El investigador Michael Evans resume el contenido real del documento que desclasificó hace poco Estados Unidos sobre la toma del Palacio de Justicia, y en el que está involucrado el coronel (r) Alfonso Plazas Vega.

 

La reciente publicación de un informe de la Embajada de Estados Unidos desclasificado culpando al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega por muertes y desapariciones durante las operaciones para retomar el Palacio de Justicia en noviembre de 1985, ha despertado un debate encendido entre quienes defienden argumentos opuestos. Pero sucede que ambos lados están equivocados, al menos en parte. Como fui la primera persona que descubrió el documento, que fue resultado de una petición al Departamento de Estado para que levantar el secreto del documento, pongo a consideración de la opinión los siguientes puntos para mayor claridad y con la esperanza de que el significado real del documento no se pierda en la confusión del momento.

Los reportes iniciales del asunto desperfilaron dramáticamente el documento y distorsionaron su significado. El Espectador, por ejemplo, atribuyó la información a supuestos “agentes de inteligencia al servicio de la Embajada de Estados Unidos en Colombia” y reportó que el documento había sido puesto en conocimiento de las autoridades colombianas en 1998”, detalles que el documento simplemente no contiene. Como El Espectador no publicó el documento, muchos otros medios colombianos simplemente siguieron su pista y repitieron los mismos detalles errados.

Aprovechando la oportunidad, defensores del coronel Plazas han buscado desacreditar todo el documento, incluyendo los más importantes detalles incriminatorios verificables. Refiriéndose a estas imprecisiones en una carta al editor, la esposa del coronel, Tania Vega, dijo que el reporte en el diario era “completamente falso” y luego se inventó algunos hechos de su propia cosecha. Su afirmación de que el documento es solamente un resumen de “las afirmaciones de unas ONG de Derechos Humanos” es ciento por ciento equivocado, y es una descripción y una caracterización burdamente equivocada del documento. (El hijo del coronel, Miguel Plazas, argumentó los mismos puntos con las mismas palabras exactas en una carta a El Tiempo).

Ella está en lo cierto cuando dice que el documento no es sobre todo sobre el caso del Palacio de Justicia ni el coronel Plazas. Más bien es un informe que menciona al coronel Plazas en otro contexto totalmente diferente: su participación en una reunión de enero de 1999 entre miembros del las Fuerzas Armadas de Colombia y organizaciones locales de derechos humanos –fue una de varios encuentros que tenían el objetivo de acercar la distancia entre los dos grupos. Un representante de la Embajada de Estados Unidos (identificado en el documento como ‘Poloff’, oficial político) también fue a la reunión, y de ahí el cable que envió (que es el documento en cuestión).

Los registros a los que se les levanta el secreto tienen su maña. No siempre es fácil determinar la proveniencia o significado de un documento en particular, especialmente cuando hay partes que han sido reescritas en forma más literaria. Sin embargo, el significado del pasaje que concierne al coronel Plazas no es ambiguo:

“La presencia entre ‘representantes de las ONG’ de dos oficiales militares (uno activo y otro retirado) que quemaron tiempo con largas diatribas pro-militares, también hizo que el intercambio entre militares y ONG se echara para atrás. Uno de los dos era el coronel retirado Alfonso Plazas Vargas (sic) representando a la “Oficina de Derechos Humanos de Oficiales Militares Retirados. Plazas comandó el ataque al Palacio de Justicia en noviembre de 1985, después de que éste fuera tomado por el M-19. El ataque resultó en la muerte de más de 70 personas, incluyendo siete magistrados de la Corte Suprema. Los soldados mataron a un número de miembros del M-19 y colaboradores sospechosos que ya no podían combatir, incluyendo a los empleados de la cafetería”.

No es del todo claro sobre qué evidencia se basó la Embajada para hacer este tipo de afirmaciones sobre el caso del Palacio de Justicia o por qué el autor del cable decidió incluirlos allí. Y ciertamente no es posible determinar si la información fue alguna vez presentada a las autoridades colombianas, como lo dijo El Espectador. Pero atribuirle estas afirmaciones a los grupos de derechos humanos colombianos, y negar que estas representan el punto de vista de la Embajada de E.U., es simplemente equivocado. Cualquiera con un conocimiento mínimo del idioma inglés puede ver el significado de estas palabras.

Esta breve descripción del coronel Plazas representa la más clara y concisa afirmación hasta ahora hecha pública de la responsabilidad del Ejército en las muertes y desapariciones en el caso del Palacio de Justicia. Es muy poco probable que la Embajada hiciera semejantes acusaciones, por mucho tangenciales que haya sido al tema central del documento, sin haber evaluado cuidadosamente la evidencia existente.

Aunque les es apropiado a los defensores del coronel Plazas cuestionar la información hiperbólica y a veces fabricada que ha aparecido en algunos reportajes sobre el caso, estas objeciones no justifican la fabricación de información igualmente errada y no pueden refutar lo que es evidente en el documento: que la Embajada de Estados Unidos, en enero de 1999, bajo el embajador Curtis Kamman creía que los militares colombianos, bajo el comando del coronel Plazas, fue responsable de la gran mayoría de las muertes y desapariciones en el caso del Palacio de Justicia.

Si existen otras preguntas sobre el significado del documento o de la información de de este se desprende, éstas deben ser dirigidas al Departamento de Estado de Estados Unidos. Con el caso del coronel Plazas bajo proceso en la cortes colombianas, y con la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia en sus meses finales de deliberación, ahora es el momento para que el gobierno de Estados Unidos haga lo correcto y desclasifique toda la información de derechos humanos que tenga relacionada con la tragedia del Palacio de Justicia.

*Michael Evans es Director del Proyecto de Documentación de Colombia en la institución no gubernamental National Security Archives de Washington, D.C.