Plan Colombia: muy vigente y con la mira en el sector agrario

Plan Colombia: muy vigente y con la mira en el sector agrario

 

Ponencia en el marco del Congreso Nacional Agrario por la vida digna, la soberanía alimentaria y el derecho a la tierra.

Abril 7 y 8 de 2003

El Plan Colombia tuvo como excusa propicia el tema del narcotráfico inmerso en el discurso mundial de la política antidrogas, traducido en los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, que incidió en la promulgación del Estatuto Nacional de Estupefacientes del año de 1989 y se desarrolló ampliamente en el documento “Plan Nacional de Lucha contra las Drogas: Colombia 1998 – 2002” del presidente de la época, Andrés Pastrana Arango.

El desarrollo de estos instrumentos legales se enmarcarían en el concepto de Desarrollo Alternativo (asociación del problema de producción al de pobreza) a través de la política del Plan de Desarrollo Alternativo PLANTE (que tendría que erradicar las 120.000 hectáreas sembradas en el sur del país, según cifras de la CIA), pero sería interpretado perversamente por las directrices del Plan Colombia, que lo entendieron como un tema eminentemente militarista[1] al relacionarlo directa e inescindiblemente al conflicto armado.

La estrategia para restablecer el control gubernamental en las áreas clave determinadas por el Plan Colombia tenia doble cara, de un lado, la fuerza, una fuerza combinada de Policía y Ejército, entrenada y dotada por el gobierno norteamericano. De otro lado estaba el establecimiento de CONFIANZA entre el campesinado y el gobierno nacional. El discurso de la CONFIANZA tenía varios matices: participación de los pobladores en la formulación de programas de desarrollo y la firma de “PACTOS SOCIALES” en los cuales, concertadamente se decidiría la forma y los plazos de erradicación y de dotación de infraestructura vial, capacitaciones, planes de desarrollo local, etc.

Sin embargo, estos procesos de participación y los lazos de confianza fueron burlados por la administración Pastrana y más tarde, desestimados por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La estrategia utilizada ya es de vieja data una práctica estatal: negociar para desmovilizar. Se trata de firmar pactos, acuerdos o compromisos con las comunidades, para sortear las manifestaciones del movimiento popular, apaciguar los ánimos, luego incumplir lo pactado y asegurar la no reivindicación de lo firmado, a través de practicas de guerra sucia. Así lo registró el antropólogo Edgar Montenegro, al estudiar varios procesos de movilización durante la administración de Samper:

(Estos compromisos) fueron incumplidos entre el 80 y hasta el 95% de los puntos acordados, precisamente comprometiendo los procesos sociales de las regiones donde –desde entonces-, se desata la ofensiva militar a través del método paramilitar, esto es, de bandas armadas que siembran de muerte y terror unas regiones y de dolor y desplazados a Colombia. El “negocio redondo” de la guerra a cuenta de la “guerra a la subversión y el narcotráfico” de realizar un nuevo y profundo despojo de tierras y recursos y de paso controlar los negocios de la coca, amapola, oro y armas[2] ”.

Esto nos permite darnos cuenta de la terrible fórmula de control social y eliminación de los movimientos populares: primero, efectuar atropelladas negociaciones con movimientos de presión fuertes que posteriormente y ante la incapacidad de monitoreo por parte de las mismas comunidades, debido a las difíciles condiciones de coordinación, al exterminio sistemático de sus líderes y a la efectiva estrategia paramilitar, serán incumplidas impunemente.

Pese a que la ideología del Desarrollo Alternativo admitía la relación pobreza – cultivos, que en algún sentido des-criminalizaba al pequeño cultivador, para la administración Pastrana: era “una verdad indiscutible que el problema del narcotráfico en nuestro país se centra en los cultivos ilícitos y ya no en la existencia de grandes carteles [3]”. Lo cual ponía al pequeño cultivador como objeto para la represión, el castigo y el sometimiento.

Actualmente, y mediante la utilización del referendo, Uribe Vélez pretende criminalizar aún más a los campesinos que derivan su sustento de la siembra de cultivos de uso ilícito [4], mediante la inclusión de un artículo [5]que le cargará el mayor peso de responsabilidad a ellos, siguiendo la lógica norteamericana, de nunca achacarle la culpa al consumidor y por el contrario, tratarle como a un enfermo. Situación funcional al Plan Colombia.

