Sin duda las inundaciones ocasionadas por múltiples ríos, por la falta de prevención estatal ante el fenómeno de la niña, que han dejado tierras y población damnificada, está sirviendo de caballito de batalla para acentuar medidas lesivas para la nación y en beneficio de las locomotoras del saqueo. La declaración de la emergencia social, económica y ecológica, decretada por el gobierno Santos el pasado 7 de diciembre y que va hasta el 28 de este, le confiere poderes excepcionales para emitir decretos con fuerza de ley, están siendo aprovechados para pescar en los ríos revueltos.
La emergencia la han cuantificado en 15 billones de pesos, para lo cual han propuesto financiarla entre otras cosas con impuestos manteniendo el 4 por mil, ampliar la base del impuesto al patrimonio, entre otras; vender el 10% de acciones de ECOPETROL a pesar de ser la empresa más rentable del país; aplazamiento de elecciones como las del Valle, para beneficiar al vicepresidente Garzón; reforma a la salud buscando resolver los problemas financieros de las EPS; propone la reestructuración de las 32 Corporaciones Autónomas Regionales CAR, para ajustarlas a los intereses mineros, etc., medidas que no impiden que siga lloviendo, que disminuyan las personas damnificadas y las zonas afectadas.
En el caso de las CAR, no se puede negar las prácticas de corrupción y el fortín politiquero de los mandatarios departamentales, pero ello no lleva como resultado la pérdida de autonomía de los entes regionales, para concentrar en manos del presidente tales prácticas. Propone a cambio crear 16 entidades organizadas por diferentes cuencas hidrográficas, ya que la estructura departamental, les ha impedido poner de acuerdo a los funcionarios de estos entes territoriales para la explotación de las macrocuencas, pues en muchas de ellas convergen hasta tres departamentos, lo cual ha dificultado el saqueo de recursos naturales.
Las medidas de emergencia han hecho ruido con los subsidios de servicios públicos a las personas damnificadas, lo cual es absurdo, pues ¿Cómo le van a cobrar a los habitantes de Gramalote en Norte de Santander, tales servicios, si les tocó huir del casco urbano para que no se los tragara la tierra?, o ¿cómo le van a cobrar a los habitantes del sur del Atlántico, que no han podido hacer uso de estos servicios, si llevan viviendo con el agua al cuello mas de un mes?, ojalá no sea otra jugada para entregar tales subsidios directamente a las empresas del sector hoy en manos de monopolios privados.
Es decir, la crisis social, económica y ambiental, provocada por la falta de previsión del gobierno anterior y lo que va de este, está siendo aprovechada, para pescar en río revuelto, como una oportunidad para desarrollar el modelo de sociedad neoliberal o mercado, hasta donde sea posible como dice Santos, sin importarle las afectaciones a la población vulnerable, pues de lo contrario las protestas de habitantes de innumerables zonas afectadas, no se estuvieran presentando, casi todos los días, porque no les han resuelto la situación social, económica y ecológica, que se supone fue lo que generó la medida de excepción.