La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU), expresó hoy en una comunicación dirigida a la Corte Suprema de Justicia su preocupación por la ausencia de imparcialidad e independencia en que se encuentran los actuales candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación para investigar y llevar ante la justicia a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos en el país, y especialmente a las miles de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Colombia.

 

 

Asunto en el cual la sociedad colombiana y la comunidad internacional sigue esperando medidas concretas y eficaces para superar este capítulo de horror de la historia reciente nacional.

En su comunicación a la Honorable Corte Suprema de Justicia la CCEEU expresó que la falta de formación y experiencia en materia penal de los tres candidatos debería ser suficiente para invalidar la terna, dado que el fuero especial de una vasta cantidad de funcionarios estatales exige que muchas
investigaciones sean conducidas directamente por el Fiscal General de la Nación.

Dada la magnitud, complejidad y gravedad de los casos que como las ejecuciones extrajudiciales masivas, los cohechos y prebendas ilegales con los cuales se modificó la constitución nacional a favor de intereses particulares concretos (yidispolítica), los crímenes de gran impacto como los de la parapolítica y la captura mafiosa del Estado, y el acoso y la persecución por parte de la agencia presidencial de inteligencia DAS a magistrados, opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos en los cuales están implicados funcionarios y líderes políticos con altísimos niveles de responsabilidad en la dirección del Estado, hacen mucho más apremiante la necesidad de que el nuevo Fiscal reúna las condiciones de una amplia formación y experiencia en el ámbito del derecho penal, pues en muchas de estas tareas tendrá que enfrentarse directamente y sin posibilidad de delegar, no sólo con altos funcionarios estatales con fuero sino también con sujetos procesales y personeros de la defensa que en la mayor parte de los casos son los más cualificados voceros y operadores del derecho penal en el país, y tendrá que hacerlo atendiendo las condiciones de inmediatez e intervención oportuna que demandan las disposiciones del juicio oral y de los procedimientos del sistema acusatorio.

La CCEEU además expresó su preocupación con la falta de independencia y autonomía para investigar los casos de ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos que se deducen de las actuaciones precedentes y vinculaciones de los actuales candidatos a ocupar cargo de Fiscal General han tenido con hechos y decisiones que han favorecido la comisión o la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales en el país.

La autoría de la Directiva 029 de 2005 mientras se desempeñó como Ministro de Defensa y su ocultamiento por varios años de una norma que al remunerar la presentación de bajas por parte de la Fuerza Pública condujo a una expansión de la práctica de los denominados “falsos positivos” constituyen
según la CCEEU un impedimento moral y legal del candidato a Fiscal Camilo Ospina para poder investigar crímenes que se masificaron con base en dichos incentivos.

La subordinación de la candidata Margarita Cabello Blanco al actual Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez es vista como un riesgo de que las prácticas que la Procuraduría ha llevado a cabo bajo su dirección y que le han restado eficacia a las actuaciones disciplinarias y en materia penal de la
Procuraduría en los casos donde hay miembros de la Fuerza Pública implicados, se traslade ahora a la Fiscalía, si fuera seleccionada dicha candidata del Procurador. Además el hecho de que su hermana María
Elvira Cabello, -hoy cónsul colombiana en Caracas-, haya estado postulada al Senado de la República como segunda en la lista del ex Senador Mauricio Pimiento, en la campaña del 2002 y por el cual fue condenado ya a 7 años el ex congresista Pimiento Barrera luego de comprobarse que dicha lista no sólo
obtuvo su votación mediante constreñimiento a los electores por parte de paramilitares sino que se benefició de la repartición electoral que hizo el jefe paramilitar ‘Jorge 40′, en el departamento del Cesar, debilita la imparcialidad de la Señora Cabello Blanco pues muchos de los crímenes y ejecuciones que
deberá investigar fueron cometidos por paramilitares que apoyaron con su coacción armada la lista al Senado en la que aparecía su hermana en el segundo renglón.

En cuanto al Magistrado Marco Antonio Velilla (candidato impulsado según los medios de comunicación por el Ministro de Interior, Fabio Valencia Cossio) los cuestionamientos a su independencia para impulsar las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales se funda en antecedentes de sus fallos en los cuales ha favorecido pretensiones de estamentos militares que han actuado en contra de los enormes esfuerzos que se han hecho para que sea la justicia ordinaria quien se ocupe de la investigación de graves violaciones a
los derechos humanos. En su más reciente fallo sobre el tema, actuando como magistrado de la Sala Primera del Consejo de Estado el Magistrado Velilla admitió la demanda y ordenó la suspensión provisional del Convenio entre la Fiscalía General y el Ministerio de Defensa que buscaba que fuera la
Fiscalía quien adelantara las primeras diligencias cuando se presentaran casos de presuntos homicidios de personas protegidas por parte de miembros de la Fuerza Pública, y que fueran los técnicos del CTI quienes
practicaran las pruebas técnicas que permitieran decidir si el caso seguía en la justicia ordinaria o debía remitirse a la justicia castrense.

La suspensión de dicho fallo desmonta la que era la principal salvaguardia
que el Estado colombiano había establecido para tratar de solucionar el problema de las ejecuciones extrajudiciales y su desmonte vuelve a poner en riesgo a las potenciales víctimas de estos delitos pues la
ausencia de funcionarios independientes e imparciales se ha prestado para desviar las investigaciones y encubrir la responsabilidad de agentes estatales en este tipo de delitos.

Por las razones anteriores, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos le pidió a la Corte Suprema de Justicia que reconsidere la viabilidad de los integrantes de la terna de candidatos a Fiscal General de la Nación, y exija la postulación de una nueva terna renovada íntegramente y que cumpla con
los requisitos: amplia formación y experiencia en el ámbito del derecho penal y de imparcialidad e independencia que requiere la superación de la impunidad en que permanecen las ejecuciones extrajudiciales, al igual que crímenes masivos y de gran impacto que caracterizan la grave crisis humanitaria y de derechos humanos en el país.