Cuál es el destino de los movimientos populares bajo un es quema de control importado de los delirantes sueños bélicos de norteamérica? La organización campesina colombiana a la que la guerra sucia asesina a sus más nobles líderes e intimida a sus más inocentes no tiene canales jurídicos de exigibilidad y es objeto de exterminio cuando utiliza los canales democráticos de movilización y protesta.

Es en este momento cuando la articulación de los sectores y diversas iniciativas cobra vital importancia, para oponerse y rechazar activa e íntegramente al Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina, el Alca, el referendo y los “diálogos” con los paramilitares, pero también, para construir estrategias alrededor de los puntos que serán discutidos al aprobar la propuesta del Mandato Agrario: soberanía y seguridad alimentaria, alternativas frente a los acuerdos de libre comercio, derecho a la tierra, reconstrucción de la economía agropecuaria, evaluación de la fracasada y dañina política antinarcóticos, seguridad social, reconocimiento y respeto por el campesinado y en especial por la mujer rural y solución política al conflicto social y armado, la garantía delas libertades democráticas y el fin del desplazamiento forzado.

Una conciencia crítica frente a los fenómenos políticos que han propiciado tantos crímenes contra el campesinado colombiano no puede olvidarse que partimos de la base de una profunda desconfianza hacia el Estado colombiano y particularmente frente al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por considerar que su autoritarismo está llevando al país

Notas

1 Una de las versiones del Plan Colombia señalaba como objetivo estratégico número uno del mismo: “Fortalecer la lucha contra el narcotráfico y desmantelar las organizaciones de traficantes mediante esfuerzos integrales dirigidos por las Fuerzas Armadas: (1) combatir el cultivo ilícito mediante la acción continua y sistemática del Ejército y de la Policía, especialmente en la región del Putumayo y en el sur del país y fortalecer la capacidad de la Policía en la erradicación de dichos cultivos. (…); (2) establecer control militar sobre el sur del país con propósitos de erradicación. Destruir las instalaciones de procesamiento, y mejorar la intersección de drogas y de precursores en los medios terrestres, aéreos, marítimos y fluviales; (3) restablecer el control gubernamental sobre las áreas clave de producción de drogas”. (regresar)

2 PONENCIA ANTE EL IX CONGRESO DE ANTROPOLOGIA. Julio 19 a 22 de 2000 – Popayan, Cauca. MEMORIAS DEL FUTURO. Edgar Montenegro. En http://www.colciencias.gov.co (regresar)

3 Center for Hemispheric Defense Studies. REDES 2001May 22-25, 2001, Washington DC. Panel on Colombia. El Camino Hacia la Paz. Publicado en la revista Semana. Por: Gonazalo de Francisco Z. Consejero Presidencial para Convivencia y Seguridad Ciudadana. (regresar)

4 Recuérdese la posición que frente a ellos ha expresado públicamente Uribe Vélez “Lo que parecía una incursión episódica de negociantes aventureros para sembrar en la clandestinidad de la selva, se ha convertido en una amenaza de destrucción ecológica. Si esto no se frena veremos destruida la selva colombiana, la ecuatoriana, la peruana, la brasileña; si esto no se frena, el planeta podrá enfrentar un problema ecológico superior, la sustitución de la reserva ecológica de la Cuenca Amazónica por la droga, la destrucción ecológica y el imperio de la droga. (…) El desafío es grande. Este problema nuestro si no lo derrotamos puede desestabilizar todas las democracias de la región y, además, puede destruir toda la Cuenca Amazónica”. Texto del discurso pronunciado el presidente Álvaro Uribe Vélez, durante la inauguración de la División Conjunta Número Seis en Tres Esquinas, Caquetá el 31 de enero de 2003 (regresar)

5 “Texto del Referendo: 16. Contra el narcotráfico y la drogadicción. Agrégase al artículo 16 de la Constitución Política, un segundo inciso del siguiente texto: Para promover y proteger el efectivo desarrollo de la personalidad, la ley castigará severamente la siembra, producción, distribución, porte o venta de sustancias alucinógenas o adictivas, como la cocaína, la heroína, la marihuana, el éxtasis u otras similares, graduando las penas según las circunstancias en que se cometa la infracción. (regresar)

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