El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Antioquia, rechazan públicamente la persecución que se viene realizando en el país contra defensores y defensoras de Derechos Humanos, siendo una de las modalidades la judicialización a través de informes de inteligencia del Ejército, la utilización de informantes y desertores que dan su declaración a cambio de promesas remuneratorias o beneficios jurídicos.

 

 

Dichos testimonios son conducidos por los organismos de seguridad del Estado con la finalidad de incriminar a los defensores y defensoras de Derechos Humanos de tener vínculos con organizaciones guerrilleras, a lo que se prestan las Fiscalías, principalmente aquellas destacadas en las guarniciones militares, contraviniendo las obligaciones internacionales de independencia e imparcialidad de la Administración de Justicia, y de respeto a los derechos al debido proceso y a la defensa.

El reciente suceso contra la defensora de Derechos Humanos CAROLINA RUBIO ESGUERRA, responsable de la Seccional Santander de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, delegada al Comité Operativo de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos[1] y facilitadora del capítulo Norte de Santander del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE-, quien fue capturada el día 16 de noviembre 2010 por miembros de la SIJIN en la ciudad de Bucaramanga acusada del delito de rebelión, da cuenta de esa persecución contra los defensores y defensoras de Derechos Humanos en el país.

De esta modalidad de persecución han sido víctimas entre otros, CARMELO AGÁMEZ, representante del MOVICE en el Departamento de Sucre, DAVID RABELO CRESPO (integrante de CREDHOS), WINSTON GALLEGO PAMPLONA (integrante de la Fundación Sumapaz) y ORLANDO ENRIQUE JULIO LACOMBE (integrante de la Corporación Bolivariana Simón Rodríguez), judicializados con la finalidad de criminalizar y desacreditar el ejercicio legitimo de defender los Derechos Humanos.

Por lo anterior solicitamos la abolición de la práctica de la judicialización mediante pruebas y métodos espurios que distan de una recta y seria Administración de Justicia, que mancillan el buen nombre de los defensores y defensoras de Derechos Humanos y desacreditan y deslegitiman la labor de defensa de los Derechos Humanos. Exigimos igualmente la depuración y desclasificación de los archivos de inteligencia que reposen en los organismos de seguridad del Estado y que son utilizados, como ya se ha establecido, para segar la vida de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, así como para su judicialización. E insistimos en la urgencia de terminar con las Fiscalías en las guarniciones militares y los convenios entre las Redes de Inteligencia del Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, los cuales vulneran la prohibición constitucional de otorgar facultades de policía judicial a las fuerzas militares.

Llamamos la atención de los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos para que exijan del Estado Colombiano las recomendaciones que sobre defensores y defensoras de Derechos Humanos han emitido Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.