Plan Colombia: doctrina de seguridad nacional y rehegemonización gringa

 

David M. Martínez O.
Carlos E. Angarita S.
Bogotá, abril de 2000
Revista Mirar Colombia N.º 4

Presentación

De manera indiscutible el Plan Colombia se constituye en el hecho que nuclea actores y sucesos en la actual coyuntura de nuestro país. Este proyecto se convierte en el instrumento principal de las élites colombianas y del Estado norteamericano para posicionarse en el conflicto armado, buscando subordinar, a mediano y a largo plazos, las acciones de cualquier otro protagonista dispuesto a seguir jugándose sus intereses en Colombia. En consecuencia, el análisis que de por sí hagamos de este hecho permite explicar la coyuntura; sin embargo, queremos hacerle a nuestros lectores algunas aclaraciones metodológicas de cómo procedemos en nuestro ejercicio analítico en el presente número, que será la manera como trabajaremos de aquí en adelante.

Como lo hemos venido haciendo en las tres primeras entregas de Mirar Colombia, el análisis de coyuntura ha dado cuenta de los actores y de sus hechos y discursos por medio de los cuales se han constituido en protagonistas del devenir social en nuestro país. Una lectura retrospectiva de nuestras reflexiones nos permite ubicar que el hecho que ha dado forma a todos los demás sucesos es el conflicto armado, y en perspectiva lo seguirá siendo. Cuanto acaece en el territorio colombiano sólo puede ser explicado con profundidad si es leído desde ahí; y derivado de ello, los actores se definen de acuerdo con su modo de abordar el conflicto armado. Trátese de la iniciativa política y militar internacional del gobierno norteamericano en Colombia y en la región, o de la ofensiva armada de las FARC, o de la reestructuración económica que realiza el gobierno colombiano, o del acuerdo de los protagonistas nativos de instalar una mesa de diálogos –hechos que configuraron las anteriores coyunturas–, encontramos que dichas actuaciones terminan siendo esfuerzos diferenciados para sacar ventajas, en una u otra dirección, dentro del conflicto armado.

Esta lectura nos ha llevado a la siguiente pregunta metodológica para nuestro análisis: ¿se trata de seguir identificando los hechos y actores principales de cada coyuntura, dentro de la tendencia inequívoca del incremento de la guerra en Colombia? Así vista, la novedad que marca la coyuntura nacional estaría dada por el cambio de protagonista entre una y otra coyuntura y por el tipo de acción ejecutada.

Pero nos encontramos con que ese cambio de acción y de protagonista no modifica sustancialmente la situación de fondo por la que transita el país, cual es el conflicto armado. Este es un país donde parece que suceden muchas cosas que “cambian” su curso, pero en la práctica ocurre lo mismo, lo cual nos hace sentir empantanados y haciendo parte de una sociedad inviable. Queremos decir que la escalada de la guerra se mantiene constante y con ello siguen vigentes las preguntas que se hace cualquier colombiano o colombiana: Y si la guerra continúa, ¿para dónde va Colombia? ¿Qué podemos hacer desde nuestra vida cotidiana, desde el campo laboral, desde el trabajo social y político? ¿Para qué sirven las marchas en favor de la paz? La respuesta a estos interrogantes suele ser una sola: «no hay nada que hacer». Triunfan, así, el escepticismo, la desesperanza, la resignación o la indiferencia.

Desde nuestro ejercicio intelectual (tan válido y digno como cualquier otro oficio) pensamos que las respuestas no están a mano porque las preguntas de arriba no son cortoplacistas, aunque el deseo de que esto cambie sí lo es. Por esto vemos necesario mirar más detenidamente algo que no es claro para nadie: cuál es el carácter del conflicto armado que vivimos. Tener alguna iluminación al respecto nos puede ayudar a entender esa situación general que a primera vista no se modifica, que a nadie le gusta y a la que todos finalmente nos acostumbramos. Es el intento de romper el movimiento cíclico, la vuelta a donde siempre, el eterno retorno. Es intentar ampliar el horizonte, traspasar los sentidos ya constituidos, en suma, es proponerse mirar más allá.

La anterior perspectiva nos exige salirnos de los moldes y reglas del juego del análisis tradicional, que sucintamente se puede expresar así: existe una estructura llamada sociedad, la cual posee unas leyes históricas de funcionamiento, que evoluciona y pasa de un estadio a otro, de tal manera que el ejercicio de lectura sobre ella permite identificar en qué lugar del desarrollo se encuentra para tratar de definir unas líneas de acción que ajusten su funcionamiento o la conduzcan a un fin predeterminado. El caso de Colombia (no creemos que sea el único) reventó esta lógica de raciocinio.

Sucede que el referente moderno llamado sociedad o estructura social está cada vez más diluido. La forma sociedad se muta sustancialmente y adquiere expresiones poco fijas, muy flexibles y difíciles de definir con categorías precisas. La tendencia apenas se intuye pero nadie arriesga con fórmulas de explicación acabadas. Los interrogantes sobre la sociedad colombiana, pues, vienen a ser las dudas (manifiestas de forma más evidente) que hay sobre cualquier sociedad, o del conocimiento, o informacional, o contemporánea, o postmoderna, o sobremoderna o, en suma, globalizada (llámela como quiera cada quien). Atender el problema del conflicto armado es tratar de aproximarnos a la manera como se globaliza la sociedad colombiana para tratar de asumir posturas de acción que nos permitan incidir en ese complejo y tortuoso proceso.

Este será nuestro propósito desde el presente número en adelante. Esta será nuestra manera [heterodoxa (¿?)] de hacer análisis de coyuntura. Transitaremos, así, más en el campo de la hermenéutica. No solamente estableceremos relaciones entre datos del presente, sino indagaremos la significación de esas relaciones en el marco de tradiciones sociales que han justificado o llenado de contenido o de sentido determinadas prácticas. La reflexión se mueve así: no basta aseverar que hay conflicto armado y decir (coyunturalmente) quiénes lo provocan y alimentan; tampoco es suficiente con señalar (estructuralmente) las causas que lo originan; viajar por las tradiciones es recabar las significaciones que le dan sentido (por no decir que gusto) a mantener vivo el enfrentamiento bélico a quienes lo protagonizan y a quienes lo padecemos.

Para ello procedemos de la siguiente manera. Vamos a describir analíticamente las estrategias con las que se mueven los actores armados. En cada entrega lo haremos con uno o dos. Seguidamente profundizaremos en las tradiciones que concurren en la formulación de esas estrategias. Miraremos también cómo se ha resistido o articulado el campo social a esas estrategias y las respectivas tradiciones que allí se han forjado. No son meros anexos o suplementos informativos: son las reconstrucciones de discursos y prácticas que han dado fundamento a los modos de obrar con los que nos encontramos hoy día.

De manera particular, en este número 4 abordamos la estrategia de guerra por parte del Estado colombiano, la cual se fusiona a la de un actor claramente visible desde hace pocos años en nuestro escenario social: el Estado norteamericano. Esa estrategia la hallamos contenida en el llamado Plan Colombia, que para coincidencia nuestra, es también un hecho puramente coyuntural. Pero trasciende la coyuntura. De modo que, siendo coherentes con lo que antes dijimos, requerimos acceder a algunas tradiciones que nos expliquen lo que pasa en esta coyuntura -o dicho de modo más preciso- este aspecto central de la coyuntura, y que va a servir como base para comprender integralmente el conflicto armado colombiano. Esas tradiciones que reconstruimos son: la Doctrina de Seguridad Nacional, el proyecto de Hegemonía Norteamericana y la Estrategia de Control Regional Antidrogas.

Finalmente, una aclaración. Estamos trabajando en una dinámica de búsqueda bajo criterios de exigencia rigurosos. Lo hacemos motivados por la necesidad de penetrar más profundamente nuestra realidad y como resultado de fructíferos encuentros de intercambio, sobre los anteriores números que hemos tenido, con amigos de Mirar Colombia, tanto en coloquios como en talleres, paneles y conferencias. Si lo que a continuación sigue no fue lo que expresamente ellos nos han sugerido, en todo caso sí es el resultado del propio camino que hemos emprendido después de “su primer empujón”. A ellos y a ellas, anónimos y desconocidas con rostros de carne y hueso, muchas gracias. Y a todos y a todas nuestra invitación a seguirnos aportando con opiniones -que no hay ninguna inválida mientras salga de la sabiduría del corazón- pues el sueño es grande: parir una trama inédita de convivencia digna en esta porción del mundo.

Esperamos sus voces y miradas en nuestras direcciones y en los encuentros que concertemos. En el entretanto, una vez más los invitamos a disponerse a Mirar Colombia.

I. El plan colombia o la seguridad nacional del estado norteamericano

A. Historia de un itinerario

El Plan Colombia fue una idea que hizo parte de los preacuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC antes de que instalaran oficialmente su mesa de diálogos el 7 de enero de 1999. Ya en Diciembre de 1998, en el municipio del Magdalena Medio, Puerto Wilches, el Presidente Andrés Pastrana expresaba al respecto: «la guerrilla podrá participar en la preparación, conformación y ejecución de los proyectos del Plan Colombia »[1]. El nombre y la concepción inicial se le deben al ex-canciller y actual miembro de la Comisión de Conciliación Nacional, Augusto Ramírez Ocampo, quien a partir de su experiencia en el proceso centroamericano lo pensaba como un procedimiento simultáneo a la mesa de negociación a través del cual, en la medida en que se fueran consiguiendo fuentes de financiación en el exterior, se pusieran en práctica los acuerdos allí alcanzados sin necesidad de esperar a la firma final de toda la paz. Desde esta óptica el Plan Colombia parecía una creación criolla como respuesta a la antigua confrontación bélica en el país.

Sin embargo, el asunto se fue tornando distinto. De eso dan cuenta las “diferentes” versiones del Plan Colombia[2]. Más que documentos varios que son presentados en diversas instancias nacionales e internacionales, se trata de una serie continua de redacciones cuyo contenido está formulado en inglés (norteamericano) y en donde se han ido poniendo en el papel las exigencias para nuestro país de las agencias internacionales como el FMI y el BM y las propias del gobierno de los Estados Unidos. Hasta el punto de que ya no se trata de un proceso complementario a la dinámica de paz sino de un proyecto que reemplaza al mismo Plan de Desarrollo Cambio para construir la paz que aprobó el Congreso colombiano; en tal sentido, el Plan Colombia se habrá de constituir en la guía rectora del próximo Plan de Desarrollo que diseñe quien suceda a Andrés Pastrana en la Presidencia de la República[3]. Así, estamos hablando de un Plan que ha sido diseñado por el gobierno colombiano en asocio con sus principales aliados extranjeros, descontando de facto a sus interlocutores internos y a quienes en adelante pretende persuadir sobre las bondades de sus propósitos. Procedimiento piramidal, de mal gusto, propio de élites sin respaldo.

Fue Thomas Pickering, Subsecretario de Estado, quien alentó al gobierno colombiano para la elaboración de un Plan que permitiera un paquete de ayuda suplementaria [4] para Colombia por parte del gobierno norteamericano; en seguida, altos funcionarios estadounidenses demandaron una estrategia integral, y asesores del Departamento de Estado colaboraron directamente en la redacción de la nueva versión del Plan Colombia[5].

Por parte del gobierno colombiano el Ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, y los comandantes de Policía y de las Fuerzas Militares, generales Serrano y Tapias, respectivamente, se encargaron, en calidad de primeros emisarios, de explicar el Plan en diferentes dependencias de los Estados Unidos. De entrada, este gesto le imprimió públicamente el carácter militar al proyecto. Y consiguieron que los senadores republicanos Coverdell, Dewine y Glaseley lo presentaran para su aprobación ante el Congreso norteamericano, el pasado 20 octubre, como proyecto de Ley S1758. Las condiciones habían madurado suficientemente para que la gestión llegara hasta ese punto. En efecto, internamente el gobierno colombiano, desde la política adelantada por el Ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, daba muestras fehacientes de atender los dictámenes del Fondo Monetario Internacional sellando los compromisos con esa entidad que habrán de ser parte del Plan: reducción del déficit fiscal y del crecimiento monetario, mediante la baja de los gastos públicos y la privatización de empresas financieras y productivas del Estado para rebajar el déficit fiscal; aumento de las reservas internacionales, bajo cronograma trimestral, con el fin de respaldar la deuda externa que aumentará en la medida en que así lo requieran los planes de desarrollo del Plan Colombia.. Con este modelo, la economía dependerá todavía más de las decisiones del capital externo, que estimará cuándo y dónde invierte, cuándo y de qué modo reactivar la economía. Por ahora no se ven indicios prontos en esa dirección.

Simultáneamente, como parte de la estrategia orientada por el Departamento de Estado, había que ir ventilando el tema en Europa para comprometer a los Estados de la Unión Europea (UE) en los capítulos que previa y unilateralmente les fueron asignados bajo la iniciativa norteamericana y que los excluyen de la cooperación en la estrategia antinarcóticos. El 26 de octubre así lo comunicaba el presidente Pastrana en el Parlamento europeo:

« Es una estrategia integral y unificada orientada a fortalecer los temas fundamentales del país como la búsqueda de la paz, la reactivación de nuestra economía y la generación del empleo, la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la justicia y el aumento de la participación social. Requerimos de su participación en todos esos frentes, pero principalmente necesitamos que ustedes, que sus naciones, que Europa toda, invierta en la paz, para la paz, que abra sus mercados para que podamos generar empleos para la paz ».[6]

Sin embargo, en el Congreso norteamericano surgió como imprevisto el aplazamiento del debate. Ante el desencanto que generó, el presidente Bill Clinton le salió al paso a dicho inconveniente y expresó con franqueza:

«Tenemos un interés nacional apremiante en la reducción de la corriente de cocaína y heroína hacia nuestras costas, y en la promoción de la paz, la democracia y el crecimiento económico en Colombia y en la región. Dada la magnitud del problema del tráfico de drogas y las actuales dificultades económicas por las que atraviesan, ni el gobierno de Colombia ni sus vecinos pueden asumir toda la carga».[7]

Este respaldo irrestricto de la administración Clinton fue refrendado pocos días después por la propia Secretaria de Estado, Madeleine Albright, con su visita a Colombia. Adicionalmente, a mediados de febrero, en el viejo continente el Presidente de España, José María Aznar, atendió la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Guillermo Fernández de Soto, del Superministro, Jaime Ruiz, y del Director de Planeación Nacional, Mauricio Cárdenas, quienes le presentaron más en detalle la versión social y política del Plan y se sumó a este proyecto dirigido diplomáticamente por EEUU, comprometiéndose a convocar a los países de la Unión Europea, así como a Japón y Canadá, para apuntalar el Plan Colombia a través de una mesa de donantes que tendrá como sede España y será instalada el próximo mes de junio[8]. En esto tuvo mucho que ver, claro está, la gira realizada durante el segundo mes de este año por el Gobierno Nacional, en cabeza del Comisionado de Paz, Víctor G. Ricardo, junto con las FARC, bajo el mando de Raúl Reyes, quienes lograron proyectar una imagen positiva respecto al proceso de diálogos y negociación como para persuadir a los posibles colaboradores que sus aportes económicos no caerán en saco roto. De esta forma, Europa será admitida en el proceso de intervención gringa siempre y cuando se someta a la tutela estadinense y cumpla las funciones específicas que le sean asignadas.

En esta gestación no podemos dejar de mencionar la persistente tarea del zar antidrogas, General Barry MacCaffrey quien, como dice un documento de la OIDAHCO, sería «el llamado a atar los cabos y disparar la alarma: el involucramiento ascendente de la guerrilla con el negocio de tráfico de drogas determina que para superar la violencia que afecta el país y amenaza la subregión, es necesario combatir a la «narcoguerrilla » para lograr la paz»[9]. Esta postura, la más abiertamente radical en el ámbito norteamericano, la ratificaría él mismo en Santafé de Bogotá el 23 de Febrero del presente año, cuando puntualizó el sentido estratégico (militar) del Plan, una vez había terminado en nuestro país la diplomacia (política) gringa con la visita de T. Pickering al batallón antinarcóticos del ejército, el 13 de febrero.

Queda claro, pues, que la altruista idea inicial en donde Gobierno Nacional y FARC iban a trabajar “de la mano” por la paz de Colombia, termina siendo un proyecto de muy largo aliento protagonizado por el Estado norteamericano (ejecutivo, congreso, fuerzas militares, organismos de seguridad…) en alianza con el Estado colombiano y con los Estados europeos que quieran sumarse, como mecanismo disuasivo para que las FARC entren a participar de esa “Santa Alianza” contra el narcotráfico. De esta manera el congreso gringo se va convirtiendo en la instancia “natural” de decisiones estratégicas sobre nuestro país, por encima de nuestras instituciones políticas cada vez más desprestigiadas[10]. “Siembra vientos de paz y cosecharás tempestades de guerra”, estarán pensando los miembros del Secretariado de la guerrilla más grande de América…

B. El Estado de Seguridad Nacional: el gran propósito

Nos encontramos con que este problema del narcotráfico es asumido fundamentalmente como un tema de índole militar. Si es visto así y se levanta un dispositivo bélico para abordarlo por parte de los dos Estados, el norteamericano y el colombiano, habría que esperar un deslinde claro con la tradicional estrategia de seguridad nacional que ha regido sus políticas en las últimas décadas, para explicar cómo y porqué se trata de otro tipo de iniciativa en este campo. Al no hacerlo, tenemos que por lo menos sospechar de que se trata de una estrategia militar que obedece a la pretensión de siempre, con otro nombre, ligada al control territorial que inspiró las políticas de Seguridad Nacional.

La mejor demostración de que ésta es la perspectiva del documento lo revela el hecho de que al ser visto el asunto del narcotráfico como un problema primordialmente militar, el Estado se coloca absolutamente por fuera de este conflicto, diríamos, por encima del mismo, calificando a los que considera son los verdaderos protagonistas de la confrontación: la guerrilla, las autodefensas (grupos paramilitares) y los colombianos organizados como narcotraficantes. El Estado colombiano, al contrario, se presenta como víctima de todos estos enemigos, de estos antisociales que no lo dejan ejercer su soberanía sobre el territorio nacional:

«Las debilidades de un Estado que todavía se encuentra involucrado en un proceso de consolidación han sido agravadas por las fuerzas desestabilizadoras del narcotráfico. Las reformas progresistas de principios de los noventa abrieron las puertas a una época de mejores oportunidades para los colombianos, pero fueron distorsionadas y compenetradas por influencias corruptoras en círculos tanto económicos como políticos; fomentando la violencia y la corrupción. Recientemente, la relación financiera entre los varios grupos armados y los narcotraficantes ha logrado intensificar el conflicto armado, y ha limitado la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades más importantes».

Por eso el propósito general del Plan es claro y contundente :

«Frente a todo esto, mi gobierno tiene el compromiso inexorable de fortalecer al Estado, recuperar la confianza de nuestros ciudadanos y restaurar las normas básicas de una sociedad pacífica. El logro de la paz no es cuestión de una simple voluntad de hacerla; la paz se debe construir; y sólo nos llegará mediante la estabilización del Estado y una mayor capacidad de garantizar a cada uno de los ciudadanos, en todo el país, que tendrán seguridad y la libertad para ejercer sus derechos y libertades.

«Para consolidar y mantener el Estado de Derecho, es indispensable tener unas fuerzas armadas y de policía fuertes, responsables y ágiles en su respuesta, con un compromiso contundente por la paz y el respeto a los derechos humanos. Trabajaremos incansablemente hacia el éxito, convencidos que nuestra obligación primordial como gobierno es garantizar que nuestros ciudadanos puedan ejercer sus derechos y libertades fundamentales sin miedo»[11].

Podemos hacer la traducción de este raciocinio de la siguiente forma. La paz es un asunto de seguridad ciudadana y una lucha contra el miedo ciudadano; la seguridad ciudadana sólo la garantiza un Estado fuerte, llamado Estado de Derecho; y el Estado de Derecho existe cuando se cuenta con unas fuerzas armadas y una policía fuertes, de modo que el Estado de Derecho no se reconoce, en primer lugar, como una práctica de la justicia social. En consecuencia, la seguridad nacional se comprende como seguridad del Estado, y la seguridad nacional o de Estado se consigue mediante la consolidación del aparato represivo del mismo.

Desde esta óptica son razonables las preocupaciones de algunos sectores minoritarios en Estados Unidos, encabezados por figuras del partido demócrata (Cristopher Dodd y William Delahunt), que temen porque esto sea el inicio de “otro Vietnam” o del involucramiento definitivo de su gobierno en el conflicto interno de Colombia[12].

C. El principio justificador de la estrategia

Cualquier guerra o, si se quiere, cualquier acción de fuerza, requiere un principio legitimador que la haga aceptable o por lo menos tolerable y creíble a los ojos de quienes no intervienen directamente en la confrontación. En la teoría de la Seguridad Nacional, desarrollada por décadas después de la segunda guerra mundial, el principio justificador de cualquier acción bélica para la defensa nacional fue la lucha contra el comunismo, principal demonio y enemigo de la democracia y de la libertad, así como peligro principal para la existencia de los Estados que supuestamente garantizaban esa libertad y esa democracia. La lucha contra el comunismo, real o en potencia, justificó muchas intervenciones militares de los Estados Unidos en diversas partes del mundo, incluidos, obviamente, los países de América Latina. Sin embargo, el comunismo “se acabó” con la caída del muro de Berlín y con la disolución de los regímenes socialistas de Europa del Este. Se necesita, entonces, un nuevo motivo que explique por qué se recurre a la fuerza y al poder militar para hacer presencia en el sistema de intercambios con otros países. La Seguridad Nacional (de Estados Unidos) ha venido acuñando una nueva racionalidad:

B. MacCaffrey: «La rápida expansión de la producción de drogas en Colombia, casi toda en zonas dominadas por grupos armados ilegales, constituye una emergencia que debe afrontarse con rapidez». «La explosión de la producción de coca y los enormes recursos de que disponen las organizaciones terroristas aliadas del crimen organizado en Colombia, incrementan esta amenaza que se extiende a otros países de la región andina»[13]. M Albrigth: «Y esto supone para nosotros una gran amenaza» B Clinton: de modo que «es de interés nacional» y «ni el gobierno de Colombia ni sus vecinos pueden asumir toda la carga»[14].

Los elementos, expresos en concierto a varias voces, se pueden resumir así:

a. La producción y comercialización de drogas son una amenaza porque están agenciadas por organizaciones terroristas que se dedican a ese negocio.

b. La amenaza y el terror se ciernen sobre “nosotros” (los norteamericanos) y se extienden a los países de una región (la andina). En consecuencia, combatirlas es garantizar la seguridad y tranquilidad tanto de Estados Unidos como de los países de la región. Lo que se haga o no se haga en la región afectará de uno u otro modo la estabilidad nacional de los Estados Unidos. Por consiguiente, la Seguridad Nacional de Estados Unidos ya no depende de cada una de las seguridades nacionales de cada país, como ocurría antes, sino que depende de estrategias regionales. Así, debe comprenderse que la iniciativa dentro de un país de la región obedece a un diseño regional y, a la postre, del interés nacional de los Estados Unidos.

c. Como cualquier amenaza, ésta del narcotráfico crea un clima de inestabilidad y de emergencia gravísimas. Por tanto, las acciones no deben pensarse mucho, hay que actuar ya, sin dilaciones!

d. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará, pues los países directamente implicados no pueden con semejante carga, les quedó grande el problema. Nosotros los proveeremos de los recursos necesarios, porque nosotros los poseemos, así como pondremos a su servicio nuestra capacidad técnica y humana para usarlos.

Tal discurso, dicho en lenguaje castellano latinoamericano, es decir, inculturado, es lo que aparece en los principios fundamentadores a lo largo del texto del Plan Colombia:

La amenaza: «Colombia se encuentra en el umbral del siglo XXI, orgullosa pero amenazada…».

El carácter terrorista de la amenaza: «Todo esto ha sido fomentado y agravado por los desestabilizadores efectos del narcotráfico, el cual, con sus vastos recursos económicos ha venido generando una violencia indiscriminada, y al mismo tiempo ha socavado nuestros valores hasta un punto comparable solamente con la era de la prohibición en los Estados Unidos» (Valga la comparación con quienes orientan este Plan).

