición de no combatientes ingresan los hostiles por razones de caídas en el combate, enfermedad y naufragio;

y 2.el principio de distinción entre objetivos militares y población-bienes civiles. Con precisión el Protocolo II prescribe que los ataques sólo se pueden dirigir contra objetivos militares encontrándose éstos asociados al objetivo de la guerra que sólo es el de derrotar o debilitar al enemigo, primero, capturándolo, segundo, hiriéndolo y, tercero, matándolo.

Al descender de la normatividad prescriptiva del Protocolo II a la tozuda “terrenalidad” colombiana, lo que se logra observar es un cuadro dramático de deshumanización, ilegalidad e inmoralidad: varios millones de colombianos, desenraizados de sus hogares telúricos, deambulan aguantando hambre por todos los rincones del territorio nacional.

¿Las razones? Porque los actores del conflicto armado los forzaron a desplazarse al arrebatarles las zonas agrícolas donde producían su sustento diario. Como para afirmar, la más amplia y aguda crisis humanitaria de nuestra historia nacional con una ya casi incalculable base social. !

Pero, veamos más en detalle el drama en relación con el papel que les ha cabido a los paramilitares en su génesis y evolución y consecuencias.

2. EL PROTOCOLO II- LOS PARAMILITARES- LA EXPROPIACIÓN FÁCTICA DE ZONAS AGRÍCOLAS PRODUCTORAS DEL SUSTENTO FAMILIAR COTIDIANO – EL DESPLAZAMIENTO DE DOS MILLONES DE COLOMBIANOS-LA HAMBRUNA FÍSICA Y TELÚRICO- SIMBÓLICA DE VARIOS MILLONES DE CIUDADANOS Y PROTOCIUDADANOS.

Entre algunos de estos términos del drama existe una relación lógica, sobre todo, la de la más radical violación del Protocolo II, pero, entre ellos se destaca, sobre todo, una relación fáctica, es decir, que el drama nació y se agigantó frente a las narices del Estado (que, al ser también factor de la crisis además que presumiblemente “nuestro” Estado, debe tener la máxima responsabilidad en su solución) y de más de cuarenta millones de colombianos, entre los que algunos, de modo voluntarioso pero vano, se esfuerzan por paliarlo con medidas asociadas a una precaria Cultura de lo social, la caridad y el asistencialismo. Y los responsables del drama han sido los actores del conflicto armado, en este caso, los paramilitares en particular.

Digamos para empezar, que en la relación paramilitares- apalancamiento militar del Estado-población campesina desplazada lo que ha sido inhumano e inmoral no han sido simplemente los discursos de las Auc, justificativos de un accionar militar subsidiario del Estado, si no, sobre todo y ante todo, sus conductas efectivas abiertamente violatorias del Protocolo II y contrarias a toda moral, no digamos ya cristiana, si no en general humana.

En una sociedad como la nuestra que ha llegado a unos grados de “permisibilidades políticas, legales y morales” que opacan su capacidad de racionalidad, de reflexión analítica y de moral, ya no me atrevería a caracterizar ahora esas conductas como ilegítimas. Lo central consistió en que esas conductas, legítimas para muchos por la ayuda militar prestada al Estado en su lucha contra las guerrillas, marcharon por todo el país corriendo alambradas hasta concentrar en manos de los jefes paras inmensas extensiones de tierras arrebatadas a los campesinos pobres y medianos.

Cierto es que no todos los campesinos desplazados eran propietarios de tierras, pero se puede presumir que, en elevada proporción, poseían una parcela agrícola familiar. Precisamente para impedir un censo al respecto, en muchas poblaciones con una masa crítica sobre la materia, han saqueado y hasta incendiado las oficinas de Instrumentos públicos.

De todas maneras, la masa de desplazados encontraba su subsistencia diaria en la explotación de una zona agrícola, propia o arrendada, y/o en la venta de su fuerza de trabajo en el mercado rural laboral. Y algo quizá tan importante como su reproducción material, su reproducción simbólica: a todos ellos les expropiaron de modo violento su centenaria cultura telúrica para expulsarlos a unos espacios urbanos, hostiles y agresivos, donde han tenido que mendigar una simple mirada o apalancarse en las meras promesas o, como último recurso, recoger las migajas caídas de la mesa de la institucionalidad limosnera.

