No deja de ser preocupante la noticia de la salida del país luego de 3 años, del delegado de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un país con un conflicto interno de vieja data como lo es Colombia.Ante esta situación, las organizaciones sociales, políticas, de derechos humamos y de víctimas de crímenes de Estado, son las llamadas además de realizar un balance de su gestión, a hacer una serie de consideraciones y propuestas que no se deben dejar pasar por alto.

Como primer punto es necesario reconocer las afirmaciones que realizó dicha oficina sobre la existencia de un conflicto político, social y armado en el país, traducido de la lectura de la totalidad de los informes que ha rendido sobre la situación de Colombia a partir del año 1997, así como las aseveraciones realizadas sobre la grave, permanente y sistemática violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario a lo largo y ancho del territorio nacional.

Igualmente no hay que olvidar sus diversas manifestaciones en las que reconoció relaciones inocultables entre agentes del Estado y el paramilitarismo, y sus pronunciamientos sobre las carencias de la llamada ley de “justicia y paz”, con lo cual admitió implícitamente la existencia de un problema innegable de administración de justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad

Así mismo, no hay que dejar pasar por alto, que se llegó a un acuerdo con el gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez en el que se convino realizar un trabajo con dicha oficina por un término de 4 años, el cual se vence en octubre del presente año, sin que hasta la fecha se haya debatido el mandato del mismo.

Para nosotros es claro que un criterio de la oficina del Alto Comisonado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para el logro de su normal funcionamiento es que cumpla por lo menos los siguientes requisitos, que exista un mandato adecuado a la realidad de violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, lo que implica tener capacidad para observar, acompañar, difundir, asesorar y recomendar; tener el personal calificado y suficiente en el país; poseer los recursos económicos y de infraestructura y, por sobre todo, la voluntad política para cumplir sus funciones durante un periodo determinado.

Por tanto y como segundo punto, es necesario exigir antes de la partida del Alto Comisionado, que se garantice la presentación, ante la comunidad nacional e internacional, del informe sobre la situación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario sobre Colombia, correspondiente al año inmediatamente anterior, por parte de Frulinhg; solicitar la continuidad de los miembros del equipo de la oficina del Alto Comisionado en Colombia y en tercer lugar, requerir que tanto su nuevo encargado, la doctora Carmén Rosa Villa, como el nuevo funcionario designado cumplan con la misma eficiencia, claridad y contundencia su trabajo, como lo venía haciendo éste.

Dicho informe debe ser lo suficientemente conocido y sobre todo debatido con las delegaciones diplomáticas de los países miembros de la Unión Europea, de la Comisión de DH de la ONU y en general con las delegaciones de los países miembros de la misma. No hay que olvidar en este punto que la salida de Michael Fruhling, al ser llamado a ocupar el cargo de Coordinador de Gestión, Administración y Planificación de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas implica a nuestro modo de ver, tener un aliado más, muy calificado, en las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la próxima reunión en Ginebra- Suiza.

Así las cosas, es evidente que la declaración política y conjunta que la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos ha elaborado con miras a la próxima reunión de la Comisión de derechos Humanos de las Naciones Unidas, debe ser ampliamente conocida para que de esta forma, las peticiones realizadas en la misma sean acogidas e implementadas tanto por el presidente como por dicha comisión.

No sobra mencionar en este espacio, que creemos que las tergiversaciones que algunos funcionarios del gobierno vienen realizando sobre la salida de Frulingh, en la que plantean que fue por presiones del gobierno, no corresponden a la realidad.