Nuestros esfuerzos son parte de una estrategia mundial de seguridad en construcción y posiblemente nuestra experiencia enseñe a muchos: «Hoy, cuando el narcotráfico tiene una estructura más dispersa, más internacional y más oculta y que por ello es más difícil de combatir el mundo sigue ensayando nuevas estrategias… Estamos mejorando y fortaleciendo la seguridad y el control de nuestros ríos y espacio aéreo con el fin de garantizar mayores decomisos, y estamos estudiando nuevos métodos de erradicación de los cultivos ilícitos»[15].

Pero en el caso de Colombia hay un ingrediente particular: aquí sí hay guerrilla, insurgencia, subversión, esto es, expresiones del viejo comunismo. Con todo, no parece un argumento consistente en la actualidad para montar todo un Plan contra él con ayuda internacional pues el comunismo ya se acabó, aunque realmente sí representa un peligro, una amenaza. Entonces, ¿cómo calificarla?, ¿cómo neutralizar su peligro potencial? ¿Cómo validar la lucha contra ella? Para tal fin se la coloca en un punto intermedio:

Con antecedentes comunistas pero con vínculos económicos con el narcotráfico en el presente: «El movimiento guerrillero tiene sus raíces en los antagonismos tradicionales del campo y de la política en la sociedad colombiana, alimentados en parte por la retórica ideológica de la confrontación capitalista-comunista. Con el transcurso de los años, la lucha para ampliar su presencia territorial y su adquisición de influencia política y militar ha sido financiada por la extorsión y el secuestro, y más recientemente mediante «impuestos» cobrados por los ntermediarios del narcotráfico».

Y por ese vínculo se alimenta el conflicto armado o la fuente de desestabilización del Estado: «Recientemente, la relación financiera entre los varios grupos armados y los narcotraficantes ha logrado intensificar el conflicto armado, y ha limitado la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades más importantes».

Este es el argumento inicial para justificar la lucha, mientras se implanta la estrategia militar, además de que sirve al mismo tiempo para explicar por qué se dialoga por ahora con la guerrilla, pues, al fin y al cabo, aún conserva algunos componentes ideológicos que le otorgan status político. Pero dependerá del desarrollo de los acontecimientos para esclarecer de una vez por todas quién es la insurgencia: o es comunista, por lo cual no se combatirá pues no es razón suficiente, o es narcotraficante (y por lo tanto terrorista) y eso sí amerita combatirla. ¿Cómo se sabrá?:

«El proceso de paz es además parte de una alianza estratégica en contra del narcotráfico, la corrupción, y la violación de los derechos humanos»[16].

En otras palabras: si la guerrilla no se suma a esa alianza estratégica es porque trafica, o sencillamente está de lado de los narcotraficantes y merece ser tratada como enemiga. Contra ella, entonces, toda la estrategia y para ese momento será asumido sin ambigüedades el calificativo usado hasta el momento sobre todo por Barry MacCaffrey: el de narcoguerrilla.

Nótese que de esta discusión se excluye al paramilitarismo. Éste, en el Plan, es concebido como una fuerza desestabilizadora en la medida en que pretende ejercer control sobre territorios y hace ataques terroristas, pero no se le imputa vinculaciones con el narcotráfico[17]. En esta medida no es objetivo militar de la estrategia antinarcóticos. Un informe sobre Colombia para el Congreso norteamericano sabe relativizar la posible sospecha de las conexiones entre paramilitares y narcotraficantes:

Se cree que algunos de estos grupos paramilitares han continuado nexos o trabado relación con el tráfico de droga, pero no hay detalles públicos de la cantidad de ingresos que reciben de la industria de la droga, ni del tipo o magnitud de su participación en ella. La Comisión Interamericana en Derechos Humanos ha encontrado que «en general, estos grupos se han retirado de su conexión con el comercio de droga, aunque los ataques paramilitares contra oficiales judiciales que investigan crímenes de droga demuestran que todavía existe una conexión, por lo menos en algunos casos.»[18] En abril de 1998, una agencia gubernamental colombiana identificó a Castaño como un jefe principal de la droga en el área de Medellín,[19] juicio compartido por la DEA. Castaño ha reconocido que las AUC captan impuestos sustanciales de productores de coca [20].

D. Financiación del Plan Colombia

El presupuesto del Plan está colocado en el papel. En su mayoría no están aseguradas las fuentes de financiación. Se presume, entonces, que se trata de un proceso escalonado en el que en la medida en que se vayan consiguiendo recursos para un capítulo y se vayan ejecutando eficazmente se podrán obtener otros para las áreas que carezcan de dinero. Esto tiene por lo menos dos efectos: 1) La manera de financiarlo es lo que determina las prioridades reales del Plan Colombia, pues a lo que se le adjudique el capital es lo que tendrá posibilidades de materialización; y 2) Se puede manejar la táctica del condicionamiento: este rubro será subvencionado sólo si, y sólo si se avanza en tal otro ítem.

Por ejemplo, hasta el momento solamente el capítulo de la Estrategia Antinarcóticos goza de cierta garantía para su financiación sobre la base de que la ayuda norteamericana, bastante segura, está dirigida en un 80% a ese destino. Ésta se ha convertido en un empeño de diferentes sectores del Estado gringo cuando el gobierno de Pastrana aseguró una política de Estado colombiano, es decir, duradera, en el campo económico, como bien lo describimos arriba. El condicionamiento económico le abrió espacio a la financiación de una política que, en últimas, es de guerra. Y fue en este punto en el que el Plan Colombia terminó absorbiendo al Plan de Desarrollo, con la salvedad de que los campos económico y social no tienen ni mucho menos salvaguardados sus fuentes de acopio de recursos.

La distribución de cargas es muy simple: sobre U$7.000 millones que como mínimo cuesta todo el Plan, Colombia debe aportar U$4.000 millones, Estados Unidos alrededor de U$1.600 millones y los U$1.400 millones que restan dependen de los países europeos. Lo que debe conseguir Colombia (para fortalecer la economía), en un 80% provendría de nuevos endeudamientos externos[21] y en algo de la inversión extranjera, estimando que el ajuste fiscal permita recaudar el 20% de lo que aún haría falta; mientras tanto, las donaciones europeas quedan supeditadas a las negociaciones entre los diferentes Estados con el gobierno nacional, en las que necesariamente se deben decantar los intereses de esos países sobre el nuestro (nadie dona por simple y buena voluntad).

En vista de lo cual quizás dentro de algunos años se estará afirmando que solamente una parte del Plan se llevó a cabo (la estrategia antinarcóticos) y el gobierno norteamericano afirmará que cumplió generosamente con su parte a pesar de que los otros compromisarios no se responsabilizaron a plenitud. Y adicionalmente, nosotros concluiremos que el ambicioso Plan sirvió de justificación para ejecutar unos recursos que, en todo caso, el gobierno gringo tenía que invertir a fin de defender sus intereses estratégicos en la región andina, hallando en él todo el amparo político para su ejecución.

E. Y, ¿qué es el Plan Colombia?

Con la misma libertad con que el Gobierno Nacional invierte el orden de los capítulos del Plan Colombia para presentárselo a uno u otro interlocutor y persuadirlo en función de que se comprometa a financiarlo, nosotros definimos un orden de análisis propio con otro propósito: el de facilitar la interpretación del mismo por parte de las mayorías nacionales de nuestro país.

1. La estrategia antinarcóticos

Queremos empezar haciendo referencia al capítulo III que determina la esencia de todo el Plan: la estrategia antinarcóticos. Y la determina, entre otras razones, porque es el capítulo que tiene asegurada su financiación, como ya lo dijimos. De cada U$1.000, U$700 tienen un destino militar. De ser efectiva esta ayuda -como muy probablemente ocurrirá- Colombia será receptora de U$2´191.000millones diarios de los cuales U$1´752.800 (algo más de 3.330 millones de pesos colombianos) serán destinados con fines bélicos durante cada uno de los 730 días que le quedarán de gobierno a Andrés Pastrana, una vez comience el desembolso de ese dinero. Nunca país latinoamericano alguno había sido objeto de semejante “inversión” para la guerra.

De acuerdo con la información aparecida en el periódico El Colombiano[22], en la ayuda se incluyen U$150 millones que ya llegaron, a los que se le adicionarán U$954 millones en el presente año y U$318millones en el año 2001. En el proyecto de Ley se propone la siguiente distribución (ver cuadro):

MILLONES DE DÓLARES DESTINO 599 Instalación y dotación de un batallón antinarcóticos 63 helicópteros Black Hawk 11 aviones de guerra Modernización infraestructura de la Fuerza Aérea Logística y Red de Inteligencia 341 11 aviones OV-10 para las FFMM de Colombia 1 aeronave con visor infrarrojo Radar y Sensores en Leticia (ya operan) y Tres Esquinas Centro de Telecomunicaciones Tres Esquinas 95 Para la Policía Nacional: Sistemas de Comunicaciones, armas, municiones y bases antinarcóticos en las fronteras con Perú y Ecuador. 15 aeronaves 10 helicópteros Super Hueys 145 Programas sociales de reinserción de familias desplazadas 88 Programas de protección a defensores de DDHH, para la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y reformas a la administración de justicia y sistema penitenciario. 5 Conferencias, estudios de paz, seminarios de resolución de conflictos.

Todo este andamiaje logístico se requiere supuestamente para fumigar y tiene un propósito fundamental: «La meta de los próximos seis años es la de reducir en un 50 por ciento el cultivo como procesamiento y distribución de la droga»[23]. Es decir, de entrada se reconoce que los recursos y la estrategia militar empleada hasta ahora serán insuficientes para erradicar completamente el narcotráfico y, aunque no lo dice explícitamente el Plan, para un lector desprevenido la conclusión es obvia: se requerirán más recursos, prolongación de la estrategia y más tiempo de presencia norteamericana en el territorio colombiano a fin de alcanzar el objetivo deseable: que ya no se narcotrafique en nuestro país. Para ese entonces ya se podría haber alcanzado otro objetivo de la estrategia que se busca independientemente de los resultados operativos: la articulación orgánica, doctrinal y metodológica de la Policía y del Ejército colombianos con las Fuerzas Armadas y de Seguridad norteamericanas, lo que en otras palabras significa la globalización gringa del sistema militar de nuestro país.

La estrategia militar propone una regionalización de la guerra o definición geopolítica de tres frentes de combate dentro del territorio colombiano que irán de sur a norte del país:

«Fase 1: una acción militar, policial y judicial de corto alcance dirigido al Putumayo y al sur, planeado para un año. «Fase 2: una acción militar, policial y judicial de mediano alcance dirigido al sureste y partes centrales del país, y planeado para entre 2 y 3 años. »Fase 3: ampliar la acción integrada a lo largo del país entre 3 y 6 años»[24].

Este dispositivo de guerra (cuyo enfoque militar ya comentamos arriba) abre nuevas preguntas, dudas y controversias, varias de las cuales han sido formuladas en debates dentro del Congreso norteamericano:

a. ¿Qué asegura la delimitación territorial de las fases de combate? En las fronteras con países como Perú y Ecuador (para hablar en términos inmediatos) es difícil creer que no se involucrarán territorios y fuerzas de esos países en el conflicto armado colombiano, más cuando ya se han ido consolidando los escenarios de guerra o teatros de operaciones como bien lo hemos indicado en otros números de esta entrega[25]. Pero, además, la separación imaginaria que establece el Plan para explicar hasta dónde hay guerrilla involucrada en el narcotráfico y dónde comienzan a funcionar las estructuras narcotraficantes[26] se constituye en un sofisma de distracción que pretende esconder la verdadera esencia del proyecto: internarse con fuerzas de combate, armas y acciones políticas condicionantes sobre el Estado colombiano y sobre los actores con algún nivel de poder en el país, para presionar la resolución del conflicto y el destino de la sociedad colombiana al estilo gringo. Si el enemigo genéricamente denominado “narcotraficantes” no está caracterizado, es casi un fantasma desconocido: ¿cómo y por qué se diseña una estrategia militar de largo alcance? Las estrategias se trazan cuando estos asuntos básicos están definidos. Esto ha ocasionado la reacción de Raúl Reyes de las FARC, quien preguntó: «Hasta donde sabemos, los narcotraficantes no tienen un ejército, entonces, ¿para qué 60 helicópteros?»[27].

b. Lo que revela la estrategia con claridad es dónde comienza la lucha: al sur, en el departamento de Putumayo (con las debidas consecuencias que mencionamos en el numeral 1 de estas conclusiones). Pero no se sabe ¿ellos sí? a qué denominan sureste y centro del país para controlar militarmente en el segundo y tercer año de avances (esto tiene tanto de largo como de ancho). Probablemente hasta aquí consideren que para su cometido de copamiento (¿hasta Caquetá, Bogotá, Boyacá…?) sea suficiente el apoyo logístico e infraestructural en materia de armamento considerado por ahora, y probablemente que para entonces ya estén acondicionadas y aleccionadas las fuerzas militares y de policía colombianas para ejecutar el plan. De cualquier modo, la cobertura territorial de las acciones dependerá del grado de fortalecimiento o debilidad de las FARC a las que, si bien se les reconoce capacidad militar, al fin y al cabo se les ve con debilidad política, lo cual, sabiéndose trabajar, resultaría una ventaja comparativa en la lucha contra ellas:

«La mayoría de los analistas argumentan que los guerrilleros de las FARC y el ELN han sido soldados altamente disciplinados, aunque algunos creen que su disciplina es atribuible al temor al castigo más que a la lealtad a su organización. Existen algunos indicios recientes, sin embargo, de que la disciplina tradicional se ha transformado. Según los informes de inteligencia colombiana, las FARC, a medidos de 1999, estaba equipada con cinco aviones Cessna, cuatro helicópteros de reconocimiento, y un helicóptero de evacuación médica.

«..observadores reportan que los habitantes no tienen otra alternativa que rendir la obediencia que la guerrilla demanda. Informes recientes desde la «zona desmilitarizada» creada por la Administración de Pastrana en noviembre de 1998 al inicio de las conversaciones de paz, y controlada por los guerrilleros, indican que por lo menos algunos habitantes se resienten con la arbitrariedad y en ocasiones, ley brutal de la guerrilla.

“A julio de 1999 una encuesta dirigida en cuatro ciudades colombianas (Bogotá, Cali, Medellín, y Barranquilla) encontró, sin embargo, que muchos moradores urbanos tienen puntos de vista negativos de los guerrilleros, con un 79% que creen que ayudan e incitan a los narcotraficantes, un 93% que creen que violan los derechos humanos, y un 78% que creen que las FARC no se comprometen para alcanzar un acuerdo de paz (79% en el caso del ELN)»[28].

c. Llama la atención la generalidad con la que se refiere el diseño al “resto del país”. Ese “resto” se trata de un norte donde también hay cultivos importantes de cocaína y amapola y donde, además, existen recursos naturales de envergadura, disputas como en ninguna otra porción del territorio nacional entre paramilitarismo e insurgencia, amén de su importancia estratégica. Es decir, hablamos de que medio Colombia estaría “desprotegida” en el lapso de por lo menos tres años mientras se resuelve lo del sur y lo del centro. Nos resistimos a creer que un dispositivo de semejantes proporciones haya pasado por alto un detalle de esta índole y más bien terminamos por concluir que se trata de una distribución de fuerzas y de funciones: el sur se le encarga a las estructuras legales (ejército y policía) y el norte se irá controlando por la acción paramilitar, para que en el mediano plazo puedan entrar a ejercer soberanía las fuerzas legales que desde abajo vendrán en expansión y ascenso.

d. Solamente desde este diseño se puede entender el curso que está teniendo el proceso de paz, tema que difícilmente se puede tratar como capítulo aparte. Además de las consideraciones que ya hemos hecho frente a algunos actores del conflicto tenemos que agregar cuatro elementos:

i) Hay una clara diferenciación estratégica de las guerrillas (FARC-ELN) lo cual hace pensar que el tratamiento distinto no será sólo de momento sino a largo plazo. Para el ELN, en general, se destinará el tratamiento paramilitar (el del norte del país) con el propósito de amilanarlo y obligarlo a negociar en condiciones más ventajosas para el establecimiento; se presupone que el intento de unidad estratégica de la insurgencia es un proyecto ya caduco y posiblemente se subestima la capacidad militar del ELN.

ii) La opción militar para enfrentar a las FARC dependerá de si se niega a sumarse a la alianza estratégica contra el narcotráfico, tema crucial en el proceso de negociación que por el momento no se tocará.

iii) Frente a la caracterización benévola y ambigua del paramilitarismo se pretende dejar abierta una alternativa para su disolución pacífica vía tratamiento político en tanto que no hay una estrategia que la confronte y en tanto explícitamente el Plan así lo indica: «El gobierno sigue luchando en contra de los grupos de autodefensa al margen de la ley, pero este hecho no significa que no esté dispuesto a buscar alternativas y maneras pacíficas para desmantelar su infraestructura y sus operaciones»[29].

iv) Por último, introduce el tema de la “Comunidad Internacional” dentro del proceso de paz sugiriendo tres maneras de hacerlo (observador, intermediario o verificador) que dependerán de la manera como (económica y militarmente) se comprometan con el proceso. Desde el punto de vista político se atreve a colocar sobre la mesa el tema del DIH y de los Derechos Humanos, a pesar de la mala imagen internacional del Estado colombiano en este campo, pero con la seguridad de que podrá revertir el debate mostrando a la guerrilla y a los paramilitares como violadores de estos dos ordenamientos jurídicos internacionales.

e. Sin atacar consumo y ofreciendo apenas paliativos de sustitución de cultivos a los cultivadores en estos países, ¿se garantizará la erradicación de producción y comercialización de drogas? Los estudios muestran cómo donde se ha seguido esta política lo único que se ha logrado es el desplazamiento de los cultivos a otras regiones. Además, como lo señala la OIHDACO, «la erradicación forzosa de cultivos ilícitos atraves de la fumigación no es nueva en Colombia. 25 años de aplicación demuestra su fracaso no solo en terminos de reducción de la oferta (la hectárea de hoja de coca sembrada aumentó entre 1992 a 1998 de 40.000 a más de 100.000), sino también, en relación a la incidencia negativa para la legitimidad del Estado, el orden social, el conflicto armado y el daño al medio ambiente que la fumigación ha causado»[30].

2. Reencauzando la economía. Democratización y desarrollo social

El Plan económico tiene que ver con el área que más ha venido trabajando el Gobierno Nacional. No es sólo proyectivo sino que, de hecho, es el campo donde ha tomado más medidas aunque los resultados no sean tangibles por el logro de los objetivos propuestos sino más bien por el deterioro del nivel de vida de los colombianos. Este Plan económico, que ha sido objeto de pormenorizados análisis en nuestros dos números anteriores, se incorporó al Plan Colombia, persiguiendo con ello un efecto de gran importancia: su estabilización como tendencia a largo plazo, de tal forma que no haya lugar a echar pie atrás en las medidas pues éstas se supeditan a los acuerdos internacionales con el FMI y el BM, los cuales trascienden el actual período presidencial.

Al colocar el tema económico en el marco de este Plan se intenta revertir la distorsión histórica de nuestro país en el sentido en que los intentos de globalización neoliberal se quedan siempre a mitad de camino. El primer impulso, llevado a cabo por los gobiernos de López Michelsen (1974-1978) y Turbay Ayala(1978-1982), se vio frustrado en tiempos de Belisario Betancur (1982-1986); y el segundo, reiniciado con más fuerza por César Gaviria (1990.1994) encontró serios tropiezos en la administración Samper. La causas de esos baches no se encuentran en que los gobiernos que han funcionado como obstáculo hayan levantado propuestas de desarrollo económico alternativas sino en que no fueron lo suficientemente ágiles para implementar las medidas de apertura, por un lado, y se enfrentaron a momentos álgidos en el tema del conflicto armado, por otra parte, lo cual exacerbó en el país ambientes de alta inestabilidad militar, política y social como para animar más decididamente el ingreso de capitales extranjeros.

El reencauzamiento de la economía propone un esquema muy simple: se trata de consolidar el ajuste fiscal (que el Estado limite el gasto público en forma permanente y no sólo coyuntural, reduciendo su nómina y la inversión social y saliéndose de los sectores productivos y financieros, es decir, privatizando sus empresas) y de reestructurar el sistema financiero a las condiciones del mercado internacional para atraer por medio suyo los capitales externos a una banca que no coloque cortapisas a las transacciones ni tenga que competir con dineros ilícitos como ocurrió en las décadas de los años 80 y 90. Con estas políticas macroeconómicas se fortalecería la tendencia neoliberal de dejar que las grandes medidas económicas estén tomadas por agentes privados internacionales, trátese de la banca multilateral o de empresas multinacionales, evitando el engorroso camino de la negociación permanente con diferentes gobiernos. Apertura comercial y financiera para capitales privados internacionales que se apoya en dos argumentos centrales: hay un Estado ineficiente y sobre todo corrupto por lo que hay que limpiarlo y reducirlo[31] y, de otro lado, los capitales privados del país no se deciden a invertir, por lo que hay que llamar a los extranjeros. La contraprestación supuestamente “favorable” al país consiste en que en tanto avance ese plan de ajuste se irán ofreciendo aperturas en los mercados internacionales a productos agrícolas colombianos, lo que significa el estancamiento estratégico de la economía que para su “desarrollo” seguiría teniendo como eje central el renglón primario de la producción. Una economía que actualmente piense en grande debe adoptar estrategias eficaces de incorporación tecnológica, lo que ni por asomo aparece en los gaseosos planes de desarrollo de sustitución de cultivos en el campo. En estos idílicos proyectos es que el Plan finca sus promesas de reducción del actual 20% de desempleo colombiano.

Lo que se concibe dentro de ellos como “Democratización y Desarrollo Social” es una serie de proyectos -apenas esbozados- focalizados en zonas de conflicto a donde llegarán las fuerzas militares y la policía, después de fumigar y combatir, para atender en forma selectiva los efectos de esa intervención. Si el criterio es la participación de los habitantes (los que aún queden en la región y no hayan sido desplazados) se trata de ofrecerles un apoyo financiero inicial para que autogestionen sus propios proyectos y asuman en adelante la responsabilidad de los mismos, incluyendo la consecución de nuevos recursos. Con ese propósito se están elaborando 44 proyectos sociales dirigidos a zonas afectadas por el narcotráfico o la violencia con un costo que redondea los U$1.047 millones, de los cuales el 80% se espera sean aportados por la comunidad internacional.[32]

Y mientras Colombia sigue tomando medidas estructurales de apertura para los capitales extranjeros apenas señala su deseo de reciprocidad de parte de los países beneficiarios:

«Igualmente mira (el gobierno colombiano) hacia sus mayores socios comerciales con el fin de ampliar el acceso a sus mercados para los productos en los cuales goza de una ventaja competitiva. El apoyo continuado de los Estados Unidos y la Unión Europea para el acceso preferencial a los mercados es vital para el desarrollo económico de Colombia … En especial la oportuna ampliación de la duración del ATPA (Andean Trade Preference Act) sería de gran importancia, para disminuir las incertidumbres que rodean tanto el comercio como la inversión. Del mismo modo, el alcance del ATPA debe ser ampliado para hacerlo comparable con las condiciones concedidas a otros países en la subregión, especialmente a los productos cubiertos por la Iniciativa para el Caribe (CBI)”[33].

Mientras llegan estos tiempos (¿?) Pastrana se empeña en “sostener la caña” y se compromete en el Foro sobre la Competitividad a acelerar el ingreso de Colombia al Tratado del Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Es decir, ya no se limita a las modestas gestiones para acceder a preferencias arancelarias y comerciales en convenios específicos como lo expresa el Plan Colombia, sino habla del sueño de pertenecer a un sistema estable de intercambios comerciales. Semejante anuncio significaría que el Presidente tiene adelantados de forma seria trámites en ese sentido (¿?) o, como dice Hernán González Rodríguez en el periódico El Colombiano, el 19 de febrero, en un artículo llamado ¿Ingresar al NAFTA?:

«Comencemos por calificar como inexistentes las posibilidades políticas de tal idea, puesto que en los Estados Unidos nos perciben como socios indeseables, unos narcotraficantes y farsantes. Aparecemos en las listas de los países mayores violadores de los derechos humanos del planeta…Figuramos a continuación como la principal amenaza del orbe para la juventud del tal país por culpa de los cultivos y el comercio de la cocaína y la heroína que se originan por acá…Cerramos esta vergonzosa carta de presentación con la destrucción sin precedentes del medio ambiente. Y el Gobierno aún no ha realizado nada como para modificar esta percepción lamentable».

