Con el modelo de atención en salud mercantilizado que adoptó Colombia con la Ley 100 de 1993, la salud ha devenido en un gran negocio, que en el período del presidente Uribe no hizo más que consolidarse. Las ganancias operacionales de las EPS en 2009 fueron de 6.4 billones de pesos, y cinco de ellas se encuentran entre las 100 empresas más grandes y rentables de Colombia.

 

 

 

Pero también el modelo ha permitido el enriquecimiento de empresas multinacionales farmacéuticas. Colombia compra los medicamentos más caros del hemisferio occidental, ya que desde el 2006 la Comisión Nacional de Precios de medicamentos acabó con el control de precios y se elevaron los costos en forma exponencial. Un medicamento como el Kaletra (medicina para enfermos de VIH) está dentro del POS a 3.500 dólares, mientras que Brasil lo paga a 1.200. Y un tercer grupo reducido de profesionales de la salud se adueñó del negocio de las Cooperativas de Trabajo Asociado y contratos con empresas de apoyo a la atención de salud.

El modelo mercantilista del sistema de salud se centró en la atención de la enfermedad y no en la prevención y la promoción de la salud, ya que es más rentable curar enfermedades y dar medicamentos costosos que invertir en promoción y prevención. Según estándares internacionales de la (OMS), un sistema de salud que invierta en la promoción debe tener 2 consultas externas por una de urgencias. En Colombia esta proporción es 2 consultas externas por 1.7 de urgencias. Es decir, la mayoría de la atención entra por las puertas de urgencias, que es más costosa. Esa misma lógica se de en los esquemas de vacunación. Por ejemplo, en 1990 hubo coberturas en vacunación del 68%, y en algunos casos del 100%, pero en 2005 estos esquemas habían caído al 52% y 58%, con tendencia descendente.

Así que mientras las EPS y los fondos financieros se enriquecieron, los sistemas de salud y pensional se hunden en la crisis y la emergencia, podría ser la frase que resuma lo que en esta materia fue el Gobierno Uribe. Se puede afirmar que el sector salud vive hoy su peor crisis desde la promulgación de la Ley 100 de 1993.

Otro hecho grave es el deterioro de la red publica hospitalaria, patrimonio nacional construido durante más de 50 años, debido, entre otras causas, a la lentitud de los flujos de dinero y demoras de las aseguradoras en su pagos y obligaciones. Lo mismo que el deterioro de las condiciones de trabajo decente para los profesionales de la salud. En Colombia hay 48 mil médicos, el 75% son generales. De éstos sólo un 10% tiene prestaciones sociales y un contrato de trabajo decente, los demás tienen que pagarlo de su salario, trabajando en 3 ó 4 partes, y sin derecho a vacaciones.

La expansión de los contratos precarios y tercerizados del personal de salud dominó el panorama laboral durante los últimos 8 años. En el sector público el 56.8% de los médicos está vinculado por contrato de prestación de servicios y por cooperativas de trabajo asociado. Y en el sector privado prevalece la modalidad de contratación por servicios profesionales.

Es un sistema costoso y deficiente. A pesar de que dispone de grandes recursos (cerca de 27 billones de pesos en 2009), no ha logrado mejorar la salud de colombianos y colombianas ni el acceso universal al aseguramiento, y mucho menos la equidad. Si bien la cobertura total de afiliación aumentó, existen más de 9 millones de personas sin aseguramiento de ninguna clase, o con subsidios parciales. En realidad son más, porque en este modelo contar con carné no significa tener acceso real a la salud. Incluso quienes tienen carné y están realmente afiliados viven expuestos a la negación de sus derechos y servicios, porque se han impuestos barreras económicas (copagos, cuotas, restricción de medicamentos y tratamientos, etc.), barreras administrativas por parte de las EPS, barreras geográficas. Todo eso lo demuestra el hecho de que más del 53% de las tutelas interpuestas en el 2009 son por servicios contemplados en el POS y en el régimen contributivo.

Se produjo una gran asimetría entre los regímenes contributivo y subsidiado. Desde el 2004 los afiliados al régimen subsidiado superan a los del contributivo, diferencia que aumentó año tras año. El crecimiento promedio de afiliados al contributivo a partir de 2002 es de 2,24%, mientras el crecimiento de los del subsidiado es de 13,36%. En el 2009 sólo el 44% de los trabajadores estaban afiliados al régimen contributivo, como consecuencia del desempleo y la informalidad crecientes.

 

2/3 de los trabajadores no cuentan con protección social integral

 

De otro lado, la protección social sigue mostrando altos niveles de exclusión y desprotección. En el 2009 sólo el 31% de los trabajadores estaba afiliado a un fondo de cesantías, el 29% a una caja de compensación, 35% a un fondo de pensiones y el 37% a una aseguradora de riesgos profesionales.

En cuanto a las personas de la tercera edad, la situación no es mejor. Según el DANE, en 2009 la población adulta mayor en Colombia era de 6´050.552 personas. De ésta sólo 956.154 personas entre 55 años o más, es decir el 15.8%, recibía algún tipo de pensión (vejez, invalidez y sobreviviente). Es un indicador que preocupa, pues remite a la condición en que se encuentra la población que no dispone de una renta o de algún otro tipo de ingreso para afrontar con dignidad su vejez.

 

Cuadro de la evolución de la seguridad social en Colombia desde el 2002

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CONCEPTO 2002 2004 2006 2008 2009 % 2009
Ocupados Total Nacional 15.934.522 16.654.684 16.898.469 17.448.346 18.427.000 100
Afiliados fondos cesantías 3.005.305 3.322.443 4.102.371 5.423.179 5.795.727 31
Afiliados Cajas Compensación 3.351.691 3.982.629 4.858.857 5.340.000 5.372.000 29
Cotizantes R. Contributivo 6.096.926 6.824.968 7.287.182 7.767.648 8.147.834 44
Afiliados riesgos profesionales 4.164.975 4.656.420 5.637.676 6.111.187 6.732.362 37
Cotizantes fondo pensiones 39,539 4.610.733 5.329.909 6.167.385 6428465* 35

 

Precariedad laboral: en el trasfondo de la desprotección social

 

La mayor parte del empleo (el 58%) se genera en el sector informal y existe una tendencia cada vez mayor por parte de las empresas a tercerizar sus actividades y a acudir a la subcontratación como estrategia de reducción de costos laborales. Esto pone a muchísimas unidades productivas y de servicios en condiciones tan precarias que ni siquiera pueden cumplir con los mínimos laborales que ordena la ley, y condena a la mayoría de la población trabajadora a una condición de precariedad en materia de ingresos y de protección social.

Si se compara el período de mayor caída de la economía: 1999, con el de mayor auge: 2007, vemos que la informalidad sólo se redujo 2 puntos porcentuales, mientras la economía lo hizo 12 puntos, situación que refleja la crisis estructural del mercado laboral. El trabajo informal se ha convertido en el escenario de millones de trabajadores, ayudado en gran parte por las exenciones tributarias a la inversión. Las nuevas empresas que entran al país son intensivas en capital pero no generan suficientes empleos.