Los delegados a los Comités de derechos Humanos en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta Seguridad de Valledupar -Cesar-, de manera conjunta y como consecuencia de la falta de garantías para el ejercicio de su labor en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, han presentado su renuncia irrevocable, lo que es altamente preocupante, atendiendo las sistemáticas denuncias por graves violaciones a los derechos humanos que se vienen presentando en el centro de reclusión de alta seguridad de Valledupar.
Como hemos informado reiteradamente los comités de Derechos Humanos fueron instituidos al interior de los centros de reclusión como un instrumento valioso para la promoción y protección de los derechos humanos. Estos comités que inicialmente fueron creados bajo la dirección de la Defensoría del Pueblo, actualmente son dirigidos por las autoridades penitenciarias y carcelarias, perdiendo independencia y autonomía.
Sin embargo, la falta de garantías para quienes ejercen el derecho de proteger y promover los derechos humanos en los establecimientos penitenciarios y carcelarios constituye el factor principal que impide la eficacia de estos espacios de participación.
Adicionalmente el Gobierno Nacional se ha negado a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura bajo el argumento de que los mecanismos internos de protección son más eficientes y cuentan con la participación activa de las personas privadas de libertad, a través de los Comités de Derechos Humanos.
Esta afirmación queda desvirtuada con las continuas denuncias que los representantes de dichos Comités elevan en el sentido de que no existen garantías suficientes para el ejercicio real e independiente de su labor. Situación que se evidencia una vez más ante la renuncia colectiva de los miembros del Comité de Derechos Humanos del establecimiento de alta seguridad de Valledupar.
Cabe recordar que nuestra Fundación el pasado 25 de marzo denunció presuntas torturas físicas por parte de miembros del cuerpo de custodia y vigilancia contra el representante de la torre 7 de este establecimiento Darlington Urieles Maldonado.
Exigimos al Estado Colombiano:
1. Firmar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, como mecanismo eficaz de prevención de este delito en los centros de reclusión del país.
2. Tomar las medidas necesarias y urgentes para garantizar la labor de defensa de los derechos humanos de los representantes de la población reclusa en el establecimiento penitenciario y carcelario de alta seguridad de Valledupar.