Miércoles 15 de febrero de 2006, por
Los paramilitares del supuestamente desmovilizado Bloque Central Bolívar siguen actuando en la zona apoderándose de tierras y de fincas a través de métodos violentos como amenazas, desapariciones y asesinatos, obligando a los dueños a vender sus fincas al pago por ellos mismos establecido, y en algunas ocasiones los campesinos han tenido que ceder y abandonar sus tierras para desplazarse de la región ante la presión de estos grupos
Un ejemplo de esta estrategia fue la desaparición forzada del señor Fabio Monsalves cuya finca ubicada en la vereda Cuadros del municipio de Monterrey pasó a manos del supuestamente desmovilizado comandante “Carlos” del BCB, después de la desaparición de este señor, en septiembre 2003.
En estos últimos periodos los paramilitares han venido promoviendo la conformación de cooperativas de seguridad privada en el marco del modelo “Convivir” en los municipios de San Pablo, Simití, Monterrey, Morales y Santa Rosa del Sur.
Señalamos la peligrosidad de este actuar que quiere legitimar un modelo de violencia todavía existente en la región, pese a la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares como lo evidenció en este mismo mes el informe anual sobre la situación de derechos humanos presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
Rechazamos la acción de complicidad de la fuerza publica al convocar conjuntamente con los paramilitares una serie de reuniones en San Pablo para presionar a los comerciantes de este pueblo a apoyar dicho proceso. Como ejemplo de ello se había convocado a una reunión el día 21 de febrero en este municipio al cual asistieron pocas personas, razón por la que ahora se esta convocando por parte de la fuerza publica una próxima reunión para el lunes 27 de febrero de 2006 en la cual se harán presentes también los jefes desmovilizados del BCB como el Comandante “Carlos”.
Hacemos un llamado a las autoridades competentes locales, regionales, nacionales e internacionales, a fin de que se tomen medidas para frenar este proceso que genera mayores violaciones a los derechos humanos en la región y pretende legitimar y legalizar a los grupos paramilitares.
Clamamos de las organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales se pronuncien ante el gobierno nacional y ante la comisión de la OEA encarga de la veeduría del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares exigiendo que se evite la conformación de estas cooperativas de seguridad privada y se proteja a los pobladores de la región.
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