Por otra parte, tampoco se vinieron del campo huyendo del conflicto armado, al fin y al cabo desde hacía ya tres décadas lo habían venido sufriendo, si no que los obligaron a emigrar. Variadas las razones de este desplazamiento forzado, en lo básico, pueden condensarse en tres: o porque no colaboraban con ellos o porque, en la práctica, los asumieron como “sospechosos” porque habitaban zonas donde las guerrillas habían conformado un anterior gobierno informal guerrillero o simplemente porque los jefes paras venían acumulando tierras constituyéndose ellos en un escollo para ampliar los linderos.

Aunque la información estadística sobre el desplazamiento forzado es muy variable e imprecisa, ha sido CODHES, por su condición de organización especializada en el tema, la organización que ha manejado las cifras más confiables. Para el año 2005, usando metodologías técnicas ya probadas, calculaba que, acumulados, en Colombia había dos millones de desplazados. [2]

3. DESVANECIDAS, LAS MASAS QUE HUYEN CONTRIBUYEN A LA EVAPORACIÓN DE LO SOCIAL

Despojados de sus parcelas y desenraizados de su cultura telúrica, los desplazados se encuentran disociados de toda forma protectora de poder institucional. La guerra con sus perversas consecuencias los ha recolocado en una especie de estado presocial- es eso lo que podría entenderse por la disolución de su tejido social- en el que “solos y solitarios”, “insólidos y aguados” hasta la autoridad familiar les ha hecho crisis aunque, aparentemente “unidos”, huyan por todos los vericuetos de la geografía nacional procurando “trasladar” su ancestral cultura, cada día más babosa, fugitiva y descompuesta.

Para condensar digamos que in vitro y como amarga experiencia de una sociedad guerrera y hasta casi inmune frente a los perversos efectos de una guerra de nunca acabar, ese desplazamiento en masa de campesinos es la ilustración más gráfica de “la sociedad ilíquida” de la que nos hablara el sociólogo Baumant [3]: aquella sociedad de la que sólo van quedando las apariencias, pues la fractura de los nexos sociales la ha desbaratado.

Al estar aconteciendo ello así y, por lo tanto, al haberle perdido el miedo a la hambruna física y simbólica de un colectivo de dos millones de compatriotas no ciudadanos; al haberle perdido el miedo hasta a la misma muerte, Colombia se encontraría a las puertas de su propia sepultura a no ser por el aire vívido que le insufla la más vital e histórica pluralidad de culturas. Como para intentar salvarnos retornando, en la línea de Fals Borda, a nuestros orígenes de mestizos, negros e indígenas.

Ha sido así como la relación víctimas-victimarios ha fraguado una relación de poder elevadamente asimétrica a favor de los segundos quienes, poderosos y prepotentes, en la etapa postSanta Fe del Ralito en medio de aplausos sociales ingresaron a la institucionalidad en contraste con los primeros, re-víctimas hasta de su propia impotencia. Contrastante situación ésta con la ostentación faraónica desplegada por las tres docenas de exjefes paramilitares en suntuosas tabernas y en costosos Centros comerciales a plena luz del día y en las narices mismas del autoproclamado gobierno de “la ley, la autoridad y el orden”.

Como escribió Alfredo Mantilla en “El Colombiano”, “La semana pasada cuando varias publicaciones hicieron referencia al estilo de vida que estaban llevando varios jefes paramilitares, sentí un enorme pesar por nuestro país…*es la forma de salvar el proceso*, es la manida frase con la que el gobierno justifica la genuflexión de la institucionalidad ante la desfachatez de estos barones modernos del narcotráfico y el terror.

Mientras esa chanfainita se pone de ruana al país miles y miles e desplazados tiene que conformarse o con la indiferencia o con las promesas o con las harinas de pan y de buena voluntad”. [4]

La situación llegó a tal extremo que el Presidente Uribe, acostumbrado a pasar por alto la parte perversa de su Estrategia de Seguridad democrática, los paró en seco amenazándolos con extraditarlos a los Estados Unidos si en una cantidad de horas no precisadas no se concentraban en unas prisiones “seguras, dignas pero adustas”. Fue ésta una decisión determinada por la desfachatez en si misma, por el escándalo interno que empezaba a tomar forma, pero, sobre todo y ante todo, por las críticas formuladas por el gobierno de los Estados Unidos.

