“No soy la misma mujer, ahora conozco más mis derechos”
Sala de revisión de la Corte Constitucional tutela derechos de desplazados de la región de la Macarena

Miércoles 5 de agosto de 2009, por Prensa - Colectivo

Cuatro años después que 114 familias salieran desplazadas del lugar donde durante tres décadas sembraron sus sueños, cultivaron la tierra y vieron crecer la familia, y luego de resistir todo este tiempo en territorios ajenos, ir de entidad en entidad del gobierno, pasar derechos de petición, apelar sentencias, hoy por fin, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, decidió tutelar sus derechos.

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Marcela, nunca se imaginó todo lo que tendría que pasar, ese día a comienzos del año 2006, allá, en ese su campo, en esa su tierra, en la margen izquierda del río Guayabero, en el extremo sur del departamento del Meta, en los municipios de Puerto Concordia y Puerto Rico, cuando so pretexto de erradicar manualmente los cultivos de uso ilícito, las autoridades civiles, militares y policiales [1] extralimitaron sus funciones y comenzaron a desplazar sus vecinos, sus amigos. “Ellos quemaron algunas de las casas donde habitábamos, robaron las tiendas de abastecimiento, las gallinitas y los animales que eran nuestro sustento de vida, bombardearon las canoas por las cuales nos movilizábamos”. Es más, detuvieron, torturaron y asesinaron a los pobladores aduciendo que eran auxiliadores de la guerrilla.

“Por eso fue que decidí salir de allí, pá proteger mi vida, porque la tierra ya que, lo más importante eran mis hijos y yo… mi familia”. Se desplazó entonces con los pocos recursos que le quedaban, en compañía de otros 52 adultos y 66 niños, tres de ellos suyos, hasta San José del Guaviare, donde se ubicaron en el Coliseo, [2] soñando que pronto terminaría su calvario.

Pero no fue así. “Acción Social no nos quizo reconocer como desplazados, mucho menos víctimas de los operativos adelantados por el Ejército y la Policía Antinarcóticos. Incluso se atrevieron a insinuarnos que declaráramos que habíamos sido desplazados por la guerrilla”, que así, según ellos, sí podrían ser reconocidos como tales.

“Luego de 15 días nos tocó irnos de allí también. Cogimos para la Carpa, una inspección de policía del municipio de San José del Guaviare” La única ayuda que recibieron fueron 65 galones de gasolina y de mixtura para los motores fuera de borda que empujaban las embarcaciones que los condujeron al sitio.

Estando allí solicitaron ayuda a la Gobernación del Guaviare, pero ésta les contesto, una vez más que no tenían calidad de desplazados, que no tenían motivo para dirigirse a una población de ese departamento, sino que debían ir al Meta. “Lo que se les olvidó a esos señores fue que durante 30 años de vivir en esa zona, nosotros gastábamos nuestro dinero en víveres y comprábamos productos en el Guaviare, y en esa época nadie nos enviaba pal Meta”

Acudieron también ante la Defensoría del Pueblo, ante el INCODER y con el Programa de Parques Nacionales Naturales, quienes les prometieron que resolverían el problema del desplazamiento reubicándolos en un predio que estaba en proceso de extinción, propiedad del paramilitar Leonidas Vargas. “El sitio estaba ubicado, en el Municipio de Puerto López – Meta, vía Puerto Gaitán, pero cuando ya estábamos ilusionados, nos dijeron que ya no nos lo daban, dizque porque el proceso de extinción de dominio aún no había avanzado, que estaban mirando a ver si nos podían comprar unas tierras entre Puerto Concordia – Meta y San José del Guaviare, pero nosotros no quisimos irnos para allá, porque es zona paramilitar y nosotros temíamos por nuestras vidas”

Fue entonces cuando, dada la renuencia de Acción Social y todos los inconvenientes presentados, decidieron luchar esta vez jurídicamente por sus derechos. “Nos organizamos como - ASPODEGUA - Asociación de desplazados del Guaviare, y así colocamos la Tutela. Claro que ya desde antes veníamos trabajando en la Asociación. Así solicitamos la protección de nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la inscripción en el RUPD, la vida, la libertad de elegir domicilio, el libre desarrollo de la personalidad, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda digna, la alimentación adecuada, la familia y la igualdad”

En primera instancia, la tutela fue conocida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, con ponencia de la magistrada Martha Inés Montoya Suárez quien profirió sentencia desfavorable el 11 de agosto de 2008 aduciendo improcedente la acción. “Mientras salía el fallo, la Unidad de Parques Nacionales aceptó el proceso de concertación con nosotros, y Acción Social reconoció la inclusión de sólo 20 de nosotros”.

“Pero no nos vencimos, a pesar que el fallo decía que la solicitud de restitución no era válida porque dizque éramos ocupantes irregulares de terrenos ubicados en la Macarena y que además no habían pruebas sobre los desplazamientos, ni otros motivos. Que tal… después de todo lo que le he contado.”

Interpusieron entonces recurso de impugnación, el 22 de agosto de 2008, alegando sobre todo que las personas desterradas eran poseedoras de décadas enteras de la región de la Macarena, por lo cual adquirían derechos y que la declaración de desplazamiento forzado masivo se hizo colectiva. Pero nuevamente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con ponencia del Magistrado Carlos Arturo Ramírez, fallo en contra. Esta vez revocó la decisión de primera instancia sobre la improcedencia de la Tutela, para en su lugar negarla.

“Se imagina? Tanto esfuerzo para nada. Por eso fue que decidimos solicitar que la Corte Constitucional revisara. Porque a quién se le ocurre desconocer nuestros derechos?. Si es que nosotros salimos de nuestra tierra fue porque la fuerza pública nos sacó corriendo, porque si no, estaríamos todavía allá y no ubicados donde podamos, donde nos coja la noche y nos llegue el día.”

La sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional resolvió finalmente en días pasados, revocar el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar tutelar los derechos fundamentales de los accionantes.

Así mismo ordeno a Acción Social en coordinación con las gobernaciones del Guaviare y del Meta, las alcaldías municipales de la Macarena, de Mesetas, de Vistahermosa, de San Juan de Arama, de Puerto concordia, de Puerto Rico, de la Carpa, para que adopten las medidas necesarias para asegurar la atención a la población desplazada y los recursos necesarios para el efecto, iniciar las acciones necesarias para evaluar la situación de las personas en cuyo nombre se instauró la Tutela, que aún no han sido inscritas en el RUPD, orientar a estas personas respecto de los beneficios a que tienen derecho por su condición y coordinar con las entidades encargadas de manejar la oferta institucional para la población desplazada el otorgamiento de los beneficios correspondientes.

“Lo más importante para nosotros ahora, es que por fin reconocieron de una u otra manera, como lo había dicho ya la Corte Constitucional, que el Estado también puede ser un agente desplazador y que nosotros salimos de nuestras tierras fue por eso, por todo lo que cometieron los militares y la policía contra nosotros. Algo se aprendió en este proceso. No soy la misma mujer. Ahora conozco más mis derechos”

Notas

[1En ciertas ocasiones aparecía la Fuerza Pública en las veredas, con hombres vestidos de negro, lo cual les hacía suponer a sus habitantes que se trataba de paramilitares, quienes según amenazas, se desplazarían hacia la región con la intención de acabar con ellos. (Tutela presentada)

[2Siendo rodeados de fuerza pública, cuyos miembros continuamente los amenazaban diciendo que “eran unos hijueputas guerrilleros que no pagan otra cosa que matarlos a todos”; que si salían a la calle, ellos no responderían por su seguridad

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