Por eso, lo más factible es que dicho anuncio público del Presidente se trate no más que de retórica para hacer política y quitarse la presión de los gremios industriales y de comerciantes de Colombia. Si no fuese así, tendríamos que hablar de las condiciones para ingresar a ese tratado, lo que por ahora no es necesario hacer.

3. La Reforma del sistema judicial y la protección de los derechos humanos

Como aparato coercitivo del Plan, el sistema judicial ha de estar al servicio de la política antinarcóticos y de la apertura económica: perseguirá narcotraficantes y contrabandistas. Reconociendo la reiterada incapacidad del Estado colombiano en este sector, se pretende igualmente globalizar el sistema haciéndolo funcional al sistema de justicia internacional:

«Para esta prioridad, Colombia fortalecerá sus iniciativas con el fin de hacer cumplir las leyes nacionales y multilaterales incluidas a) investigaciones y capacitación multilaterales, y b) protección efectiva de testigos y funcionarios judiciales; extraditará a los delincuentes internacionales de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales; mejorará el sistema carcelario con el fin de que cumpla con normas internacionales de seguridad, incluidas facilidades adecuadas y personal capacitado y profesional; y extenderá iniciativas multilaterales para fiscalizar y decomisar los embarques de precursores»[34].

Evaluando que la reforma a la justicia introducida con la nueva Constitución de 1990 se quedó a mitad de camino, se propone radicalizar el sistema acusatorio con el objeto de agilizar los procesos dentro de un verdadero espíritu pragmático:

«Colombia se ha comprometido a respetar el estado de derecho y seguirá fortaleciendo todos los aspectos de su sistema judicial. Esto incluye el apoyo para la transición continua a un sistema acusatorio (incluidos procesos verbales e investigaciones eficaces) y a una mayor agilidad de proceso en todo el sistema judicial, con el fin de asegurar que habrá acceso universal a la justicia sin importar la ubicación geográfica o nivel de ingresos»[35]. Mientras tanto, en el campo de los Derechos Humanos el Plan se compromete a tomar medidas nada novedosas, si de estrategia estatal se trata: divulgación, modelo pedagógico para las Fuerzas Armadas y colaboración con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Frente a la ligereza con que se trata el tema en el documento hubo discusiones al respecto en el debate de aprobación del presupuesto dentro del parlamento norteamericano.

Esa discusión fue provocada por la denuncia pública de ONGs de Derechos Humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, en el mismo Congreso de Estados Unidos quienes, entre otras, alertaron sobre el peligro de proporcionar una ayuda económica y militar a Brigadas del ejército como la III, la IV y la XIII, a las que pertenecen militares incursos en procesos por violaciones a los derechos humanos y por sus vínculos con los paramilitares.

El informe anual sobre el tema por parte del Departamento de Estado, presentado el 25 de febrero por el secretario asistente, Harold Koh, tuvo el cuidado de no negar tajantemente los informes no gubernamentales, pero llegando a conclusiones distintas: los principales violadores de derechos humanos en el último período son las guerrillas y los paramilitares. Esta apreciación, en el concierto a varias voces se completó de dos maneras: 1) con la afirmación de Madeleine Albright de que «el asunto es cómo se va a utilizar el dinero y que los paramilitares están fuera de las estructuras legales»[36] (de modo que para ellos no es la ayuda) y, 2) con las rápidas acciones y medidas que tomó el Ministro de Defensa en Colombia, respondiendo al día siguiente del debate con hechos y buenas intenciones: apresando a uno que otro paramilitar, anunciando que desvinculará inmediatamente de la institución a los militares sobre los que haya sospechas o evidencias de estar en conexión con los esos grupos, y anunciando la creación para un futuro de un Centro de Coordinación Nacional de lucha contra los grupos de autodefensas encargado de reunir información, capturar y judicializar a sus líderes.

Parece que estas fueron las determinaciones para contrarrestar las presiones sobre la necesidad no sólo de aplicar sino inclusive de ampliar los criterios estipulados por la Enmienda Leahy ordenada por el Congreso de los Estados Unidos[37]. El problema está -y en eso se la juegan los impulsores norteamericanos y colombianos del Plan- en cómo se interpreta dicha Enmienda: “¿Qué se entiende por « evidencia creible » y « apoyo material>> en términos del proyecto? ¿Son evidencias de carácter judicial? »[38] De ser así, hay que recordar que en Colombia existe fuero militar y que ha servido de sobra para encubrir y garantizar la impunidad de numerosos militares que han delinquido a través de las autodefensas. Al respecto anota Christine Lauber : «lo que encontramos en América Latina es militares creando el ambiente en el cual los paramilitares y milicianos aparentemente « independientes » pueden cometer sus acciones atroces en total impunidad mientras que al mismo tiempo esos militares mantienen sus « manos limpias para poder seguir recibiendo ayuda militar de países como el nuestro sin el éscandalo del público en general. Esta es la forma como el paramilitarismo opera en el nuevo orden mundial»[39].

El análisis hecho hasta aquí nos lleva a pensar que el Plan Colombia es una estrategia en construcción para posicionarse el Estado norteamericano y el débil Estado colombiano en el conflicto armado interno, bajo la siguiente consideración: controlar el orden interno colombiano es tocar el punto nodal de la seguridad regional andina y, sólo así y para el presente período, es posible preservar la Seguridad Nacional de Estados Unidos. De tal suerte que la puesta en marcha del Plan determinaría en adelante el esquema dentro del cual se seguirá internacionalizando el conflicto colombiano que tendrá como nota característica la globalización del sistema militar, del sistema de justicia y de las políticas macroeconómicas del Estado colombiano, según las directrices norteamericanas.

Esto traería como consecuencia la supeditación estratégica del régimen político de nuestro país a los planes de Estados Unidos. Fue lo que no se alcanzó en tiempos de César Gaviria ni se pudo lograr vía diplomacia coercitiva internacional durante el gobierno de Ernesto Samper. En la administración de Gaviria se pusieron en juego todos los componentes de la actual estrategia -cuyos matices y variables analizamos arriba- pero todavía existía la confianza en que la misión del proyecto podía ser ejecutada por el Estado colombiano. Al final de ese gobierno empezaron las dudas por parte del gobierno gringo, que definitivamente se destaparon durante el gobierno de Samper, esquemáticamente dicho en estos términos: dudamos no solamente de la eficacia de las instituciones (judicial, armada y económica) del Estado colombiano sino de las alianzas que se tejen entre los sectores de poder con el narcotráfico, empezando por el mismo Presidente. De tal manera que una negociación (sometimiento a la justicia) con el narcotráfico o una negociación política con la guerrilla no será permitida por Estados Unidos, pues cualquiera de esos procesos está empañado y amenazado por componendas criollas. La novedad del gobierno de Pastrana está no tanto en que le dé al gobierno de Clinton las garantías sin par para complacerlo indefinidamente, sino en que le abrió las puertas para controlar establemente al régimen colombiano lo que, sin embargo exige un tutelaje gringo que no están dispuestos a delegar, por más amigo que sea el actual Presidente. Se instaura, en síntesis, un régimen « democrático » tutelado y de condicionamientos sobre el sistema político colombiano, contaminado como ningún otro por la plaga del narcoterrorismo.

II. El plan colombia: la nueva versión de la doctrina de seguridad nacional

La comprensión del Plan Colombia –hecho fundamental de la actual coyuntura– exige un análisis de lo que este proyecto significa en el marco de una tradición social en América Latina y en nuestro país. Dicha tradición tiene que ver con el diseño y puesta en práctica de estrategias políticas, elaboradas desde las instancias de poder, para conducir el destino de nuestras sociedades hacia objetivos predeterminados. En nuestro caso estamos hablando de una tradición de estrategias comunes a los países del continente y del Caribe derivadas de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) formulada por Estados Unidos, que empiezan a operar una vez terminada la segunda guerra mundial.

Nuestra interpretación quiere mostrar cómo el Plan Colombia es probablemente la actualización más reciente de esa Doctrina y de sus respectivas directrices políticas, en el contexto de la órbita de influencia y control más directa de los Estados Unidos. Esto significaría que en nuestro país y en la región andina, ámbitos de primera línea de aplicación, se está gestando un proyecto de envergadura de impacto hemisférico. De tal forma que si existían dudas algunas dudas sobre la vigencia de la DSN, nos encontramos con que no solamente no ha desaparecido sino que vive un proceso de reacomodamiento a las nuevas circunstancias de la globalización.

Para este examen, debemos empezar por hacer un breve recuento del nacimiento y desarrollo de la DSN y de los elementos que la han constituido, a fin de dar cuenta de las continuidades y de los cambios que se proponen en el presente Plan Colombia.

A. Breve historia y fundamentos de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN)

La DSN tuvo como instrumento jurídico fundacional el Acta de Seguridad Nacional –ley promulgada en los Estados Unidos en 1947- mediante la cual cobraron vida el Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Su principio orientador es uno primordial: el Estado se encuentra amenazado, no sólo por fuerzas externas (como lo acababa de demostrar la segunda guerra mundial), sino por la misma ciudadanía que representa[40]. En consecuencia, la DSN se propone sentar los criterios, las estrategias y los medios necesarios para salvaguardar la existencia del Estado, todo lo cual se resume en una frase: prepararse para la guerra, pues ésta se desata en cualquier momento, y sólo quien se encuentre preparado evita quedarse en una guerra continuada, ya que estará en capacidad de resolverla más rápidamente.

Es bien conocido que la DSN ubicó como enemigo principal en esa guerra en potencia, o guerra fría, a la Unión Soviética, imputándole a ella una estrategia de acción que combinaba la disposición de recursos bélicos desde fuera y la instigación interna –en las sociedades que pretendía desestabilizar- de movilizaciones sociales y organizaciones políticas que tenían como propósito atentar contra los Estados democráticos. De aquí en adelante será visto con esta lente todo lo que suceda en los países de América Latina y el Caribe.

A renglón seguido, Estados Unidos promovió ese mismo año la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en Río de Janeiro, el cual «representó la integración de las instituciones militares de América Latina a un bloque bélico cuya dirección estratégica estaba a cargo de los Estados Unidos»[41]. El piso jurídico-político de este acuerdo se lo dio la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948, en Bogotá, que consolidó la idea de que los órganos de apoyo del TIAR (Junta Interamericana de Defensa y Colegio Interamericano de Defensa) se articularan a las orientaciones militares estadounidenses. Con esas ases, en 1950, Estados Unidos diseñó una estrategia de seguridad para América Latina, contenida en el Memorándum 68: Programas bilaterales de ayuda militar (MAP), entrenamientos militares en su país y en la zona del canal de Panamá para oficiales en las instituciones castrenses de nuestros países y apoyo a las dictaduras militares, pues los países “atrasados” supuestamente requerían de este régimen político para proveer de seguridad a sus respectivos Estados. Con esto establecía una división de funciones: Estados Unidos se preocupaba por la seguridad global del área mientras cada país procuraba la suya propia.

Sin embargo, el dispositivo no sirvió para enfrentar el primer evento “concreto” e “indiscutible” de “penetración comunista” en este lado del planeta, como se calificó a la revolución cubana de 1959. El fracaso se evidenció en dos hechos: el dispositivo no fue capaz de prevenir la derrota de ese Estado caribeño, y en cambio sí fue repelido militarmente en el desembarco de Bahía Cochinos en 1962. La respuesta por algo más de diez años fue la de redoblar esfuerzos en el mismo sentido en otros lugares y nunca replantear el enfoque militarista de la DSN. El mencionado enfoque ha consistido en «la intervención de los militares como corporación en campos de la política ajenos a la actividad profesional castrense. El ideal doctrinario es la “ocupación” de las instituciones estatales a través de un golpe de Estado… En países donde no hubo golpes de Estado puede señalarse que, si bien la “ocupación” militar de las instituciones estatales es el presupuesto básico para el ejercicio doctrinario, era posible realizar “ocupaciones” parciales de Estado, en el contexto de gobiernos civiles»[42]. Esta última fue la tendencia mayoritaria en los diferentes países del hemisferio, incluido Colombia, suficiente para dejar sus improntas doctrinarias en los regímenes políticos, a saber:

a. La seguridad nacional se iguala a la seguridad del Estado, en el discurso, e incluso se subordina en la práctica.

b. El móvil de la estrategia lo determina la lógica de amigo (del Estado)/enemigo (del Estado, de la sociedad, de la humanidad) que transformó al adversario político en enemigo y obligaba al ciudadano a colocarse de parte del régimen so pena de ser estigmatizado. Y esto provocó, a su vez, el más importante cambio en el estamento militar: «la sustitución del viejo profesionalismo de la “defensa externa” por el “nuevo profesionalismo de la seguridad interna y el desarrollo nacional”»[43]. Articulación política y militar que aseguraba la práctica y la legitimación del terrorismo de Estado a nombre de la democracia y la libertad.

c. El alto componente ideológico y político de la guerra se proponía movilizaciones ciudadanas a favor del proyecto estatal, llegando a la demonización fanática del enemigo y al uso del terror sicológico.

La aplicación en nuestro continente de este modelo doctrinal, hasta mediados de los años 70, de suyo puso en evidencia dos problemas: la excesiva confianza en las instituciones militares de los países suramericanos (tanto que aquí no se han considerado necesarias las intervenciones directas de los militares gringos) que llevó a los gestores del proyecto a preguntarse tardíamente por la subestimación de la importancia estratégica desde el punto de vista geográfico, del subcontinente, y, de otro lado, sobre el manejo de la inocultable violación de los derechos humanos por parte de sus protagonistas. Estas distorsiones, en el marco de la evaluación global de la estrategia después de la derrota norteamericana en Vietnam, empezaron a ser objeto de revisión y corrección[44]. Las conclusiones a las que fueron llegando mantuvieron vivos los principios y enfoque de la DSN, pero introdujeron algunos cambios para los años 80:

a. Se diferencia el carácter de los conflictos, clasificándolos como de alta, baja y mediana intensidad. En estos últimos encuentran motivaciones diferentes que los originan y los llevan a hablar de «seis “categorías de misiones” específicas: defensa interna frente al extranjero; “proinsurgencia” (patrocinio y apoyo a guerrillas anticomunistas en el tercer mundo); operaciones de contingencia en tiempos de paz; acción contraterrorista; operaciones antidrogas y operaciones de guarda de la paz»[45].

b. A partir de lo anterior, consideran que los conflictos latinoamericanos son de baja intensidad. Las otras dos categorías se las adjudican a otras latitudes como el Medio Oriente, el Golfo Pérsico o los Balcanes.

c. En consecuencia, la manera de intervenir los conflictos de América Latina y el Caribe, amén de la nueva visión sobre el tipo de conflicto en que los inscriben, debe considerar los cambios tecnológicos en el campo militar para los cuales no están preparados los oficiales de estos centro castrenses. Esto lleva a privilegiar dos políticas: la reducción de ejércitos y la asesoría técnica como tarea prioritaria, dejando la posibilidad de intervenciones directas puntuales, en el campo militar, que sean cortas y contundentes y buscando en lo posible intervenir el régimen político (casos de Panamá y de Haití).

B. La Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia

En el caso de Colombia, el modelo de Seguridad Nacional fue cobrando vida alrededor de tres fenómenos internos ocurridos durante la década de los años 50.

En primer lugar, con la participación de su ejército en la guerra de Corea (1951-1954) que le dio la oportunidad, especialmente al general Alberto Ruíz Novoa (ministro de Defensa del presidente Valencia [1962-1966]) de introducir los conceptos de guerra moderna en el estamento militar (principio de enemigo interno desde el enfoque de guerra fría; iniciativas políticas del sector castrense en el marco de proyectos de desarrollo; acciones cívico-militares para hacer presencia social).

En segundo término, la violencia política fue llevando a los militares a un proceso en el que deslindaron compromisos con los partidos políticos y fueron planteando una nueva posición política que ubicó como enemigo principal del Estado y de la sociedad a los grupos guerrilleros, principalmente desde comienzos de la década de los años 60: «de esta manera el clima militar antisubversivo creó condiciones propicias para definir el componente colombiano de la DSN»[46].

Y en tercer instancia, mediante la firma del Acuerdo de Asistencia Militar con los Estados Unidos, en 1952, que se tradujo en un subsidio de 60 millones de dólares entre 1961 y 1967, colocando a Colombia en el tercer recepcionista en la región de este tipo de ayuda, después de Brasil y Chile.

Estos hechos se fueron concretando en componentes estratégicos internos de diversa índole. La puesta en marcha del Plan Lazo (comienzos de los 60) contra las últimas guerrillas liberales de la época de la Violencia y que «contenía elementos nuevos para enfocar la lucha contra la violencia y se basaba en el reconocimiento de las causas políticas, sociales y económicas del fenómeno y, en consecuencia buscaba luchar contra esas causas»[47], lo que en otro lenguaje significaba “quitarle el agua al pez”, en el entendido de que el pez es el guerrillero y el agua las causas sociales, políticas y económicas. Luego, en 1965, mediante el decreto 3398, ratificado por la ley 48 de 1968, se habilitó a las fuerzas armadas para amparar el uso privado de armamento y al gobierno nacional para utilizar a la población civil «en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad»[48]. En este mismo año, se le encargó al ejército su papel extraprofesional de juzgar civiles en tribunales militares. Después, en 1968, el Plan Andes del ejército organizaba la asistencia técnica y social de bachilleres y universitarios vinculados a su institución. Directrices que de conjunto le fueron dando oficio y razón de ser al Consejo Superior de Defensa Nacional creado desde 1960. En el terreno operativo se le sumó el avance en el trabajo de inteligencia (Batallón Binci en 1962) y la creación de Comandos Especializados en la lucha antiguerrillera. El cuadro lo completó la exhaustiva legislación de orden público expedida año tras año mediante el Estado de Sitio[49]. Tales definiciones fueron configurando rápidamente el escenario propio de la DSN: el estamento militar se consolida como un sector autónomo dentro del Estado, encargado de interpretar e intervenir el conflicto armado y el orden público dentro de la sociedad colombiana, mediante un acuerdo con los sectores civiles del poder. Lo cual no quiere decir que no se hubiesen presentado dificultades cuando algunos generales, en calidad de ministros de defensa, quisieron radicalizar esta política sentando posturas públicas sobre el carácter de la violencia y lo que a su parecer debería ser el manejo de los procesos de paz (rol asignado al sector civil): han sido los casos de Ruíz Novoa (1965), Valencia Tovar (1976) y Harold Bedoya (1997), que culminaron con las renuncias a sus respectivos cargos. Estos han sido casos críticos en los que se intentó romper con las reglas de juego criollas de la Seguridad Nacional y que le piden a los militares no obrar como deliberantes en el conflicto, a cambio de su autonomía en el campo bélico y del otorgamiento de prerrogativas políticas y sociales decididas formalmente desde el ámbito civil.

C. Hacia la concreción estratégica de la Doctrina de Seguridad Nacional

Esta política se mantuvo hasta el gobierno de César Gaviria (1990-1994) quien adoptó la Estrategia Nacional contra la Violencia en su lucha antisubversiva, tratando de atender tres grandes baches que había dejado la aplicación de la DSN en Colombia: la ampliación de la cobertura geográfica institucional por parte del Estado, así como la recuperación de su monopolio en el uso de la fuerza y de la capacidad de sus sistema de justicia para sancionar los delitos. Lo que se aceptaba implícitamente era la ineficacia de la política de seguridad nacional que había insistido en fortalecer precisamente esos ejes: el militar y el de justicia. Pero tal evaluación no llevó a cuestionar el paradigma sino a ajustarlo y aplicarlo todavía más a fondo, esta vez en el claro intento de elaborar una verdadera estrategia dentro del contexto favorable que le brindaba la nueva carta constitucional de 1991.

Los mencionados propósitos se querían llevar a cabo a través de un viraje sustancial en las relaciones cívico-militares dentro del aparato del Estado: el problema de la seguridad nacional no sería de competencia exclusiva de las instituciones castrenses sino que debería ser preocupación de todo el Estado. Lo que significaba que las directrices en esta materia deberían emanarse del Consejo Nacional de Seguridad y pasarían por el ministerio de defensa, ahora en cabeza de un civil[50], y no saldrían de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas o del Ejército.

Sin embargo, el cambio en el procedimiento no significó una transformación del enfoque militarista de la seguridad nacional ya que las decisiones civiles siguieron privilegiando la lógica y la estrategia de guerra, vistas ahora como un problema de mejoramiento técnico militar, dentro del espíritu de la racionalidad macroeconómica neoliberal. El “cambio” fue tan bien asumido que una innovación aparentemente tan drástica no suscitó resquemores entre los militares, porque en la práctica se mantenía el esquema tradicional: el esquema de paz era potestad del ejecutivo, mientras que la guerra, fortalecida con brigadas móviles y una brigada de inteligencia especializada, sería el resorte de las fuerzas castrenses. El diseño pretendía que el gobierno regulara el manejo político de la guerra o el incremento de la lucha armada –según como evolucionara el proceso negociador- así como la estructuración de las políticas de justicia, del Plan Nacional de Rehabilitación y la seguridad ciudadana dentro de una racionalidad integral de guerra, con la ventaja comparativa de que guardaba la imagen de su carácter civilista.

Pero los postulados doctrinales de la Seguridad Nacional se mantenían. Aparecían dos novedades, más como desarrollos de dicha doctrina que como modificación: el énfasis en el carácter integral de la guerra, asumiendo simultáneamente varios frentes de combate (el ideológico, el político, el social, el económico y, por supuesto, el militar como eje central) y un ligero matiz en el tratamiento al enemigo insurgente: por “benevolencia”, el Estado se encontraba dispuesto a otorgarle a la guerrilla un lugar en el sistema político si se retractaba de su proyecto, y esto se hacía visible en una “actitud generosa” en ciertas concesiones previas a la entrega de armas[51]. Sin embargo, el tratamiento fue ambivalente, pues muy pronto, cuando se rompieron los diálogos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, la insurgencia fue calificada de terrorista, de monstruosa, comparable con los dinosaurios, colocándola en el terreno de delincuente común, mientras que con el narcotráfico, concretamente con la mafia de Medellín, se intentaban negociaciones en condiciones ampliamente favorables para esta última[52].

D. La globalización de la Seguridad Nacional

El Plan Colombia aparece al año y medio de gobierno de Pastrana, como bien lo dijimos en el apartado anterior, después de negociarlo con el gobierno de Clinton, Es una alianza estratégica amigable posterior a un proceso tortuoso de presiones del gobierno norteamericano sobre la administración de Ernesto Samper quien fue neutralizado en su intento de adelantar una nueva negociación con la mafia de Cali, independiente de los Estados Unidos. Así visto, el Plan Colombia es una alianza política y militar entre el gobierno de Pastrana y el Estado norteamericano, con perspectiva de consolidarse como una alianza de Estados, en la medida en que Washington logre intervenir establemente el régimen político de nuestro país. Durante el gobierno de Samper lo hizo coercitivamente a través de la Fiscalía General de la Nación y la Policía; ahora lo quiere hacer a través de la articulación del Ejército, de la Policía y del Sistema Judicial, asesorando estos órganos técnica y directamente con funcionarios gringos, consolidando así los instrumentos de control y represión del Estado como condición de seguridad.

Bajo estos presupuestos, encontramos las siguientes actualizaciones y relativas novedades de esta estrategia de seguridad:

1. Se sigue partiendo del presupuesto básico de la amenaza contra el Estado. En este sentido, se continúa igualando seguridad del Estado a seguridad nacional: la primera garantiza a la otra. Pero subyace una nueva idea de Estado, más cercana a los cambios propiciados por las sociedades globalizadas: el Estado que interesa defender, el gringo, es un Estado nacional protector de sus ciudadanos, pero también está interesado en salvaguardar la salud de toda la humanidad (porque nadie más lo puede hacer cómo él lo hace), y en este sentido es global o universal; y, de otro lado, el Estado colombiano del que se habla es un órgano sujeto a reformas que deben pasar por su depuración (lucha anticorrupción)[53] y por su adelgazamiento[54] para que se concentre en sus funciones principales: control ciudadano y administración delegada internacional de la economía[55]. En consecuencia, ya no se puede pensar en que seguridad de los Estados subordinados (y, en cuanto tales, Estados relativamente fuertes) es igual a la Seguridad del Estado norteamericano, sino que ésta depende ahora es de la capacidad, por parte del Estado gringo, de intervenir fluidamente las actividades de control de los pequeños Estados (que son ineptos): sólo así se neutraliza la amenaza[56].