4. EL DESPLAZAMIENTO COMO UN CAPÍTULO CENTRAL DE LA HISTORIA DEL CONFLICTO ARMADO

En lo metodológico, es decir como forma de diálogo con él, este desplazamiento masivo de campesinos no puede desarticularse de la situación del conflicto armado en su etapa actual, ni mucho menos de su propia historia, vale decir, de las razones que lo forzaron ni de las consecuencias que generó. Intentemos, por lo tanto, ubicar el conflicto armado en un punto, por lo menos, pertinente y relativamente representativo de su actual estado. Por economía de tiempo, me limitaré a fijar en grandes tesis, o mejor, hipótesis, el disco duro del asunto.

En contraste con lo que en un principio, como publicidad sicosocial, se anunció- que en 18 meses las guerrillas serían derrotadas o, por lo menos, colocadas en una situación militar de casi obligada capitulación- hasta este 2006 no ha sucedido ni lo uno ni lo otro.

Esto no obstante, la promesa surtió importantes efectos en dos direcciones destacadas: en primer lugar cohesionó, más emocional que racionalmente, al 60%, no digamos de colombianos pero sí de votantes, alrededor de la Estrategia de Seguridad democrática, porcentaje que se afinó en el caso de la reelección; y en segundo lugar, produjo algunos efectos militares importantes.

En primer lugar, le entrabó a las Farc el desarrollo de una Estrategia de mediano plazo que, desde 1980, tenía como objetivo específico blindar a Bogotá con un sitio militar y reiterados acosos armados. Y en segundo lugar, las obligó a salirse de muchos cascos urbanos, así como de algunas carreteras centrales.

Pero, las Farc, con una flexibilidad que jamás han evidenciado en materia política, más temprano que tarde militarmente se adecuaron a la nueva situación de un Estado que, por primera vez en cuatro décadas, ponía en acción una Estrategia ofensiva de guerra.

En nuestro concepto, es por ahí por donde se debe examinar su repunte militar en el último año. En resumen, podríamos decir que la Estrategia de Seguridad democrática, además de imprimir la fotografía del presidente en muchos corazones y no obstante algunos de sus irreales objetivos militares, en la práctica sí funcionó como una Estrategia de contención del crecimiento militar de las guerrillas, incluido el Eln, que durante el gobierno de Uribe, en lo militar se quedó muy aprisionado entre las dinámicas del Estado y las Farc.

Esto no obstante, en relación con otro efecto perverso de la guerra, el del deterioro progresivo del poder socio-territorial del Estado, puede decirse que, a este respecto, la situación es ahora más crítica que hace cuatro años cuando Uribe inició su primer gobierno.

En el 2002, las Farc, tras los golpes que les dieron las AUC cuando las desalojaron de algunos de sus más clásicos santuarios, de Puerto Boyacá y del Urabá antioqueño, por ejemplo, habían vuelto a fortalecer su territorialidad bélica. Ahora en el 2006, tras el rotundo fracaso del esfuerzo sistemático del gobierno por golpearlas con el Plan Patriota en el disco duro de su dominio territorial, puede decirse que continúan siendo una fuerza político militar anti-estatalmente fuerte en varias regiones del país.

Y la situación se ha agravado por la vía de los paramilitares. Terminados los arreglos del Caguán, el paramilitarismo como dominio socioterritorial en vez de desvanecerse se reprodujo en muchas regiones del país, sobre todo a escala de la institucionalidad municipal local. Los ejemplos sobran en los departamentos de la Costa Atlántica, norte del Valle del Cauca, norte de Caldas…etc.

Pero, si el gobierno de Pastrana marcó el tiempo de las Farc, el de Uribe, para bien o para mal, ha marcado el tiempo de los paramilitares. A este respecto urge más claridad y precisión para señalar que ni toda la sociedad ni el Estado como un todo ni los militases como institución han sido pro-paramilitares. Sin embargo, hubo aplausos sociales, quizá en la intimidad, implícita tolerancia estatal y ayuda militar efectiva por parte de algunos sectores de las Fuerzas Armadas cuando las Auc, lideradas por el asesinado Carlos Castaño, lanzaron una Estrategia militar ofensiva orientada a desalojar territorialmente a las Farc y al Eln de sus más clásicos santuarios.

Importante resulta ahora recolocar este referente empírico para una más adecuada inteligencia del carácter del evento de Santa Fe del Ralito, así como de su evolución, dinámicas y consecuencias. Es cierto que las Auc fueron a Santa Fe del Ralito sin haber sido militarmente derrotadas; pero ¿quién las iba a derrotar si ellas jamás confrontaron al Estado?

