Diez semanas de paro estudiantil en la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia debe plantearle a la ciudad y al país diversas preguntas sobre la situación de la educación pública y abre un debate profundo sobre su futuro. “La discusión que planteamos los estudiantes de la Nacional con relación a los problemas que hoy tenemos no puede estar desarticulada de la ciudad ni de todas las organizaciones que están preocupadas por la educación”, planteó un activista estudiantil al ser abordado por la Agencia de Prensa IPC.
Diez semanas de paro estudiantil en la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia debe plantearle a la ciudad y al país diversas preguntas sobre la situación de la educación pública y abre un debate profundo sobre su futuro. “La discusión que planteamos los estudiantes de la Nacional con relación a los problemas que hoy tenemos no puede estar desarticulada de la ciudad ni de todas las organizaciones que están preocupadas por la educación”, planteó un activista estudiantil al ser abordado por la Agencia de Prensa IPC.
A su juicio, lo que se viene presentando en la sede Medellín es un reflejo de lo que ocurre en otros centros de educación superior de la ciudad y el país, “en las cuales, dijo, las reformas limitan cada vez más el acceso y la permanencia de estudiante procedentes de los estratos bajos”.
Este martes la atmósfera fue tensa en el campus universitario: se había dado la orden de desalojo al personal administrativo; por seguridad, siete estudiantes, quienes desde el pasado 4 de junio adelantaban una huelga de hambre, fueron trasladados por funcionarios de la Personería de Medellín a algún lugar de la ciudad; y la asamblea estudiantil se mostraba inquieta ante la posibilidad de que la fuerza pública ingresara al lugar y desalojara por fuerza.
Más allá de los temores del día a día de un paro estudiantil que ajusta diez semanas sin que se vislumbre solución alguna, los estudiantes no pierden de vista el centro de la discusión: la falta de concertación para elaborar el actual estatuto estudiantil, parte del cual entró en vigencia en mayo pasado y es aplicado a por lo menos 45 mil estudiantes en todo el país.
Tres temas fundamentales rechazan los estudiantes: la bolsa de créditos por materia, que permite que un estudiante promedio termine adecuadamente sus estudios en los años estipulados, un nuevo cálculo académico para mantenerse dentro de la universidad como estudiante regular y la llamada “Cultura Universitaria y Resolución de conflictos”, que pretende instaurar una serie de comités estudiantiles que velen por convivencia dentro del alma mater.
A través de diversos medios de información, el rector de la Universidad, Moisés Wasserman, se ha referido a la necesidad de realizar cambios de estatuto, “pues el anterior tenía más 30 años, era obsoleto y no incluía lo propuesto por la Constitución del 1991 ni lo regido por la Ley General de Educación”. En un comunicado reciente, expuso su opinión: “He dicho, y lo repito sin dudarlo, que éste ha sido el documento más estudiado y difundido en los 140 años de historia de la Universidad Nacional”.
Reacción estudiantil
“Nosotros insistimos en que la reforma del estatuto estudiantil fue un proceso que no se hizo de manera concertada, no fue democrático, y no garantizó una mayor participación del estudiantado”, explicó un universitario que participa de la protesta y que solicitó no ser identificado.
En su argumentación planteó que las reformas son necesarias: “no estamos en desacuerdo con que se reforme el estatuto, reconocemos que es viejo y hay que actualizarlo, pero el problema es el método aplicado y los efectos, pues no atiende las necesidades reales de los estudiantes y no garantiza el acceso a la educación de los más pobres”.
A juicio de los estudiantes universitarios, la bolsa de créditos por materia es una forma de limitar el conocimiento dado que al alumno le importaría una materia más por la cantidad de créditos que por su contenido; además, el nuevo cálculo del promedio académico resulta lesivo en la medida en que mantenerlo va ser mucho más complicado, lo cual disminuiría la cantidad de estudiantes que podrían acceder a “beneficios” como el préstamo, beca, la matricula de honor o las monitorias, “lo que afecta a quienes, por su condición económica, y social no pueden dedicarse enteramente al trabajo académico”.
“Se habla de acabar la permanencia de estudiantes por diez y quince años en la universidad, pero los casos son pocos”, reconoció un líder universitario, quien indica que frente a 45 mil estudiantes no son representativos. “Es un problema demasiado pequeño para resolverlo por la vía de un estatuto”, indicó.
Agregó que lo mismo ocurre con aquellos estudiantes de bajo rendimiento que tienen notas por debajo de 3,5. “Las cifras que da la universidad son mínimas, lo que muestra que la universidad sigue con un alto nivel académico”.
Acerca de la llamada “Cultura Universitaria y Resolución de conflictos”, los universitarios la califican de “represiva” por cuanto estaría dirigida a regular la vida universitaria a través de una serie de comités estudiantiles que velarían por la “resolución de los conflictos universitarios”.
Quienes van más allá del tema, alegan que estas reformas apuntan a privatizar la universidad pública, pues las nuevas exigencias económicas, tales como recortes presupuestales por disminución de los aportes de la Nación, la obligan a ser autosuficiente.
“Muchos de los servicios que brinda la universidad serían cobrados, lo que afecta a los estudiantes más pobres”, insiste un líder estudiantil, para quien ese tipo de cobros “es una forma de privatizar”.
Ellos proponen
Los estudiantes no sólo se han quedado en la protesta, la cual, dicen, piensan prolongar el tiempo que sea necesario. Frente al nuevo estatuto, los universitarios han venido haciendo varias propuestas, incluso han cedido a sus pretensiones de derogarlo. Hoy solicitan que se suspenda su aplicación y se trabaje, concertadamente, en la elaboración de uno nuevo.
“Una vez que lo hayamos discutido, concertado y definido, lo que proponemos es someterlo a consulta de la comunidad universitaria, para ver cuál se aprueba”, explicó uno de los voceros del movimiento estudiantil.
No obstante, a los estudiantes les preocupan dos situaciones: una, que el rector Wasserman no acepte negociar y sólo plantee una conversación; y dos, que negocia si los estudiantes vuelven a clase y desisten de la huelga de hambre, “mecanismos de presión que se habían planteado para que el rector asumiera la posición de negociación con nosotros”, señaló un estudiante.
Otro más no sólo resaltó lo que llamó “falta de voluntad política” para no negociar, sino la tensión que genera la orden presidencial de permitir la entrada de la fuerza pública al campus si es necesaria para imponer el orden. El temor este martes, durante la asamblea estudiantil, fue latente.
Al final de la tarde desalojaron el campus universitario, sin que se presentaran disturbios, pero convencidos de prolongar el paro si es necesario, “todo depende de la posición que continúe asumiendo el rector”, dijo un líder estudiantil, quien insistió en plantear que el debate que afrontan le incumbe a la ciudad y el país.
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
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