2. La amenaza se contrarresta con dispositivos de guerra. En esto se sigue la costumbre y se conserva la esencia de la DSN. Pero en ese dispositivo se deben comprometer fuerzas activas multinacionales prestas a actuar frente al peligro inminente, orientadas bajo la conducción técnica de Estado Unidos. Con esta medida se evitan dos inconvenientes: permitir que un ejército nacional se crezca más de la cuenta, pues siempre se necesitará el concurso de otros, e intervenir unilateralmente Estados Unidos con sus propias fuerzas, teniendo que asumir los costos políticos y humanos de manera individual.

3. El dispositivo de guerra es regional. Así comprendido, no es ni la sumatoria de esfuerzos entre países vecinos, ni la sola distribución de fuerzas gringas en una sola región (como fue el caso centroamericano en los años 80). Se trata de la disposición de fuerzas y de factores de guerra de varios países que se movilizan dentro de una sola estrategia diseñada y conducida por Estados Unidos, sin que se establezcan acuerdos operativos bilaterales. Si éstos se dan serán por iniciativa del Estado que conduce toda la estrategia; las partes, en tanto, sólo se unirán en torno al mismo móvil de la amenaza.

Y en tanto dispositivo regional su diseño responde a la lógica concéntrica: hay una prioridad geográfica, un centro del problema, sobre la que deben recaer todas las iniciativas en el desarrollo del Plan. En los actuales momentos se evidencia esto: la atención de Estados Unidos y de los países andinos se cierne sobre Colombia.

En general, se opera un cambio que replantea la importancia estratégica de Suramérica y que probablemente hará parte de la agenda norteamericana de control geopolítico de aquí en adelante, incluso si se presenta un escenario de distensión con respecto al conflicto armado y de drogas.

4. Se instaura el modelo de régimen político tutelado o de democracia tutelada: en él no se reparten las funciones de la seguridad nacional entre los Estados (Estados Unidos se encarga de lo global mientras cada Estado cuidaba lo suyo) sino que se impone un régimen de condicionalidades múltiples en todos los terrenos: en el jurídico, en el económico, en el militar, en el ordenamiento político. Y esta imposición se ejerce desde diferentes instancias dirigidas por el Estado norteamericano: el FMI, el BM, la ONU, la OEA, la OMC, etc. Bajo este esquema se modifican las tradicionales relaciones entre Estados-centros y Estados dependientes y se inaugura el sistema de globalismo localizado por medio del cual los actores del poder mundial se asocian y someten a sus intereses a sociedades o a regiones débiles[57].

5. El régimen político que se tutela debe revaluar su sistema de relaciones cívico-militares. Al Estado norteamericano no le interesa entablar relaciones directas con las instituciones militares, por encima de los sectores civiles del Estado, sino precisamente a través de ellos. Con esto se salva la idea de que la estrategia (de guerra) es un plan político y social en el que funcionalmente los sectores militares se someten a las orientaciones de los políticos[58]. Conociendo el grado de dificultades en estas relaciones dentro de los países sometidos es indispensable la intervención estructural del sistema político por parte del Estado norteamericano dentro de planes coherentes y flexibles en su puesta en práctica.

6. Se intenta una nueva caracterización del enemigo que lo es no sólo en el campo político y militar, sino en las esferas social, ciudadana y humana. El enemigo quizás no tiene forma, es un fantasma que se camufla de modos aún inéditos; solamente se sabe que trafica con el más mortal de los peligros –las drogas- de modo que para identificarlo hay que ver quién la posee y quién la consume: éste será la punta de un hilo que nos puede llevar a la compleja trama de una red. Así, no se puede minimizar la importancia ni confiar de quien haya tenido en sus manos droga alguna, por ejemplo la guerrilla colombiana (cara más visible del enemigo, pues los llamados “carteles”, o fueron desmantelados algunos, o no se les conoce a los nuevos).

7. Desde el punto de vista ideológico la guerra antinarcóticos se explica como una preservación de la salud mental y física, principalmente de las generaciones de los jóvenes en el mundo, por una parte, y de la ineludible recuperación de la honestidad pública por parte de los adultos, por otro lado. De tal manera, esta guerra parece poseer un contenido más humano, más al alcance de todos, no tan abstracto como era el móvil de un orden democrático y libre que representaba la lucha anticomunista.

8. La estrategia busca conciliar dos temas históricamente contradictorios dentro de la DSN: la Seguridad y los Derechos Humanos. El error más grave en el que se había incurrido en la primera etapa de la DSN en el Cono Sur, fue el de las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y su inocultable evidencia. Semejante error se ha querido corregir en los países centroamericanos y en Colombia, separando tareas entre militares y organismos ilegales para preservar el buen nombre de las instituciones castrenses. Esto ha dado un relativo éxito, pero los resultados se pueden mejorar: ya que no se trataría sólo de mostrar que no hay contradicción entre Seguridad y Derechos Humanos sino que la Estrategia de Seguridad Nacional los promueve, formando en la materia los agentes encargados de ejecutarla y de paso propagandizando la verdadera interpretación sobre los mismos. De paso, se puede comprometer a sectores de la sociedad civil, como son los organismos de derechos humanos, para que asuman con el Estado la responsabilidad de monitorear las acciones y, en caso de encontrar abusos, formular en conjunto las soluciones. Si no lo hacen o no lo logran, también la responsabilidad se habrá de compartir.

III. El plan colombia y la tradición de hegemonía de los Estados Unidos en las Américas

El Plan Colombia es la versión actual de una estrategia política que condensa y proyecta los resultados de un proceso lento, gradual e intenso de la intervención estadounidense en nuestro país. En otros lugares se pretendió dar cuenta en detalle de la evolución de este acontecimiento en las últimas coyunturas. Una apretada síntesis sobre los rumbos seguidos por la intervención gringa en Colombia, es como sigue:

a. Entre 1995 y 1997, Estados Unidos desató una ofensiva diplomática respecto a Colombia con fundamento en la consideración de que nuestro país era una «narcodemocracia». Como lo advertimos, esa ofensiva fue viable «a través de una agenda antidrogas y anticorrupción, mediante una diplomacia abiertamente coercitiva y unilateral, cuyo objetivo era debilitar el régimen político colombiano y restarle el margen de maniobra a las élites colombianas, que ya merecían su desconfianza»[59]. El instrumento de certificación antidrogas fue el mecanismo privilegiado por los Estados Unidos para aplicar presiones sobre el gobierno de Samper, complementado con la suspensión de visas al primer mandatario, a varios militares y a 200 colombianos más. Al tiempo, sectores de gobierno y del Congreso de los Estados Unidos construyeron alianzas con el entonces Fiscal General de la Nación, Alfonso Valdivieso, y con el todavía Director General de la Policía Nacional, general Rosso José Serrano.

b. Durante el primer semestre de 1998, las acusaciones gringas de narcocorrupción del régimen colombiano evolucionaron hacia la percepción de Colombia «como una “amenaza múltiple” para la seguridad estadounidense y la del hemisferio»[60]. Esta fue la lectura que sustentó el comienzo de una intervención estadounidense más a fondo «en dos frentes complementarios. El primero: la internacionalización de la guerra interna colombiana en las fronteras, especialmente Panamá y Venezuela. El segundo: la internacionalización de la paz»[61]. El posicionamiento de los Estados Unidos frente al conflicto armado colombiano y la utilización de nuevos mecanismos diplomáticos[62], además del escaso margen de maniobra que tenían los candidatos a la presidencia frente a los gringos, motivó que afirmáramos que «independientemente de quien triunfe, hay una política de intervención que ya está andando y respecto a la cual el próximo gobierno colombiano, encabezado por quien sea, tendrá que ajustarse, en la medida en que ha pasado a otro nivel de incidencia»[63].

c. Durante el segundo semestre de 1998, en medio de protuberantes signos que daban cuenta del creciente proceso de «internacionalización»[64] del conflicto armado colombiano y del salto de la confrontación armada a «una fase de manejo político, interno y externo… como una hipotética puerta de entrada para un eventual proceso de negociación»[65], los gringos aparecen posicionados en el escenario doméstico a través de los ingentes contactos que sostienen con el nuevo presidente, Andrés Pastrana, en torno a la iniciativa de paz que el gobierno echaría a andar con el grupo insurgente de las FARC. La aceptación de las condiciones impuestas por las FARC para un eventual diálogo («zona de despeje»), por parte del candidato presidencial de la Nueva Alianza, fue analizada con cautela y prudencia por la administración Clinton, más interesada en resituar la agenda de la lucha antidrogas en Colombia.

En realidad, decíamos entonces, «así el lenguaje agresivo se haya moderado, el gobierno estadounidense mantiene como prioridad de las relaciones bilaterales la lucha antidrogas», de modo que sólo podría haber convergencia entre los dos gobiernos en la medida en que se aceptara la ecuación «conseguir la paz conduce a impulsar la guerra antidrogas». Y la convergencia fue sellada con las palabras de Pastrana en su tercera visita a Washington: «El único acuerdo de paz aceptable para mí y para el pueblo colombiano sería aquel que fortaleciera nuestra capacidad de erradicar la producción de cocaína en Colombia». Quedaban entonces en evidencia los posibles efectos de esta alianza de Estados Unidos y Colombia:

«el curso que tome el conflicto hacia una eventual negociación pasará antes por una extensión, profundización y degradación de la guerra, cuyas proporciones difícilmente podemos imaginar más allá de las crueldades que ya hemos conocido en nuestra patria. Este escenario se dará en tanto que los actores se preparan para mayores niveles de confrontación en la que, incluso, pueden jugar fuerzas multinacionales. Lo cierto es que esa perspectiva augura una mayor diferenciación territorial marcada por la lucha por el copamiento y el control, militar y político, de zonas y regiones que se disputan. Al centro de la “justificación” de la guerra se colocará con mayor fuerza el problema del narcotráfico»[66].

d. A lo largo de 1999, queda en evidencia que los Estados Unidos «en la esfera de la diplomacia directa con Colombia, simultáneamente mantiene el respaldo al presidente Pastrana respecto a su iniciativa de paz e insiste en que Colombia constituye una amenaza hemisférica. Lo uno no se contrapone a lo otro, sobre todo mirado desde las acciones concretas que emprenden, aunque el respaldo sea una posición en la que hace acento el gobierno de Clinton y la alerta sobre la amenaza corresponda a la asumida por la bancada republicana y el estamento militar. Mientras tanto, en la esfera de la diplomacia respecto a Colombia en el ámbito regional, alienta a los vecinos a extender un “cordón sanitario” y hace cálculos sobre los posibles escenarios futuros de la guerra en Colombia. Es en relación con esta última que avanza en el diseño de una estrategia regional para enfrentar la “amenaza” made in Colombia»[67].

La idea de que Colombia representa una «amenaza» hemisférica es apuntalada por la clasificación de Colombia como el cuarto país a nivel mundial en el que se encuentra la democracia en peligro y como el tercer país que recibe más ayuda militar de los Estados Unidos[68], al tiempo que la «situación colombiana aparece como disfuncional al proceso de globalización dirigido por los Estados Unidos» en las Américas:

«…el conflicto armado colombiano –muy en particular uno de los actores: las FARC- aparece como el obstáculo mayor para la realización de los interese gringos en Colombia e, inclusive, en la región. Este coloca en peligro la seguridad fronteriza, interfiere con las políticas dirigidas al control sobre las drogas ilícitas, amenaza con la destrucción de una de las mayores reservas ambientales del mundo e impide la segura y rentable inversión extranjera»[69].

En la medida en que la percepción de Colombia como «amenaza» es asumida por otros países del hemisferio, especialmente los vecinos, Estados Unidos avanza en las posibilidades de implementar una estrategia regional «persuadiéndolos a pasar del plano de pronunciamientos de preocupación al de los ejercicios militares en las fronteras… [de tal manera] que su discurso sobre Colombia [se metamorfosee] en un “cordón sanitario” defensivo que, a su vez, tiene el potencial de convertirse en un “cerco militar” ofensivo de fuerzas multinacionales dispuestas a acatar las órdenes gringas»[70]. Así, los gringos demuestran que «tienen una propuesta de pacificación para imponer»[71], una pacificación integral que pasa por las variables del tratamiento político, de la diplomacia, de la guerra, de la economía y de la geopolítica.

En este marco, una cabal interpretación del Plan Colombia pasa necesariamente por la revisión de una tradición profundamente arraigada en las relaciones internacionales de los Estados Unidos con el resto de países de las Américas: la tradición de la hegemonía. A ésta se hace referencia cuando, en términos coloquiales, se habla de Latinoamérica y el Caribe como el «patio trasero» de los gringos, con el propósito de señalar el nivel de condicionamiento y de intervención que los Estados Unidos le imprime a las relaciones que sostiene con los países restantes del hemisferio.

Estados Unidos ha fungido históricamente como país hegemónico en el concierto interamericano y, durante un buen tiempo, su hegemonía también tuvo un alcance mundial. La globalización, no obstante, ha replanteado las posibilidades de una hegemonía planetaria de la potencia norteamericana y ha modificado la lógica misma de las relaciones tanto entre países con poder globalizador (EE.UU., Japón y los miembros de la Unión Europea), como entre éstos y aquellos países que gravitan en su órbita de influencia. Si algo modifica el acontecimiento histórico de la globalización es el escenario de las relaciones internacionales, generando rupturas pero, también, manteniendo continuidades con respecto a las modalidades y los sentidos a través de los cuales éstas discurrieron finalizada la segunda guerra mundial. Ahora bien, en la medida en que la ocurrencia de la globalización es un fenómeno histórico relativamente reciente, en la interpretación de sus impactos se corren dos riesgos: o bien se tiende a ignorar los cambios que son introducidos en la realidad social, o bien se tiende a sobrevalorar las transformaciones que operan en la misma. Es lo propio de las épocas de transición.

A nuestro entender, el Plan Colombia constituye el pilar de una estrategia política hemisférica de los Estados Unidos que le concede a la intervención político-militar un papel definitivo en la construcción de nuevas relaciones interamericanas bajo su hegemonía. Si fuera cierta nuestra aserción, quiere decir que antes que un efecto puramente neutralizador sobre amenazas que se ciernen sobre un orden estable –lógica que predominó durante la guerra fría y que en todo caso se mantendría vigente-, la intervención estadounidense en Colombia más bien cumple con la función de contribuir a la reformulación del ejercicio de poder hegemónico que Estados Unidos país intenta instaurar en América Latina y el Caribe, conversión que tiene como telón de fondo los desafíos globales que el país del norte enfrenta. Ya no se trataría, entonces, de la misma vieja hegemonía gringa, puesta en práctica durante la confrontación Este-Oeste, sino de un nuevo proyecto de «rehegemonización» de las Américas.

Consideramos de capital importancia abocar el análisis del tipo de hegemonía que los Estados Unidos están construyendo en el hemisferio, en la medida en que esto permitiría una adecuada caracterización sobre la modalidad de intervención que los gringos han seguido en nuestro país, al tiempo que posibilitaría anticipar los escenarios de desenlace que ellos prevén para el caso colombiano. Lo que por ahora se revela, a juzgar por el recorrido que seguimos, es un cierto grado de flexibilidad a la puesta en marcha del Plan, que le da cabida incluso a la improvisación y que busca sobre todo abrir puertas expeditas para entrar y salir cuando lo juzguen necesario, más que diseñar planes perfectamente acabados lo que a la postre les resta márgenes de maniobra. En este sentido, creemos que hablar de «vietnamización» o de «balcanización» para referirse a la intervención gringa en Colombia no es suficiente y que, muy probablemente, al intentar imponerle a la realidad colombiana estos supuestos «modelos» se corre el riesgo de no concederle una relativa importancia a que nos encontramos en una época de transición, al tiempo que perderíamos de vista el impacto futuro de la experiencia que los gringos logren acumular en nuestro país para apuntalar su régimen de dominación hemisférico.

A. La relativa pérdida de hegemonía global de los Estados Unidos

El final de la confrontación Este-Oeste (guerra fría) abre las compuertas para que sea posible la configuración de un nuevo orden mundial. Inicialmente los análisis han tendido a señalar que el país hegemónico en la nueva arquitectura de las relaciones internacionales no puede ser otro que los Estados Unidos, por momentos concediéndole un excesivo valor al papel de liderazgo que este país puede cumplir y desconociendo las tensiones que suponen la configuración de una multipolaridad económica y tecnológica (Unión Europea y Japón) y el poder militar que aún tienen rusos y chinos. Para evitar la tentación de sobredimensionar el papel mundial de los Estados Unidos y no caer en la trampa de dar por sentado la institucionalización duradera de un nuevo orden mundial bajo su tutela, equilibrado y estable, resulta imperioso caracterizar el tipo de hegemonía que recientemente vienen ejerciendo los gringos.

Durante la guerra fría, Estados Unidos perfiló la noción de un poder internacional estadounidense sustentado sobre la idea de «contención» política y militar del expansionismo soviético. En general, los análisis de este componente geopolítico, sin embargo, suelen ignorar las relaciones que éste guarda con la dinámica geoeconómica que formularon y siguieron los Estados Unidos. En efecto, mientras en el terreno geopolítico se operaba bajo la idea de «contención» -de la cual es tributaria la Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina y el Caribe-, las operaciones económicas gringas estuvieron orientadas por la idea de «expansión» a través de la proyección global de corporaciones estadounidenses[72]. Aunque la mayoría de inversiones se realizaron en los países industrializados de Europa, el 30% de los recursos tuvieron como destino otros países, privilegiando las industrias extractivas como el petróleo, que posibilitaban la obtención de materias primas estratégicas y márgenes de ganancias más altos que los resultantes de las actividades económicas incrustadas en los países europeos[73].

Una expansión económica de tal magnitud le permitió a los Estados Unidos ejercer una hegemonía global de las relaciones internacionales, que va a llegar hasta los años 70 y que claramente se va a colocar en cuestión en la década de los años 80, momento que a su vez sirve de preludio al desmoronamiento de un ordenamiento político internacional edificado en torno a la idea de la «contención» frente al enemigo comunista. Saxe-Fernández propone una explicación tentativa del agotamiento de la expansión mundial gringa:

«Los problemas estadounidenses, relacionados con su relativa pérdida de posición global, se complicaron en la década de los 70 debido a su “dependencia estratégica” de materias primas fundamentales, en general, y de petróleo, en particular. El principal trauma, representado en el embargo petrolero puesto en práctica por la OPEP en 1973, y el incremento en los precios del petróleo, volvieron los ojos estadounidenses, más intensamente sobre los recursos naturales del hemisferio, y, en particular, sobre los petroleros de Venezuela y México. La importancia estratégica del petróleo mexicano fue uno de los principales elementos en los proyectos que se plantearon, desde mediados de los años setenta, para proceder con una “integración” de Estados Unidos, México y Canadá, al formar una especie de “mercado común”, que además –y esto era vital- integrara los recursos energéticos de los tres países»[74].

En adelante, la posición mundial de los Estados Unidos se definirá en relación con el protagonismo que alcanzan en el proceso de globalización. Si bien los Estados Unidos lograron hasta la década de los años 70 la «norteamericanización» de la economía capitalista –que apenas imperaba en las naciones que aglutinaban algo más del 20% de la población mundial-, la trasnacionalización de la economía europea en torno a Alemania, Francia e Inglaterra –cabezas visibles de la Unión Europea y del Mercado Cómun Europeo– y la emergencia de Japón como potencia económica mundial, liderando la Conferencia Asiática y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, fueron fenómenos que complejizaron el entramado de intercambios y de interacciones económicas en el ámbito mundial y que pusieron en cuestión, tanto desde el punto de vista geoeconómico como geopolítico, la posibilidad de que existiera un único centro hegemónico en torno al cual graviten la economía y la política mundiales. Razón le asiste a Cafruny en caracterizar el papel global de los Estados Unidos, a partir de la década de los años setenta, como una hegemonía «mínima», después de haber transitado, primero por una etapa de hegemonía «integral» y, luego, por una fase de hegemonía «declinante»[75] .

En el ámbito mundial cabe hablar, entonces, de una paulatina pero relativa «deshegemonización» estadounidense. En realidad con esta noción se pretende hacer claridad sobre un asunto de capital importancia: no es un hecho cumplido ni es un hecho global, valga la redundancia, el modelo de globalización neoliberal, hasta ahora prevaleciente y liderado mundialmente por los Estados Unidos, especialmente en lo atinente a la configuración de un nuevo orden político de relaciones internacionales.

De una parte, el proceso de globalización sigue una lógica de regionalización a escala mundial que, contradictoriamente (en apariencia), permitiría hablar de múltiples dinámicas o modelos de globalización. De otra, existen países industrializados que edificaron sus Estados sobre la base de un contrato social benefactor. El postulado central de este pacto afirmaba como función primordial del ente estatal la racionalización del interés colectivo con fundamento en cuatro cuestiones definitivas para la construcción de sociedades medianamente estables: 1) la distribución del ingreso; 2) la reducción de la pobreza; 3) minimizar el margen de posibilidad para que tengan lugar crisis económicas; y 4) reducir al máximo posible el desempleo[76]. Independientemente de los resultados alcanzados dentro de esta modalidad de Estado, las características del pacto logrado en las sociedades industrializadas (especialmente las europeas) posibilitaron la emergencia de actores sociales y políticos fuertes que hoy someten a debate el futuro del modelo de globalización neoliberal, en la medida en que viabilizaron la configuración de proyectos nacionales.

Pero, al mismo tiempo, esto no quiere decir que la globalización gringa no logre en algunas regiones avances significativos en la reestructuración de los entes estatales, tanto económica como políticamente, y en la redefinición de sus relaciones con éstos.

B. La «rehegemonización» de las Américas

Frente a lo dicho más arriba, otra es la situación de los países dependientes y con escasos recursos de poder en el concierto mundial, como los países de América Latina y el Caribe. Las sociedades de esta parte del mundo están lejos de ser verdaderas sociedades modernas y democráticas, aunque cada una de ellas con diferentes grados y con diferentes obstáculos históricos. De un lado, su situación respecto a los procesos globalizadores está determinada por elementos de carácter estructural como el tipo de condicionalidad que se ha derivado del progresivo y desmesurado incremento de la deuda externa. De otro, la supeditación histórica de sus relaciones internacionales a la órbita de dominio de los Estados Unidos, cada vez con menos posibilidades de desvanecerse «ante la realidad de un Japón poco interesado en el conjunto de la región (excepto en casos específicos) y con una Unión Europea marginalmente comprometida a vincularse comercial, tecnológica y financieramente a la totalidad del área»[77] .

Ambos factores determinan en la actualidad una inserción reactiva de los países latinoamericanos y caribeños a las nuevas dinámicas mercantiles del capitalismo mundial, que los convierte en países globalizados e impide que puedan ser actores globalizantes[78], así como implican condiciones desfavorables para fortalecer a los Estados como expresión genuina de proyectos nacionales. Al decir de Gallardo:

«La globalización en nuestras sociedades es inducida, nortecéntrica, unipolar y bajo esquema neoliberal. Es inducida porque es algo que se realiza no desde nuestros propios despliegues históricos y necesidades, sino desde factores y prácticas de poder que ignoran estos despliegues y mediatizan las necesidades de nuestros pueblos a sus propios intereses. Es inducida porque es forzosa y coactiva. Es nortecéntrica porque se realiza desde los intereses de las economías centrales capitalistas y sus bloques y monopolios… También nortecéntrica porque es implementada por instituciones internacionales que responden a los intereses de los centros: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Más básicamente, Organización Mundial del Comercio y Naciones Unidas (Consejo de Seguridad). Es unipolar porque se expresa geopolíticamente en el marco de la desaparición del conflicto Este/Oeste y bajo el dominio unilateral de Estados Unidos de Norteamérica. Y la mundialización o globalización se realiza bajo esquema neoliberal porque el neoliberalismo es la ideología dominante en las sociedades latinoamericanas de finales de siglo»[79].

En realidad, en relación con América Latina y el Caribe la iniciativa globalizadora de los Estados Unidos no puede ser leída sino como orientada hacia «una penetrante y acelerada “rehegemonización”»[80]. La factibilidad de una reafirmación de la hegemonía yankee en el hemisferio supone el agotamiento de la doctrina bajo la cual Estados Unidos hegemonizó la región en el marco de la guerra fría e implica presuponer que una nueva doctrina hegemónica regional podría ser funcional para la reconquista de los espacios económicos y políticos perdidos a escala global.