Por otra parte, podría aceptarse su afirmación de que de modo voluntario se sentaron a esa Mesa si no hubiese múltiples indicaciones fácticas que señalan que prefirieron dejar parcialmente las armas a ser extraditados a los Estados Unidos. Esto no obstante, los jefes paras sabían que más temprano que tarde el Estado tendría que empezar a pagarles esa inmensa deuda de “colegaje militar”.

Si existe un importante colectivo humano al que ni real ni simbólicamente ha llegado como efecto positivo la Seguridad democrática, ha sido a éste de los desplazados. Aún más. Al margen de la discusión sobre el comportamiento del fenómeno en los últimos cuatro años, la lógica señala que la re-guerra y el mayor deterioro del poder socio-territorial del Estado no han podido si no reforzar el fenómeno.

Iniciado el segundo gobierno de Uribe, éste ha ido silenciando el discurso de la no existencia en Colombia de un conflicto armado; ha disciplinado la belicosidad discursiva guerrerista; ha tanteado entradas opcionales a los Acuerdos humanitarios, pero todo ello en la medida, como lo puso muy en claro en el disminuido y casi telegráfico discurso de posesión, que nada de lo que haga en materia de construcción de paz, irá en detrimento de la “calidad” de la Estrategia de Seguridad democrática a la que aprecia y evalúa como altamente positiva.

De todas maneras, la primera prioridad del gobierno parecer ser la de disciplinar el proceso de arreglos con los paramilitares buscando una relación, menos desproporcionada, entre “concesionabilidad” y “reparaciones”, entre las necesarias concesiones y cierto nivel de reparaciones que ponga a funcionar el imaginario colectivo de que éstas se están haciendo realidad.

La amenaza de la extradición será el dispositivo que le permitirá regular el proceso. Más que exigencias internas, aunque éstas también han empezado a pesar, hacia allá lo empujaron un temor y un miedo, el temor a las críticas norteamericanas, y el miedo a la Corte Penal Internacional.

Pero, si el desplazamiento es inseparable del estado actual del conflicto armado, también lo es de su propia historia. Al margen de sus alcances, los arreglos del gobierno con los paramilitares será un proceso mutilado e inconcluso e inhumano si se realiza al margen de la propia historia de las víctimas.

Si se realiza al margen de esas manos de hombres curtidos que ahora, solitarias, se alzan en las ciudades casi que plañendo compasión, pero que desean retornar a sus raíces telúricas a cultivar la parcela arrebatada. Pero, para que ese retorno sea humano, debe estar acompañado de medidas, por lo menos, proporcionales al daño causado. Si se realiza al margen de esas manos de madre, cariñosas y cenicientas, que ahora, en una triste calle, acolchonan a los hijos mojados de frío, pero que anhelan regresar al rancho con el fogón y la cama marital como espacios vitales.

Pero, para que ese retorno sea humano, les tienen que regresar la vivienda incendiada. Si se realiza al margen de esas manos de niño, inocentes y huesudas, que ahora le sirven de almohada en una cruel cama de cemento, pero que añoran el tablero de la escuela de la vereda donde garabateaban el abecé.

Pero, para que ese retorno sea humano, les tienen que regresar la escuela y el maestro y la canchita de fútbol. Y finalmente, ese proceso de arreglos será un proceso mutilado e inconcluso si se realiza al margen de esas manos de niña campesina, tímidas e inocentes, que ahora se ven obligadas manosear los más libidinosos e inmundos cuerpos inertes, pero que añoran el rinconcito del naranjo donde se trepaban a pergeñar las primeras cartas de amor campesino. Pero, para que ese retorno sea humano, les tienen que regresar lo imposible, la inocencia perdida.

En resumen, en la actual fase de los arreglos Gobierno-Auc, la del inicio de la aplicación de la ya plurifrontal ley de Justicia y Paz, un derecho estratégico e irrenunciable se coloca a la orden del día para los desplazados: el de que, en proporción al daño causado, se los restaure en la anterior situación. Esta, con enormes dificultades y escollos, en lo económico podría llegar a ser asimilable al anterior estado material, pero en lo social y cultural, con seguridad de que se quedará enormemente rezagada. De todas maneras, en esa dirección la primera condición que, al mismo tiempo, es el primer gran escollo, lo constituye el espinoso y complejo asunto del estableciendo de la verdad.

