Se garantice el juzgamiento por la justicia ordinaria de los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos contra la vida e integridad de la población civil, es una de las principales recomendaciones realizadas al gobierno colombiano por parte de la delegación Asturiana que visito Colombia entre el 23 de julio y el 3 de agosto del presente año y que están contenidas en un informe que será presentado ante los sistemas de derechos humanos de la ONU, OEA, Unión Europea, OIT, Parlamentos y gobiernos de Colombia, Europa, España, Asturies, organizaciones sociales, medios de comunicación y opinión pública.
Se garantice el juzgamiento por la justicia ordinaria de los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos contra la vida e integridad de la población civil, es una de las principales recomendaciones realizadas al gobierno colombiano por parte de la delegación Asturiana que visito Colombia entre el 23 de julio y el 3 de agosto del presente año y que están contenidas en un informe que será presentado ante los sistemas de derechos humanos de la ONU, OEA, Unión Europea, OIT, Parlamentos y gobiernos de Colombia, Europa, España, Asturies, organizaciones sociales, medios de comunicación y opinión pública.
Dicho informe, editado por el Ayuntamiento de Xixón, pretende aportar al conocimiento de la compleja realidad colombiana, ayudar a la búsqueda de la verdad y de la paz con justicia social, elementos cuya ausencia son causa de muchas de las violaciones de los derechos humanos constatadas.
En desarrollo de su propósito la delegación asturiana visitó entre otras regiones, los departamentos del Valle y el Cauca, municipios de Palmira, Corinto y Popayán; el departamento de Atlántico, la ciudad de Barranquilla; el departamento del Meta, zona humanitaria y veredas La Esmeralda y Campoalegre del municipio de El Castillo y la ciudad de Villavicencio.
El mismo da cuenta de violaciones a los derechos humanos cometidos en estas zonas y detalla casos de desaparición forzada, violaciones al derecho internacional humanitario, desplazamiento forzado, violencia sexual, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y masacres, entre otros.
Es de destacar que según el informe, el 97% de las denuncias coinciden en señalar la responsabilidad del gobierno en los altos niveles de impunidad, y la responsabilidad de sus agentes que violan el principio de distinción entre combatientes y población civil, así como la responsabilidad del Estado y del gobierno por prácticas sistemáticas de la fuerza pública, como desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y vinculación de población civil al conflicto militar.