Doce organizaciones de derechos humanos, no gubernamentales y religiosas, internacionales, le expresaron al gobierno nacional, su profunda preocupación por la escalada de amenazas y ataques en contra de defensores de derechos humanos en Colombia.

 

 

 

Las organizaciones internaciones entre las que se cuenta Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Center for International Policy, International Crisis Group, Jesuit Refugee Service/USA, Latin America Working Group, le hacen un llamado al gobierno Colombiano para que “tome medidas urgentes en cuanto a investigar y judicializar aquellos responsables por esta nueva ola de amenazas, para que proteja los defensores en riesgo, y reconozca la legitimidad del trabajo que los defensores de derechos humanos hacen”

A juicio de estas organizaciones, las autoridades colombianas raramente investigan dichas amenazas o judicializan los responsables. Por tanto le exigen al gobierno que “haga de la investigación y judicialización de los responsables de las amenazas una prioridad”

De la misma manera resaltan que el Congreso Estadounidense incluyó el año pasado una nueva condición a la asistencia dirigida hacia Colombia que habla específicamente de la protección a los defensores de derechos humanos.

Transcribimos a continuación la totalidad del comunicado.

 

 

Llamado a la Acción en Contra de la Escalada de Amenazas
y Ataques en Colombia

 

El 24 de mayo 2010

Las organizaciones de derechos humanos, no-gubernamentales y religiosas aquí firmantes estamos profundamente preocupadas con la escalada de amenazas y ataques en contra de defensores de derechos humanos en Colombia. Le hacemos un llamado al gobierno Colombiano para que tome medidas urgentes en cuanto a investigar y judicializar aquellos responsables por esta nueva ola de amenazas, para que proteja los defensores en riesgo, y reconozca la legitimidad del trabajo que los defensores de derechos humanos hacen, trabajo que es esencial para la construcción de una sociedad democrática.

Sólo para citar algunos ejemplos, el 10 de abril, el grupo “Los Rastrojos Comandos Urbanos” emitió una amenaza en contra de más de 60 organizaciones de derechos humanos, personas y organizaciones internacionales, entre las que se encuentran: CODHES, AFRODES, MINGA, MOVICE, Fundación Nuevo Arco Iris, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ACNUR, CCAJAR, la Diócesis de Tumaco y varios líderes Afro-Colombianos y de comunidades desplazadas. Este mismo grupo publicó una segunda amenaza el 18 de mayo, en la que ratifica la amenaza en contra de las organizaciones nombradas en el anterior comunicado, e incluye nuevos nombres. A mediados de abril sugieron una serie de amenazas en contra del Padre Jesuita Javier Giraldo, quien maneja la base de datos de derechos humanos del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, organización ubicada en Bogotá. Las amenazas se hicieron evidentes en varios graffitis en las paredes de la organización y otros edificios de la capital, en los que se leía “En contra del Cura”, y “Javier Giraldo= Muerte”. Este graffiti también incluía una amenaza en contra de la organización religiosa Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP). El 14 de mayo, la organización estadounidense Oficina de Washington para América Latina (WOLA) recibió a través de un correo eléctronico una amenaza proveniente supuestamente del grupo paramilitar las Aguilas Negras. La amenaza estaba dirigida en contra de más de 80 organizaciones de derechos humanos, líderes Afro-Colombianos, Indígenas, organizaciones de desplazados, sindicatos, individuos y WOLA.

Estas amenazas deben ser tomadas en serio, en parte por que tiene un efecto desestabilizante y sirven como estrategia de terror coartándo el derecho de expresión y asociación, y también porque frecuentemente están seguidas de ataques y asesinatos. En el 2009, la organización no-gubernamental Somos Defensores registró 125 casos de amenazas en contra de defensores de derechos humanos, la misma organización reportó que de estas 125 amenazas, 32 resultaron en asesinatos. El 18 de mayo, el defensor de derechos humanos y dirigente campesino Rogelio Martínez fue asesinado por un grupo de encapuchados. El señor Martínez era miembro del MOVICE seccional Sucre, al igual que líder de comunidades desplazadas. El señor Martínez venía liderando el proceso de retorno de 53 familias a la finca del nombre la Alemania, tierra que fue supuestamente usurpada por grupos paramilitares en el 2001. Rogelio había recibido múltiples amenazas. MOVICE tiene documentados más de 50 ataques, hostigamientos y amenazas en contra de sus miembros. La seccional del MOVICE en Sucre ha sido constantemente amenazada, registrándose un intento de asesinato en contra de uno de sus miebros a principios de este año.

La muerte del Señor Martínez se suma a las inumerables víctimas que han sido asesinadas como consecuencia de su lucha por la recuperación de tierras que han sido usurpadas. Enrique Petro, un líder comunitario de la región de Curvaradó se encuentra de igual manera en una situación de alto riesgo. CIJP recibió información que un grupo paramilitar ha sido contratado para asesinar al señor Petro, ya que este trajo organizaciones nacionales e internacionales en misiones de observación a la zona.

Las autoridades Colombianas raramente investigan dichas amenazas o judicializan a los responsables. Le exigimos al gobierno Colombiano que haga de la investigación y judicialización de los responsables de las amenazas una prioridad, que agrupe las diferentes investigaciones para poder establecer patrones de actuación y que establezca puentes de comunicación permanentes con las víctimas, en los que se les reporte sobre el estado de las investigaciones. Le hacemos un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que urja al gobierno de Colombia para que las investigaciones se den con celeridad. En este sentido todas las medidas adoptadas deben ser concertadas previamente con las personas que han sido amenazadas. De igual manera es importante resaltar que el Congreso Estadounidense incluyó el año pasado una nueva condición a la asistencia dirigida hacia Colombia que habla específicamente de la protección a los defensores de derechos humanos. Le urgimos al Departamento de Estado que insista en que hayan avances concretos en cuanto a las investigaciones de estas amenazas, así como que haya justicia en los casos de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones cometidas por miembros de la fuerza pública, antes de certificar que las condiciones de derechos humanos incluidas en el Acta de Apropiaciones de 2010, asistencia militar a Colombia, están siendo cumplidas.

En el caso del asesinato del señor Martínez, le exigimos al gobierno Colombiano que le provea medidas de protección a su esposa e hijos, así como a las 53 familias que retornaron a la finca La Alemania. Exigimos que las organizaciones que actualmente acompañan el proceso de retorno de la finca La Alemania, como MOVICE seccional Sucre, Infancia Feliz y Agenda Caribe, sean también cobijadas con medidas de protección. De igual manera le hacemos un llamado al gobierno de Colombia para que el proceso de retorno iniciado por el señor Martínez sea llevado a termino en beneficio de las 53 familias.

Es de notar que aquellos que hacen las amenazas afirman que su objetivo es defender al gobierno Colombiano, ejemplo de lo cual es la amenaza del 14 de mayo en la que se afirma que los grupos amenazados “obstaculizan las políticas del gobierno Colombiano”. Esta asociación al gobierno Colombiano hace imperativo que este se pronuncie publicamente en contra de estas amenazas, y de igual manera exprese su apoyo al invaluable y legítimo trabajo de los defensores de derechos humanos.

Amnesty International
Center for International Policy
Church World Service
Human Rights Watch
International Crisis Group
Jesuit Refugee Service/USA
Presbyterian Church (USA), Washington Office
Presbyterian Peace Fellowship
Latin America Working Group
Lutheran World Relief
United Church of Christ, Justice and Witness Ministries
US Office on Colombia