5. EL ESPINOSO Y COMPLEJO ASUNTO DE LA VERDAD

Sin el establecimiento de la verdad y una reparación satisfactoria proporcional al daño causado, en ese frente, el de los campesinos desplazados, dificultosamente se podrá asentar una paz más o menos estable. Quizá en la coyuntura se logre un desarme aparente, aunque al respecto sobreviven muchas dudas, que circunstancialmente se traduzca en una disminución de víctimas por ataques, por heridos, por muertos, por arrebatos de fincas y hasta por desplazados.

Se tratará, entonces, de una pacificación circunstancial que, de cara a la posibilidad de una reproducción más o menos rápida de un paramilitarismo de segunda generación, no proporcionará las bases objetivas necesarias para jalonar procesos y dinámicas de construcción de paz positiva. Como ave fénix, entonces, más temprano que tarde los fusiles y las llamas resurgirán de entre las cenizas de una sociedad de nuevo engañada.

Y esto conviene recalcarlo como contexto porque en los últimos treinta años la historia de esta sociedad ha sido una historia de engaños, lo que ha jugado siempre en contra de la posibilidad de establecer la “verdad”.

En cada fase importante de las últimas violencias, con la colaboración de uno u otro de poderosos poderes establecidos, a la sociedad colombiana la han blindado de mentiras, de silencios, de falsos distractores y de tortuosas racionalizaciones, todo ello potenciado por los Medios de Comunicación con muy eficaces efectos de verdad, buscándose así bajar la guardia de la sociedad en procura precisamente de impedir el establecimiento de la “verdad”.

Al haber ocurrido de este modo, “ésta” nunca ha aflorado en la circunstancia misma de los hechos, si no que sólo con el tiempo ha empezado a medio establecerse. Así aconteció con la violencia interpartidista de mediados del siglo XX con más de doscientos mil muertos y miles y miles de desplazados con sus fincas arrebatadas. Y cuando en los inicios de 1960 se conoció un estudio descriptivo académico, el de “La Violencia en Colombia”, que arrojaba las primeras luces sobre la tragedia, poderosos intereses lo ideologizaron y lo impugnaron como obra de “comunistas”. Sobre la década de la mafia, la del 80, así como sobre la de los paras, la del 90, en la actualidad existe un continente de ignorancia frente a una islita de conocimiento

. ¿Acaecerá algo similar, con la década del 2000, la de Santa Fe del Ralito y la de los jefes paras reinsertados? Existe alguna esperanza que ahora no acontezca lo mismo pues, al iniciarse este siglo XXI, el país se ha “desparroquializado” un poco no por mérito propio sino, más bien, gracias a la globalización. Por estos días, la Corte Penal Internacional, así como los intelectuales y la academia mundiales tienen a Colombia bajo su mira.

Hace unas pocas semanas un estudiante de la Universidad del Valle me escribió en unos de sus trabajos finales: “Cuando la verdad sea toda la verdad, será posible una verdadera justicia restaurativa, así como una genuina reparación”.

Claro que ni siquiera en el campo de las ciencias, que tienen por objeto el conocimiento de lo real, es posible “toda la verdad”. Las ciencias, incluidas las naturales, no parten de la realidad sino, más bien, de objetos o problemas abstraídos de la realidad mediante una conceptualización adecuada y rigurosa.

Así, pues, que los resultados del conocimiento científico son siempre aproximaciones a la realidad. Quizá la ciencia sea la forma más elevada de aproximación al conocimiento de la realidad, pero siempre será eso, una aproximación. Las representaciones e imaginarios, individuales y colectivos, son otro camino de aproximación a la realidad, pero son formas subjetivas de interpretación de lo real.

Es por esta vía por donde se construye “mi verdad”, “la verdad de cada uno” cuya importancia radica en su elevada eficacia en la determinación de las actitudes y conductas efectivas de los seres humanos concretos.

En el caso que nos ocupa, el del establecimiento de la “verdad” para en función de ella establecer el carácter y los alcances de la reparación, ojala, por lo menos, se logre esa aproximación a la realidad de los hechos característica del conocimiento científico. En este caso, “la verdad subjetiva de cada uno” se encontrará siempre más acá o más allá de esa aproximación pero, por metodología pedagógica, debemos partir siempre de “la verdad subjetiva de cada quien”, de la verdad experimental vital de cada desplazado buscando los ajustes de las expectativas de reparación con las “verdades” establecidas por otras vías, la “verdad” académica como referente importante, la “verdad” judicial que ha pasado ya a la condición de cosa juzgada , la verdad testimonial, la verdad de los victimarios.