Los obstáculos para la expansión económica mundial sumados a la obsolescencia del papel político-militar protagónico que la «doctrina de la contención» le concedió a los entes estatales, particularmente en América Latina y el Caribe, constituyen los motivos para que Estados Unidos comience la reestructuración de sus estrategias geopolíticas y geoeconómicas en la región, asumiendo como brújula la «doctrina de la ampliación»[81] con el fin de garantizar la rehegemonización continental. En lo fundamental, se trata del poder globalizador estadounidense en los siguientes términos:

«se asienta en el neoliberalismo como concepción ideológica vertebral; descansa en las fuerzas del mercado como criterio ordenador esencial; más que una práctica consentida de liderazgo se mantiene una tendencia hacia la dominación unilateral; se registra una distribución de costos y beneficios desigual, en la que Estados Unidos traslada e impone al exterior costos cada vez más elevados incluso a sus aliados próximos y confiables; mientras el sostén para perpetuar la unidad entre las élites, a nivel internacional, proviene de la cooptación de grupos dirigentes nacionales que gozan de una base de apoyo social relativamente estrecha y cada vez menos firme»[82] .

Desde el punto de vista económico, la estrategia de ampliación ha transitado por tres momentos cruciales:

a. Estados Unidos debe garantizar la obtención de las materias primas, especialmente recursos naturales de carácter estratégico, fuera de su territorio nacional. En función de alcanzar este objetivo los estadounidenses crean las condiciones para que se agite eufóricamente la bandera de la integración regional, definiendo como centro el impulso de acuerdos que le vayan dando vida a espacios regionales de libre intercambio y subsidiariamente creando la posibilidad de acuerdos de comercio bilaterales o multilaterales desterritorializados. Los mecanismos principales para obtener los resultados pretendidos son tres: el disciplinamiento macroeconómico, la desregulación económica por parte de los Estados y la privatización de empresas ubicadas en renglones estratégicos. El auge del aperturismo toca techo con la promesa gringa de hacer del hemisferio un solo mercado libre, cuya extensión territorial iría desde Alaska hasta Tierra del Fuego, anunciada en la Cumbre de las Américas (1994), realizada en Miami, y cuya base sería el NAFTA. En la médula de la promesa están las expectativas de los países de América Latina y el Caribe: contar con inversión extranjera y aspirar a ser socio de los Estados Unidos. Ni lo uno ni lo otro ha sucedido y no es claro que pueda suceder en el futuro inmediato en la mayoría de países.

b. La crisis mexicana, en 1994, supuso el tránsito de la desmesurada euforia integracionalista hacia una visión realista de las posibilidades de acceder al NAFTA o de ser socio bilateral de los Estados Unidos. Los costos económicos y políticos que supuso para el gobierno estadounidense cargar con la crisis financiera de México, aunados a la revigorización de sectores proclives a un régimen económico proteccionista para Estados Unidos (producto del triunfo de los republicanos en las elecciones legislativas), condujo a que este país asumiera una posición de cautela respecto a la suscripción de acuerdos económicos bilaterales y regionales. Al punto de que es improbable que incluso Chile ingrese al NAFTA en el futuro inmediato, como se preveía hasta hace poco, y más bien intente hacer parte del Mercosur.

c. En la actualidad los Estados Unidos han privilegiado como eje de las relaciones comerciales interamericanas las posibilidades que ofrece el Mercosur, cuyos países miembros además de contar comparativamente con economías grandes, gozan de una cierta estabilidad política y han operado transformaciones profundas en los factores de poder nacional, principalmente en sus Fuerzas Militares, de acuerdo a los dictámenes norteamericanos.

En el campo político, la estrategia de ampliación pasa por la redefinición del papel de los Estados interamericanos frente a la economía y frente a la seguridad de los Estados Unidos. La noción de «enemigo interno» sobre la cual se edificó la Doctrina de Seguridad Nacional deja de ser funcional a los Estados Unidos en cuanto la construcción de un «poder nacional» como pivote central del régimen político, contraviene la lógica de desregulación de los espacios nacionales y la intensificación de los intercambios políticos y económicos internacionales. El nuevo régimen político que debe imperar se debe ajustar a una agenda múltiple que condensa los intereses estadounidenses, pero que busca legitimarse como agenda global.

Siguiendo la lógica de la globalización regionalizada, para la implementación de dicha agenda Estados Unidos establece prioridades en las diferentes áreas de las Américas: si desde el punto de vista económico la región del Cono Sur (Mercosur) adquiere importancia para la intervención económica por las posibilidades de ampliación del mercado que ofrece, en términos más o menos seguros y estables, desde la perspectiva política la región Andina es objetivo prioritario de intervención en la medida en que supuestamente encarna una red económica trasnacional ilícita que también supuestamente perturba el mercado hemisférico e incluso mundial y genera inestabilidad respecto a las posibilidades de gobernabilidad de Estados Unidos frente a estos países (un narco-Estado o una narco-guerrilla).

Ante la ausencia de una definición taxativa de sus rasgos, la construcción del nuevo régimen político se sustenta tanto en la controvertida y vaga noción de «gobernabilidad», como en la no menos difusa idea de la existencia de «amenazas» que atentan contra el normal funcionamiento de las remozadas relaciones internacionales o, dicho de otra manera, aquellos fenómenos que harían «ingobernable» el proceso de globalización en las Américas. Desde la perspectiva gringa, la regulación jurídico-política que haría posible determinar el grado de «gobernabilidad» o el grado de «amenaza» que representa o enfrenta un país no es un asunto de carácter interno en cada sociedad, sino que debe tener un carácter internacional y debe operar a nivel interamericano y a nivel de las distintas regiones de las Américas. En este sentido, el principio de no intervención en los asuntos internos de las naciones pretende ser reemplazado por el principio de intervención y se traduce en mecanismos de monitoreo y de tutelaje encabezados por los Estados Unidos.

En primer lugar, la noción de gobernabilidad hace alusión a la nueva concepción de Estado y de gobierno, así como de sociedad civil y ciudadanía, que trae consigo el incipiente nuevo orden económico y político. Según Cepeda Ulloa, «la teoría de la gobernabilidad responde a la necesidad de abrirle un amplio espacio de acción al capital, nacional o internacional, privado o público, individual o solidario. Esta urgencia que deposita su confianza en las virtudes del capital y del capitalismo, del ciudadano y de la sociedad civil, abomina de una aparato gubernamental sobredimensionado y omnipresente…// Así las cosas, el tema de la gobernabilidad no puede menos de estar referido a la actitud de la comunidad internacional y de sus principales actores con respecto al comportamiento de los diferentes países frente a la agenda global» [83] .

En realidad, bajo esta idea el contexto internacional deja de ser simplemente el entorno para convertirse en lo sustancial: si se garantizan los intereses internacionales, como fruto de una adecuada articulación con las realidades domésticas, hay gobernabilidad y es factible la confianza política; si no hay capacidad de ajustar los asuntos domésticos a esos intereses internacionales, no hay gobernabilidad, no hay garantías y el país donde esto ocurra, sobre la base de ser calificado como «amenaza», será objeto de múltiples presiones y deberá ser sometido a sofistificados procedimientos de intervención[84]. La profundidad de la dosis intervencionista dependerá del grado de importancia que en la agenda global tengan los intereses que no han sido adoptados como propios por un país. En consecuencia, pareciera que la legitimidad ya no se la concede la población a su Estado sino que se la otorgan arbitrariamente los Estados y las instancias que predominan en el concierto internacional, para nuestro caso Estados Unidos y las instituciones de la banca mundial.

La gobernabilidad, en consecuencia, es una noción que permite concederle a la seguridad un carácter mucho más relativo que el que ésta tenía en el contexto de la guerra fría. Ya no depende solamente de la contención del enemigo comunista como prioridad, definición geopolítica que tiende a imprimirle un carácter más absoluto; más bien, es la expresión plural de la «“securitización” de un gran número de problemas, sean ellos la depredación del medio ambiente, las migraciones incontroladas, la demanda y oferta de drogas ilícitas, la pérdida de competitividad, comercial y tecnológica, los conflictos étnicos, nacionales y religiosos»[85]. Se multiplican las fuentes de amenaza. Pero la relativización no implica que las acciones que se emprendan para mitigar las causas que provocan inseguridad, ahora ingobernabilidad, rompan la lógica de los procedimientos que se siguieron durante la guerra fría:

«La agenda de seguridad se amplió pero los parámetros de comprensión y tratamiento interestatal aún están signados por la racionalidad de la guerra fría: la coerción, la amenaza, la presión y la retaliación –como parte de la creencia en el instrumento militar como alternativa de solución de las dificultades generadas por aquellos fenómenos- aún están vigentes e incluso pueden exacerbarse en la medida en que crezcan las fricciones y tensiones en torno a los mismos»[86].

Con base en los anteriores elementos, los desafíos de seguridad en el contexto de la globalización tienen un ámbito más abierto de interpretación. Las justificaciones que pueden sustentar una intervención son múltiples ahora y, también, complejas, en tanto potencialmente tienen la capacidad de ocultar los reales intereses de los países con capacidad de intervención, como ocurre particularmente con los Estados Unidos en relación con Colombia.

En este sentido, el Plan Colombia tiene como fundamento el intervencionismo gringo practicado respecto a nuestro país durante los últimos años, el cual es proyectado hacia al futuro dentro de una reformulación política y estratégica de la guerra, en la que tiene relevancia la manera como es interpretada la realidad colombiana como amenaza a la seguridad estadounidense. Al tiempo, se profundiza el papel conductor de la economía, de la política y, por supuesto, de la lucha antidrogas colombianas, por parte de los Estados Unidos, a través del Acuerdo de Colombia con el Fondo Monetario Internacional[87], del respaldo incondicional dado por el gobierno gringo a la iniciativa de referendo[88], sorpresiva y recientemente propuesta por el presidente Pastrana, y de la inclusión en la agenda antidrogas de las operaciones contra las mafias de la heroína[89], precisamente en el momento en que se pretende el aval rápido del Plan Colombia por parte del Congreso de los Estados Unidos.

Si bien el componente militar del Plan Colombia revela una estrategia de guerra, no podemos pasar por alto que también cumple, además de funciones militares y económicas, una función de intervención política. Por eso no resulta gratuito que se defina el proceso la estrategia de paz también como una estrategia contra la corrupción. El Estado colombiano ha sido reacio a reformarse en los términos impuestos por la globalización regional estadounidense y en particular el Congreso colombiano, a los ojos de los gringos, aparece como un obstáculo a superar: porque impide el manejo del déficit fiscal (corrupción), porque dificulta los procedimientos ágiles de las medidas económicas y políticas que acompañan la intervención militar y porque es un escenario en el que se sigue expresando la «narcocorrupción». En este sentido, a diferencia de lo ocurrido con Fujimori en el Perú, la reforma política de Pastrana es absolutamente funcional a los intereses gringos en el país (o acaso, al igual que el Plan Colombia, ¿fue elaborada por ellos mismos?).

Con todo, el proyecto de rehegemonización de Estados Unidos en las Américas tiene en Colombia su expresión más integral y se traduce en una operación de alta cirugía económica, política y militar respecto de la cual el Plan Colombia es su formulación reciente más acabada. La complejidad que ha supuesto su realización está a su vez determinada, sobre todo, por la complejidad del país, con una economía y un Estado que no son tan precarios como el de los países de Centroamérica y el Caribe, región donde primaron sus iniciativas intervencionistas durante los años 80 y comienzo de la década de los años [90], pero que tampoco son comparables con la economía y el Estado (más bien modernos) de los países del Cono Sur, incluido Chile. Pero dicha complejidad también está dada por los intereses que los gringos han colocado en juego: la reformulación de la estrategia de seguridad para la región Andina y, a la postre, para el hemisferio.

IV. El plan colombia: avances en la construccion de la estrategia de control regional antidrogas

En el marco de las reformulaciones que los Estados Unidos vienen adelantando en materia de Doctrina de Seguridad Nacional y de su proyecto de Hegemonía Continental, el Plan Colombia también da cuenta del esfuerzo del país norteamericano por apuntalar una tradición más bien reciente y cuya importancia estaba dada apenas por las dinámicas económicas: nos referimos a la estrategia de control regional. La lógica que le es inherente se podría formular así: dada la heterogeneidad de situaciones que atraviesan a los países del continente y dado el requisito globalizador de restringir paulatinamente el margen de los Estados que representan a cada sociedad, el control gringo sobre los flujos económicos y el control geopolítico sólo es garantizable en tanto haya capacidad de establecer estrategias regionales que representen el interés internacional y aseguren su realización, funciones ambas que antes corrían por cuenta de los Estados, si bien dentro de un pacto de seguridad interamericano90 .

La construcción de estrategias regionales, bajo los nuevos presupuestos que aportan la redefinición de la DSN y de la hegemonía hemisférica –ya expuestos en otras partes de esta entrega-, Estados Unidos no la lleva a cabo en frío. Por el contrario, sus implementaciones responden a situaciones inmediatas, así tengan una proyección de durabilidad en el tiempo y de extensión en el espacio hemisféricos. La definición y operativización de las mismas, en la actualidad, encuentran condiciones propicias para emerger en la región Andina, desde la lógica gringa, bajo la forma específica de una estrategia de control regional antidrogas: i) porque allí se sitúa desde la década de los años 70 la «amenaza» que representa una red económica transnacional de producción, industrialización y comercialización de drogas ilícitas; ii) porque se implementaron planes nacionales para combatirla y sólo se obtuvieron «triunfos» parciales en Bolivia y Perú; iii) porque persiste y se complejiza la «amenaza» en Colombia en la medida en que crecen los cultivos de coca y amapola y son más evidentes los nexos entre organizaciones narcotraficantes y guerrilla[91] ; iv) porque la «amenaza» colombiana funge como epicentro geopolítico de la región; 5) porque la persistencia de la «amenaza» conduce a la desestabilización de los países vecinos (tiene menos efectos territoriales sobre Bolivia, pero al tiempo logra afectar a países que no pertenecen a la región: Panamá y Brasil); y 6) porque sólo respondiendo a esta «amenaza» conjuntamente pueden neutralizarse «amenazas» posteriores que tengan como epicentro cualquier otro país suramericano, porción de las Américas donde hay más intereses gringos en juego. Por todas estas razones el Plan Colombia adquiere valor como expresión pionera en el nuevo diseño de la estrategia regional antidrogas.

La configuración del Plan Colombia como un avance en la construcción de esta estrategia regional se expresa con claridad a través de la previsión estadounidense de garantizar una financiación adicional (47 millones de dólares)[92] para la conducción de operaciones militares antidrogas desde el Centro Avanzado de Operaciones en Manta (Ecuador), haciendo alusión directa al Plan Colombia[93], así como es explícita la referencia a este componente cuando en el texto mismo del Plan, a propósito de la estrategia antinarcóticos, se formula el quinto objetivo estratégico en lo siguientes términos:

«Integrar las iniciativas nacionales a los esfuerzos regionales e internacionales: (1) compartir información e inteligencia con otras agencias de seguridad en el país; (2) aportar y coordinar con las operaciones y esfuerzos regionales e internacionales»[94].

¿Cuáles son esos esfuerzos regionales e internacionales a los que se hace referencia? Ya en nuestras anteriores entregas habíamos hecho referencia a la iniciativa gringa, más exactamente del Comando Sur, de crear un Centro Multilateral de Drogas (CMA), inicialmente previsto para tener por sede Panamá[95] y luego con posibilidades de ser dislocado en varios países, uno de los cuales sería Colombia[96]. Pues bien, la operativización de esta propuesta «multilateral» de control de las drogas ilícitas viene cobrando forma a través de las Forward Operating Locations (FOL): un dispositivo militar hemisférico que tiene por objetivos inmediatos el control de las fuentes de producción que abastecen el mercado de las drogas y el control de las rutas de comercialización utilizadas por las organizaciones narcotraficantes para exportar las drogas ilícitas a los países del norte, especialmente Estados Unidos. Según Ricardo Vargas, se trata de:

«la conformación de una estructura de seguridad aérea capaz de cubrir la región andino amazónica, el caribe y centroamérica [que] se constituye en un ejercicio de seguridad hemisférica justificado en la amenaza de las drogas. Para ello el Comando Sur ha establecido dos categorías [de FOL] en relación con la producción y comercio de drogas ilícitas.

«El objetivo central es configurar un proceso piloto a partir de la experiencia de Colombia en lo cual (sic) el apoyo al Plan Colombia por parte del Comando Sur crea las condiciones para el ingreso definitivo de las fuerzas armadas colombianas en la estructura de seguridad redefinida por Washington en nombre del combate a las drogas»[97]

Centros avanzados de operaciones (Foward Operating Locations – Fol) en la región Andina, Centramérica y el Caribe

Zonas Corredores y porcentaje (%) de volumen de drogas movilizado Foward Operating Locations – FOL Papel 1. Fuente 1. Colombia: 84 2. Perú: 6 3. Bolivia: 10 1. Manta (Ecuador) Es la única FOL con capacidad de cobertura sobre los países andinos. Base del Sistema de Alarma Aerotransportado. Hoy operan aviones de talla media (P-3 y C-130); se adaptará para que operen KC-135 y E-3. 2. Tránsito 1. Caribe: 39

2. Centroamérica y México: 61 1. Aruba y Curazao

2. Liberia (Costa Rica) y Soto Cano (Honduras)*

1. Monitorea todo el norte de las Zonas Fuente incluyendo la península de la Guajira y Venezuela. Negociada con el gobierno de Holanda 2. Control del Pacífico que bordea a Centroamérica y toda la región. (*) En proceso de negociación Fuente: US Southcom Forward Opating Locations[98].

Este dispositivo militar se enmarca dentro de un Plan Regional Antidrogas, estrategia que explica en los siguientes términos el general Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos:

«El Comando Sur, como parte del equipo de agencias [que participan en tareas antidrogas], ha desarrollado un Plan Regional Antidrogas que contempla tres fases, el cual apoya las metas, objetivos y propósitos de la Directiva Presidencial [de los EE.UU] (PDD-14) y las metas 4 y 5 de la Estrategia Nacional de Control de las Drogas (ENCD). Esta directiva identifica con claridad la importancia de una efectiva interdicción y la necesidad de romper las drogas desde su fuente. La ENCD identifica dos hitos sobresalientes para el Comando Sur y las agencias involucradas: 1. Una reducción del 10% en las zonas de tránsito y un 15% en las áreas fuente para el 2002. 2. Una reducción del 20% en las zonas de tránsito y un 30% en las áreas fuente para el 2007»[99].

La fase I se concreta en el involucramiento decidido de los países fronterizos con Colombia (Perú, Ecuador y Venezuela) y de Bolivia en las tareas dirigidas a atacar las fuentes de producción y las rutas de comercialización. El éxito de esta fase dependerá del grado de compromiso que los Estados Unidos logren obtener de las fuerzas armadas de estos países con su estrategia y del entrenamiento que le brinde a éstas. Las fases II y III las sintetiza como sigue Ricardo Vargas:

«La fase II está conformada por operaciones donde participarán TODAS las naciones socias desarrollando acciones ofensivas contra todos los niveles del circuito (¿incluirá también el consumo?), AISLANDO las áreas de producción de drogas de sus mercados y garantizando la presencia de la policía en el interior de las zonas de producción.

«Finalmente, la fase III corresponde a la consolidación del proceso en lo cual se evitarán los intentos de manipulación de los narcotraficantes a los ejércitos de las naciones socias»[100] Así, con el autor que hasta aquí hemos citado, podemos afirmar que el Plan Colombia «puede caracterizarse como una pieza más en el actual proceso de diseño de una estructura interdictiva que hace parte de las redefiniciones hemisféricas en materia de seguridad, en lo cual participan varias agencias de Washington con una fuerte participación del Comando Sur»[101]. Pero, por supuesto, una pieza definitiva.

En realidad, el Plan Colombia es el eje de un dispositivo militar regional de los Estados Unidos que reorganiza la disposición de fuerzas y de factores de guerra de varios países dentro de una sola estrategia (la guerra antidrogas) y que es orientado por una lógica concéntrica (hay una prioridad geográfica, un centro del problema, sobre la que deben recaer todas las iniciativas). Siguiendo Santa Fe II, Colombia es la prioridad, y atendiendo al relativo estancamiento de los «acuerdos» de Cartagena Y San Antonio, el Plan Colombia constituye un avance significativo para los gringos en el esfuerzo por edificar un régimen antidrogas: así éste sea un imposible como tal, resulta funcional para el posicionamiento geopolítico y geoeconómico yankee, al tiempo un salto cualitativo de la militarización del combate a las sustancias ilícitas.

Para ganar claridad sobre algunos factores que contribuyeron que se llegara a este diseño operativo regional de la seguridad estadounidense, resulta necesario ilustrar sobre el cambio de prioridades que realizó Estados Unidos, tanto geográfica como temáticamente.

A. La región Andina como prioridad

En el marco de la guerra fría, los países del Cono Sur y Centroamérica fueron el centro de las preocupaciones de los Estados Unidos en materia de seguridad nacional. Fue en estas dos regiones de las Américas en donde la Doctrina de Seguridad Nacional alcanzó mayores desarrollos, a pesar de ser formulada e implementada más o menos homogéneamente para toda América Latina y el Caribe, y en donde alcanzó mayor intensidad la confrontación a la amenaza comunista. De tal forma, la intervención gringa en la vida política de los países de la región Andina –en los términos que ésta operó durante varias décadas en los países americanos- no fue nunca una prioridad inminente de los Estados Unidos, pues no aparecían como países problema; por el contrario, un país como Colombia fue considerado por los Estados Unidos como el país modelo en la construcción del orden internacional de la posguerra[102].

Durante las décadas de los años 80 y 90, la región Andina se convirtió en un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, principalmente en virtud del protagonismo de los países que la conforman en la producción y el comercio de drogas ilícitas. En efecto, la administración de George Bush hizo un «excesivo énfasis en el área de los Andes como foco problemático y originario de la multiplicidad de dificultades ligada a la lucrativa empresa de las drogas», al punto de que «la región andina concentró exclusiva y desproporcionadamente la “guerra” antinarcóticos»[103].

A comienzos de la década de los años 90, claramente la región Andina aparece como una región inestable. La situación de Bolivia, Perú y Colombia –en ese orden de importancia– es progresivamente percibida como la más problemática por Estados Unidos. A los tres países los atraviesa el fenómeno del narcotráfico, pero en esa coyuntura también fueron definitivos otros aspectos específicos. En Bolivia comenzó a revelarse la profundidad del fenómeno de narcocorrupción en las altas esferas del Estado (1994). En Perú el autogolpe de Fujimori (1992) colocó al régimen democrático en entredicho, los altos índices de violación a los derechos humanos retrasaron la ayuda económica gringa e inicialmente el gobierno se resistió a adoptar el modelo de lucha antidrogas estadounidense. Y en Colombia comenzaron a destaparse las dimensiones de la narcocorrupción (elección de Samper en 1994) y los posibles vínculos de la industria del narcotráfico con la guerrilla (bajo la sospecha de que serían mucho más profundos que los de Sendero Luminoso en Perú), así como creció la preocupación internacional por la catástrofe humanitaria que se estaba produciendo en el marco del más antiguo conflicto armado interno en el hemisferio.

Otros factores también han contribuido a que la mirada estadounidense ponga una especial atención a los acontecimientos que se desarrollan en el área Andina. De un lado, la inestabilidad de los regímenes políticos de Venezuela y Ecuador, ligados directamente al crecimiento de la corrupción, que se hizo manifiesta con la caída de Carlos Andrés Pérez (1992) y posteriormente con la caída de Abdalá Bucaram (1997). De otra parte, el hecho de ser «la zona, en conjunto, donde los militares, en el escenario de la pos-Guerra Fría, menos se han replegado en términos de su incidencia política y su gravitación corporativa, como lo evidencian los ejemplos de Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia»[104]. Por último, constituye «el área que ha efectuado el ajuste económico y la reforma estructural más tardíos y menos profundos en contraste con otras regiones del hemisferio»[105].

Durante la segunda mitad de los años 90, la posición de los Estados Unidos evoluciona desde una preocupación por la «inestabilidad» de la región -actitud desde la cual impulsó iniciativas puntuales y temáticas de injerencia- hacia el diseño e impulso de una estrategia regional de intervención respecto a la «amenaza hemisférica» que representa Colombia. La lógica de comportamiento de los Estados Unidos en la región ha cambiado. En un primer momento ponderó la situación particular de inestabilidad de cada país de la región y respecto a la misma actuó unilateralmente, también en cada país, nunca en términos regionales; sólo la guerra antidrogas se encontraba particularmente territorializada en Bolivia, Perú y Colombia.