6. CONCLUSIONES INCONCLUSAS

Con toda seguridad el proceso de establecimiento de la verdad “- de aquella que surgirá del contraste crítico de muchas y muy variadas “verdades” y, por lo tanto, el proceso de reparaciones, serán procesos que irán mucho más allá de la “verdad judicial” establecida por los fiscales.

Por ahora recordemos el profundo desequilibrio de poder en que se encuentran victimarios y víctimas, los primeros, prepotentes y soberbios y con fuertes entronques en uno u otro poder establecido, los segundos, en cambio, que “nada pueden”, ni siquiera frente a su radical impotencia.

De todas maneras, en el establecimiento de “la verdad judicial”, el grado de sinceridad, por las razones que sean, de las confesiones de los victimarios, cumplirá un importante papel. Sin embargo, el pesimismo nos invade cuando escuchamos al propio Presidente precisando que considera innecesaria la confesión plena para cumplir con el requisito de verdad exigido en la ley 975 del 2005 y ratificado por la Corte Constitucional. [5]

Y a mediano plazo, el horizonte de una reparación adecuada se torna oscuro al conocerse cómo el Ministro de Agricultura, Felipe Arias, al presentar al Congreso un proyecto de Ley rural, en el capítulo sobre clarificación de la propiedad y deslinde de tierras rebaja a cinco años el tiempo necesario para que una finca ocupada acceda a la prescripción adquisitiva. [6]

Es decir, la formalización legal de las tierras arrebatadas. De todas maneras, se recupera un cierto grado de optimismo realista cuando se sabe que en este mundo de la globalización y del globalismo la impunidad total es una imposibilidad. Tanto moral como jurídica y sociopolítica. Conocedores de esta situación, los ex-jefes paras, algunos de ellos ya muertos y otros silenciados en un marco de nuevas relaciones de poder, presionan por unos decretos reglamentarios blandos ajustados a sus conveniencias. Aunque aparentando democracia [7], el extenso decreto reglamentario estuvo por apenas cinco días en una página Web del gobierno en espera de comentarios ciudadanos, sólo lo conocimos cuando ya había sido formalizado.

Habrá que ver por dónde se deslizaron los esguinces. Por ahora tenemos la advertencia central del gobierno que, a escala internacional, con más loas ha atenazado al presidente Uribe. Por esos días el Embajador norteamericano, William Word, conformó una Comisión para que con lupa leyera entre líneas ese decreto reglamentario de la ley de Justicia y Paz siendo precisa la conclusión: la reglamentación, le señalaron,le abría la puerta a una especie de indulto jurídico.

Por su parte, la OEA, organización que estuvo comprometida en el seguimiento y verificación de las dinámicas desatadas en Santa Fe del Ralito, por razones muy variadas, entre las que se destaca la falta de previos soportes legales como de un claro referente jurídico político, ha cuestionado por estos días la viabilidad a mediano plazo de ese proceso.

Entonces, frente a la aplicación de la ley de Justicia y Paz urge la creación de una “Comisión de la Verdad” en la que la “Oficina de las Naciones Unidas para el Desplazamiento”, la Academia nacional e internacional, los Medios de Comunicación independientes y CODHES, como organización dedicada a diseñar Estrategias de protección de los derechos humanos de los desplazados, ocupando un lugar central, hagan el acompañamiento debido más allá del establecimiento de la verdad judicial.

Este acto podría ser el embrión de una Comisión que, como aconteció en Guatemala, emprenda la dificultosa pero necesaria tarea de la recuperación de la memoria y la experiencia históricas de las víctimas. Pasada la etapa de la “verdad judicial”, empezarán aparecer por decenas de miles las víctimas sin su experiencia judicializada, o, con soluciones judiciales muy rezagadas en relación con el mal causado.

Recordemos que en Guatemala fueron incontables las victimas que en la etapa postconflicto armado se acercaron a la Comisión para decirle: “El gobierno y la guerrilla ya van a firmar la paz…¿Pero, qué pasa entonces con todo el daño y fracturas a nuestras Comunidades?”. [8]

 

 

Notas