En la medida en que la estrategia antinarcóticos fue produciendo supuestos resultados, especialmente en Bolivia y Perú[106], la andinización de la lucha militar contra la cocaína progresivamente se fue «colombianizando». Este factor, sumado al perfil internacional que particularmente durante el gobierno de Pastrana ha ganado el conflicto armado interno, convirtieron a Colombia en una «amenaza hemisférica» que coloca en riesgo la agenda global definida para las Américas y que, por ende, requiere de niveles de intervención más profundos: debe ser enfrentada con el concurso de los otros países del hemisferio, en especial el resto de países de la región andina, y debe dar pie a un régimen político duradero que sea funcional al posicionamiento geopolítico y geoeconómico de los Estados Unidos en la región Andina, pero sobre todo que permita la proyección de ese posicionamiento hacia una región estratégicamente más importante: los países del Mercosur, especialmente Brasil.

B. La lucha antidrogas como prioridad

1. Antecedentes históricos: el desacuerdo global en materia de narcotráfico

Durante los siglos XVI y XVIII la producción del opio logrará grandes dimensiones en China y la India. En el siglo XIX, en el marco de un régimen internacional liberal[107], se desatarán las «dos guerras del opio» que opondrán a China contra un enclave inglés con asiento en la India, la East India Company. En ambas ocasiones la confrontación concluirá con pactos -primero el Tratado de Nanking (1843) y luego el de Tientsing (1853)- sobre la base de la derrota china. El contrabando inglés ganó en rentabilidad en la medida en que garantizó que se mantuviera prohibida la circulación del opio, no obstante la facilidad con que efectivamente circuló “clandestinamente”. Se reconocerá el opio como una mercancía de libre comercio, cuando la emperatriz Tseu-hi legalizó la importación y el consumo, eso sí, al tiempo que estipuló un arancel del 5%. Esta medida llevó a la quiebra de la compañía inglesa[108].

En adelante la regulación del mercado de drogas ilícitas, con la asunción de un enfoque ético y jurídico prohibicionista (sin tener certeza de una correspondencia en el plano efectivo económico), será asumida y hegemonizada por los Estados Unidos. Esto será posible gracias a la confluencia de tres factores: el expansionismo norteamericano por todo el orbe, el auge del puritanismo y el escalamiento del estamento terapéutico con su correspondiente, valga la redundancia, perspectiva terapeutista de la sociedad[109]. Se impondrá entonces una lectura del fenómeno del tráfico de drogas ilegales dominada por un modelo ético-jurídico (el consumo y tráfico de drogas debe ser castigado con severidad) y, un poco después, también por un modelo médico-sanitario (el consumidor es un enfermo mental)[110].

La primera iniciativa norteamericana de alcance internacional será la Conferencia de Shangai en 1906. Doce representantes de diferentes países se hicieron presentes, pero se mostraron reacios ante la propuesta norteamericana de emprender una cruzada en contra del uso no médico del opio. No será sino en 1912 en La Haya, a través de la Convención Internacional sobre el Opio, que se plantee el control internacional de esta sustancia. A partir de este momento se firmarán distintos convenios[111] hasta llegar a la Convención de Viena en 1988. Al respecto resulta ilustrativa la apreciación que sobre ésta tiene Juan G. Tokatlián :

«En el caso de la Convención de Viena lo que se observa es el intento por cristalizar un instrumento altamente severo y punitivo para hacer frente al multifacético asunto de las drogas ilegales. En su redacción predominó lo que generalmente ha sucedido en este terreno: a través de la presión política y su capacidad de veto, los países más industrializados han logrado pactos grandilocuentes pero inconsistentes, que han impedido crear un verdadero esquema global para contener y reducir significativamente el fenómeno de los narcóticos … De hecho, ningún convenio de los 11 firmados hasta el momento ha logrado armonizar los múltiples criterios nacionales (estatales y ciudadanos) en torno a la problemática de las drogas. Ello ha redundado en la generación de nuevos conflictos más que en novedosos mecanismos de concertación. Es bien diciente que en siete años desde la firma de la Convención de Viena, ningún Estado -del Norte, del Sur, del ex Este y del Oeste- haya reivindicado este instrumento en las respectivas políticas nacionales e internacionales frente a la cuestión de las drogas psicoactivas, con excepción de Estados Unidos que la invoca sólo y simbólicamente para el proceso anual de certificación de los países que cooperan o no con Washington en la lucha antinarcóticos. Lo que ha acontecido con este compromiso multiestatal, como con otros previos, es que el seudoconsenso conceptual logrado no ha implicado la obtención de un instrumento jurídico y político viable, realmente aplicable y con suficiente capacidad de ser acatado y promovido por las diversas partes comprometidas en la superación eventual del fenómeno de las drogas psicoactivas»[112].

No existe un régimen global para el control de las drogas psicoactivas. Más bien, Estados Unidos ha planteado una caracterización del fenómeno de la producción, industrialización y consumo de sustancias alucinógenas y sicotrópicas como «amenaza de la seguridad nacional y mundial», que comienza a ganar fuerza durante el gobierno de Nixon y que se traduce actualmente en una clara estrategia regional de control militar con proyecciones en el mediano plazo. 2. Los albores de la guerra antidrogas: la marihuana de México y Colombia

El origen de la tradición de los operativos antidrogas estadounidenses en América Latina y el Caribe se remonta al año 1969 con la Operación Intercepción desplegada en México. La preocupación por las dimensiones de los cultivos ilícitos de marihuana y de amapola mexicanos[113] condujeron a que Richard Nixon, en 1969, incluyera la erradicación de los mismos como una cuestión de primer orden en la agenda bilateral con el país vecino. En ese entonces el objetivo era «la detección y destrucción de los cultivos de marihuana más que la persecución de narcotraficantes o la interceptación directa del flujo internacional de narcóticos desde territorio mexicano. Con esto se preparaba el camino para que Colombia emergiera como el país sustituto de la oferta de marihuana mexicana»[114] . Si bien este despliegue unilateral de fuerzas gringas ocasionó el deterioro de las relaciones entre México y Estados Unidos, obligando a una negociación entre la DEA (creada en 1973 como organismo dependiente del Ministerio de Justicia) y la Procuraduría General de la República de México para pactar en su reemplazo el impulso de la Operación Cooperación, las pretensiones de Nixon de ser reelegido condujeron a que este mandatario proclamara la «Guerra contra las Drogas» y dejara el espacio abierto para que durante 1975 se empleara el paraquat en la erradicación de cultivos de marihuana y el herbicida 2-4,D en la erradicación de los de amapola, a través de la Operación Cóndor, la que sería multiplicada bajos distintos nombres durante 1976 y que durante este último año involucró casi a la carta parte del ejército mexicano de ese tiempo. Casi simultáneamente en Jamaica se implementó la Operación Bucanero (1974).

A partir de 1978 las iniciativas de erradicación de cultivos de marihuana se amplían a Colombia, primero en la Sierra Nevada de Santa Marta y luego en la Serranía del Perijá. La primera operación de la cual se tiene noticia, Operación Stopgap, en realidad no fue de erradicación sino de interdicción: se realizó entre finales de 1997 y mediados de 1978 y «comprendió la realización de “vuelos espías” para decomisar en altamar embarcaciones con cargamento de marihuana»[115]. Al igual que lo sucedido en México en 1969, la unilateralidad de esta acción pretendía que el presidente electo, Julio César Ayala, superara la actitud permisiva que había asumido frente a asunto del tráfico de drogas y el lavado de activos, durante el cuatrenio anterior, el presidente López Michelsen. Además, el gobierno de Jimmy Carter ya había ejercido presión sobre el nuevo mandatario alertando sobre los posibles vínculos que el mismo tendría con grupos dedicados al narcotráfico. De ahí que al finalizar 1978, el presidente Turbay y las Fuerzas Armadas, en cabeza del general Camacho Leyva, cedan a la presión gringa y decidan implementar la Operación Fulminante. Esta determinación abiertamente condicionada coincide con esta decisión de los Estados Unidos de crear la Oficina Especializada en Asuntos de Narcóticos del Departamento de Estado. «Este hecho es de gran trascendencia porque marca el inicio de la incorporación del tema de la drogas como parte de la política exterior de los Estados Unidos»[116], la cual pretendía, entre muchos otros objetivos, la militarización total de la lucha antidrogas[117].

3. Las administraciones Reagan y Bush: andinización, cocainización y militarización de la guerra antidrogas

La retórica estadounidense sobre las drogas psicoactivas alcanza una formulación relativamente consistente durante el gobierno de Ronald Reagan. Durante la primera mitad del siglo funcionarios estadounidenses cumplieron un papel fundamental en la Organización Mundial de la Salud «demonizando» las drogas en nombre de la «vigilancia de la moral»[118], a pesar de que a lo largo del siglo XIX Estados Unidos fuera una sociedad con un amplio historial de consumo de todo tipo de droga. Nixon ya había planteado que el consumo de drogas era el «enemigo público número uno» de la sociedad gringa. En 1978, el director de la DEA, Peter Bensinger, ya había hecho referencia a la bonanza de marihuana en Colombia como un problema de «seguridad nacional». Pero faltaba quien diera coherencia a un discurso todavía muy atomizado y todavía no suficientemente articulado tanto ideológica como políticamente; y ese quien se encarnó en el presidente Reagan.

El fue quien generalizó el uso del vocablo «narcotráfico», ratificó que las empresas dedicadas al mismo representaban el enemigo principal de los Estados Unidos pues victimizaba a la ciudadanía estadounidense y abarcaban desde campesinos cultivadores hasta gobiernos y guerrillas latinoamericanas, sin distinción, y enfatizó que constituían una amenaza terrorista («narcoterrorismo») en la medida en que su infiltración en los sistemas políticos y en los aparatos judiciales generaba distorsiones tales en las economías y en las sociedades que ponía en peligro la estabilidad de la sociedad occidental en su conjunto. De esta forma, las organizaciones narcotraficantes constituían una nueva «conspiración mundial» que hay que desactivar. En consecuencia, «la guerra contra las drogas se convierte en una guerra ideológica a través de esta retórica»[119].

No obstante los esfuerzos realizados por Reagan en el terreno del discurso, éstos no se tradujeron en aumentos significativos del presupuesto para la guerra antidrogas, aunque sí en una nueva ofensiva limitada (1986), esta vez dirigida hacia Bolivia (Operación Blast Furnance) y en una nueva ley de drogas (1988). Aquélla fue la primera maniobra militar estadounidense contra la cocaína, más precisamente contra la materia prima de la que se deriva, que trajo consigo «un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la metodología de acción militaren el combate contra las drogas ilícitas»[120]. La nueva legislación, por su parte, consagró jurídicamente algunos componentes conceptuales que abren el camino para el diseño de una verdadera estrategia de la guerra antidrogas, asunto hoy más vigente que nunca. Veamos:

«1) Las operaciones de las organizaciones de contrabando ilegal de drogas plantean una amenaza directa a la seguridad nacional de las naciones miembros de la OEA (…) 3) Para preservar la soberanía nacional, proteger la salud pública y mantener el derecho doméstico y el dentro de sus fronteras, las naciones miembros de la OEA deberían coordinar sus esfuerzos para luchar contra el comercio ilegal de drogas (…) 5) Estados Unidos debe realizar todo esfuerzo para iniciar discusiones diplomáticas a través de la OEA para lograr el acuerdo de establecer y operar una fuerza antinarcóticos en el hemisferio occidental (…) 6) Estados Unidos está dispuesto a suministrar el equipo, entrenamiento y recursos financieros para apoyar el establecimiento y la operación de esta fuerza antinarcóticos…»[121].

Adicionalmente, la administración Reagan anuló la enmienda Percy que prohibió el apoyo de Estados Unidos a programas de fumigación en otros países (esto a raíz de los efectos de la aplicación de paraquat en México) y la orden ejecutiva No. 12264, una de las últimas del gobierno Carter, que prohibía la exportación de productos no autorizados en Estados Unidos. En realidad, la administración Reagan pretendía que Colombia fumigase con glifosato[122] (round up) los cultivos de marihuana y para lograrlo argumentó en contra de la directiva de Carter que «imponer controles a nuestras exportaciones implica una reglamentación muy costosa»[123]. Pero, además, ya era consciente de que los herbicidas que daban resultados en su aplicación a la marihuana y a la amapola no tenían los mismos efectos con la coca.

Al asumir el poder George Bush, la guerra de las drogas definitivamente se cocainizó, se andinizó y se militarizó. En la Estrategia Nacional para el Control de las Drogas, de septiembre de 1989, se lee:

«El tráfico de cocaína es sólo una de las amenazas en la región andina. La inestabilidad económica y las insurgencias políticas también plantean graves desafíos a las instituciones democráticas y a la estabilidad en la zona. Los tres están relacionados entre sí; es improbable que se logre una reducción de la oferta de cocaína atendiendo uno sólo de los problemas sin atender también los otros. El reto consiste en motivar a los gobiernos de los países productores de cocaína para que cooperen con nosotros, mientras llevan adelante sus propios programas contra las drogas. Los objetivos de esta campaña deben ser: aislamiento de las principales áreas de cultivo de coca en Perú y Bolivia; intercepción, dentro de esos países, de los envíos de substancias químicas esenciales para la elaboración de cocaína; destrucción de elaboración de clorhidrato de cocaína; desmantelamiento de las organizaciones de tráfico de drogas, y erradicación de los cultivos de coca cuando se pueda convertir esto en una estrategia eficaz. Podemos y debemos cumplir estos objetivos con un mínimo de participación de los Estados Unidos. Este es punto cardinal. Los países de la región deben ellos mismos asumir la carga principal»[124].

La interpretación integral (democracia, guerrilla y cocaína) de la situación de los países de la región Andina, haciendo un claro énfasis en la disminución de la oferta de cocaína, llena de contenido la noción de seguridad nacional a la que Estados Unidos venía aludiendo desde los años 70. Al tiempo, se precisan los objetivos, varios de los cuales en realidad tienen que ver más con Colombia que con Perú y Bolivia, aunque la primera no se nombra: se matiza la eficacia de colocar el acento en la erradicación forzosa de las plantas de coca y se le concede importancia tanto a los laboratorios de industrialización como a la persecución de las mafias (colombianas, por supuesto).

Las redefiniciones estadounidenses son apenas posteriores a un hecho que lleva al presidente Virgilio Barco a escalar la guerra antidrogas, después de los diálogos que sostuvo con la mafia de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar[125]: el asesinato del candidato presidencial liberal, Luis Carlos Galán. Barco asumió radicalmente la idea de que el narcotráfico era una amenaza para la seguridad nacional y, desde esa perspectiva, decidió hacer uso de la extradición de nacionales a Estados Unidos (Lehder en 1987).

Casi simultáneamente, el 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos invadió Panamá y obligó a deponer al general Manuel Antonio Noriega. Desde 1986 el diario New York Times había decidido dar a conocer quien era el «hombre fuerte» de Panamá y Reagn tenía suficiente con el escándalo del «Irangate» como para que se develarán los vínculos que tenía con el general panameño y su papel respecto a las mafias colombianas en función de garantizar recursos económicos para sostener la «contra» en Nicaragua. En 1987, un senador republicano se refirió a Noriega como «la cabeza de la más importante organización del narcotráfico en el hemisferio occidental», mientras que el general perdía sus más cercanos aliados: Oliver North (enjuiciado por el «Irangate») y William Casey, director de la CIA (muerto en mayo de 1987). Después de tres años de trámite del «expediente» Noriega y un presidente electo y ex director de la CIA, George Bush, con la imperiosa necesidad de que no se revelarán sus vinculaciones con él desde cuando Ronald Reagan le encargó al vicepresidente la reorganización de todas las agencias de seguridad, en cuyo marco se produjo la «Sandinist Connection», el mismo presidente Bush decidió la invasión al Istmo[126]. Dos objetivos se lograban: neutralizar definitivamente la posibilidad de un escándalo y significarle al hemisferio lo que los Estados Unidos estaría en capacidad de hacer en desarrollo de la guerra a las drogas.

Con el antecedente de la invasión a Panamá en nombre de la guerra a las drogas, sumado al «patrullaje» (por no decir «bloqueo») marítimo que despliega en el Caribe colombiano, a comienzos de 1990, Bush emprende la tarea de construir un «régimen sólido» para combatir el tráfico de drogas psicoactivas en el hemisferio impulsando las Cumbres de Cartagena (1990) y de San Antonio (1992), que han señalado los derroteros de la «cooperación» antidrogas en el continente americano.

4. Hacia un dudoso régimen andino antidrogas: Cartagena y San Antonio

A la Cumbre de Cartagena (15 de febrero de 1990) asisten los presidentes de Bolivia, Perú, Colombia y Estados Unidos. Desde la perspectiva gringa, con esta reunión se apuntala la idea de que la amenaza del narcotráfico está situada en tres países de la región Andina, de modo que «divide a los países latinoamericanos en países “productores” y “no productores” de cocaína, y los sustrae de una acción latinoamericana multilateral [al tiempo que] coloca a Bolivia, Colombia y Perú como países responsables de la producción y tráfico de cocaína frente a los Estados Unidos como país consumidor o víctima»[127]. Ahora bien; ya que las condiciones del fenómeno y de los impactos de las acciones represivas varían de país a país, es necesario distinguir dos ámbitos de acuerdo: los bilaterales (de cada país con E.U.) y los multilaterales (compromiso de los cuatro).

Son tres las características de la Declaración de Cartagena: 1) una «retórica anticonflictiva»: es tan importante aminorar la demanda y el consumo como reducir la oferta; no hay prioridad; 2) una «racionalidad fuertemente represiva»: los programas contra la producción, el tráfico y el consumo deben ser enérgicos para que comporten eficacia y se les pueda asignar recursos económicos; 3) una «lógica quid-pro-quo»: Estados Unidos aporta recursos y apoyo sólo si los países andinos cumplen sus compromisos.

Hacia mediados de 1991, Colombia aparecía como el país «más cooperante» respecto a los acuerdos pactados en Cartagena: 1) los objetivos de incautación de cocaína y de persecución de las mafias se estaban cumpliendo: se habían decomisado en el país 114.5 toneladas de cocaína (respecto a 49 toneladas entre febrero de 1988 y febrero de 1990), se había logrado la interdicción (ya en proceso de tránsito) del 10.51 del total de la cocaína elaborada en el mundo (frente al 5.13% del bienio anterior) y se incautaron 17.1 toneladas de pasta de cocaína (en relación con 10.6 toneladas de los dos años anteriores); 2) el gobierno de Gaviria impulsó también los programas de ajuste y reestructuración a nivel económico cumpliendo con compromisos en el marco de la nueva política económica de Estados Unidos para el continente; 3)Colombia da muestras claras de un política antidrogas fuerte y cumple sus compromisos «neoliberales», por eso obtuvo recursos de asistencia militar directa e indirecta (law enforcement) por un monto total de 321.4 millones de dólares entre 1989 y 1992, además de posibilidades de obtener un préstamo ante el Eximbank hasta por 200 millones de dólares para compra de material bélico para la lucha antidrogas, mientras la ayuda económica oficial sólo alcanzó la suma de 104.9 millones de dólares y la inversión gringa se redujo de 0.99% del total en el mundo a 0.30% en 1991; y 4) en la medida en que la administración Gaviria hacia gala de sus resultados, aunque había reservas de parte de Estados Unidos, Bush toleró la política de sometimiento a la justicia impulsada por el mandatario colombiano aceptando que la respuesta militar al narcoterrorismo desplegado por el mal llamado cartel de Medellín podría ser inconveniente (de alguna manera reconocía el discurso victimizante que propuso Colombia a partir de los atentados contra personajes de la vida política nacional)[128].

En realidad los anteriores elementos dan cuenta de una posición del gobierno colombiano más cercana a la lógica de represión a ultranza de la cocaína por parte de los Estados Unidos. Otra posición asumían tanto Bolivia como Perú. El presidente boliviano, Jaime Paz Zamora, cuestionaba la erradicación forzosa de cultivos sobre la base de analizar el colapso económico que trajo consigo la aplicación de medidas neoliberales (desde 1985): en síntesis, los circuitos económicos ilegales de la producción y exportación de la hoja de coca y la pasta de coca se constituyeron en una alternativa forzosa para garantizar la sobrevivencia de una buena parte de la población.

Su posición daba cuenta del impacto del narcotráfico en la sociedad boliviana: 1) los cultivos ilegales de coca se extendieron en el área del Chapare como consecuencia del fracaso de una propuesta de ampliar la frontera agrícola promoviendo, conjuntamente con la Asociación Interamericana de Desarrollo, migraciones indígenas hacia esa región; 2) aproximadamente la quinta parte de la población económicamente activa llegó a depender de los negocios de la coca y la cocaína, al tiempo que los ingresos derivados de las actividades ilegales de comercialización de la coca llegaron a representar el 30% del PIB: la erradicación agudizaba los índices de pobreza absoluta; 3) «los regímenes militares de los 70 y comienzos de los 80 se constituyeron en firme aliados de los productores de coca, quienes a su vez se convirtieron en un importante apoyo financiero para mantenerlos en el poder y para su propio pecunio»[129]; y 4) el plan de ajuste para lograr el refinanciamiento de la deuda fue posible gracias a los capitales ilegales en la medida en que se relajó el control sobre los mismos (legalmente quedó prohibida la investigación sobre el origen de fortunas, se repatriaron capitales bajo una amnistía general) para permitir el crecimiento de las reservas internacionales y en que la economía ilegal absorbió el impacto social de los planes de austeridad, especialmente en lo que tiene que ver con el desempleo.

Por su parte, el presidente peruano, Alberto Fujimori, aunque más preocupado por la lucha contrainsurgente contra Sendero Luminoso y el MRTA, no era ajeno a la posición que en la Asamblea de las Naciones Unidas había expresado el presidente Alan García: «la única materia prima que ha aumentado su valor es la cocaína. La única empresa multinacional exitosa originada en nuestros países es el narcotráfico. El mayor esfuerzo para alcanzar la integración de la región andina ha sido hecho por los traficantes de drogas»[130].

No obstante, que su posición hacia énfasis en que la militarización de la erradicación en el Perú conduciría a que Sendero Luminoso contara con más adeptos, también Fujimori era consciente del significado de los cultivos de coca en la vida económica del país: En términos generales, los impactos sociales y económicos del lucrativo negocio de la coca en el Perú son similares a los de Bolivia: 1) el Valle del Alto de Huallaga, zona-eje donde se ampliaron los cultivos de coca hasta representar más de 80 mil hectáreas, es el resultado de migraciones campesinas que fueron ampliando la frontera agrícola ante la ausencia de tierras disponibles en otras zonas del país y que fueron estimuladas por los gobiernos peruanos de los años 60; 2) la inserción de más de 300 mil colonos en la economía ilegal es el producto de la incapacidad de la economía legal para garantizar el estímulo de las actividades agropecuarias; 3) el negocio de la coca produce anualmente ingresos aproximados de mil millones de dólares que representan el 30% de las exportaciones legales y el 5% del PIB; 4) la rentabilidad de la coca, a finales de los años 80, permitió relativizar los efectos sobre la población y sobre la economía del colapso de la economía legal peruana (los salarios fueron inferiores a los de 1970 y la inflación alcanzó el increíble valor de 2.775%), la cual no contaba con posibilidades de obtener un refinanciamiento de la deuda externa[131].

Así posicionados los países andinos, Estados Unidos decidió aprobar para la Estrategia Andina contra el Narcotráfico 2.200 millones de dólares, en el marco dentro de una voluminosa asignación presupuestal del legislativo, por presión del presidente Bush, para el combate contra los estupefacientes y psicoativos entre 1990 y 1991[132] . De igual modo, en 1991 el Congreso estadounidense aprobó el Andean Trade Preference Act, ATPA, que libera por diez años de aranceles a los productos provenientes de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.

La cocainización de la guerra antidrogas provocó que se ignorará el crecimiento que tuvieron los cultivos de marihuana y amapola especialmente en Colombia; la andinización ocultó que las empresas de tráfico de estupefacientes y psicoactivos se habían extendido por todos los países de la Américas, aunque en diferentes grados; y la militarización hizo caso omiso de las diferencias existentes entre los actores que participan de cada uno de los eslabones productivos de dichas sustancias, homogeneizando a campesinos cultivadores, intermediarios y capos de las mafias bajo la denominación de narcotraficantes. En conjunto, la «tendencia estimulada desde Washington, durante los años ochenta y dibujada desde 1990 en Cartagena I, hacia la instauración de un régimen de seguridad nacional antidrogas, le restó credibilidad, legitimidad y simetría a los esfuerzos regionales para contener y reducir el asunto de las drogas, La “securitización”… repercutió de manera negativa en cuanto a las posibilidades de ampliar y materializar una cooperación seria y genuina en el marco continental. En ese contexto, al arribar a San Antonio no existían política conjuntas contra las drogas, sino actitudes pragmáticas y unilaterales en una especie de “sálvese quien pueda”»[133] .

De la Cumbre de San Antonio (26 y 27 de febrero de 1992) participaron los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Estados Unidos y el Canciller de Venezuela. La Declaración de San Antonio valida la Declaración de Cartagena como un esfuerzo que «sentó las bases para el desarrollo de una estrategia integral y multilateral para confrontar el problema de las drogas ilícitas», cuyos compromisos deben ser ratificados y ampliados respecto a otras sustancias como la marihuana y la heroína a través de «estrategias que comprendan el desarrollo alternativo, la erradicación, el control y la interceptación, el fortalecimiento de los sistemas judiciales y la prevención de las drogas ilícitas». La Declaración trae adjunta unas Estrategias para la Acción[134], así como unas estrategias en las áreas económica y financiera, entre las que destacan los acuerdos bilaterales que contrajo Estados Unidos con Bolivia y con Perú en materia de desarrollo alternativo, señalando que son «experiencias útiles y aplicables a otros países». Por último, se anexan las estrategias para la prevención y la reducción de la demanda respecto a las cuales no hay ningún compromiso de los Estados Unidos que vaya más allá del resto de países.

En San Antonio (Texas) se insistió en una nueva distinción entre los países del área: los países productores de hoja de coca (Perú y Bolivia) y el país procesador de cocaína (Colombia). Esta discriminación, a la postre, condujo a que Estados Unidos prácticamente protocolizara la decisión de recortar la asistencia militar para Perú y limitará la que destinaba para Bolivia, mientras concentraba la atención del problema y reubicaba los disminuidos recursos hacia Colombia.

Con el ascenso al poder del demócrata William Clinton, inicialmente los escenarios sobre el rumbo de la guerra antidrogas eran inciertos. Lo único cierto era que Washington ofrecía ayuda pero no recursos económicos. Por lo menos para Colombia, el destino incierto se despejó luego de varios acontecimientos: en 1991 se produjeron varios sobrevuelos «involuntarios» de aeronaves estadounidenses sobre las cárceles en que se encontraban recluidos miembros de la mafia de Medellín; en 1992 se fugó Pablo Escobar; entre 1993 y 1994 Gaviria intentó desarrollar un proceso de negociación con la mafia de Cali; y en 1994, tiempo después de que marines gringos hicieran un despliegue de fuerza en Juanchaco, Andrés Pastrana denunció la filtración de dineros de la mafia de Cali en la campaña que llevó a Ernesto Samper a convertirse en presidente entre 1994 y 1998. Como lo dijimos más arriba, Estados Unidos decidió emprender una ofensiva diplomática intervencionista de vastas proporciones pero, sobre todo, armada de paciencia y de un gran olfato político.

Mientras tanto, Estados Unidos continuaba con la militarización de la guerra antidrogas. En 1993 se supo que el Comando Sur y el Comando del Atlántico eran las unidades de las fuerzas armadas estadounidenses encargadas de operaciones de lucha antidrogas. Y el mismo año, hacia junio, el soporte doctrinario del ejército gringo (U.S. Army Fiel Manual 100-5, Operations) sufrió una modificación importante en el contexto de la redefinición de la seguridad estadounidense: «el combate antinarcóticos apareció identificado como una modalidad de operations other than war, nueva denominación de lo que se conoció durante los ochenta como conflictos de baja intensidad».

V. En búsqueda de alternativas de plan

Cualquier situación social, por dura que parezca, exige ser afrontada de algún modo. En el caso presente, si nos hemos referido al hecho principal, cual es el diseño y aprobación del Plan Colombia entre el gobierno colombiano y el gobierno y el Congreso norteamericanos, perfilándolo como política de Estados, y lo hemos interpretado en el marco de las tradiciones que lo han constituido o hecho posible, es porque exige respuestas del mismo talante para lograr incidir en la dinámica que genere: es decir, requiere de prácticas y elaboraciones discursivas que fortalezcan tradiciones sociales alternativas. Así entendidas, las líneas de trabajo que a continuación sugerimos deberían incluir acciones inmediatas cuyos resultados no serán tan rápidos sino que serán significativos en el mediano plazo en tanto, además, se acompañen de otras respuestas en ese momento.

Pensamos cuatros grandes campos de construcción social:

1. Asumir que cualquier praxis social se ha de realizar en un contexto de confrontación bélica. Esta parece una perogrullada pero sucede que no siempre lo hacemos consciente. Nos movemos más con el deseo de que esta realidad se acabe y, una actitud así, sencillamente nos coloca por fuera del escenario que día a día están moldeando los actores principales del conflicto armado, como es la guerra.

De aquí, sencillamente, se derivarán a nuestro modo de ver iniciativas pedagógicas y de convivencia que permitan fortalecer, dentro de la población civil y de las organizaciones sociales, una sensibilidad de resistencia frente a una cotidianidad hostil que de manera natural invita a huir y a evadirla, en suma, que tiende a neutralizar las acciones de quienes no estamos directamente implicados en el conflicto bélico.

2. Un reto específico que plantea el Plan Colombia son temas tan afines como el de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH). De hecho, algunos sectores democráticos, representados en organizaciones de derechos humanos internacionales (Human Rights y Amnistía Internacional) reaccionaron en el mismo Congreso norteamericano persuadiendo sobre las consecuencias en Colombia al respecto, de ser aprobada la ayuda por parte de ese país. Muy probablemente, aunque de momento los objetivos de neutralizar los desembolsos no se consigan, al menos estos organismos logren posicionarse como una especie de auditoría política para monitorear el desarrollo del Plan, garantizando así algún nivel de interlocución. Una situación de esta naturaleza merece ser fortalecida desde las instancias civiles y democráticas de Colombia, y viceversa, le dan posibilidades de oxigenación a las luchas que se puedan proponer internamente, con la perspectiva de construir una red internacional de presión, esto es, globalizando la solidaridad de los pueblos. No sobra recordar que este tema ya tiene un recorrido en la Unión Europea como para pensar la articulación del acumulado allí existente a las nuevas acciones que por este lado se emprenden.

Desde el punto de vista de contenido, además de las denuncias sobre posibles violaciones a los derechos humanos y al DIH (atendiendo temas tan sensibles como el desplazamiento forzado, la desaparición y el genocidio) por parte de los ejecutores del Plan, habría que pensar en la elaboración de propuestas de justicia alternativa o uso alternativo del derecho sobre la base de la sistematización de códigos de convivencia y de justicia que en la práctica se realizan en sectores sociales y en territorios donde el Estado colombiano va dejando de ser referente social en el campo judicial.

3. Otro tema de vital importancia que coloca el Plan es el del Desarrollo Económico y Social. Desde las localidades y las regiones bien se puede ganar la iniciativa para resignificar el enfoque de la Estrategia en el que prevalece la subordinación al mercado internacional de unos productos primarios, en franca desventaja comparativa. Habría que debatir por lo menos los siguientes aspectos:

a. La sustitución de cultivos limitada al reemplazo de un producto ilícito por uno lícito, lo que entre la población campesina significa el cambio de un producto rentable por otro de baja utilidad. Con una argumentación moralista de esta índole, sólo se puede pensar la puesta en práctica de estos planes mediante el mecanismo de la imposición desde arriba. La realidad objetiva coloca las exigencias en otros niveles: se trata de proponer proyectos que eleven el bienestar de vida de la población, con un enfoque de utilidad social.

b. Los productos de sustitución que se proponen perpetuarían a Colombia como un país agrícola, exportador del sector primario. El desarrollo, así entendido, equivale a mantener una economía de subsistencia y de dependencia en el mercado internacional. Los planes de desarrollo deben garantizar la incorporación y apropiación de tecnología para la producción calificada en diversos renglones, no solamente en el agrícola.

c. Se debe romper la visión focalizada y atomizada de los proyectos, como la trae el Plan, que propone la proliferación de pequeños planes zonales en la medida en que se vayan erradicando los cultivos ilícitos. Aquí hay que diseñar proyectos de impacto regional e integral como condición de un desarrollo moderno, distinto al tradicional premoderno. Los recursos que se acopien deben ser los suficientes para cubrir regiones y sectores como el cultural, el social y el político, amén del económico.

d. La responsabilidad del Estado debe hacerse presente en todo momento, junto con la de las Comunidades. La participación oficial no se puede limitar a distribuir unos recursos de base para que, de ahí en adelante, sea la comunidad la que administre y gestione la consecución de otros nuevos, desentendiéndose del éxito futuro de lo que allí se geste. Un Estado desvinculado socialmente de la comunidades pierde legitimidad y termina ejerciendo autoridad solamente mediante la fuerza.

4. El avance en puntos tan importantes como los anteriores -que no los únicos- puede habilitar a los movimientos sociales a constituirse autónomamente en actores, mediante la identificación de sus necesidades y la movilización en búsqueda de satisfacerlas. Esto propicia condiciones favorables para llegar al escenario de diálogos y negociación -para nosotros estratégico- creado por los dos actores más importantes del conflicto, como son el gobierno nacional y las FARC, haciendo presencia con personalidad propia y elaborando sus propuestas y exigencias a las partes, en términos de respeto a los DDHH y al DIH y al ejercicio directo de la democracia. Por ahora, lo que se ha propuesto a manera de participación en esa instancia, a través de comisiones temáticas y de audiencias públicas, no es más que un remedo democrático, por no decir que un monumento al populismo, ya que se trata de rotar el micrófono de la opinión sin criterios claros y sin gestar procesos de organización. De lo tanto dicho, la mesa, finalmente, decantará con el beneficio de su inventario, de acuerdo con el cuadro de sus intereses negociables. Y el sujeto social, ¿dónde queda? En ninguna parte pues no fue necesario ni crearlo, ni potenciarlo, sino oírlo en calidad de visitante esporádico. Dados los rasgos de este conflicto, la mesa de diálogos y de negociación debe hacerse multilateral y descentrada y, de acuerdo al proceso que allí se geste, se irán constituyendo legitimidades políticas que nadie, por ahora, se puede abrogar con el argumento del uso de la fuerza. Esta tarea le corresponde a las expresiones sociales populares.

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Notas

1. El Espectador, “ Plan Colombia sobre la Mesa”, 6 de enero de 1999. (regresar)

2. En su orden, la versiones que hasta el momento se han conocido son las siguientes: 1) Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Departamento de Planeación Nacional, “Plan Colombia”, Puerto Wilches, diciembre de 1998, correspondiente a la idea inicial que comentamos arriba. 2) Revista Desde Abajo, “Plan Colombia”, Suplemento Especial No. 1, octubre de 1999, cuya información coincide con una versión en Inglés, especie de borrador, que circuló de forma restringida con anterioridad a la presentación oficial de Octubre de 1999; este documento, que posee algunas diferencias de redacción a todo lo largo del texto con el que oficialmente apareció después, tuvo la virtud de obligar al gobierno a hacer la divulgación de lo que hasta ahora mantenía oculto y reveló el espíritu de lo que se trasluce en un lenguaje menos cuidadoso, verbi gracia, hablar de “guerra antidrogas” y no de “lucha antidrogas”. 3) Presidencia de la República, “Plan Colombia”, Plan for Peace, prosperity, and thestrengthrning of the state, President of the Republic Andrés Pastrana Arango, edition october , 1999. De este texto una versión fue llevada por el Presidente Pastrana para presentársela al Congreso Nortemericano, conocida como el Proyecto Alianza Act, y la otra versión se le presentó a la Unión Europea, en la que varía el orden de los capítulos y se relativiza el lugar que ocupa la lucha antinarcóticos. 4) ANCOL, Plan Colombia, www.presidencia.gov.co, Bogotá, 1 de diciembre de 1999, traducida al español de la versión presentada a la UE; en la introducción y el capítulo antinarcóticos omite el aparte referido a los elementos básicos de la estrategia. (regresar)

3. Nos referimos al Plan de Desarrollo que está obligado a presentar, por mandato constitucional, cualquier Presidente al Congreso de la República. Afirmamos, además, que este Plan Colombia define los derroteros de quien suceda a Andrés Pastrana si no ocurre lo que denunció la Dirección Nacional Liberal en la tercera semana de febrero: que el actual Presidente trabaja una reforma política en alianza con las FARC para asegurar su reelección, con lo cual estaría todavía más asegurada la continuidad del Plan. (regresar)

4. «Colombia necesita una estrategia nacional amplia para enfrentar sus problemas… y Pastrana ha prometido elaborarla pronto. Aun cuando Estados Unidos está listo ayudar a Colombia en sus luchas ilegales, dependeríamos de los colombianos para que asuman la iniciativa», observó Pickering ( Comunicado de Prensa, Washington, 17 de agosto de 1999). (regresar)

5. El Espectador, 11 de octubre de 1999 y 14 de noviembre de 1999. (regresar)

6. Palabras del señor Presidente de la República, Doctor Andrés Pastrana Arango, con ocasión de su visita al Parlamento Europeo, Estrasburgo, octubre 26 de 1999. (regresar)

7. Declaración del Presidente Clinton sobre ayuda a Colombia, 11 de Enero 2000, Embajada de Estados Unidos. (regresar)

8. El Tiempo, 16 de febrero del 2000.(regresar)

9. OIDHACO (Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia), Plan Colombia, una estrategia sin solución, material multicopiado, Bruselas, febrero del 2000 (regresar)

10. Valga aclarar que en esa instancia decisoria no se dan contradicciones fundamentales entre los diversos sectores políticos acerca del Plan. El trámite seguido revela una pugna entre demócratas y republicanos por capitalizar políticamente su aprobación y conducción en un ambiente electoral. Se podría destacar como de «mayor peso» la insistencia de una minoría demócrata, el partido de Clinton, por condicionar rigurosamente con el tema de los DDHH la ayuda, pero no están pensando en detenerla. Otra diferencia estriba en si la ayuda debe ser más distribuida entre otros países, como Ecuador y Perú, y de qué fondos sacar los dineros. Pero el desembolso no encuentra negativa política, simplemente se ha demorado un poco más de lo previsto. (regresar)

11. Ancol, op. cit., pp 2-3-4 (las negrillas son nuestras). (regresar)

12. El Espectador, 9 de febrero de 2000, p. 5A. (regresar)

13. El Espectador, 23 de febrero, p 2A. (regresar)

14. El Espectador, 7 de febrero, p 5A. (regresar)

15. ANCOL, Plan Colombia, www.presidencia.gov.co, Bogotá, 1 de diciembre de 1999, pp 1-3 (regresar)

16. Ibídem, p7 (regresar)

17. «A partir de 1985, la proliferación de narcoparamilitarismo le agregó capacidad de combate ofensivo, de respaldo social y de proyección política a la narcocriminalidad organizada. Al fin y al cabo, en algunas áreas operaba como una especie de protoestado, al tiempo que elevaba su inserción económica, su influencia política, su capacidad corruptiva y su potencial de acumulación». Tokatlián, Juan G., Drogas, dilemas y dogmas. Estados Unidos y la narcocriminalidad organizada, Tercer Mundo Editores-Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Los Andes, Bogotá, noviembre de 1995, p. 42. (regresar)

18. Tercer Informe de la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, op.cit., pág. 23. (regresar)

19. Informes Latino Americanos Regionales -Grupo andino. 23 de junio de 1998. (regresar)

20. Serafino, Nina. Informe CRS para el Congreso. Colombia: condiciones y opciones de la política U.S., documento multicopiado, traducción del inglés, Washington, 7 de octubre de 1999, p 10. (regresar)

21. El “paquete de Ayuda Financiera” o mejor de créditos para Colombia para el período 1999-2002 es de US$ 6.900 millones. Uno de los principales problemas que menciona el Plan Colombia es el del crecimiento de la deuda externa. Los 6.900 millones de dólares son de nuevo endeudamiento, cuyo pago se efectuará por cuenta del futuro crecimiento. OIDHACO, op. cit., p 18 (regresar)

22. El Colombiano, 29 de febrero de 2000, p. 3 (regresar)

23. Ancol, op. cit., p. 12 (regresar)

24. Aquí lo tomamos de la versión presentada al Congreso Norteamericano, Presidencia de la República, “Plan Colombia”, Plan for Peace, prosperity, and thestrengthrning of the state, President of the Repúblic Andrés Pastrana Arango, edition october , 1999, p .16. Naturalmente minucias de guerra no interesan mostrar abiertamente ni en Europa ni en Colombia donde se creará este escenario tan indeseable. (regresar)

25. Angarita S., Carlos E., Martínez O., David M. y Jiménez C., Camilo E. «Descolombianización»: la guerra y la economía por los senderos de la globalización gringa. Revista Mirar Colombia, No. 3, Corporación René García – Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Bogotá, agosto de 1999. (regresar)

26. En los gobiernos de Gaviria y de Samper se sabía que existían las mafias de Medellín y de Cali e, incluso, los organismos de seguridad pintaban los organigramas de esas organizaciones, con nombres y apellidos concretos, y los presentaban en los medios de comunicación. Hoy no se sabe detrás de quiénes vienen, más bien como lo señala un informe para el Congreso norteamericano, observan que “el aumento de traficantes independientes ha complicado las acciones para reducir el tráfico, según algunos analistas. Porque ellos adoptan estilos de vida conservadores y trabajan en grupos de 10 a 20, usando negocios pequeños legítimos como fachadas; los traficantes independientes son difíciles de identificar”. Serafino, Nina, op. cit., p. 4. (regresar)

27. El Tiempo, 26 de febrero de 2000, p 7A. (regresar)

28. Serafino, N., op cit., pp 7-8 (regresar)

29. Ancol, op. cit.. p8 (regresar)

30. OIDHACO, op. cit. p. 15 (regresar)

31. Este razonamiento tomó tales proporciones que provocó la convocatoria por parte del ejecutivo nacional a un Referendo para pronunciarse contra el Congreso, después de las renuncias exigidas a las directivas de la Cámara acusadas de tradicionales tráficos de intereses y ganancias ilícitas de dinero. Se trata de una cruzada ideológica para sacudir la sensibilidad, perdida desde hace tiempo, por el robo de dineros del Estado (que no incluye al Ejecutivo) y con ello abrir el espacio a una reforma política que legitime no tanto los sistemas de control como la reducción de funciones estatales en el terreno económico. (regresar)

32. El Tiempo, jueves 10 de febrero de 2000. (regresar)

33. Ancol, op. cit. p11. (regresar)

34. Ib., p. 15. (regresar)

35. Ib., p. 16. (regresar)

36. El Tiempo, 25 de febrero de 2000, p. 34. Se sigue trabajando con la idea de que si existen casos se trata de eso, de eventos esporádicos y aislados, nunca de política institucional y menos estatal. (regresar)

37. En 1996, el Congreso adoptó las primera estipulaciones de la «Enmienda Leahy» en el Decreto de Asignaciones para Operaciones Extranjeras FY1997 (como está contenido en el Acta de Asignaciones, 1997, P.L. 104-208). Estas estipulaciones prohibieron el uso de fondos FY1997 para Narcóticos Internacionales apropiados por el acta para la ayuda a cualquier unidad de fuerzas de seguridad extranjera «si la Secretaría de Estado tiene evidencia creíble que tal unidad ha cometido violaciones graves de derechos humanos, a menos que la Secretaría determine e informe a los Comités sobre Asignaciones, que el gobierno de tal país está tomando medidas eficaces para llevar a los miembros de la unidad de las fuerzas de seguridad responsables de tales hechos ante la justicia…». En FY1998 (P.L. 105-118, Departamento 570) y las subsecuentes asignaciones de operaciones extranjeras, esta restricción se extendió a todos los otros fondos hechos disponibles por el acta, incluyendo los IMET ( fondos para Entrenamiento y Educación Militar Internacional), y los FMF (Financiación Militar Extranjera). (regresar)

38. OIDHACO, op. cit., p. 10. (regresar)

39. Lauber, Christine. “El precio quepagamos por ser una potencia mundial. En Revista Desde Abajo”, op. cit. p. 39. (regresar)

40. «…El Estado se concibe de manera autónoma, amenazado incluso por la misma sociedad de la que es en teoría delegatario». Leal Buitrago, F. El oficio de la guerra. Tercer Mundo Editores, IEPRI, Bogotá, 1994, p. 21. En gran medida seguiremos en este apartado las reflexiones de este autor en el presente texto, no obstante que lleguemos a conclusiones distintas. (regresar)

41. Ib., p. 21. La expresión actualizada de este tratado es la Cumbre de Mandos Militares de América que se reúne anualmente. En abril de este año se efectuó el último encuentro en Bogotá. (regresar)

42. Ib., p. 35. (regresar)

43. Ib., p. 40. Cita el autor a Stepan, A. “The new profesionalism of internal warfare and military role expansion” en Stepan (ed.), Authoritariam Brazil, New Haven, Yale University Press, 1973. (regresar)

44. Sobre el primer aspecto se hizo pública la preocupación por vez primera en el documento “Santa Fe II”, que orientaba la política de Reagan para América Latina: «Para la década de los 90, Colombia bien puede empequeñecer el singular problema de la política exterior de este país (EEUU) de los 80: Centroamérica… El apoyo oportuno de EEUU y un financiamiento apropiado puede evitar mayores levantamientos y una guerra civil». Colombia ya era vista en segundo lugar dentro de las cinco prioridades que definía el documento. (regresar)

45. Ib., p. 29 (nota a pie de página). (regresar)

46. Ib., p. 46. (regresar)

47. Ruíz Novoa, A. “Una ambición que nunca tuve” En: Lecturas Dominicales de El Tiempo, septiembre 28, 1997, p. 6. (regresar)

48. Es más clara la Resolución 005 del 9 de abril de 1969 que orienta “organizar en forma militar a la población civil, para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate”. (regresar)

49. Cfr. Angarita, Carlos E. Estado, poder y derechos humanos en Colombia. Corporación René García, Bogotá, enero de 2000, capítulo 3, en donde se muestra cómo el régimen de excepcionalidad se convirtió en legislación ordinaria mediante los Estatutos de Seguridad (1978), de Defensa de la Democracia (1988) y Defensa de la Justicia (1990). (regresar)

50. La composición del Consejo Nacional de Seguridad se hizo más flexible con respecto a lo que exigía la norma existente hasta el momento. Aquí se destaca la participación de un nuevo funcionario cuyo cargo no existía hasta el momento: el de Consejero Presidencial para la Defensa y la Seguridad, quien al cabo del año pasó a ser el nuevo ministro de defensa civil (Rafael Pardo). Este consejero oficiaba como secretario del órgano y garantizaba la orientación presidencial del mismo. (regresar)

51. Se acordaron ceses bilaterales del fuego; el gobierno, además, presentaba como importantes avances con respecto a los procesos anteriores de negociación su disposición a desmilitarizar varias zonas, incluidas algunas pequeñas cabeceras municipales, para facilitar el acantonamiento de guerrilleros durante las negociaciones; y de otra parte, admitiría la participación internacional en el proceso, si era necesario, dando como muestra la aceptación de diálogos en Venezuela y México. (regresar)

52. Un ejemplo preciso, en este sentido, lo cita Leal Buitrago del libro Mi guerra en Medellín del coronel (r) Augusto Bahamón Dussán: «Desde que estaba en construcción, nosotros sabíamos que el propósito de la cárcel era albergar a Pablo Escobar Gaviria y sus “Extraditables”, tal y como sus abogados lo habían pactado con los representantes del gobierno», op. cit., p. 154. Se refiere, claro está, a la “Catedral”, de la que se supo después de la fuga del narcotraficante qué era: un club de descanso y un centro de comunicaciones con sus organizaciones y sus negocios. (regresar)

53. El referendo en el que nos quiere embarcar Pastrana puede tener en su base esta orientación: el necesario achicamiento del aparato del Estado colombiano (abreviando la rama legislativa por donde ejercen poder las élites, los partidos y los gamonales), lo cual le permitiría a largo plazo al Estado gringo aligerar sus decisiones dentro de la sociedad colombiana, sin tanta tramitología como hasta el presente. La anticorrupción es un buen pretexto al que se le suma el colombiano común; y, de paso, le daría legitimidad política a Pastrana mientras que el sampersimo y el serpismo (si se pueden separar) quedarían al borde de la arena política, si no por fuera. Con esto Clinton lograría lo que no alcanzó cuando Samper gobernaba. (regresar)

54. Por eso se prefiere hablar de gobernabilidad. (regresar)

55. Para que el Estado cumpla con esta función económica delegada, se ha impulsado la creación de agencias neutrales que no aparezcan mezcladas con las vicisitudes políticas de los gobiernos de turno: «Es así como se propicia la creación de Bancos centrales con juntas directivas que manejan las principales variables macroeconómicas… De esta manera, el capital puede anticipar la evolución de la economía y, por tanto, puede ejercer la capacidad de predecir, lo cual es una condición para que éste se mueva de un lugar a otro o se localice en un determinado país. Así se crean las condiciones para que exista un ambiente de confianza en el sistema económico, para que haya credibilidad y para que se dé un manejo razonable de los riesgos». Cepeda U., Fernando. “Gobernabilidad y relaciones internacionales”, en Colombia: entre la inserción y el aislamiento. La política exterior en los años noventa. Comp: Socorro Ramírez y Luis A. Restrepo, Siglo del Hombre Editores-Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1997, pp. 327-328. (regresar)

56. Al respecto señala Tokatlián: «…en la perspectiva de los debates diplomáticos más importantes, los noventa pondrán en evidencia el replanteamiento de los fundamentos claves y clásicos de las relaciones internacionales entendidas como vinculaciones interestatales. Por un lado, el movimiento a favor de la noción de soberanía limitada y difusa en reemplazo del principio de soberanía ilimitada y absoluta de los Estados y, por el otro, la transformación del principio de no intervención en el criterio de intervención “justificada” o de injerencia “calificada”». Tokatlián, op. cit., pp. 28-29. (regresar)

57. Sobre los diferentes modos de globalización Cfr. Sousa Santos de, B. De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la posmodernidad. Ed. Uniandes, Bogotá, 1998, pp. 347-352. (regresar)

58. La crisis que provocaron los militares en Colombia, en 1999, entrañaba esta connotación. Un ejército indeciso para comprometerse en la lucha antinarcóticos (probablemente por las ganancias de algunos oficiales en este campo y porque su área de intervención en la sociedad ha sido otra) y molesto en sus más altos rangos por las imputaciones en violaciones de derechos humanos, se veía excluido de la estrategia de guerra para la cual iban a llegar miles de millones de dólares. El arreglo, en medio de la crisis, fue muy claro: no llevaremos hasta las últimas consecuencias las investigaciones sobre el tema de derechos humanos, pero la institución se suma a este modelo de guerra bajo las orientaciones de los civiles con quienes define la política el Estado norteamericano. (regresar)

59 Angarita S., Carlos E. y Martínez O., David M. Guerra, intervencionismo y nuevo gobierno. Coyuntura colombiana: primer semestre de 1998, Revista Mirar Colombia, No. 1, Corporación René García – Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Bogotá, junio de 1998, p. 12. (regresar)

60 Ibídem. (regresar)

61 Ibídem. (regresar)

62 Ib., pp. 15-17. (regresar)

63 Ib., p. 6. (regresar)

64 Angarita S., Carlos E. y Martínez O., David M. La era (paz)trana: sin tregua para globalizar la guerra y la economía. Coyuntura colombiana: segundo semestre de 1998, Revista Mirar Colombia, No. 2, Corporación René García – Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Bogotá, diciembre de 1998, p. 14.Ya en la entrega anterior habíamos caracterizado como tendencias del conflicto armado colombiano: la profundización, la degradación y la internacionalización. (regresar)

65 Ib., p. 14. (regresar)

66 Ib., p. 28. (regresar)

67 Angarita S., Carlos E., Martínez O., David M. y Jiménez C., Camilo E. «Descolombianización»: la guerra y la economía por los senderos de la globalización gringa. Revista Mirar Colombia, No. 3, Corporación René García – Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Bogotá, agosto de 1999, p. 9. (regresar)

68 Ib., p. 9. (regresar)

69 Ib., p. 12. (regresar)

70 Ib., p. 5. (regresar)

71 Ib., p. 4. (regresar)

72 «Bajo el manto ideológico de la “contención”, se dio lugar a una vigorosa expansión de gigantes como Exxon, ITT, General Motors, General Electric, IBM y Ford Chrysler, entre otras (…) La concentración de capital fue inmensa; por ejemplo, el 70% de toda la inversión extranjera de EE.UU. en Francia, Alemania Occidental e Inglaterra pertenecía a la Exxon, Ford y General Motors (…) En 1963, tomando otro ejemplo, la inversión extranjera estadounidense representaba el 60%; cuando las empresas transnacionales se expandieron, empezaron a competir con las contrapartes locales y, en la década de los 60, esas empresas llegaron a controlar el 95% de toda la producción europea de circuitos integrados, el 80% de las computadoras y el 30% de la producción europea de automóviles y otros vehículos. Ya para 1963, las firmas estadounidenses dominaban más de la mitad de la industria británica de automóviles, el 40% de la industria petrolera de Alemania Occidental y el 40% de la telegrafía, los teléfonos y la industria electrónica y de computación de Francia». Saxe-Fernández, Jhon. “La globalización: aspectos geoeconómicos y geopolíticos”, En Globalización, integración y derechos humanos en el Caribe, ILSA, Documentos 11, Bogotá, 1995, p. 27. (regresar)

73 Ib., pp. 27-28. (regresar)

74 Ib., p. 29. (regresar)

75 Citado en Tokatlián, Juan Gabriel. Drogas, dilemas y dogmas. Estados Unidos y la narcocriminalidad organizada en Colombia, Tercer Mundo Editores – Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, Bogotá, noviembre de 1995, p. 23. (regresar)

76 Garay, Luis Jorge. Globalización y crisis. ¿Hegemonía o corresponsabilidad?, Tercer Mundo Editores-Colciencias, Bogotá, marzo de 1999, pp. 185-186. (regresar)

77 Tokatlián, Op. Cit., p. 24. (regresar)

78 Esta diferenciación le da más claridad a las palabras de Luis Alberto Restrepo: «En cierto sentido, se puede decir que la globalización es más un hecho que el resultado de una política consciente. La vida interna de todos los países está hoy inevitablemente globalizada, para bien o para mal». RESTREPO, Luis Alberto. “Introducción”. En Colombia: entre la inserción y el aislamiento. La política exterior colombiana en los años noventa, Compiladores: Socorro Ramírez y Luis A. Restrepo, Siglo del Hombre Editores – Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional, Bogotá, 1997, p. 15. (regresar)

79 Gallardo, Helio. Coyuntura latinoamericana y problemas económicos. Material multicopiado, Instituto Cooperativo Interamericano, San José de Costa Rica, 1997, p. 1. (regresar)

80 Ib., p. 25. (regresar)

81 Este término fue acuñado por la administración de William Clinton e intenta darle sustento a los regímenes latinoamericanos como democracias de mercado. En este sentido, en su origen es una noción económico-política. (regresar)

82 Tokatlián, Op. Cit., p. 23. (regresar)

83 Cepeda Ulloa, Fernando. “Gobernabilidad y relaciones internacionales”, En Colombia: entre la inserción y el aislamiento. La política exterior colombiana en los años noventa, Compiladores: Socorro Ramírez y Luis A. Restrepo, Siglo del Hombre Editores – Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional, Bogotá, 1997, p. 327. (regresar)

84 De ahí que se haga referencia a algunas operaciones militares como verdaderas «intervenciones quirúrgicas». (regresar)

85 Tokatlián, Juan Gabriel., Ob. Cit., p. 13. (regresar)

86 Ibídem. (regresar)

87 Cfr. “Memorando de políticas con el FMI”, Revista Dinero, diciembre 17 de 1999, pp. 62-70. (regresar)

88 La administración Clinton se pronunció favorablemente a la propuesta del presidente Pastrana a través de la secretaria de Estado, Madeleine Albright, quien se reunió en Washington con el mandatario colombiano el día 11 de abril. Y ante la eventualidad de que la revocatoria del Congreso impidiera la aprobación del paquete de medidas pactadas con el FMI, tal como lo advirtiera entre muchos el expresidente López Michelsen, Pastrana le arrancó al director encargado del FMI, Stanley Fischer, el apoyo a su propuesta. Al final del texto del comunicado conjunto se lee: «El presidente Pastrana le aseguró al FMI que en caso de que la discusión del referendo conduzca a un postergamiento de la aprobación de las reformas, el Gobierno le presentará las reformas al nuevo Congreso y tomará las medidas alternativas que sean necesarias para asegurar que los objetivos del programa se cumpla en su totalidad» (Publicado por el diario El Tiempo, 12 de abril de 2000, p. 3A). (regresar)

89 En el contexto del nuevo viaje del presidente Pastrana a los Estados Unidos con el fin de darle el último empujón a las labores de cabildeo tendientes a que el Plan Colombia sea aprobado inmediatamente por el Congreso de los Estados Unidos, el mismo día 11 de abril la Policía Nacional llevó a cabo la Operación Milenio II que produjo como resultados la captura de … presuntos miembros de las mafias que trafican con heroína, ámbito de la guerra antidrogas en el cual se habían mostrado precarios resultados. (regresar)

90 Esto explicaría la inoperabilidad actual del TIAR (reemplazada por la Cumbre Anual de los Ministros de Defensa de las Américas) y la iniciativa de reforma de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que los Estados Unidos impulsa con la finalidad de obtener mayores posibilidades de actuaciones unilaterales. (regresar)

91 El estadounidense pionero en denunciar la connivencia de la guerrilla con el narcotráfico fue el embajador gringo, Lewis Tambs, colocando al orden del día la expresión «narcoguerrilla». Los militares colombianos se apresuraron a apropiarse de la lectura del funcionario estadounidense: «El fenómeno de la narcoguerrilla es el resultado de la connivencia de las organizaciones guerrilleras y los narcotraficantes, en una alianza que en la práctica se convirtió en una estrategia para subvertir el orden y buscar intereses ilícitos particulares, mientras mutuamente garantizan su superviviencia». Mayor Javier Enrique Rey Navas, “La narcoguerrilla, una grave amenaza para Colombia y el mundo”, en Revista de las Fuerzas Armadas, vol. LI, No. 160, julio –septiembre de 1996. Citado en Vargas Meza, Ricardo. Drogas, máscaras y juegos. Narcotráfico y conflicto armado en Colombia. Tercer Mundo Editores – Acción Andina, Bogotá, mayo de 1999, p. 5. (regresar)

92 En Ecuador se planteó que este monto haría parte de los 341 millones de dólares que el Plan Colombia destina para el refuerzo de la vigilancia y el trabajo de inteligencia (Diario Hoy, Quito [Ecuador], 23 de febrero de 2000). (regresar)

93 En su visita al Ecuador, durante la presentación que hizo a altos funcionarios del gobierno ecuatoriano de la estrategia que representa el Plan Colombia, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Charles Wilhelm, afirmó: «Manta es el único sitio que nos dará el alcance operacional para cubrir a toda Colombia» (Diario HOY, Quito [Ecuador], 27 de febrero de 2000). Los Estados Unidos comenzaron a utilizar esta base el 31 de marzo de 1999 y obtuvieron el 10 de noviembre del mismo año la aprobación por parte de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso de Ecuador para que su gobierno firmara con el gobierno norteamericano el Acuerdo Concerniente al Acceso y Uso de los Estados Unidos de América de las Instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para Actividades Aéreas Antinarcóticos (Diario El Comercio, Quito [Ecuador], 11 de noviembre de 1999). (regresar)

94 “Plan Colombia”, en Revista Desde Abajo, Suplemento Especial No. 2, Bogotá, marzo del 2000, p. 19. (regresar)

95 Angarita S., Carlos E. y Martínez O., David M. Guerra, intervencionismo y nuevo gobierno. Coyuntura colombiana: primer semestre de 1998, Revista Mirar Colombia, No. 1, Corporación René García – Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Bogotá, junio de 1998, p. 12. (regresar)

96 Angarita S., Carlos E. y Martínez O., David M. La era (paz)trana: sin tregua para globalizar la guerra y la economía. Coyuntura colombiana: segundo semestre de 1998, Revista Mirar Colombia, No. 2, Corporación René García – Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Bogotá, diciembre de 1998, p. 15. (regresar)

97 Vargas M., Ricardo. “Plan Colombia: ¿Construcción de paz o sobredosis de guerra?”. En Revista Desde Abajo, Suplemento Especial No. 2, Bogotá, marzo del 2000, p. 28. (regresar)

98 Tomado de Vargas M., Ricardo, Op. Cit., p. 28. (regresar)

99 Statement of General Charles Wilhelm, U.S. Marine Corp Commander in Chef USA Southern Comand before the House Comitee on Government Reform Subcomittee on Criminal Justice Drug Policy and Human Rigths resources, 15 february 2000. Citado en Vargas M., Ricardo, Op. Cit., p. 27. (regresar)

100 Vargas M., Ricardo, Op. Cit., p. 28. (regresar)

101 Ib., p. 27. (regresar)

102 Colombia: una nueva sociedad en un mundo nuevo. Informe de la Comisión de Análisis y Recomendaciones sobre las Relaciones entre Colombia y Estados Unidos, Revista Análisis Político, Edición Especial, Bogotá, julio de 1997, p. 35. (regresar)

103 Tokatlián, Juan Gabriel. “Seguridad y drogas: una cruzada militar prohibicionista”, En Orden mundial y seguridad, … pág. 98. (regresar)

104 Tokatlián, Juan Gabriel. “Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos: ¿al borde del abismo?”, En Revista Número, Número 14, Separata “Relaciones Colombia-Estados Unidos. Estado actual y perspectivas”, Bogotá, junio-agosto de 1997, p. vii. (regresar)

105 Ibídem. Respecto a la situación económica el diario El Tiempo recientemente señaló sobre algunos rasgos macroeconómicos comunes a la región:«una generalizada extrema pobreza, superior al 55 por ciento en todos los casos; tasas de desempleo y empleo informal altas; un estancamiento o descenso en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y una disminución de la calidad de vida y poder adquisitivo de las incipientes clases medias.// El año pasado, sólo Perú y Bolivia mostraron un moderado crecimiento económico, mientras que Ecuador, Colombia y Venezuela vieron sus economías contraerse. Y en estos tres países el desempleo llegó hasta cerca del 20 por ciento». (El Tiempo, “Región andina, volcán en erupción”, 16 de abril de 2000, p. 14A. (regresar)

106 En realidad hay un efecto de traslación, por lo menos en lo que se refiere al cultivo de la coca. Por ejemplo, recientemente la disminución relativa de hectáreas cultivadas con coca en Perú y Bolivia, Colombia la ha compensado con el incremento de hectáreas cultivadas en el suroriente del país. Cfr. Vargas Meza, Ricardo. Fumigación y conflicto. Políticas antidrogas y deslegitimación del Estado en Colombia. Tercer Mundo Editores – Acción Andina, Bogotá, noviembre de 1999, p. 8. En realidad, como lo señala el mismo autor en otro lugar, «en ninguna parte del mundo ni en ningún momento de la historia de la aplicación de la política de “cero tolerancia” se ha logrado disminuir los volúmenes globales de oferta de materia prima para producir las drogas de origen natural. En el mejor de los casos de aplicación “exitosa” de la política de erradicación en un país siempre ha generado un efecto de desplazamiento planetario (de Turquía a México en relación con la amapola hacia 1973 para dar un solo ejemplo) y en el caso de la amazonia se disponen de 650 millones de hectáreas para desplazar los cultivos de la coca». Vargas Meza, Ricardo. “Plan Colombia: ¿Construcción de paz o sobredosis de guerra?”. En Revista Desde Abajo, Suplemento Especial No. 2, Bogotá, marzo del 2000, p. 26. (regresar)

107 «…no había prohibiciones al comercio sobre sustancias sicoactivas a nivel internacional, aun cuando a nivel nacional algunos países imponían restricciones a la producción, comercialización o uso de ciertas sustancias. Esto es importante recordarlo por cuanto hoy en día se tiene la tendencia a asumir la presencia de una política prohibicionista en el plano internacional como un hecho histórico inmodificable, olvidándose que se trata de un sistema de regulación jurídica relativamente reciente». Uprimny, Rodrigo. “Política Criminal” en Drogas, poder y región en Colombia 1. Economía y Política. Compilador: Ricardo Vargas M., CINEP, Bogotá, 1994, p. 217. (regresar)

108 Escohotado, Antonio. Las drogas. De los orígenes a la prohibición, Alianza Editorial, Madrid, 1994, pp. 65-74 (sobre las guerras del opio). «En 1890 el país (China) produce ya el 85% de su demanda interna, y amenaza con abastecer a toda Asia en poco años. Curiosamente, es sólo entonces cuando el Parlamento inglés declara que el tráfico de opio a gran escala “es una empresa moralmente injustificable”. En 1838 ese mismo Parlamento había recomendado “conservar una fuente de ingresos tan importante”». Ib., p. 73. (regresar)

109 Ib., p. 88 (regresar)

110 Una crítica completa de estos enfoques en Ramírez M., Bayardo y otros. “Reflexiones para el análisis del problema del tráfico y consumo de drogas en las Américas” en La cuestión de las drogas en América Latina, Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas, Caracas, 1991, 288 p. El primero se formalizará a través de la “Harrison Antinarcotic Act” de 1914. El segundo será asumido en 1924 por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ib., p. 62. (regresar)

111 Segunda Convención Internacional del Opio (1925), Convención para Limitar la Fabricación y Reglamentar la Distribución de Estupefaciientes (1931), Convención para la Supresión para el Tráfico Ilícito de Drogas Nocivas (1936), Protocolo de Enmienda (1946), Protocolo de Enmienda (1948), Protocolo sobre el Opio (1953), Convención Unica sobre Estupefacientes (1961), Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971) y Protocolo Modificado de la Convención Unica de Estupefacientes (1972). (regresar)

112 Tokatlián, Juan Gabriel. Drogas, Dilemas y Dogmas. Estados Unidos y la narcocriminalidad organizada en Colombia, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1995, p. 142. (regresar)

113 Este país fungió aproximadamente desde 1930 como abastecedor complementario de la heroína que ingresaba a los Estados Unidos procedente de los países asiáticos, en particular de Turquía (país que exportaba casi el 90%). Hacia 1973 la represión turca y la interdicción de las exportaciones que realizaban franco-córcegos (1972- 1973), condujo a que México supliera el déficit de oferta respecto a un producto que se caracteriza por una demanda bastante inelástica (debido al tipo de adicción que genera en los consumidores). Así, en 1972 la heroína mexicana tenía una participación del 32% en el mercado gringo y en 1976 ya alcanzaba dominaba el 90%. Al tiempo, este país latinoamericano cultivaba y exportaba el 95% de la producción mundial de marihuana a mediados de la década de los años 70. Vargas M., Fumigación y conflicto. Políticas antidrogas y delegitimación del Estado en Colombia, Tercer Mundo Editores – Acción Andina, Bogotá, noviembre de 1999, pp. 15-17. En buena parte seguiremos en este apartado las reflexiones de este autor. (regresar)

114 Ib., p. 17. Según United States General Accoutting Office (GAO), en 1979 Colombia cultivaba 25 mil hectáreas de marihuana y suministraba al mercado gringo entre 60 mil y 91 mil libras diarias. Ib., p. 20. (regresar)

115 Tokatlian, Juan G. Op. Cit., p. 35. (regresar)

116 Ibídem., pie de página número 13. (regresar)

117 Turbay decide en 1981 que la Policía Nacional es la encargada de las operaciones antinarcóticos. En esta decisión fue decisiva la presión de civiles y del estamento castrense (reacio a involucrarse en este tipo de guerra) para que el presidente enfrentara con decisión a las guerrillas colombianas. Mientras tanto, el legislativo estadounidense sí decide elevar el protagonismo de sus fuerzas armadas en las operaciones antinarcóticos. Tokatlian, pp. 38-39. (regresar)

118 Llama la atención que en los tiempos de postguerra particularmente conciban como un demonio a la marihuana. Rosa del Olmo cita un aparte de un médico de la OMS:«En 1940 señalamos que la marihuana nos interesa ahora más que nunca porque en sólo 10 años su abuso se ha extendido de una manera espantosa en Estados Unidos (sic) llegando de México… Los marihuaneros no sufren de una toxicomanía yatrógena como los morfinómamos o heroinómanos ni buscan el olvido o una evasión de la realidad sino el demonio desordenado». Del Olmo, Rosa. ¿Prohibir o domesticar? Políticas de drogas en América Latina, Ed. Nueva Sociedad, Caracas, 1992, p. 26. (regresar)

119 Ib., p. 33. (regresar)

120 Tokatlian, Juan G. Op. cit., p. 43. Estados Unidos empleó una unidad de combate de la brigada de infantería 193 con sede en Panamá que operó con seis helicópteros Black Hawk. Su objetivo era la destrucción de laboratorios y centros de producción. Ib., p. 42. (regresar)

121 Del Olmo, Rosa. Op. cit., 34. (Regresar)

122 El gobierno de Belisario Betancur se había opuesto a la utilización de herbicidas, hasta que fue asesinado el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla (abril 30 de 1984), hecho que provoca que le declare la «guerra total» al narcotráfico y marca el comienzo de la narcotización definitiva de las relaciones colombo-estadounidenses. En ese contexto, el 26 de octubre de ese mismo año el Ministerio de Agricultura crea una comisión de expertos para que visite Centros de Investigación de los Estados Unidos con el fin de escoger los herbicidas más eficaces para la erradicación de cultivos ilícitos. Se partió de seleccionar 175 herbicidas, universo que se redujo a 55, luego a 24 y finalmente, entre una muestra de los seis más óptimos (2,4 D o efecto naranja, Dicamba, Dichlor prop, Picloram o tordón, Triclopyr y Glifosato) se escogió el último. En todo caso, entre 1985 y 1988 se realizaron pruebas con los seis herbicidas en San José del Guaviare y el la Sierra Nevada de Santa Marta, sin lograr una optimización y generando efectos graves en el equilibrio medioambiental. Vargas M., Op. cit., pp. 27-39. (regresar)

123 Larbi Bouguerra, M. “Le Tiers-Monde victime du commerce des pesticides”. En Le Monde Diplomatique, mayo de 1997. Citado en Del Olmo, Rosa. Op. cit., p. 99. (regresar)

124 Citado en Sánchez D, Rubén y Marín, Yolanda. p.18. (regresar)

125 Cfr. Orozco A., Iván. “Los diálogos con el narcotráfico: historia de la transformación fallida de un delincuente común en un delincuente político”, En Revista Análisis Político, No. 11, IEPRI, septiembre-diciembre de 1990, pp. 28-58. (regresar)

126 Cfr. Sauloy, Mylen y Le Bonniec Yves. ¿A quién beneficia la cocaína?, Tercer Mundo Editores, Bogotá, diciembre de 1994, p. 43. 252-254. 270-274. (regresar)

127 Sánchez D, Rubén y Marín,Yolanda. p. 19. (regresar)

128 Tokatlián, 87-88. Leal Buitrago. (regresar)

129 Reina Echeverry, Mauricio. “La economía del narcotráfico en la subregión andina”. En El narcotráfico en la región andina, Jorge Mario Eastman y Rubén Sánchez David (Comp.), Parlamento Andino – ONU –UNDCP, Bogotá, octubre de 1992, p. 64. (regresar)

130 Citado en Del Olmo, Rosa. Op. cit., p. 63. (regresar)

131 Reina, op. cit., p. 61. (regresar)

132 1990: U$9.300 millones; 1991: U$10.900 millones; 1992: U$11.800 millones; 1993: U$12.200 millones. Tokatlián, Op. cit., p. 90. (regresar)

133 Tokatlián, Op. cit., p. 107. (regresar)

134 1) Centros de capacitación profesional; 2) Intercambio regional de información; 3) Control de espacio aéreo soberano; 4) Medidas de control sobre aeronaves, aeropuertos y pistas de aterrizaje; 5) Acciones de control en el mar; 6) Regímenes de fiscalización de productos químicos; 7) Control de puertos y zonas francas; 8) Iniciativa para cooperación de transportistas (en zonas de frontera); 9) Lavado de dinero; 10) Fortalecimiento de la administración de justicia (énfasis en protección de funcionarios judiciales); 11) Fortalecimiento de la cooperación judicial; 12) Reparto de recursos y bienes incautados; 13) Fiscalización de armas de fuego; y 13) Otras medidas cooperativas asumidas por algunos países en el pasado. (regresar)